HAVANA CLIMA

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¿Cómo entender el Código de las Familias? Un análisis de Cubalex

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el debate generado por  la carta Magna en 2018, pocos textos legales han sido tan discutidos por la ciudadanía cubana como el proyecto de Ley del Código de las Familia, que reemplazará al vigente desde 1975. Sobre el tema aparecen cada día opiniones diversas en las redes sociales que van desde la ovación hasta el rechazo. Para algunos es una de las normas de su tipo más avanzadas de la región, mientras que otros no aceptan los nuevos conceptos que presenta el texto porque podrían perder potestad sobre sus hijos, por ejemplo. ¿Quién tiene la razón?¿Qué cambia con este proyecto?
Primeramente el código introduce la posibilidad de reconocer varios padres y madres, además de los padres biológicos y la “gestación solidaria” (incluso para parejas o personas no heteronormativas), siempre que no implique lucro.
Otra gran novedad, y que ha generado polémica es la definición del matrimonio como una unión “entre dos personas”, que abre la puerta al matrimonio igualitario. Sin embargo, quizá las mayores críticas están dirigidas al término responsabilidad parental, que sustituiría a Patria Potestad.
CubaNet entrevistó a tres abogados de la organización independiente Cubalex para analizar el nuevo Código de las Familias. Que sean los expertos quiénes alerten sobre qué debería preocuparnos del nuevo código y que no.
¿Qué diferencias hay entre Patria Potestad y Responsabilidad parental? ¿Puede decirse que este segundo concepto es superior? ¿Cuando un tutor pierde la tutela del menor de edad?
Laritza Diversent (LD): Con este cambio se entiende a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, no como propiedad de sus padres. Lo cual significa, por ejemplo, que la disciplina debe ser en base al razonamiento, la reflexión y no la imposición y la violencia. Hasta acá es positivo y en beneficio del menor.
Pero me parece que lo fundamental no es la comparación entre ambos conceptos. Deberíamos poner en la mira que el texto habla de obligaciones de los padres pero no de derechos, los cuales están reconocidos internacionalmente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos especifica que: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (art. 26,3), pero esto no se reconoce en Cuba, a pesar de que es un estándar internacional. Si un padre prefiere que su hijo tenga otra formación, coherente con sus ideas religiosas o de otra índole, no puede.
Giselle Morfi (GM): Dentro del contenido de la responsabilidad parental queda clara la obligación de educar a los hijos bajo la ideología del Partido Comunista. Siguen imponiendo la camisa de fuerza ideológica por encima de derechos fundamentales. Hay una contradicción entre lo establecido de que los menores sean escuchados y se respete su libertad de expresión, con estos límites que pueden ser causales del estigma y de la suspensión de la responsabilidad parental.
Hay cosas positivas, pero el problema esencial es que es una ley del estado totalitario. Además, no resuelve todos los problemas relacionados a cuestiones de género y en cuanto a la discriminación y de igualdad social .
Aquí es importante también analizar las causas de privación de la responsabilidad parental (lo cual sucede cuando se incurren en conductas graves) vinculado al proyecto de Código Penal, el cual regula delitos donde la conducta típica delictiva que se describe es tan amplia que queda también sujeto a la interpretación discrecional. Si el menor incurre en dicha conducta pudiera privarse al padre o madre de la responsabilidad parental, por considerarse que no educó bien a su hijo en el respeto a la patria y a la autoridad, o viceversa.
Por otra parte, si es el padre quien incurre en los supuestos delitos, puede entenderse que educa mal a su hijo, principalmente en lo referido a los delitos contra la Seguridad del Estado.
Otra contradicción es cuando el artículo 190.3 habla de la privación de la responsabilidad parental y se asegura que se puede disponer la extinción de la obligación legal de dar alimentos y de la comunicación familiar, mientras el artículo 192 cuando habla de los efectos de la privación y la suspensión de la responsabilidad parental establece que la privación de la responsabilidad parental tiene por efecto la pérdida de su titularidad y de todos los derechos, deberes y atribuciones inherentes a ella, quedando a salvo la obligación legal de dar alimentos. ¿Cómo tomarán decisiones los jueces con artículos excluyentes entre sí?
