HAVANA CLIMA

La Güinera

Manifestante de La Güinera denuncia injusta condena y represión en la cárcel

LA HABANA, Cuba.- Desde el centro penitenciario de máximo rigor Combinado del Este, ubicado en el kilómetro 13 ½ de la vía Monumental, en el municipio Guanabacoa de la capital de la isla, el manifestante del 12 de julio Eduardo Álvarez Rigal denuncia la injusta condena recibida como represalia por participar en las protestas, así como la intransigencia de las autoridades penitenciarias en cuanto a su situación de salud.
Eduardo Álvarez Rigal, que tiene 32 años y reside en el reparto La Güinera, perteneciente al municipio Arroyo Naranjo, denuncia que fue arrestado en las primeras horas de la tarde del 21 de julio de 2021 en los alrededores del Café Colón.
Inicialmente fue encarcelado en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del reparto Capri y al día siguiente lo transportaron para el correccional de jóvenes Ivanov, ubicado en el Cotorro. Allí lo mantuvieron unos tres días y posteriormente lo llevaron para la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó hasta el 28 de julio, fecha en que lo trasladaron para la prisión de máximo rigor de Valle Grande, en La Lisa.
Según contó a CubaNet, en La Lisa permaneció hasta el juicio, que se celebró durante los días 17 y 18 de enero de 2022 en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, sito en la calle Carmen número 501 entre Juan Delgado y Goicuría, en el reparto Víbora. Al concluir el proceso el manifestante fue enviado al Combinado del Este.
Álvarez Rigal denuncia que fue condenado a 13 años de cárcel por el supuesto delito de sedición. Asimismo revela que en Valle Grande se contagió de COVID-19 durante un brote del virus en la prisión. De igual modo manifiesta que también contrajo neumonía en cautiverio.
Asimismo indicó además que es alérgico (padece de dermatitis tópica) y actualmente tiene las manos despellejadas a causa de desinfectarse con agua de cloro, pues las autoridades del Combinado no le permiten recibir el gel de manos que le llevan sus familiares.
El manifestante agrega que es babalawo (sacerdote del orisha Orula en la religión Yoruba) y al momento del arresto trabajaba en la Asociación Yoruba de Cuba, ubicada en la calle Prado, en Centro Habana. También destaca que es padre de cuatro niños menores que dependen de él.
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Manifestante del 11J Andrew López denuncia maltratos desde Combinado del Este

LA HABANA, Cuba.- El manifestante del 11J Andrew López Fragoso, de 30 años de edad y residente del reparto La Güinera, perteneciente al municipio Arroyo Naranjo, denunció a CubaNet los maltratos de los que ha sido víctima en el centro penitenciario de máximo rigor Combinado del Este, ubicado en el kilómetro 13 ½ de la vía Monumental, en el municipio Guanabacoa de la capital de la isla.
El manifestante apunta que fue apresado el 16 de julio de 2021 en su casa. Los captores, según detalla, eran agentes del DTI vestidos de civil. Al momento de su captura los agentes lo encerraron un día en la unidad de policía del Capri y a continuación lo trasladaron para la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, donde estuvo preso alrededor de 45 días, posteriormente lo transportaron al Combinado del Este.
El manifestante subraya que pocos días después comenzó a presentar fiebre alta y falta de aire. Según afirma, de esa manera pasó varios días hasta que su mamá se presentó en el centro penitenciario y exigió que le suministraran asistencia médica. Como resultado, el joven fue ingresado durante dos meses en el hospital Miguel Enríquez con neumonía, desgarramiento y líquido en los pulmones y fue dado de alta aún con fiebre y sin estar completamente recuperado. No obstante, explicó, las autoridades penitenciarias insisten en que solo fue una pulmonía y que ya está curado. Tampoco recibió tratamiento ni analgésicos para un cordal que le salió durante su encierro y que le provocó fuertes dolores.
Andrew López es graduado de Administración de Comercio y al momento de ser encarcelado trabajaba como dependiente en el puesto de viandas de La Güinera. Fue condenado a 14 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición. Actualmente se encuentra en el 3º piso, ala norte del edificio 3.
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Manifestante de La Güinera trasladado arbitrariamente a prisión pinareña

LA HABANA, Cuba.- Desde la prisión de máximo rigor Kilo 5 ½, ubicada en la Carretera Central, en la provincia de Pinar del Río, a CubaNet llega la denuncia de que el manifestante del 11J Jarolkis Suárez Rojas fue trasladado desde el Combinado del Este hacia ese centro penitenciario, alejado de su municipio y provincia.
Una fuente cercana a la familia dijo además a CubaNet que Jarolkis Suárez Rojas es residente del reparto La Güinera, perteneciente al municipio Arroyo Naranjo, y que fue arrestado el 17 de julio y conducido inicialmente para la unidad de policía del Capri, donde lo tuvieron encerrado durante dos días.
Posteriormente fue enviado para el correccional de jóvenes Ivanov, ubicado en el Cotorro, donde lo mantuvieron por una semana antes de trasladarlo hacia el Combinado del Este.
Jarolkis Suárez Rojas fue condenado a 10 años de cárcel por el supuesto delito de sedición durante las masivas protestas del 11 y 12 de julio de 2021
La propia fuente indicó que durante su encierro en la prisión habanera Jarolkis Suárez formó parte de un grupo de más de 20 manifestantes, principalmente de La Güinera, que el 24 de junio salieron al patio vistiendo camisetas pintadas con consignas de “Patria y Vida” y “Libertad”. Desde ese momento se plantaron.
Según la información, el arbitrario traslado ocurrió con posterioridad a esa protesta.
La fuente consultada por CubaNet agregó que Jarolkis Suárez Rojas es padre de tres niños. De igual modo señala que sus familiares han reclamado por el ilegal castigo tanto en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, sita en 15 y K, en el Vedado, municipio Plaza, como en la dirección del penal pinareño.
Sin embargo, hasta hoy, en ambas instancias solo han recibido evasivas como que “están analizando la situación” o que el 19 de agosto (el día de la visita) les daban respuesta.
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Padre e hijo, condenados a 11 y 12 años de prisión por manifestación en La Güinera

