La Güinera

LA HABANA, Cuba. – Desde el centro penitenciario Combinado del Este, en la capital del país, el manifestante del 11J Juan Carlos Morales Herrera denuncia que fue sentenciado a 14 años de cárcel como represalia por haber participado en las protestas populares ocurridas en julio de 2021 en más de 60 localidades y ciudades de la Isla.
Morales Herrera vive en el barrio de La Güinera, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo. Tiene 50 años y es barbero. Fue procesado como parte del segundo grupo de manifestantes de esa localidad, el 16 de enero de 2022. Acusado inicialmente de los supuestos delitos de atentado, sabotaje, lesiones, sedición y daño a la propiedad, su petición fiscal era de 20 a 21 años de privación de libertad. 
Morales Herrera fue arrestado el 17 de julio en la casa de su mamá. Inicialmente lo tuvieron un día en la unidad de Policía del Capri. De allí lo trasladaron para la prisión de jóvenes del Cotorro, donde lo mantuvieron por tres días. Posteriormente lo trasladaron a la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó por ocho días y finalmente al Combinado del Este, donde permanece hasta ahora. 
En declaraciones anteriores, Morales Herrera pudo revelar asimismo la represión perpetrada contra los pobladores de La Güinera el 12 de julio, así como el espanto de la multitud luego de que el joven Diubis Laurencio fuera baleado por la espalda por un agente de Policía. 
El preso político también ha destacado las duras condiciones que tuvo que soportar en los distintos centros de detención donde estuvo cautivo, especialmente las torturas sufridas en 100 y Aldabó. 
En marzo, el régimen cubano dictó sentencia contra 128 manifestantes del 11J en la Esquina de Toyo, municipio Diez de Octubre, y en La Güinera. Más de 30 de los acusados recibieron condenas de entre 20 y 30 años de privación de libertad por los supuestos delitos de sedición y hurto. 
Las condenas fueron criticadas por la Unión Europea, quien las calificó de “desproporcionadas y duras”, según un reporte de Radio Televisión Martí.
En un llamado a “respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión”, la UE, que mantiene un acuerdo de diálogo y cooperación con La Habana, a pesar de las críticas recibidas, aseguró que la manifestación pacífica es un derecho fundamental.
“Las últimas sentencias de prisión impuestas por los tribunales cubanos a participantes en las manifestaciones del 11 y 12 de julio son desproporcionadas y duras. La manifestación pacífica es un derecho fundamental y estas sentencias pretenden disuadir a los ciudadanos de ejercerlo”, dijeron fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior a Radio Televisión Martí.
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LA HABANA, Cuba. – En la vivienda de María Luisa Fleitas Bravo, madre de Rolando Vázquez Fleitas, un joven de La Güinera sancionado a 21 años de privación de libertad por presuntamente haber participado en las protestas del 11J, cada noche retumban los calderos para exigir la liberación de su hijo.
“Es una injusticia. Mi hijo se siente muy deprimido y lo único que sabe decirme es: ‘Mamá, lucha allá afuera, que estoy preso injustamente’”, denunció la mujer ante las cámaras de CubaNet.
Según explicó, en diciembre de 2021 su hijo fue condenado a 21 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de alta seguridad Combinado del Este.
Fleitas Bravo precisó que durante la celebración del juicio en contra de su hijo, ella y otros familiares de varios manifestantes del 11J fueron reprimidos. “Fuimos reprimidas por un policía; nos amenazó a mí y a unas cuantas madres que estaban frente al Tribunal. Nos dijeron que teníamos que salir de allí con tremenda mala forma”, señaló la mujer.
Asimismo, detalla que durante la vista oral varias personas testificaron a favor de su hijo. Sin embargo, de todas formas el joven fue sancionado a 21 años de cárcel por el supuesto delito de sedición.
“Los siete testigos que fueron, incluyendo un recluso que andaba ese día con él, un policía, yo, la del Comité [de Defensa de la Revolución (CDR)] donde vive la esposa y unos cuantos vecinos, lo defendieron porque él no tiene nada que ver con eso que le están poniendo”.