En general existe una presencia excesiva del Estado para regular la vida privada y familiar. Sin embargo, está ausente para asumir responsabilidades como las de garantizar a los padres y madres las condiciones idóneas para que puedan educar a sus hijos en libertad, teniendo en cuenta el interés superior y el libre desarrollo de la personalidad.
¿Qué aciertos hay en el Código de las Familias?
LD: Primeramente, prohibir el matrimonio infantil que hoy es posible en Cuba a partir de los 14 años en las mujeres y 16 en hombres. Permitir la reproducción asistida a personas no heterosexuales y tener en cuenta a otros modelos de familias. Incluso hay un cuidado del lenguaje que es positivo. También resulta favorable que se amplíe las posibilidades de adopción no solo a un hombre y una mujer unidos.
GM: Dentro de las cuestiones positivas que encuentro es que incluye a las personas LGBTIQ+ y la protección contra la violencia de género.
También me parece loable la inclusión de otros miembros de la familia como en la guarda y cuidado a favor de los abuelos y en la obligación de dar alimento. Sin embargo, las circunstancias especiales para que esto suceda no se definen claramente, ni el tiempo (el tribunal lo debe determinar).
También se nota un mayor uso de lenguaje con perspectiva de género, aunque se excluye a las personas no binarias y por tanto, no es completamente género incluyente.
¿Y cuáles serían los principales motivos de preocupación que ha detectado Cubalex en el Código?
LD: No hay una prohibición expresa para que los niños o adolescentes que muestran una orientación sexual o identidad de género no heteronormativa sean sometidos a tratamientos médicos forzados. Eso es una preocupación para Cubalex. Pensamos en los niños intersexuales, por ejemplo, que los padres toman la decisión por ellos. Y los tratamientos médicos forzados pueden ser un método de tortura. Hay que pensar también en el clima de discriminación que hay en el país.
El código no resuelve completamente el tema de la discriminación. Es decir, no está claro que se prohíba toda forma de discriminación. También solo dispone obligaciones de los padres para dar alimentos, vestido, etc; pero no nombran las obligaciones del estado para ayudar a los padres con ello. El artículo 27 de la Convención de Derechos del Niño establece que el estado está obligado a ayudar a los padres y “en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”. Sin embargo, las normas cubanas no lo mencionan.
Otro punto que es necesario aclarar es que en ninguna parte del texto se especifica que a los menores de edad se les enseñará en los centros educativos sobre la diversidad sexual y de género. El texto solo menciona que se les educará para una “sexualidad responsable”. Comentarios de este tipo son interpretaciones desajustadas y que generan desinformación.
Un reclamo de colectivos feministas y activistas de Derechos Humanos ha sido una ley integral contra la violencia de género. Ahora este código menciona el tema, pero no en todas sus manifestaciones
En el artículo 13, apartado dos, se define a la violencia únicamente en el ámbito familiar.
El texto está reduciendo la violencia de género a la violencia intrafamiliar, que es el mismo argumento que ha dado el gobierno cubano en escenarios internacionales. En lo personal he leído todos los informes de Cuba al Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y siempre la violencia contra la mujer el gobierno la muestra únicamente en lo referido al hogar, y así invisibilizan otros tipos de agresiones que sufren las mujeres en la isla, incluida la violencia política hacia activistas, opositoras y periodistas
GM: Hay que partir de que es una norma amplia y con una redacción difícil de comprender. Lo cual, para empezar, atenta contra la democratización de la información y vulnera principios del acceso de la información pública. Esto es un código que se está sometiendo a consulta popular y que será llevado a referendo, por tanto, debe ser de fácil comprensión para todas las personas y no para un gremio limitado.
La técnica legislativa sigue dando un margen demasiado amplio a la discrecionalidad en la aplicación de la norma, así como los términos ambiguos y el uso de la “norma saco” que impone un poder ilimitado a la autoridad en la toma de decisiones, cuando la norma es, entre otras cosas, límite.