LA HABANA, Cuba.- Desde el centro penitenciario de máximo rigor Combinado del Este, que se encuentra ubicado en el kilómetro 13 ½ de la vía Monumental, en el municipio Guanabacoa de la capital de la isla, dos manifestantes del 11J, padre e hijo, denuncian altas condenas de prisión.
José Luis Castillo Bolaños, de 32 años de edad, y su padre, José Luis Castillo de la Torre, de 57 años, ambos residentes de la localidad de La Güinera, ubicada en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, fueron sentenciados a 12 y 11 años de prisión, respectivamente, por su participación en las masivas protestas antigubernamentales que sacudieron Cuba el 11 y 12 de julio de 2021.
José Luis Castillo Bolaños señala que se entregó el 15 de julio de 2021 en la estación de policía del Capri, pues supo que era buscado por las autoridades como represalia por haber participado en las protestas populares del 12 de julio de 2021 en esa localidad capitalina.
Según contó a CubaNet, al llegar a la instalación se enteró, de acuerdo con afirmaciones de los agentes de esa unidad, de que su padre también aparecía en un video de los acontecimientos.
Castillo Bolaños denuncia que fue condenado a 12 años de privación de libertad y su padre, José Luis Castillo de la Torre, recibió a su vez una condena de 11 años de cárcel, altas penas por pedir libertad y unirse al pueblo en sus justos reclamos.
A inicios de junio la Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó que los tribunales del régimen han emitido hasta el momento 76 sentencias en firme contra 381 personas por las protestas masivas del 11J, entre ellos a 16 menores de 18 años.
De acuerdo a una nota oficial, la institución precisó que al 78% de ese total de sancionados (297) se les impusieron penas de hasta 25 años de prisión, la mayoría de ellos por los delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos.
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Madre de preso político cubano rompe el silencio: “no hay justicia en este país”

MIAMI, Estados Unidos.- Ana Rosa Valdés es una madre cubana que decidió romper el silencio ante la injusta condena de 10 años de cárcel impuesta a su hijo, Carlos Michelena Valdés, por filmar la protesta del 12 de julio de 2021 en La Güinera, Arroyo Naranjo.
Valdés denunció este martes en entrevista con CubaNet que pasó meses guardando silencio en espera de una sentencia justa, “pero no hay justicia en este país”, es por ello que “decidí alzar la voz”.
“Esperé y di tiempo al proceso por el que estaba pasando mi hijo, pero la apelación quedó en 10 años de prisión, y no estoy de acuerdo con la sanción impuesta en este momento”, dijo.
A Carlos Michelena Valdés lo condenaron, contó su madre, porque el 12 de julio estaba en una esquina del barrio La Güinera filmando la protesta. “Él no gritó, no tiró una piedra, no estuvo en la manifestación, solo estaba filmando. En el juicio le dijeron que estaba cerca de uno de los cabecillas, como exhortando a que la gente se le uniera”,
Según contó Ana Rosa, los jóvenes de La Güinera ese día estaban pidiendo libertad, y un cambio de régimen. “la situación en ese momento estaba muy crítica, y está, pero les apagaron las voces”.
Ana Rosa asegura que desde que tiene edad laboral trabaja, y no ha faltado a ninguna convocatoria del gobierno, marchas desfiles, trabajos voluntarios, ha participado en todo, “porque creía en la revolución. Ya no creo”.
La mujer denuncia una y otra vez que le parece injusta la condena a su hijo, y la de tantas personas que salieron a decir lo que pensaban. “Todas las personas tienen derecho a alzar su voz, eso no es un delito”, lamenta.
“Estuve todos estos meses esperando una sanción justa, pero no la hubo para mi hijo, es por eso que estoy dispuesta a llegar hasta el final de esta historia, porque no hay justicia en este país”, recalcó.
Carlos Michelena Valdés, de 33 años y padre de una niña pequeña, demuestra mucha fuerza “delante de mí”, dijo su madre, “pero la procesión es algo que se lleva por dentro”.
Ana Rosa Valdés denunció también que al joven lo están amenazando, “lo bajan, imagino que para una oficina, para preguntarle si es el líder, si se van a plantar, le han dicho incluso que me van a detener y me van a llevar presa, y que lo van a sacar para otra prisión. Yo no entiendo por qué, yo solo estoy reclamando su liberación”.
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Cubano asegura que es inocente y denuncia condena de 20 años de cárcel

