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Un email filtrado con referencias directas al “gabinete de [Josep] Borrell”, el discurso relativista del jefe de la diplomacia europea y la compleja negociación de la resolución sobre Cuba, aterrizaron algunas ideas sobre quiénes manejan el “temerario acercamiento” entre Bruselas y La Habana.

En su discurso ante la Eurocámara, Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, retomó una vieja idea suya: relativizar la situación de Cuba, apelando a una supuesta exageración de los eurodiputados conservadores y liberales: “¿Quieren que les haga la lista de todos los países que hay en el mundo […], dónde no se practica una democracia, liberal, multipartidista, competitiva, como hacemos en Europa? ¿Quieren que les haga la lista? ¿Por qué extraña razón solo hablan ustedes de Cuba? ¿Por qué no escogen cualquiera al azar de esos países y lo plantean también?”.

La acusación caía por su propio peso, pues minutos antes la Eurocámara había acordado, con el voto favorable de socialistas, conservadores y liberales, condenar la situación de Bielorrusia. En meses previos, sucedió el mismo guión de consenso con respecto al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

La obsesión de Borrell viene de 2018, cuando, entre risas, preguntó ante el Senado español: “¿Y es la única [dictadura]? Claro que hay más. Por eso decía Raúl Castro que la próxima vez vendría con un turbante, a ver si así eran menos críticos con él”.

En 2019 repitió la idea: “Cuba no es una anomalía ademocrática en el mundo. Al menos en Cuba no hay condenas a muerte”.

“Es evidente que Borrell es el impulsor de la nueva política europea hacia Cuba. Y quizás, por primera vez, España se subordina directamente a Bruselas en esta materia. Ya España no lidera nada sobre Cuba. Mandan los socialistas españoles Josep Borrell, Javier Niño y Javier Moreno, pero desde Bruselas”, asegura una fuente del exilio en Madrid.

Los exiliados prefieren omitir sus nombres y grupos, para no afectar la interlocución futura con funcionarios europeos.

Niño fue embajador de la UE en La Habana y algunos lo consideran una piedra angular en la defensa del castrismo. Ha chocado varias veces con exiliados cubanos, tras defender como válidos los datos oficiales del régimen.

Javier Moreno Sánchez preside el Grupo de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Cubano en el Parlamento Europeo y lidera al grupo parlamentario de los socialistas españoles. Felicitó a Raúl Castro por sus “logros” al finalizar su mandato, y desde su oficina se gestionó el email que sugería alertar a la Embajada de Cuba en Bélgica sobre la resolución de la Eurocámara.

“Al asumir su cargo, Borrell se comprometió a rodearse de funcionarios de todas las ideologías, en un puesto que no admite sectarismos, pero luego hizo todo lo contrario”, recuerda un líder opositor.

En opinión del eurodiputado Hermann Tertsch (VOX, derecha radical), “la política exterior es un caos entre España y Borrell”. La canciller Arancha González Laya “se equivoca y hace lo que le dice el Servicio Europeo de Acción Exterior”.

Ningún funcionario socialista accedió a hablar con Radio Televisión Martí sobre la resolución o el escándalo del email, mientras que en la oficina de Borrell se limitaron a contestar: “sin comentarios”.

La negociación en la Eurocámara

Todas las fuentes consultadas en Estrasburgo confirman las “duras negociaciones”, en un fallido intento por consensuar una resolución sobre Cuba.

A la mesa se sentaron, de forma virtual, los eurodiputados Javier Nart (Renovar Europa), Leopoldo López Gil (Partido Popular), Hermann Tertsch (VOX) y Javier López (Partido Socialista).

“En un gesto encomiable, Leopoldo hizo todo lo posible por sumar a los socialistas. Esto se consiguió con la condena a Nicaragua, pero el PSOE dijo que el Acuerdo con La Habana era intocable”, explica bajo anonimato un funcionario que siguió el debate, pero sin autorización para hablar con la prensa.