Ciertamente esta propuesta es mucho más avanzada que el actual, pero eso no excluye el hecho de que siga siendo una norma discriminatoria, que impone la camisa de fuerza ideológica por encima de los derechos humanos.
En relación con el sometimiento a discusión y referendo del matrimonio igualitario, según lo refleja la Constitución en la disposición transitoria decimoprimera, no deben someterse a votación derechos humanos que existen por el simple hecho de ser seres humanos. El Estado no está para otorgar derechos, sino para reconocerlos.
Este proyecto aparenta neutralidad, sin embargo, hay una discriminación indirecta a través de la norma al no prohibirse expresamente la violencia institucional, cuando esto es un problema latente en Cuba, donde muchas mujeres cubanas son sometidas sistemáticamente a diversos actos de hostigamiento, acoso y discriminación por razones políticas.
Se ha dicho que este Código de las Familias está a la altura de otros muy avanzados y que es un código más completo e inclusivo que el actual. ¿Es realmente así?
Alain Espinosa: El Código de las familias, en sentido general, es mucho mas avanzado que su predecesor, pero aún dista muchísimo de sus homólogos en países con mayor grado de democracia. El texto incorpora un grupo de temáticas que anteriormente no se encontraban reguladas como la violencia intrafamiliar o el matrimonio igualitario. Además realiza un intento de atemperar otras preexistentes a las corrientes más actuales como puede ser el caso de la modificación de la patria potestad por la responsabilidad parental, pero no garantiza en su totalidad los derechos en cuestión.
De la redacción del texto se puede determinar una ausencia de definición y límites que da margen a diversas interpretaciones y a la discrecionalidad por parte de las autoridades, que en su momento pueda conocer y resolver casos puntuales. Esto es de vital importancia porque coloca en estado de indefensión a la ciudadanía.
En los debates constitucionales, gran parte de la atención la tomó el artículo del matrimonio igualitario. Lo cual fue valorado como una “cortina de humo” en ese momento. Ahora ocurre algo similar, el debate es sobre el código de familias, pero no tiene igual interés el penal. ¿Lo percibes como una “cortina de humo” nuevamente?
AE: Sin duda alguna creo que el debate en torno al Código de las Familias es una distracción con toda intención para desviar la atención del Proyecto de Código Penal, que refuerza la discrecionalidad en el ejercicio de los derechos, poniendo en muchos casos el alineamiento ideológico como condición sine qua non para el ejercicio de derechos naturales y llaves como la libertad de expresión.
Además de complementarse con la ya en vigor Ley del Proceso Penal se usará para camuflar y recrudecer figuras a todas luces contrarias a los Derechos Humanos. Por ejemplo, el índice de peligrosidad predelictiva por la forma en que mutó a la nueva ley puede hasta generar que la presentación de la eximente de la responsabilidad penal, relativa a la enfermedad mental, coloque en un mayor estado de vulnerabilidad al imputado/acusado. En consecuencia se produciría una inhibición a la hora de invocarla.
Un aspecto que no podemos pasar por alto es que las autoridades expresamente han declarado que contrario al Código de las Familias, el Código Penal no será sometido a consulta, con lo cual anulan la posibilidad legal y objetiva de que los ciudadanos se opongan al mismo, al menos mediante las herramientas constitucionales previstas.
Una de las posturas que ha generado la norma legal es no debatirla, ni tenerla en cuenta porque viene de un estado totalitario que ha violado sistemáticamente Derechos Humanos. ¿Lo comparten?
LD: Es necesario hablar, analizar el texto. Explicar que no se reconocen los derechos de los padres, que sí se reconocen derechos LGBTIQ+ pero que no podrán ejecutarse si no se modifica el registro civil, entre otros temas que ya mencionamos. Hay que informar a la ciudadanía. Quedarse en silencio es como insinuar que esta ley es perfecta y no hay nada que señalarle cuando no es así. No nos quedemos callados
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Nuevo Código de las Familias: la polémica sobre la patria potestad

LA HABANA, Cuba.- Hasta el mes de abril próximo será sometido a consulta popular el anteproyecto de Código de las Familias en Cuba, el cual para el mes septiembre aproximadamente se aprobará -o no- mediante referendo.
