HAVANA CLIMA

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El pueblo cubano siempre derrotará la agresión del imperio, responde Díaz-Canel ante nuevas restricciones de EE. UU.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó como «ridículo anuncio del gobierno imperial» la decisión de la administración estadunidense de restringir la entrada a EE. UU. de 28 empleados del gobierno cubano y miembros del PCC. 
«El pueblo cubano siempre derrotará la agresión del imperio», escribió a través de Twitter el Jefe de Estado cubano. 

Ridículo anuncio del gobierno imperial. El pueblo cubano siempre derrotará la agresión del imperio. #VamosConTodo #CubaPorLaVida#CubaPorLaPazhttps://t.co/SSorpRm0Qr
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 9, 2022
Este sábado, 9 de julio, a través de un comunicado firmado por el secretario de Estado, Antony Blinken, trascendió que de conformidad con la Proclamación Presidencial 5377, se aplican estas restricciones de visa, lo que significa que se les suspendes la entrada de no inmigrantes a ese país.
El documento señala que la decisión implica a «miembros de alto rango del Partido Comunista de Cuba responsables de establecer políticas a nivel nacional y provincial» y a «múltiples funcionarios que trabajan en los sectores de medios de comunicación y las telecomunicaciones estatales». Sus nombres, hasta ahora, no han sido publicados.
Blinken argumenta que la medida se toma «en respuesta a las acciones de los funcionarios del gobierno cubano que limitan el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos». Agrega que «estos 28 funcionarios incluyen funcionarios que están implicados en la represión de las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021». 
El miembro del Buró Político y Canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, opina, por el contrario, que ante el fracaso en el intento de provocar en Cuba una sublevación popular en 2021, el gobierno de EE. UU. y su Secretario de Estado buscan ahora desacreditar triunfo popular frente a agresión imperialista».
Agregó en Twitter que esas reiteradas medidas coercitivas son actos violatorios del Derecho Internacional y la Carta ONU.
Dos veces durante 2022 (en enero y en junio); y en noviembre de 2021, el Departamento de Estado adoptó medidas similares contra funcionarios del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a quienes también aplicó restricciones de visa a raíz de los disturbios asociados al 11 de julio de 2021, recuerda la agencia Prensa Latina.

Ante fracaso en intento de provocar en #Cuba una sublevación popular en 2021, gob. EEUU y su Secretario de Estado buscan ahora desacreditar triunfo popular frente a agresión imperialista. Sus reiteradas medidas coercitivas son actos violatorios del Derecho Intl. y la Carta ONU.
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 9, 2022

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Las pirañas del funcionariado castrista