LA HABANA, Cuba.- Desde el centro penitenciario de máximo rigor Combinado del Este, que se encuentra ubicado en el kilómetro 13 ½ de la vía Monumental, en el municipio Guanabacoa de la capital cubana, el ciudadano Alexander Guillermo Martínez Amoroso denuncia que fue condenado a 20 años de cárcel tras haber sido apresado durante la ola represiva del 12 de julio de 2021 en La Güinera, en Arroyo Naranjo.
Alexander Martínez contó a CubaNet que fue capturado el 12 de julio mientras se encontraba de visita en la casa de un amigo, ubicada en la avenida por donde pasaron los manifestantes. Subraya que él estaba en la puerta de la vivienda cuando fue capturado por los policías que, de acuerdo con sus declaraciones, iban apresando a cuanta persona encontraban a su paso.
Martínez Amoroso señala que los captores lo llevaron para la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, donde lo tuvieron prisionero dos semanas. En ese centro de detención lo presionaron para obligarlo a confesar que había participado en la manifestación. Después de ese lapso lo trasladaron para el Combinado del Este.
El juicio de Alexander Martínez fue celebrado los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2021 en la sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, sito en Carmen número 501 entre Juan Delgado y Goicuría, en la Víbora.
Durante las audiencias, denunció, a manera de evidencia los represores le mostraban una foto en la que se le veía tomando con el amigo, quien se presentó en el juicio como testigo a su favor para corroborar que Alexander estaba de visita en su casa, sin embargo, este testimonio no fue tomado en cuenta.
Alexander Guillermo Martínez Amoroso, con una petición fiscal de 25 años de cárcel por el supuesto delito de sedición, fue condenado a 20 años de prisión. Al momento de redactar esta nota hemos sabido que se declaró en huelga de hambre.
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Cuba: Tribunal Supremo desestima apelación de 15 manifestantes de La Güinera

MIAMI, Estados Unidos.- La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo de Cuba desestimó esta semana los recursos de casación presentados por los abogados de 15 manifestantes del barrio habanero La Güinera, condenados por las protestas de los días 11 y 12 de julio de 2021, informó Radio Televisión Martí.
“Soy madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, sentenciado a diez años de privación de libertad. Por el delito de sedición. En estos momentos, mi hijo tiene 21 años, pero tenía 20 años en el momento que lo sancionaron”, explicó Migdalia Deleidid Gutiérrez Padrón luego de conocerse los resultados del juicio de apelación.
“A pesar de tener claras las intenciones de este Gobierno y saber que no teníamos ninguna probabilidad de ganar, la confirmación de nuestros temores nos devastó a todas las madres, hermanas y esposas de los condenados. No puedo concebir que el fiscal, un cubano como yo y mi hijo, llegue a ese grado de servilismo al que ha llegado este señor”, agregó Gutiérrez Padrón.
La madre del joven preso político explicó además que el fiscal del régimen dijo que su hijo “se encontraba en el lugar incitando a las personas. Creo que los juicios de los manifestantes fueron una farsa. Mi hijo ni fue, ni participó en la manifestación. A él lo recogieron el día del primer juicio en diciembre, porque estaba en libertad bajo fianza”.
“¡Libertad y justicia para mi hijo que lo sentenciaron a diez años injustos!”, exigió.
El caso de Elier Padrón
Por su parte, Noraidys Romero Alarcón, la madre de Elier Padrón, de 26 años, dijo al medio de prensa radicado en Miami que el dolor que le provoca la sentencia de 10 años de cárcel no la ha dejado salir de la cama. “Queríamos tener fe, que todo se arreglaría. ¿Porque, qué hizo en realidad mi hijo? Lo que es un crimen es haber tronchado las vidas de tantas personas, sin que existiera un verdadero delito”.
En una carta que el joven logró enviar desde prisión, y a la que tuvo acceso Martí, el preso político denunció además que los manifestantes presos sufren discriminación y se les niega incluso la atención médica.
“La comida es mucho menor cantidad que la que nos pertenece, frecuentemente nos castigan en la celda de aislamiento cuando defendemos nuestros derechos. Nos proporcionan muy poca atención médica y los mandos nos califican como los reclusos más malos y peligrosos de la prisión. No permiten a los otros reos hablar con nosotros”, escribió el joven.
Durante el juicio de apelación también fueron ratificadas las sentencias de Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven, condenados a 22 años de prisión; Alexander Guillermo Martínez Amoroso y Lázaro Zamora González (18); José Luis Sánchez Tito y Frank Aldama Rodríguez (16); Alexis Sosa Ruiz y Orlando Carvajal Cabrera (12); Dianyi Liriano Fuentes (10), Jesús Enrique Vázquez Cabrera (ocho) y Karen Vázquez Pérez (siete).
Entretanto, Marlon Brando Díaz Oliva fue sentenciado a cinco años de trabajo correccional con internamiento, mientras que Leoalys De La Caridad Valera Vázquez recibió una condena de cinco años de trabajo correccional sin internamiento.
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Sentenciando a una comunidad empobrecida

La justicia es igual a las serpientes: 
Sólo muerden a los que están descalzos.