El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), describió la consulta como un proceso en el cual “los participantes podrán hacer sus planteamientos, que pueden ser de adición, modificación o eliminación, y podrán emitirlos verbalmente o entregarlos por escrito”. Y añadió que “no está concebida para contraponer criterios; será para escuchar y asesorar, nunca para entrar en discusión, y nada se someterá a votación, solo se recogerán las propuestas”.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel asegura que “es el código de la igualdad, del reconocimiento a la pluralidad que tenemos en nuestra sociedad, no es un código que impone un patrón, que niega cómo cada cual asuma a su familia, al contrario, es un código que tiene en cuenta los derechos que deben tener todos los tipos de familia que hay en el país; por tanto, es un código inclusivo, moderno, humanista”.
La norma ha sido respaldada incluso por UNICEF pues, según la organización, “asume estándares internacionales previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que es un instrumento internacional ratificado por Cuba hace 30 años, y que reconoce que, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, los niños, niñas y adolescentes deben crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.
Mediante un comunicado, la UNICEF alegó igualmente que incluye “metas de compromiso mundial establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre las que destaca poner fin a todas las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, así como potenciar y promover la inclusión social de todas las personas independientemente de su edad, género, capacidades u otra condición”.
El Código vigente data de 1975. La mayoría de los debates se han centrado en nuevas propuestas como la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo, la posibilidad de que estos tengan o adopten hijos, y la sustitución del término “patria potestad” por el de “responsabilidad parental”.
Mientras, por un lado, la comunidad LGBTIQ+ lo ve como logros a sus reclamos hechos durante décadas, otro sector más conservador, integrado fundamentalmente por congregaciones religiosas y fraternales, se oponen enérgicamente a ello defendiendo lo que llaman “diseño original de la familia”.
Sobre la patria potestad y la intromisión del Estado
Una de las preocupaciones es la sustitución de la denominación “patria potestad” por la de “responsabilidad parental”, lo cual muchos consideran como una pérdida por parte de los padres y las madres de la autoridad sobre los hijos. También inquieta el hecho de que esto represente un mayor poder, intromisión o intervención del Estado en las familias.
“Básicamente, a la luz del nuevo proyecto, la filiación y la familia no son un hecho natural, sino que es tutelado y manejado por el Estado. La patria potestad desaparece, y en su lugar está una figura que establece deberes tutelados intensamente con entidades públicas, por lo que es de suponer que no desaparece la patria potestad, sino que la asume el Estado a través de sus instituciones como tribunales y fiscalía”, opina el abogado Fernando Almeyda.
Por su parte, para el también abogado Eloy Viera Cañive, la sustitución de una denominación por otra representa que el gobierno de Cuba “ha decidido asumir algunos compromisos internacionales derivados” de la ratificación de la CDN, “el mismo instrumento al que se acude para exigir al Estado cubano que reconozca como niños a 55 personas menores de 18 años que mantiene presas o sometidas a procesos penales por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021”.
El abogado asegura que el nuevo Código reduce el poder coercitivo de los padres y madres sobre los hijos, o la obediencia indiscutible de los segundos a los primeros, y que, en cambio, persigue “la conformación de una relación paterno/materno filial que ─sin eliminar la capacidad de contención de padres y madres sobre sus hijos─ coloque en el centro la escucha y el reconocimiento del menor como un sujeto de derecho y no como alguien que solo está obligado a obedecer”.
De esta forma, la capacidad de contención de los padres sobre los hijos, contenidas en el concepto de responsabilidad parental, prohíbe la violencia como forma de disciplina, lo cual rompe con lo establecido en el Código vigente.
Por su parte, el también abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones asegura que, si bien el Código necesitaba una actualización, “no se justifica la intención de desnaturalizar las instituciones ancestrales que existen en el derecho de familia desde el derecho romano y que son instituciones que han probado su eficacia y merecen nuestro respeto, como son la patria potestad y el matrimonio”.