LA HABANA, Cuba. — En el año 2011, cuando la magnitud de la actual crisis del castrismo era   inimaginable, el general Raúl Castro se refirió en tono amenazante a “los burócratas corruptos, con cargos obtenidos a base de simulación y oportunismo, que utilizan las posiciones que todavía ocupan para acumular fortunas, apostando a una eventual derrota de la Revolución”.
Ya en aquel momento, la alta dirigencia estaba advertida de que la burocracia-funcionariado se había convertido en la más peligrosa amenaza para la supervivencia de  eso que todavía se empeñan en llamar “la Revolución”.
Raúl Castro y sus segundones saben que muchos miembros de ese funcionariado son pirañas enloquecidas y voraces, pero no pueden prescindir de ellas y tiene que resignarse a sus dentelladas. Por eso, el combate a la corrupción en que dice el régimen estar empeñado desde hace años es una guerra paternalista y regañona que se libra con el menor número posible de bajas. Son pocos los culpables y los castigados con nombres y apellidos. Tampoco hay castigos que merezcan ser considerados como tales.
En Cuba, como ocurrió en la Unión Soviética y todos los demás países del llamado “socialismo real”, el aparato burocrático acumuló poder, se hizo gigantesco, inamovible y se ha fundido con el funcionariado para ejercer, a nombre de la máxima dirigencia, la dictadura sobre el proletariado.
Esa burocracia-funcionariado es el reservorio de los inmovilistas y de los retranqueros de la ortodoxia.   Paranoica, recela de todo y de todos, censura y prohíbe, se niega a ceder espacios y pone trabas a cualquier intento de reforma.
Pero a quienes se refería Raúl Castro es a esos del funcionariado que se encuentran agazapados entre los inmovilistas y que se dan cuenta de que el barco, al que le entra agua por todas las vías, se hunde irremisiblemente y hacen cálculos de los provechos que pueden sacar del naufragio. Han aprendido las lecciones de los oligarcas del chavismo-madurismo, de la piñata sandinista y, sobre todo, de los excomunistas rusos que restauraron el capitalismo tras el desplome de la Unión Soviética.
Los restauradores del capitalismo en Rusia surgieron de la Nomenklatura comunista: los altos burócratas, ejecutivos, funcionarios y generales que conquistaron sus inmensas fortunas apropiándose de los bienes del Estado durante la privatización de la economía que siguió a la disolución de la Unión Soviética.
Muchos del funcionariado, en uniforme verde olivo o con guayabera, aspiran a poder un día imitar a los excamaradas del PCUS convertidos en multimillonarios, como Roman Abramovich (dueño del Chelsea Football Club), Yuri Milner y Mijail Jodorkovsky.
A ellos, a los funcionarios y militares que pudiesen estar afilándose los dientes para el entierro del castrismo, para que no se alebresten ni embullen, los mandamases quieren inculcarles la idea de que la Ley Helms-Burton les impedirá ser los sepultureros.
Y tiene cierta lógica la advertencia de los mandamases. De aplicarse el capítulo III de la ley de protección de los derechos de propiedad de los nacionales estadounidenses, los bienes expropiados por el régimen castrista –incluidos los bienes de los cubanos exilados– tendrían que ser devueltos por el gobierno que sustituiría al actual régimen como condición indispensable para ser reconocido por  el gobierno de Estados Unidos y que este le levante el embargo. Y luego de las devoluciones y las compensaciones, bien poco quedaría del botín para los aspirantes a oligarcas.
Esa es la idea que quieren dejar sentada los mandamases en las mentes calenturientas de los ambiciosos agazapados. Quieren convencerlos de que no vale la pena el desmontaje del castrismo, que es mejor que se atrincheren, sean leales y se conformen con lo que ya tienen y lo que puedan seguir robando.
Pero, ¿quien cree todavía que la Ley Helms-Burton, más allá de complacer al  sector más radical del exilio y de servir al régimen cubano para hacerse la víctima y justificar su ineficiencia y sus descalabros, es practicable y tiene probabilidades en un escenario post-castrista?
Los que ya están en la piñata y los que faltan por sumarse, insaciables como son, no van a desanimarse por lo que digan los mandamases. Ni siquiera se dan por aludidos. Esperando el momento propicio, siguen sacando sus cuentas. Saben hasta dónde pueden estirar los pies y las manos. Acostumbrados al trapicheo y la economía de bodegueros, son pacientes, taimados y se conforman con lo que puedan rapiñar… por ahora.
Hace mucho que empezaron a acumular capital, conocimientos y relaciones. Muchos hombres de negocio extranjeros, luego de tanto tiempo de tratar con ellos, pueden preferir a los malos conocidos comunistas, antes que a los buenos por conocer, respetuosos del estado de derecho pero ingenuos,  inexpertos e ignorantes del know how.
Ante los capitalistas extranjeros que han demostrado ser tan inescrupulosos como ellos al invertir en Cuba y aprovecharse de la explotación de la baratísima mano de obra nativa, la principal ventaja de los agazapados en GAESA y los ministerios es que han demostrado tener mano dura para hacer que los cubanos, carentes de derechos, trabajen como esclavos y no protesten.
Cuando el largamente agonizante régimen castrista acabe de fallecer, ahí estarán los mafiosos de la piñata con los paracaídas puestos, prestos a expedir el certificado de defunción, preparados, luego de exponer sus coartadas, para entrar en cualquier tipo de arreglo y trapisonda. Y no precisamente como porteros o aguanta-mamparas.
Por supuesto que saben que no podrán comprar yates de 100 millones de dólares, mansiones en Silicon Valley ni terrenos en la Luna, que ellos no son Elon Musk. No son tontos. Ellos, mejor que nadie saben en qué estado de depauperación han dejado el país.
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El examen inevitable del Gobierno cubano