Monseñor Romero
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El 12 de julio del 2021 la ciudadanía protestó de forma masiva en La Güinera, barrio del municipio habanero de Arroyo Naranjo. Esta manifestación se debe situar en el contexto del estallido social que sacudió el archipiélago desde la jornada anterior, y que tuvo como resultado más de mil personas detenidas en los días siguientes, la muerte del ciudadano Diubis Laurencio, así como un amplio despliegue de la violencia de Estado.
A estos hechos ha seguido el desarrollo de varias causas judiciales contra un total de 161 ciudadanos residentes en la comunidad en cuestión, según datos aportados por la ONG Justicia 11J. Los delitos más frecuentes en las condenas han sido sedición, propagación de epidemias, desacato, desordenes públicos y atentado.
Un patrón que se repite en las sentencias se basa en que los testigos presentados por fiscalía, en su inmensa mayoría, fueron oficiales del Ministerio del Interior o la Policía Nacional Revolucionaria. Además, si bien se observan en estos documentos referencias a los episodios de violencia por parte de los manifestantes, se omite toda información concerniente al ejercicio de la fuerza policial y de los funcionarios gubernamentales, visibles en los videos grabados por la ciudadanía y en el testimonio de los familiares.
Aun cuando existe un alto cúmulo de información sobre los sucesos del 11 y 12 de julio, en este texto nos concentraremos en analizar la compleja situación social de la comunidad La Güinera, reflejada en los propios dictámenes judiciales y en la información aportada por los familiares de los presos. Con ese fin se seleccionaron como muestra las sentencias de las causas 13/21; 14/21 y 19/21. En esos procesos fueron juzgados sesenta y un ciudadanos, con edades comprendidas entre los diecisiete y los sesenta y cuatro años. Las penas impuestas por los jueces oscilaron entre seis y veintiséis años de prisión.
Durante la visita del presidente Miguel Díaz Canel a La Güinera, el 20 de agosto del 2021, los medios oficiales intentaron presentar al barrio «como un espacio social donde las problemáticas poblacionales estaban resueltas o en vías de solución». En cambio, las sentencias ofrecen información que permite constatar la enorme complejidad de las dificultades existentes en el tejido social y la vida comunitaria, que tienen como denominadores comunes la agudización de la pobreza y la exclusión social.
Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)
Escolarización, empleo y relación con las instituciones gubernamentales
En el texto que publiqué en este espacio el pasado mes de marzo, afirmé que los efectos de las continuas crisis económicas y del deterioro del modelo socio-político cubano, han influido en el débil mercado laboral de los residentes en este barrio. Tal proceso tiene su expresión más apreciable en tres características comunitarias: elevada tasa de abandono del sistema educativo al concluir la enseñanza media, auge del empleo informal y desconfianza en las instituciones públicas o gubernamentales.
Si bien en la sentencia de la causa 13/21 no se ofrece información sobre el nivel educativo de los imputados, los expedientes 19/21 y 14/21 aportan datos que permiten develar la naturaleza social del estallido en cuestión. El alto índice de abandono escolar se encuentra motivado por la precarización del nivel de vida, la disfuncionalidad de los hogares y la falta de acceso a elementos tecnológicos, como computadoras o discos externos, que permitan responder a las necesidades de los procesos docentes en la educación superior. Esta tesis es verificable a simple vista en las sentencias, pues de los acusados analizados ninguno posee titulación universitaria.
En un país en que la escolaridad obligatoria es hasta el noveno grado, los datos presentes en las sentencias ofrecen un panorama educativo desolador: cuatro detenidos poseen 6to grado de escolaridad, veintisiete concluyeron el 9no grado y solo nueve poseen el duodécimo grado. Dicha información muestra la presencia de un alto índice de escolarización elemental, pero también revela una abrupta deserción escolar, que, lejos de favorecer la continuidad de estudios al menos hasta el preuniversitario, potencia la incorporación de adolescentes al mercado laboral, en especial en el sector informal.
El otro elemento que evidencia la situación de vulnerabilidad económica que incentivó a la ciudadanía a tomar el espacio público, es la informalidad del mercado laboral, que se agudizó aún más con la «Tarea Ordenamiento», la crisis de desabastecimientos y el proceso de hiperinflación que se vive en el país. El agravamiento de esta realidad condujo a las protestas, pues empeoraron el acceso a la alimentación, los medicamentos y otros insumos básicos en medio del peor pico de la pandemia de covid-19.
La inestabilidad del mercado laboral se observa en el alto nivel de desocupación declarado en los procesos judiciales. Esta información ha sido empleada por el Gobierno para criminalizar a los manifestantes, sin ofrecer las causas sociológicas y económicas que la originaron. Los datos y la realidad de la comunidad demuestran el difícil panorama laboral de sus habitantes: en el momento de la manifestación, treinta siete personas se encontraban desempleadas, solo quince tenían vinculación laboral reconocida, tres eran estudiantes y uno estaba atendido por la Seguridad Social.
Estos datos deben ser contrapuestos con la información aportada por los familiares de los detenidos. De las ocho familias consultadas, se pudo constatar que sus hijos realizaban distintas actividades en el sector de la economía informal, obligados por la situación de vulnerabilidad de sus núcleos familiares, integrados por madres solas o compuestos por un elevado número de miembros.  
A este panorama debe añadirse el efecto causado entre esas personas por la apertura de tiendas en monedas libremente convertibles (MLC), que complejizó aún más su situación. Estos comercios expiden productos en una moneda a la que no tiene acceso la mayoría de los manifestantes, y habían reforzado el mercado informal de reventa de insumos básicos para una vida digna, los cuales llegaron a precios inconcebibles para familias que, en muchos casos, están en el umbral de la pobreza extrema.
Elizabeth León (Foto: María Lucía Expósito)
Si analizamos la composición de los grupos etarios predominantes en las causas, es patente que el grupo más numeroso de manifestantes oscila entre los dieciocho y los treinta años, con un total de treinta y cuatro enjuiciados; mientras, entre los treinta y uno y cuarenta años fueron sentenciados catorce.  Únicamente trece detenidos exceden las cuatro décadas de vida.
La presencia mayoritaria de una ciudadanía joven, millennials, que ha vivido en carne propia las continuas crisis de la economía y se ha distanciado de los metarrelatos políticos gubernamentales, demuestran un panorama distinto en los posicionamientos cívicos y políticos de los manifestantes, que se alejan del discurso que atrajo a sus abuelos.
El otro aspecto que llevó a la ciudadanía al espacio público el 12 de julio, fue la desconfianza en las instituciones públicas y los poderes del Estado. La situación de fragilidad presente en los escenarios de la vida cotidiana de estas personas, las ha obligado en distintos momentos a acercarse a las dependencias gubernamentales para solicitar ser beneficiarios de políticas sociales, que pueden ir desde requerir círculos infantiles para sus hijos hasta subsidios por concepto de familias numerosas o por el mal estado de sus viviendas. Según refieren estas personas en nuestros intercambios, sus planteamientos han sido desoídos la mayor parte de las veces, lo cual les demostró la ineficacia de «los canales establecidos».
Esta situación ha cobrado mayor intensidad después del 12 de julio, pues los padres y familiares han remitido quejas sobre la instrucción de causas o sobre el propio proceso legal a instancias fiscales y a la presidencia de la República, que solo en algunos casos han tenido contestaciones escuetas; en otros, aún esperan respuesta.
Disenso político y criminalización gubernamental
A raíz del estallido social de julio pasado, importantes figuras políticas han empleado una serie de calificativos peyorativos para referirse a los manifestantes: «mercenarios, vándalos, lacayos o pagados del imperialismo». Tales expresiones han sido usadas indistintamente por Miguel Díaz Canel y otros funcionarios públicos con el fin de criminalizar el disenso, pero lo que hacen en realidad con estas etiquetas es pasar por alto la situación de pobreza y marcada desigualdad social de gran parte de los sectores que se manifestaron esos días. Para caracterizarlos, utilizan el suave término de «población vulnerable».   
María Luisa Fleitas y Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)María Luisa Fleitas (Foto: María Lucía Expósito)
En el firme intento de incluir a los manifestantes de La Güinera en la categoría de vándalos, uno de los aspectos alegados por el discurso político y los medios oficiales, es que la mayoría de los procesados de esa comunidad poseían antecedentes penales. No obstante, al examinar las tres causas seleccionadas, se verifica que, de un total de sesenta y un ciudadanos, cuarenta y cuatro, poco más de las dos terceras partes, no posee antecedentes penales; mientras, diecisiete de ellos sí ha tenido en algún momento de sus vidas una condena judicial.
En el caso de estos últimos, en su inmensa mayoría habían cumplido las sentencias, lo cual motiva dos cuestionamientos: ¿tener antecedentes penales constituye causa de limitación de los derechos políticos?, ¿acaso la justicia no debe tener carácter reeducativo, por qué criminalizar el disenso político, cuando el ciudadano ya ha pagado su pena?
Las condenas a los ciudadanos de esta comunidad reflejan la ausencia de una capacidad de negociación política, que, en lugar de apuntar a la búsqueda de soluciones para revertir la fragilidad social y económica presentes en dicha colectividad, optan por el uso punitivo de la justicia, sentenciando y criminalizando a los habitantes de barrios empobrecidos a penas ejemplarizantes.
Este panorama, lejos de resolver conflictos, agudiza la vida comunitaria y sienta precedentes en la mentalidad de una ciudadanía que hace décadas vive bajo el efecto de la crisis del modelo político y económico imperante en Cuba.