Respecto a la eliminación del término “patria potestad”, ese “conjunto de deberes y derechos que tienen los padres sobre los hijos no emancipados” y un “concepto jurídico de tan arraigada presencia en la historia del derecho de nuestro país y de todos los países latinoamericanos, y que descienden del tronco común del derecho romano”, refiere que “es otra forma muy aviesa de la dictadura para tratar de dividir a las familias cubanas, pues está demostrado que los hijos alcanzan suficiente madurez física y psicológica a los 20 años, aproximadamente”.
Por otro lado, el artículo 187, inciso e), establece que puede privarse de la responsabilidad parental cuando se observe “una conducta viciosa, corruptora o delictiva”, y, en el inciso a), cuando se incumplan “grave y reiteradamente los deberes previstos en el artículo 134”. Al recurrir a este último artículo resalta que, entre los deberes, se encuentra “cooperar con las autoridades correspondientes para superar cualquier situación o medio adverso que influya o pueda influir desfavorablemente en su formación o desarrollo” (inciso i), así como “inculcarles el respeto a las autoridades, el amor a la patria y el respeto a sus símbolos” (inciso n).
Para Almeyda, “esta causal es lo que llamamos en derecho una ‘norma saco’, pues depende de la apreciación de la autoridad. Si existiera un verdadero Estado de Derecho en Cuba esto no supondría ningún problema. Sin embargo, existe el Partido Único, lo cual no supone que estos incisos sean el problema de por sí, sino el propio esquema ideológico del poder”.
En los debates, algunos resaltan que se trata de un peligro de intromisión del Estado que afecta fundamentalmente a padres opositores políticos, muchos acusados de tener conductas delictivas o corruptoras para sus hijos.
Sin embargo, para Viera Cañibe “no hay algo novedoso o exclusivo” en esta posibilidad de perder la patria potestad o, en este caso, responsabilidad parental, pues es una cuestión que también se reconoce en el Código de las Familias vigente; y, en el caso de la indefensión de los padres opositores, de “una situación que es legal desde hace muchos años”, amparada incluso por el Código Penal “y que no depende solo de una formulación jurídica, sino del real deseo represivo del poder que hace la ley y la aplica”.
Aunque el reemplazo del término “patria potestad” es, según el abogado y periodista René Gómez Manzano, “un asunto esencialmente terminológico”, detrás de todo este proyecto subyace otra cuestión de suma importancia, y es “el desconocimiento descarado del derecho de los padres a determinar qué educación desean para sus hijos. La legislación castrista (incluyendo el actual Proyecto) desconoce ese derecho humano internacionalmente reconocido, y se arroga las facultades de adoctrinar a los niños en su sistema escolar y, en adición a ello, enviar a prisión a los padres que desean educar a su prole”.
Basta recordar el caso del pastor Ramón Rigal Rodríguez y su esposa, Ayda Expósito Leyva, quienes fueron sentenciados a prisión por retirar a sus hijos de la escuela para educarlos en el hogar, lejos de un sistema educativo de adoctrinamiento. Una sanción amparada en el Código Penal vigente en su artículo 315 titulado “Otros Actos Contrarios al Normal Desarrollo del Menor”, el cual refiere que incurre en este delito aquel que “no atienda o descuide la educación” del menor de edad bajo su tutela, o lo “induzca a faltar a la escuela, rechazar el trabajo educativo inherente al sistema nacional de educación, o incumplir sus deberes relacionados con el respeto y amor a la patria”.
Este mandato y adoctrinamiento se sustenta igualmente en la Constitución de la República de 2019; el artículo 4 establece que “la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano” y que “el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable”. Y en el artículo 5 que “el Partido Comunista de Cuba, único (…) es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.
Para Quiñones, este Código es una muestra más de que toda la actividad legislativa de la Asamblea Nacional desde 2019, se ha centrado en institucionalizar aún más el poder del Estado sobre toda la sociedad y las familias cubanas.