El socialista Javier López “defendió sus líneas rojas, que claramente venían de arriba”, admite la misma fuente. Otro político presente dijo que algunos partidos intentaron “ofrecer una mayoría más amplia al representante del PSOE, pero desdibujando la resolución”.

“Nosotros no lo íbamos a permitir. Nos retirábamos si pasaba eso”, puntualizó.

La idea de la resolución nació entre once personas, nueve de ellas del Parlamento Europeo, con el liderazgo de Renovar Europa y el apoyo del Partido Popular y VOX. Hubo amagos de presentarla en marzo, en el momento de mayor represión contra el Movimiento San Isidro, pero “se puso en suspenso” por motivos que no fueron explicados.

La contrapropuesta socialista

Aparte de evitar cualquier posible revisión del Acuerdo con La Habana, los socialistas buscaban eximir de responsabilidades al Servicio Europeo de Acción Exterior, que preside Borrell, por los errores del embajador Alberto Navarro en la isla.

Así, presentaron una enmienda con dos partes claramente diferenciadas. En la primera, alineada con los intereses internacionales del castrismo, reiteraba su “apoyo” al Acuerdo de Diálogo Político y pedía que Cuba pudiera “optar sin restricciones” a la financiación del Banco Europeo de Inversiones. Además exigía el fin del embargo y la retirada de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Más adelante, entraba de lleno en el corazón de algunos problemas de Cuba, cuestión que probablemente no haya gustado en La Habana.

La enmienda socialista expresaba “solidaridad con los miembros del Movimiento San Isidro y todos los activistas y defensores de los derechos humanos en el marco de sus esfuerzos por promover la libertad de expresión en Cuba”.

También pedía a las autoridades cubanas que pusieran “fin a la persecución de manifestantes” y adoptaran “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de los miembros del Movimiento San Isidro y de todos los defensores de los derechos humanos”.

La propuesta alternativa contemplaba estas otras exigencias al Gobierno cubano:

-La ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que garantice los derechos a la libertad de asociación, incluido el registro de organizaciones, y a la negociación colectiva, en consonancia con las normas de la Organización Internacional del Trabajo.

-El reconocimiento del periodismo independiente como una práctica legítima y el respeto de los derechos de los periodistas independientes en Cuba.

-Garantizar el derecho de los cubanos, incluidos los médicos desplegados en misiones médicas en el extranjero, a salir de su país y regresar a él, de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos.

-La derogación inmediata de los Decretos 349 y 370, así como de otras leyes cubanas que violan la libertad de expresión.

“Es como admitir el grave problema de derechos humanos que hay en Cuba, pero sin mover un dedo para intentar cambiarlo, por algún extraño interés”, reflexiona un activista.

Catorce diputados socialistas y verdes finalmente dieron la espalda a sus respectivos grupos y apoyaron el texto de conservadores y liberales. Provenían de Suecia (8), Francia (2), Rumanía (2), Alemania (1) e Italia (1). El socialista español que inicialmente se pronunció a favor, pidió luego “rectificar el voto”, porque “se trataba de una equivocación”.

“El obstáculo lituano”

Entre las peticiones de los socialistas para blindar las relaciones económicas con La Habana, aparecía un llamado “sin demora” a los Gobiernos que aún no han ratificado el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación.

Pero, resulta que el único país pendiente es Lituania, “que no está por la labor”, revela una de las fuentes consultadas en Bruselas.

Hace poco, el eurodiputado liberal José Ramón Bauzá preguntó por escrito a Borrell si habría un “límite temporal” a la aplicación provisional del Acuerdo con Cuba y “qué efectos tendría la no ratificación lituana” sobre su vigencia.

El alto representante respondió que “no existe un plazo específico respecto a la duración de la aplicación provisional de un acuerdo” y que “la UE asume que Lituania ratificará el Acuerdo a su debido tiempo”.

El Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (PDCA, por su nombre en inglés), firmado entre la UE y La Habana en el 2016 y en vigor provisionalmente en noviembre del 2017, puso fin a dos décadas de la llamada “posición común”, que condicionaba el avance en la relación bilateral a los progresos en democratización y derechos humanos en la isla.

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