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Excarcelan a cinco adolescentes sentenciados por el 11J en La Güinera

LA HABANA, Cuba.- Este viernes fueron excarcelados cinco de los 95 sentenciados por manifestarse el 12 de julio (12J) de 2021 en la localidad de La Güinera, en La Habana, según informó Darcy Borrero Batista, integrante del grupo de trabajo Justicia 11J.
“Nos llega la información mediante algunas madres de adolescentes presos por participar en las protestas de julio de 2021 que hay cinco de estos, de La Güinera, que están siendo excarcelados a partir de la casación”, afirmó la periodista.
Los excarcelados tienen entre 18 y 20 años de edad, tenían una petición fiscal de 15 años de privación de libertad y el pasado mes de marzo fueron condenados a siete o nueve años de prisión. Ellos son: Marlon Brando Díaz Oliva, Marcos Antonio Alfonso Breto, Yensy Jorge Machado González, Frank Daniel Roy Sotolongo y Emiyoslán Román Rodríguez. Este último tiene también a sus dos hermanos presos por los sucesos del 12J: Mackyani y Yosney Román, de 23 y 25 años de edad, respectivamente, condenados a 12 años de cárcel. Sus casos fueron presentados ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que acaba de sesionar en Ginebra.
Captura de pantalla
“Hoy, además, el Comité Contra la Tortura emitió su informe periódico con recomendaciones a Cuba. Esto significa que durante las últimas dos semanas el estado cubano ha estado sujeto a revisiones muy serias que desde hace varios años no se realizaban. Los menores privados de libertad son un asunto clave sobre el que cada uno de estos grupos de expertos internacionales demandaron información precisa y desglosada”, afirmó Borrero Batista.
Cuántos presos dejaron las manifestaciones
Eloy Bárbaro Cardoso, estudiante universitario encarcelado igualmente por participar en las manifestaciones de La Güinera, tiene apenas 18 años y no fue liberado. Lo mismo sucedió con Brusnelvis Cabrera y Dariel Cruz García, ambos de 20 años de edad.
“Basta de simulacros de justicia, sabemos que sus instituciones no son independientes. Libérenlos a todos”, exigió Salomé García Bacallao, integrante de Justicia 11J.
El grupo de trabajo ha documentado al menos 161 personas detenidas por las protestas del 12J en el barrio de La Güinera, de ellas 139 continúan en prisión y 95 han sido juzgadas. Esta localidad es, además, la que presenta mayor concentración de acusados por el delito de sedición (96) en el país, el más grave imputado a los manifestantes del 11J y 12J, y por el que las condenas han ascendido hasta a 30 años de prisión.
“Hay muchas personas aún pendientes a juicio en La Güinera. De los detenidos, tan solo han excarcelado a 21; el día 6 de mayo soltaron a Yunior Villarejo, a los hermanos Masabó y los que tenían condenas de 10 meses que fueron enjuiciados en procesos sumarios. A nadie de estos los han soltado a mitad de sanción”, explicó a CubaNet García Bacallao.
Otros excarcelados
La pasada semana fueron igualmente excarcelados seis de los 17 manifestantes del 11J condenados a prisión en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, entre ellos Yoan de la Cruz, el joven que transmitiera en vivo las protestas. Los excarcelados deben cumplir sus sanciones en reclusión domiciliaria.
La ONG Prisoners Defenders (PD) informó que a fines de abril del presente año, a seis jóvenes condenados por las protestas del 11J en la provincia de Holguín les fue conmutada la pena por la de reclusión domiciliaria.
Hasta el momento, se desconoce si los jóvenes del barrio de La Güinera fueron totalmente liberados o solo fue un cambio de medida.
PD registra actualmente 1 015 presos políticos en la Isla, de ellos, 874 son manifestantes del 11 y 12J.
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Madre de tres presos del 11J denuncia malos tratos durante visita al Combinado del Este