Asimismo, alerta que, aunque es muy moderna la forma en la que está redactado el proyecto, “encierra muchos peligros y posibilidades, y ofrece muchos derechos que creo que no se cumplirán”. Por ejemplo, en el inciso a), artículo 5.1, se regulan los derechos de la infancia y la adolescencia en el ámbito familiar, asegurándose que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho “a ser escuchados conforme a su capacidad y autonomía progresiva y a que su opinión sea tenida en cuenta”. Esta cuestión para Quiñones “es muy bonita”, pero al leer en el glosario de términos el concepto de autonomía progresiva “te das cuenta de su ambivalencia, y esto es algo muy común en el derecho castrista, crear conceptos ambivalentes para después hacer, en la práctica judicial, lo que a ellos les viene en gana”.
El abogado se cuestiona qué sucedería si, una vez aprobado el Código, a uno de esos menores de edad se les ocurre, por ejemplo, reclamar por su derecho a recibir una educación conforme a su fe cristiana, en el caso de que sea creyente, si el Estado lo permitiría.
“Obviamente no lo va a permitir. De hecho, la dictadura cubana viola de forma reiterada este derecho que está regulado en el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención de Derechos del Niño”.
Por otro lado, afirma que, según este anteproyecto, “los padres quedan sometidos a las decisiones de los hijos, y ya sabemos que hay hijos complejos, al igual que padres”. Por tal motivo, considera que la patria potestad, así como los derechos y deberes de padres e hijos deben mantenerse tal y como están regulados, “quizás introducir otros, y ofrecerles a la vez la posibilidad a los hijos, o a un tercero, de reclamar en la vía judicial cuando se estime que se han vulnerado los derechos de los hijos. Me parece que esa sería una solución muy práctica, no echar a pelear a los hijos contra los padres, que es lo que yo advierto en este anteproyecto, y advierto además que hay un peligro extraordinario para las personas que han decido adoptar una posición contestataria, de reclamo por la vulneración de sus derechos ante el régimen porque están a expensas de que se le prive del derecho sobre sus hijos”.
Sin embargo, para Viera Cañive “el principal problema del anteproyecto no es su redacción o las intenciones que en su articulado oculta el poder. El problema principal del anteproyecto radica en que es la muestra del uso del derecho como una herramienta de transformación social en un país en el cual el derecho no existe y, por ende, su perfeccionamiento formal es una ganancia. El problema fundamental del anteproyecto es que pretende regular una realidad que lo supera. La sociedad cubana aún es ─contrario al anteproyecto─ el reflejo de un Estado conservador y machista. Un Estado que pretende cambiar esa realidad con un plumazo y mediante un instrumento que nunca ha respetado: la ley”.
No obstante, para el opositor y director del proyecto Estado de Sats, Antonio Rodiles, se trata de, una vez más, establecer la supremacía del Estado sobre las familias. Ello, unido al enfoque de género del Código, constituye además un intento de reinventar el castrismo y de insertarse en la agenda de ideología de género (Agenda 2030).
De manera similar opina el periodista Luis Cino, para quien “ese Código” solo pretende desviar la atención, “hacer pasar ante el mundo al régimen castrista, en su momento de mayor desprestigio político, como democrático, avanzado e inclusivo, cuando en realidad va a la zaga de numerosos países en los temas que trata”.
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Reflexiones en torno al proyecto de Código de las Familias

A raíz del inicio de la Consulta Popular en torno al ante-proyecto del Código de las Familias, varios sectores de la sociedad civil han manifestado preocupaciones, dudas y rechazos. El aparato propagandista del Estado cubano lo presenta como un proyecto profundamente progresista, que incorpora al ordenamiento jurídico las tendencias más contemporáneas en materia de Derecho de Familias.
Sin embargo, una ciudadanía que finalmente ha aprendido a sopesar bien las iniciativas de un gobierno no democrático, siente que este nuevo Código deja zonas oscuras que requieren un análisis detallado. ¿Es realmente progresista el nuevo Código? La respuesta, a grosso modo, es que sí.