“Él había ido a buscar una latica de refresco al kiosco del hermano y venía bajando por la calle con ella. [En los videos de la manifestación presentados por la Fiscalía] no se ve tirando piedras ni gritando. No se ve fajado con policías. Ahí no se ve nada”, denunció Fleitas Bravo.
Aun así, la petición fiscal establece que Rolando Vázquez Fleitas caminó ese día junto a la muchedumbre que gritaba consignas “contrarrevolucionarias”. Además, la Fiscalía lo señala como parte de un grupo de manifestantes que supuestamente golpearon a un funcionario público.
“En el juicio se habló que lo acusaban de sedición; no se habló de más nada y resulta que en los papeles está puesto desacato, sedición, desorden público y atentado”, lamentó la madre del joven. 
El 21 de julio de 2021 la Policía citó a Rolando Vázquez Fleitas para, supuestamente, hacerle algunas preguntas, pero terminó arrestándolo y condenándolo.
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LA HABANA, Cuba. – “Él es inocente; no estaba ni en la manifestación del 11 de julio y aun así lo están sentenciando a 15 años de privación de libertad”, denuncia Migdalia Gutiérrez Padrón, madre de Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, un joven residente de La Güinera (municipio Arroyo Naranjo), sentenciado por el régimen cubano a 15 años de prisión por el presunto delito de sedición.
En el juicio contra Cabrera Gutiérrez y otros jóvenes residentes en La Güinera se realizó del 14 al 16 de diciembre de 2021 fueron presentadas pruebas concluyentes que certificaron la inocencia de su hijo ―dice a CubaNet Migdalia Gutiérrez Padrón. Sin embargo, el Tribunal lo consideró culpable.
“[Las autoridades] ponen una foto de un muchacho que la Policía dice que es él, pero no es mi hijo, porque ese muchacho no tiene tatuajes y mi hijo tiene sus brazos llenos de tatuajes. Brusnelvis no estaba en la manifestación”, dijo
La entrevistada asegura que en el juicio también fueron presentados cuatro testigos de la defensa que certificaron la presencia de su hijo en otro lugar en el momento en que estaban ocurriendo las protestas en La Güinera.
“Ese día por la mañana él estaba en una piscina y luego regresó a la finca, porque mi hijo es trabajador asociado a una finca desde hace cinco años. Yo llevé todos los testigos que acreditaron que él no estaba en la manifestación y aun así, ellos ponen a un muchacho ahí en una moto que dicen que es mi hijo. Y en eso es en lo que se basa el abogado, en que las autoridades no tienen pruebas [sobre la presunta participación del joven en las protestas]”.
Sin embargo, según recoge la petición fiscal del caso, Brusnelvis se encontraba en el lugar de los hechos sobre un ciclomotor de color rojo, desde donde, de acuerdo con el documento elaborado por el régimen cubano, incitaba a la población a sumarse a las protesta. 
Asimismo, el texto también destaca  que el joven supuestamente alentaba e indicaba a la muchedumbre a dirigirse hacia donde se encontraban los agentes de la Policía, “potenciando con sus acciones el clima de intranquilidad y violencia”.
De acuerdo con Gutiérrez Padrón, el juicio contra su hijo se caracterizó por la fuerte presencia militar. “Cada preso tenía seis policías custodiándolo. Para mí todo fue una farsa”, denunció.
“El perito dio no probable [la presencia de Brusnelvis en la manifestación]. Se acercó a la mesa del juez junto con el abogado y oí decir de su propia boca que eso no era causa para encausar a mi hijo. Todo fue una injusticia, y por eso lo único que estoy pidiendo es libertad para mi hijo”.
Según el expediente de Fase Preparatorio 145-A/21 elaborado durante las supuestas investigaciones policiales, Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de 20 años de edad, es una persona presuntamente violenta y sin vínculo laboral o estudiantil, lo cual desmiente su madre.