MIAMI, Estados Unidos. — Elizabeth León, madre de los presos políticos Frandy González, Santiago Vázquez y José Antonio Gómez, manifestantes del 11J en La Güinera, denunció malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias contra ella y sus hijos durante su última visita al Combinado del Este, realizada el pasado lunes.
En declaraciones recogidas por la plataforma Alas Tensas, León explica que, aunque la visita estaba programada para las ocho de la mañana, no fue hasta bien entrada la tarde que pudo ver a sus hijos.
“El día 9 de mayo fue la visita de mis tres hijos. Llegué al Combinado a las ocho de la mañana. Planificada esa visita para por la mañana, llegando me dijeron que era para por la tarde. Esperamos y la espera fue hasta las tres de la tarde”, dijo la madre.
Según cuenta Elizabeth León, debido a la demora para la visita, casi toda la comida que traía para ellos se echó a perder.
“Cuanto entré ellos se demoraron todavía un poco más para sacar a mis hijos. Ya cuando entramos al salón de visitas, cuando reviso la comida que yo les llevé a ellos se me echó a perder prácticamente”.
“Aquello fue un gran desastre”
También lamentó la actitud asumida por las autoridades del penal cuando sus hijos le cantaron felicidades, ya que ella había cumplido años un día antes, justo en el Día de las Madres”.
“Como cumplí años el día 8, el Día de las Madres, ellos me quisieron cantar felicidades. Aquello fue un fenómeno, porque cuando estaban cantándome felicidades todos los guardias que estaban en el salón aquel salieron con tremenda mala forma para arriba de nosotros a decirnos que aquello no se podía hacer, que no se podía ni decir nada”.
La advertencia de los guardias provocó la indignación de los reclusos, obligando a Elizabeth a interceder para evitar males mayores.
“Mis hijos le dijeron que era mi cumpleaños, que lo menos que querían ellos era buscar problemas, sino cantarme felicidades. Aquello fue un gran desastre. Mis hijos salieron discutiendo con ellos. Me tuve que meter en el medio, intervenir para que no hubiera un problema. Me fui muy disgustaba, me subió la presión, me vi muy mal. Todavía estoy descompensada y esperando a ver qué pasa”, lamentó.
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Frandy González, Santiago Vázquez y José Antonio Gómez fueron detenidos por participar en la protesta del 12 de julio de 2021 en el barrio habanero de La Güinera.
En los casos de Frandy González y Santiago Vázquez, fueron juzgados en enero de 2022 por el delito de “sedición” y condenados a 20 años de prisión.
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Madre de manifestante de La Güinera: “Mi hijo no merece estar ni un día tras las rejas”

MIAMI, Estados Unidos. — Los condenados, el podcast de CubaNet dedicado a los presos políticos en Cuba, abordó este miércoles el caso de Dayron Martín Rodríguez, quien fuera sentenciado a 30 años de prisión por manifestarse el 12 de julio de 2021 en el barrio de La Güinera, municipio de Arroyo Naranjo.
Martín fue detenido ese mismo día, cuando intentaba recuperar el teléfono que le había arrebatado la Policía y con el que tomó videos de la manifestación.
Desde Ecuador, su madre y su hermana aseguran a CubaNet que se trata de una sanción completamente desproporcionada que no refleja lo acontecido durante las protestas.
“Mi hijo no merece estar ni un día tras las rejas y ya lleva nueve meses tras las rejas en el Combinado del Este (…) Lo que hizo fue lo que hizo el pueblo: salir pacíficamente a protestar”, expresó la madre del recluso.
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Juzgados por sedición
Dayron Martín Rodríguez y otros 14 manifestantes de La Güinera fueron condenados tras una vista oral efectuada los días 14, 15 y 16 de diciembre del pasado año en la sala de Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Municipal de Diez de Octubre.
En principio, los procesados fueron acusados por desorden público y desacato, aunque terminaron siendo juzgados por sedición.
En el caso de Martín Rodríguez, que enfrentaba una petición fiscal de 25 años de prisión, fue condenado a 30 años de prisión.
La madre del preso político denunció, además, las pésimas condiciones que enfrentan los reclusos en el Combinado del Este, donde cumplen sanción decenas de manifestantes del 11J.
En el caso de Dayron Martín Rodríguez, el preso ha acusado la falta de atención médica a causa de sus diversos trastornos de salud.
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“Ellos no son delincuentes”: Madres de La Güinera piden justicia para presos del 11J