El ante-proyecto de Código de las Familias —que ya va por su versión veinticuatro— es muy superior al vigente. Se propone resolver cuestiones postergadas por años. Para empezar, elimina el matrimonio infantil, reformula el reconocimiento de las uniones de hecho afectivas, establece la posibilidad de regímenes económicos matrimoniales nuevos, desarrolla el tema de las obligaciones de alimento y cuidado.
Igualmente, incorpora un concepto de familia más amplio así como los derechos que le asisten a sus miembros, incluye la «personalidad progresiva», proscribe el castigo físico o psicológico como forma de educar al menor, reconoce el matrimonio igualitario; amplía la participación y derechos de los abuelos y otros familiares en la guarda, cuidado y educación del menor; introduce la «responsabilidad parental» en sustitución del concepto de «patria potestad», entre otros muchos aportes más.
Entonces, si en efecto es tan avanzado, ¿cuál es el problema?, ¿por qué tantos sectores de la sociedad civil han expresado inquietudes al respecto? Hasta el momento podemos decir que existen tres matrices de opinión contrarias a la propuesta del nuevo Código.
La primera , y tal vez la más criticable, es la de los sectores ultra conservadores de la sociedad, que todavía rechazan de plano al matrimonio igualitario y que familias homoparentales adopten. Son criterios basados en tradicionalismos o fundamentalismos evidentemente homófobos.
(Foto: vistarmagazine)
Durante años el Estado cubano apeló a estas fuerzas, tendentes al inmovilismo, para apuntalar su dominio sobre la sociedad civil; especialmente las iglesias protestantes ganaron un reconocimiento y estatus privilegiado ante el establishment, tal vez demasiado. Este Código es una especie de «golpe de Estado» para esos grupos, con fuertes lobbies en el PCC, de manera que han empezado a organizar campañas anti-código.
Al segundo grupo de opinión, sin dejar de lado las reticencias frente a los derechos de las minorías LGBTIQ+, le preocupa la desaparición de la «patria potestad» y su sustitución por la «responsabilidad parental». Muchos padres perciben que esta nueva institución expropia el derecho que tienen de educar a sus hijos; temen que el Estado se inmiscuya en su crianza o que eventualmente «se los quite».
En el vigente Código de la Familia, tanto la suspensión de la patria potestad como su pérdida están contempladas, de modo que estas preocupaciones podrían ser exageradas; sin embargo, no deja de ser un hecho que a la luz del anteproyecto la crianza y educación del menor dejan de ser un privilegio de los padres para convertirse en una responsabilidad compartida con toda la familia y tutelada a través de Fiscalía, Tribunales y la Defensoría de la Familia.
Numerosos padres ven con desconfianza que el nuevo Código limite sus potestades sobre la crianza de los hijos. Y tienen razones para estar preocupados, aunque el problema en sí no es el Código, sino el sistema totalitario en el cual se inserta. Los tribunales y fiscalía que tendrán a cargo el monitoreo de los derechos familiares y la tutela jurídica de los mismos, no forman parte de un poder independiente, sino son apéndices de un sistema de unidad de poderes; es decir, cuando se hace referencia a tribunales, es equivalente al Estado. Y eso no es todo.
La Constitución establece claramente en su artículo 5 que el Partido Comunista es la «fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado», ergo, los órganos que velarán por la protección de la familia y el cumplimiento de las obligaciones de la «responsabilidad parental» son parte de un Estado cuyo funcionamiento es regido por un partido único y una ideología única.
¿Habilita el nuevo Código la intromisión ideológica del Estado en el desarrollo de la familia? No, no lo hace; pero la Constitución, sí. El Partido no tiene límites en su actuar, al punto que se arroga la potestad de violar los propios derechos que la Constitución reconoce. Otro ejemplo del alcance de la mano del Partido en la interpretación y aplicación de la Ley está en el Decreto-Ley 370. En ninguna parte prohíbe expresar criterios contrarios al gobierno; sin embargo, se fuerza el sentido de sus artículos para acallar las voces disidentes. Nada impide que se haga algo semejante con la familia a través del Código.