“Llevamos su carta de trabajo a 100 y Aldabó [Unidad Territorial de Investigaciones del Ministerio del Interior] y nunca estuvo en el expediente, como tampoco estuvieron las fotos del lugar donde él se encontraba aquel día”.
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LA HABANA, Cuba. – Esta semana comenzaron los juicios contra los manifestantes que, aunque se reconocen como parte del estallido social del 11 de julio (11J), salieron a las calles el 12 de julio en el barrio La Güinera, del municipio Arroyo Naranjo. Acusados todos de sedición, aparecen registrados en la petición fiscal 145A-21. Se esperan cuatro días de juicio para condenar a 15 personas con penas entre los 15, 20 y 25 años de privación de libertad.
“Se sumaron a una concentración de personas que transitaban desde el lugar conocido como El Basurero, en la propia localidad, con el objetivo de llegar hasta la Estación de la PNR”, afirma el fiscal provincial Antonio Islam González Abreu Martínez en el documento, donde ignora la presunción de inocencia. 
La petición fiscal 145A-21 es otra radiografía de un sistema judicial estrechamente vinculado a un poder totalitario que no solo criminaliza cualquier manifestación de libertad sino que usa las condenas como escarmiento. 
El documento expedido el día 30 de septiembre y que será ratificado o no entre el 14 y el 17 diciembre, narra, igual que otros textos emitidos por varios fiscales más, las supuestas acciones de los manifestantes sin mencionar las armas ni los disparos de la Policía contra gente desarmada, cuya única respuesta en defensa propia fue el uso de piedras y palos. También hablan de cócteles molotov, pero ¿dónde están las víctimas de quemaduras o los lugares incendiados? 
El supuesto delito que une a los 15 acusados es el de lanzar “frases lacerantes al proceso revolucionario”, lo que parece un estribillo que el fiscal repite una y otra vez para afirmar la gravedad del asunto.
Antes había esgrimido otros argumentos con igual tono poético: “frases que laceran los sentimientos patrióticos”, “otras que exacerban las diferencias y el odio entre los ciudadanos o siguen los modelos de actuación de la contrarrevolución”. parece referirse a la consigna “Patria y Vida”, pero no se atreve a dejarla por escrito y recurre a la retórica de los periódicos oficiales.
Por su parte, los “improperios contra los dirigentes del Estado y del Partido Comunista de Cuba, en tono despectivo” se pueden traducir como la frase popular “Díaz-Canel singao”.
De un fiscal con ínfulas de poeta y con alma de verdugo que cuenta los hechos según le conviene al poder, no se puede esperar más que condenas como las que exige la 145A-21 y descripciones de los acusados más prejuiciosas aún. 
En la mayoría de los casos de esta petición fiscal los argumentos son juicios morales, prejuicios y estrategias de comunicación para predisponer a los jueces. Un delito como la sedición no se demuestra con juicios morales ni con piedras recogidas de la calle, sino con la descripción del plan previo, las armas de fuego compradas, las estrategias a seguir. Sin embargo, no hay nada de eso en este escrito. 
La frase “conducta ajustada a las normas de la sociedad” se la aplica tanto a Karen Valdéz Pérez, de 41 años de edad, que a su hija Leoaly de la Caridad Valera Vázquez, de 20 años, contra quienes la Fiscalía pide 18 y 15 años de cárcel, respectivamente. La misma valoración se aplica a Frank Aldana Rodríguez, de 28 años, al que quieren imponer 20 años de privación de libertad.
Las palabras “adecuada”, “normal”, “conducta correcta”, “buena conducta” para referirse a personas contra las que no tienen ninguna prueba, pero contra las que van con toda la fuerza del sistema no tienen nada de benevolentes. 
El fiscal las usa para referirse a Marlon Brando, de 20 años de edad, para quien piden 15 de privación de libertad; a Elier Padrón Romero (25), a quien pretenden condenarlo a 18 años en prisión; a José Luis Sánchez Tito (29) con 20 años pedidos. Estos juegos con el lenguaje que denotan una supuesta superioridad moral son parte del desprecio de un poder militarizado que ha estado observándolos como posibles delincuentes.