MIAMI, Estados Unidos. — La situación de los manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J) en La Güinera fue tema del último episodio del podcast Los Condenados.
Uno de los jóvenes de ese barrio habanero que fue víctima de la represalia castrista fue Elier Padrón Romero, de apenas 25 años y natural del municipio de Arroyo Naranjo, quien fue sentenciado a 15 años de prisión.
Noraidi Romero Alarcón, madre de Elier, aseguró que el único delito de su hijo fue grabar la manifestación del 11J y gritar “Patria y Vida”, “Cambio” y “Libertad”.
Tras pasar por diferentes instituciones policiales y penales, incluido la prisión de Valle Grande, el manifestante se encuentra detenido en el Combinado del Este. Su madre lo describe como un joven tranquilo, apegado a su casa y dedicado a su trabajo.
Según relata la madre a CubaNet, el joven ha pasado la mayor parte del tiempo en celdas de castigo, aislado por gritar “Patria y Vida”. En ocasiones, también lo han mantenido sin alimentos.
En principio, la Fiscalía Provincial de La Habana pidió 18 años de cárcel para Padrón, que luego cambiaría a 20. Finalmente, la sanción quedó en 15 años.
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Condenas entre 20 y 30 años
El régimen cubano dictó sentencias contra un total de 128 manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021 en la Esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre, y en el reparto La Güinera, municipio de Arroyo Naranjo.
Más de 30 de los manifestantes acusados recibieron condenas de entre 20 y 30 años de privación de libertad por los supuestos delitos de Sedición y Hurto.
Cabe señalar que de las 128 personas juzgadas entre el 14 de diciembre de 2021 y 3 de febrero de 2022 solo fue absuelto Nayn Luis Marco Molinet, por no demostrarse su participación en las protestas.
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“Aquí no hay libertad de expresión, nadie puede decir lo que siente”: madre de un preso del 11J

MIAMI, Estados Unidos. – Mariana Calzado Fonseca, la madre de Freidel Ramírez Calzado, un albañil de La Güinera condenado a 12 años de privación de libertad por haber participado en las manifestaciones antigubernamentales del 12 de julio de 2021, reclamó la liberación de su hijo y del resto de los presos políticos cubanos en una entrevista concedida a CubaNet este martes. 
“Él no hizo ninguna contrarrevolución, él lo que estaba es en todo su derecho”, dice Mariana. “Al verme dando gritos y llorando porque no tenía nada que comer, él se puso muy mal y fue hasta allá [el punto donde estaba ocurriendo la protesta, en La Güinera] también. Eso fue todo lo que pasó. Y entonces le pidieron 25 años. ¿Por qué? ¿Por qué, si él no hizo nada del otro mundo para que le pidan esa cantidad de años?”, se pregunta la entrevistada.
Aunque su petición fiscal fue de 25 años, Freidel Ramírez Calzado fue finalmente condenado a 12 años de cárcel.
“Desde que mi hijo está en prisión yo no vivo”, lamenta su madre. “Aquí estamos nosotros luchando, sufriendo, por ese niño y por lo demás también, porque ellos [las autoridades del régimen] tienen que darse cuenta que son demasiados años para esos niños”.
“Yo voy a pedir su libertad hasta el fin del mundo”, asegura.
Mariana apunta que su hijo, de 40 años, no tenía ningún antecedente penal. “Él nunca había ido a la Policía ni tenía una multa”, apunta. 
Para la entrevistada, las autoridades del régimen tienen “que analizar la razones de por qué los niños hicieron eso. No fue embullo ni nada de eso. Fue la necesidad tan grande. Cuando sucedió esto enseguida vinieron a arreglar La Güinera (…). ¡Por qué no lo hicieron antes?”, se preguntó. 
Mientras el 11 de julio de 2021 (11J) unas 60 localidades se unieron a las mayores manifestaciones antigubernamentales desde el triunfo de la Revolución Cubana, el barrio de La Güinera salió a las calles el 12 de julio, bajo un fuerte operativo policial.
Justo en esa área, se reportó el asesinato del manifestante Diubis Laurencio Tejeda, quien fue baleado por la espalda por un policía.
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Impedido físico cubano denuncia brutalidad policial

LA HABANA, Cuba.- Desde la prisión Combinado del Este, en La Habana, el cubano Felipe Almirall denuncia los maltratos recibidos durante la manifestación ocurrida el 12 de julio de 2021 en La Güinera, en el municipio de Arroyo Naranjo.
Felipe Almirall quedó cojo luego de un accidente por el cual tuvo que ser operado, pero el procedimiento no salió bien. Es por eso que tiene una varilla en una pierna que no puede flexionar.
Relata que el 12 de julio había salido de su casa a comprar cigarros e inesperadamente se encontró en medio de la manifestación de La Güinera, justo en el momento en que los represores disparaban con balas de goma y plomo contra la multitud de manifestantes. Almirall asegura que intentó escapar de los agresores, pero por su condición no pudo correr, se cayó y lo agarró la policía.
Almirall, de 62 años de edad, detalla que inicialmente lo llevaron para el vivac de Arroyo Naranjo, donde estuvo cinco días y fue golpeado. Posteriormente fue trasladado para la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó por siete días.
Según contó a CubaNet, en ese centro de detención fue víctima de tortura psicológica y perdió la noción del tiempo. Finalmente fue transferido para el Combinado del Este hasta el 4 de septiembre de 2021, fecha en que fue asegurado con medida cautelar de prisión domiciliaria, según consta en la petición fiscal.
El juicio en su contra fue celebrado en la semana del 20 al 26 de diciembre de 2021 en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, sito en Carmen número 501 entre Juan Delgado y Goicuría, Víbora. Felipe Almirall recibió una pena de 15 años de privación de libertad por el supuesto delito de “sedición”. En la vista, como ya han relatado familiares de otros manifestantes, las autoridades ignoraron los argumentos de los abogados defensores. Al concluir el proceso, él y el resto de los enjuiciados quedaron encarcelados.
Por ser impedido físico Felipe Almirall era pensionado de la Seguridad Social, pero después de ser arrestado le retiraron la chequera.
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Condenan a 14 años de cárcel a un manifestante del 11J de La Güinera