(Imagen: Granma)
La tercera matriz de opinión, refiere que este Código no es más que una «cortina de humo» del régimen para desviar la atención de todas las violaciones de Derechos Humanos que comete, a la vez que ofrece un «lavado de cara» internacional. Esta visión asume que dentro del Estado y el Partido no hay luchas de poder, pero nada más lejos.
Por un lado juristas de la altura de Leonardo Pérez Gallardo y Yamila González Ferrer (por solo mencionar algunos nombres), han estado abogando por esta reforma desde hace años; por otro, el activismo LGBTIQ+ y pro familias, que en la última década ha ganado fuerza en Cuba (recordemos el 11M y el movimiento homónimo), ha contribuido a la presión dentro del Estado y obligado a la facción más retrógada a ceder ante la más moderada.
De hecho, existe cierta urgencia dentro del Estado para que el nuevo Código de las Familias sea aprobado a toda costa. Y no es menos cierto que la propaganda a favor del mismo sirve para desviar la atención del draconiano proyecto de Código Penal y de la tensa situación socio-política.
Hacia lo interno del poder en Cuba, esta reforma representa un pulso político entre las fuerzas más conservadoras y las moderadas —que desean continuar el programa raulista de transformaciones. De cara a la sociedad, el Estado quiere ganar a la comunidad LGBTIQ+; para nadie es un secreto que el reconocimiento legal del matrimonio igualitario mejorará la actitud de las minorías ante el régimen cubano, lo cual podría traducirse en menos apoyo a los activistas de la comunidad que son frontales al gobierno.
De cara al mundo, el nuevo proyecto tal vez sirva para obtener el apoyo de las izquierdas progresistas y adquirir una suerte de trofeo con el cual vender el éxito del modelo socialista. Quizás lo que más molesta a muchos —opositores incluidos—, es que se trata en general de un buen proyecto legislativo.
No obstante, es el propio sistema el principal enemigo del nuevo Código de las Familias. Para empezar, se trata de una ley muy inclusiva, pero hecha en un órgano excluyente y anti-democrático. La Asamblea Nacional del Poder Popular, con sus votos unánimes y su ideología única, no es plural ni representativa de la sociedad cubana, únicamente de la parte incondicional al Partido Comunista, que en los últimos dos años ha perdido notable influencia.
La Asamblea Nacional del Poder Popular, con sus votos unánimes y su ideología única, no es plural ni representativa de la sociedad cubana (Foto: @AsambleaCuba)
Como consecuencia, la sociedad civil no percibe esta nueva ley como lo que es, un producto para beneficiarla, sino como una imposición. Aun cuando se propone un discutible referéndum, parte de la ciudadanía no se siente identificada con el poder.
Tal vez, el único factor común que tengan las posiciones contrarias al Código es que no lo entienden, y que no les genera confianza nada que provenga del régimen. Ello no solo compromete la aceptación del Código, sino su aplicabilidad práctica. ¿Qué pasará cuando la aplicación del mismo genere choques con la moral media? ¿Es preciso votar el Código como un todo y no por partes? ¿La sociedad cubana estará lista para renunciar al concepto de «patria potestad»?
Ninguna de estas preguntas parece haber sido debidamente confrontada por el poder. El sistema está diseñado de forma vertical, lo cual provoca que cualquier criterio divergente sea desechado y combatido, aun si supone críticas constructivas.
Posiblemente las interrogantes fundamentales sean estas: ¿hasta qué punto un Estado que no respeta su propia Constitución y que no garantiza los derechos fundamentales será capaz de respetar y garantizar los derechos derivados de esta nueva Ley, o de cualquier otra?, ¿qué garantiza que no se intrumentalice el Código como se han instrumentalizado el resto de las leyes en función de los intereses de la casta gobernante? La respuestas son obvias.
Un Código tan progresista resulta anacrónico en un sistema político tan represivo, pues se están reconociendo derechos de tercera generación al mismo tiempo que se niegan derechos de primera generación. El verdadero problema no es, por ende, el nuevo Código de las Familias en sí —hasta ahora son muchos más sus aciertos que sus desaciertos—, sino el sistema mismo que lo crea, interpreta y aplicará a conveniencia.

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