Desde el podio moral del régimen también ve a los de “lenguaje sencillo” o a las “personas tranquilas” como Jesús Enrique Vázquez Cabrera, de 20 años, y al adolescente de 19 años de edad Orlando Carvajal Cabrera. 
La observación desde el desprecio y la clasificación se nota aún más cuando habla de Brunelvis Adrián Cabrera, a quien piden 15 años y al que califican como “proclive a la comisión de hechos delictivos”. También Alexis Sosa Ruíz, a quien solicitan 20 años de cárcel, lo catalogan como “una persona irrespetuosa” y lo juzgan porque “en su inmueble se ve con frecuencia trasiego de bultos y paquetes de dudosa procedencia”. 
Ambas descripciones son malintencionadas, pero no más que las que han hecho contra Miguel Páez Estiven, un hombre de 58 años al que piden 25 años de privación de libertad y que en los años 1979 y 1980 cometió los delitos de robo con fuerza y hurto. 
“Es una violación por parte de la Fiscalía porque la única intención en poner antecedentes penales de más de 10 años es prejuiciar a los jueces y mostrar a la persona como un delincuente”, asegura Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, quien fue consultada para el análisis del documento. 
“Es un prejuzgamiento para mostrar a la persona como un delincuente, para que aprecien la reincidencia y agraven la sanción”, concluye la abogada. 
En el caso de Miguel Páez Estiven los hechos ocurrieron hace 42 años y que hoy tenga “un lenguaje vulgar” y se exprese con “palabras obscenas” no demuestra que sea culpable de sedición.  
Concienzudamente la petición fiscal 145A-21 comienza por casos que harán cuestionarse a los jueces la inocencia de los demás acusados en el mismo documento y contra los que va pidiendo 25 años amparados también en la supuesta reincidencia. 
Los delitos imputados a Dayron Martín Rodríguez, de 36 años de edad, y Alexander Guillermo Martínez Amoroso se diferencian en su nivel de gravedad social, pero la ley cubana los empareja con su supuesta indulgencia. A Martín Rodríguez le fue revocada una licencia extrapenal concedida tras ser sancionado por el delito de malversación a ocho años de privación de libertad. De ser condenado ahora por sedición pasará a recibir una condena conjunta por ambos delitos. 
A Alexander Guillermo Martínez Amoroso el delito más reciente que le revelan en la 145-A es el de lesiones, por el que fuera condenado a seis años en el 2017. A él le fue concedida la libertad condicional en el 2019 y ahora, aun habiendo sido revocada su anterior sanción, terminó de cumplirla en prisión el 19 de octubre. Tampoco el fiscal perdió oportunidad para mostrar en sus antecedentes de hace más de 20 años (1992) una condena a siete años por homicidio. 
En ambos casos, y hasta en el de Páez Estiven, echan por tierra toda la propaganda de las personas sancionadas y su reinserción social. Que pasados 40, 20, 10 años un fiscal exponga los delitos por los que una persona ya pagó denotan que aún las investigaciones policiales siguen basándose en los perfiles y no en pruebas científicas. Perfiles que refuerzan los vigilantes políticos del barrio y que miden y juzgan desde patrones morales de un Partido envejecido y prejuicioso que hace que los errores en Cuba los ciudadanos los arrastran como cadenas. 
No hay oportunidad ninguna para la rectificación ni la reeducación de la que tanto hablan en los espacios oficiales. 
Del 14 al 17 de diciembre en La Güinera reinará la misma angustia de hace cinco meses cuando creyeron que ganarían una batalla saliendo a las calles a reclamar libertad y terminaron siendo cazados por el poder, que los percibe como ciudadanos de quinta categoría que tienen que agradecer la miseria en la que han vivido toda la vida. 
Las familias van sin esperanzas a los juicios. Lo justo sería que estuvieran en sus casas, pero con las condenas que les quieren imponer, ya es suficiente para saber que habrá muchas navidades de tristezas. 
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