El ser humano está permanentemente en situaciones en las que debe tomar decisiones, actuar, y los resultados de esas acciones suelen tener alguna implicación. De ahí que vivir sea como someterse a un gran y continuo examen: problema-respuesta-consecuencia.
La intensidad y alcance de las implicaciones de lo que hacemos provoca que, en dependencia de la racionalidad y sensibilidad individuales, seamos capaces de percibir cuáles son los exámenes que enfrentamos; sea en períodos de tiempo prolongados o en momentos específicos (información que nos permite atribuir a dichos procesos el grado de formalidad de la evaluación).
Esa lógica de la medición, del examen, ha sido una clave implícita en el diseño de la institucionalidad desde la antigüedad. Encontrar a la persona correcta para desempeñar cada función en el ámbito social supone cierta idoneidad. Estos procesos tienen en cuenta la caducidad de la evaluación; es decir, la evaluación efectuada en un momento dado no significa una validación eterna.
Por su parte, la dimensión política de la sociedad —entendida como aquella que se relaciona con las tecnologías para gestionar(nos) desde los poderes del Estado—, no escapa de ser un proceso de examen. La naturaleza de la política dota a la evaluación de eficientes mecanismos específicos.
En los espacios democráticos de la política se formaliza la evaluación: la ciudadanía es la evaluadora del examen político; el Gobierno (electo o a elegir), el evaluado. El primer tipo de examen (1) es equivalente a una competencia por el acceso a un puesto, posee carácter más formal, breve (bien podría ser el proceso electoral). Vencerlo implica ser aprobado por un tiempo, por lo general de cuatro a seis años.
El segundo tipo (2), equivale a una evaluación sistemática, permanente, cualitativa; y se extiende lo que el propio período de mandato. Si se obtiene un buen resultado en el examen sistemático, el ciudadano quizá otorgue al que ocupa el Gobierno el derecho a evaluarse otra vez en el esquema más breve y, con suerte, repetirá lo que pretende: gobernar, ser funcionario público nuevamente.
En algunos contextos, ante el riesgo de que siempre resulte ganador el mismo sujeto, el evaluador ha limitado el acceso a cierta cantidad de intentos victoriosos. Otra situación común es que, dado que en ocasiones el examen tipo 2 es tan malo, el evaluador decide suspenderlo en pleno desarrollo, entonces se habla de impeachment, golpe de Estado o revolución, según se trate.
La evaluación política en Cuba
El sistema evaluativo cubano tiene particularidades. El último examen tipo 1 acaeció hace setenta y tres años (elecciones de 1948, en que fue electo Carlos Prío), por lo que ninguno de los dos participantes hoy recuerda bien qué es evaluar o ser evaluado de manera formal.
Ese examen de acceso le fue convalidado al evaluado en un momento inicial del proceso revolucionario, según criterio de mucho esfuerzo, sin competencia, incluso. Nunca más ha sido sometido a examen formal alguno, por tanto, las prerrogativas que surgen cuando se está aprobado se han mantenido indefinidamente, basadas en la suposición de que lo sigue estando.
El Gobierno cubano parte del supuesto de que la auto-convalidación realizada al examen 1 mantiene validez. Sin embargo, se puede escapar de ese examen en cuestión, pero nunca del 2. A los ojos del evaluador —que en este caso ha tenido décadas para valorar—, se presenta una serie de resultados negativos:
– Incapacidad para sostener una producción de alimentos básicos, ni en niveles mínimamente requeridos para condiciones de bienestar. Más bien, este aspecto ha empeorado continuamente.
– Incapacidad de desarrollar la industria nacional; con excepción de la biotecnológica, que produce un impacto favorable a nivel sectorial, pero no suficiente entendida la economía como un todo.
– Incapacidad de gestionar con resultados positivos la propiedad de todos, al decidir una política inversionista asimétrica que arruinó sectores enteros de la economía e incrementó la desigualdad y la pobreza.
– Incapacidad para gestionar la pluralidad, haciendo llamados a profundizar en los dogmas como respuesta a reclamos cívicos legítimos y necesarios, como los recogidos en el Proyecto Varela.
– Incapacidad para mantener un crecimiento demográfico sostenible. Las crisis políticas han sido solucionadas por décadas favoreciendo el éxodo masivo, pero ya desde hace tres años mueren en Cuba más personas de las que nacen, tendencia que, de mantenerse, conduciría a la extinción.
– Incapacidad para generar salidas a tiempo en los momentos de mayor agudeza de la crisis crónica de la economía insular, dejando las esperanzas en salvaciones externas (URSS, Venezuela, China, Obama-Biden).
Por si fuera poco, estos efectos dañinos se han reforzado en el último año:
– El evaluado no logró realizar un ordenamiento monetario cuyos resultados fueran beneficiosos para el evaluador.
– Dedicó un congreso del Partido Comunista a discutir sobre la autoestima del cuadro como sujeto organizativo, en lugar de responder a la crisis.
– Deslegitimó un estallido social espontáneo al argüir sin pruebas que fue organizado desde el exterior, y respondió con violencia simbólica y tradicional (multas, arrestos y severidad judicial). En consecuencia, fue incapaz de lidiar con la inconformidad social y generar vías para canalizarla.
– Ha violado derechos humanos sistemáticamente.
– Continúa la apuesta por la construcción de más hoteles, sin una clara justificación.
La actitud del evaluado
El Gobierno sigue sin ofrecer un horizonte. No hay utopía, solo el llamado a resistir y la promesa de que la obediencia se premia. El Gobierno no ha creado las bases ni ha dado pasos significativos para ofrecer una vida digna a los trabajadores y sus familias.
El evaluado no quiere ser evaluado. Aspira a que su auto-convalidación sea eterna; pero el evaluador sigue pagando el precio de ese examen perpetuo. El evaluador está cansado de esperar, como un profesor que sabe que su alumno no podrá hacer nada más, borrar, escribir una y otra vez sin aportar una respuesta correcta.
El Gobierno ha tomado demasiado tiempo y no quiere aceptar que su turno venció, ni siquiera quiere aceptar la evaluación; por eso reacciona agresivamente cuando alguien lo evalúa; por eso compara, chantajea; por eso eliminó las evaluaciones formales; por eso usa argumentos carentes de sustancia. Se siente agredido al ser evaluado.
No queda entonces otra salida: es hora de que el examen termine, sin más oportunidades. El evaluado ha tenido demasiadas fallas, y muy costosas.

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