LA HABANA, Cuba. – Desde el centro penitenciario Combinado del Este, en la capital del país, el manifestante del 11J Juan Carlos Morales Herrera denuncia que fue sentenciado a 14 años de cárcel como represalia por haber participado en las protestas populares ocurridas en julio de 2021 en más de 60 localidades y ciudades de la Isla.
Morales Herrera vive en el barrio de La Güinera, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo. Tiene 50 años y es barbero. Fue procesado como parte del segundo grupo de manifestantes de esa localidad, el 16 de enero de 2022. Acusado inicialmente de los supuestos delitos de atentado, sabotaje, lesiones, sedición y daño a la propiedad, su petición fiscal era de 20 a 21 años de privación de libertad. 
Morales Herrera fue arrestado el 17 de julio en la casa de su mamá. Inicialmente lo tuvieron un día en la unidad de Policía del Capri. De allí lo trasladaron para la prisión de jóvenes del Cotorro, donde lo mantuvieron por tres días. Posteriormente lo trasladaron a la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó por ocho días y finalmente al Combinado del Este, donde permanece hasta ahora. 
En declaraciones anteriores, Morales Herrera pudo revelar asimismo la represión perpetrada contra los pobladores de La Güinera el 12 de julio, así como el espanto de la multitud luego de que el joven Diubis Laurencio fuera baleado por la espalda por un agente de Policía. 
El preso político también ha destacado las duras condiciones que tuvo que soportar en los distintos centros de detención donde estuvo cautivo, especialmente las torturas sufridas en 100 y Aldabó. 
En marzo, el régimen cubano dictó sentencia contra 128 manifestantes del 11J en la Esquina de Toyo, municipio Diez de Octubre, y en La Güinera. Más de 30 de los acusados recibieron condenas de entre 20 y 30 años de privación de libertad por los supuestos delitos de sedición y hurto. 
Las condenas fueron criticadas por la Unión Europea, quien las calificó de “desproporcionadas y duras”, según un reporte de Radio Televisión Martí.
En un llamado a “respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión”, la UE, que mantiene un acuerdo de diálogo y cooperación con La Habana, a pesar de las críticas recibidas, aseguró que la manifestación pacífica es un derecho fundamental.
“Las últimas sentencias de prisión impuestas por los tribunales cubanos a participantes en las manifestaciones del 11 y 12 de julio son desproporcionadas y duras. La manifestación pacífica es un derecho fundamental y estas sentencias pretenden disuadir a los ciudadanos de ejercerlo”, dijeron fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior a Radio Televisión Martí.
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Ratifican condena de 25 años de cárcel para manifestante de La Güinera

LA HABANA, Cuba.- El cubano Roberto Pérez Ortega, uno de los manifestantes de La Güinera, denunció desde el centro penitenciario Combinado del Este, en la capital de la isla, la excesiva condena en represalia por haber tomado parte en las protestas populares que tuvieron lugar el 12 de julio de 2021 en esa localidad del municipio capitalino Arroyo Naranjo.
En llamada telefónica restringida por el personal carcelario a 10 minutos, el joven cubano relató que le fue ratificada la pena de 25 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición. El también actor, cantante y compositor denunció asimismo que en ese centro de detención el tiempo para tomar el sol los reclusos está limitado a 10 minutos, en lugar de la hora reglamentaria.
Roberto Pérez Ortega, de 35 años, fue juzgado junto con otros 16 manifestantes del propio barrio en la semana del 20 al 26 de diciembre de 2021 en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, sito en Carmen número 501 entre Juan Delgado y Goicuría, Víbora. Como ha sucedido con otros manifestantes de La Güinera, enjuiciados en el mismo grupo, la condena definitiva resultó en un año más que los demandados en la petición fiscal, que en el caso de Pérez Ortega era de 24 años de cárcel.
Roberto Pérez Ortega tiene una hija de 13 años y un pequeño de 9. Según cuenta su madre, el joven ha sido también modelo y ha compuesto y grabado música para el cine. Precisa que su trabajo más reciente como actor fue en el corto de ficción “Los desastres de la guerra”, dirigido por Tomás Piard, en el cual interpreta al personaje negativo. La señora amplía que al momento de su arresto, paralelamente a su trabajo artístico Pérez Ortega estaba empleado como chofer en una corporación extranjera cuyo personal había regresado a su país a raíz de la pandemia, mientras él permanecía cuidando las instalaciones.
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Cubano agredido el 12 de julio en La Güinera denuncia su situación desde la cárcel

LA HABANA, Cuba.- El cubano Carlos Paul Michelena Valdés denunció desde la cárcel Combinado del Este, en La Habana, que fue golpeado y lesionado por boinas negras mientras se dirigía a su casa durante las protestas populares del 12 de julio en La Güinera.
Michelena Valdés, que vive en el reparto Párraga, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, relató a CubaNet que el 12 de julio de 2021 regresaba de visitar a su novia en La Güinera cuando vio la multitud protestando en las calles.
El hombre asegura que continuó caminando y al tomar la calle B hacia su casa los Boinas Negras, que estaban apresando y golpeando a todo el que estuviera en la vía pública, se le abalanzaron encima y lo golpearon en la cabeza.
Revela que solo recuerda dos golpes, pues perdió el conocimiento. Recuperó la conciencia en el hospital Miguel Enríquez, mientras le estaban suturando la herida. Al preguntar a los médicos qué había pasado le explicaron que había llegado sin conocimiento y con una herida en la cabeza en la cual le habían dado seis puntos.
Michelena Valdés describe que del centro hospitalario los policías lo trasladaron para la unidad del reparto Capri a las 9 de la noche. A continuación, le quitaron el certificado médico que le habían dado los doctores y lo montaron en un camión para la cárcel de Ivanov, donde le dieron otra golpiza al llegar.
En ese centro penitenciario lo retuvieron cuatro días. Posteriormente lo llevaron para la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, donde lo mantuvieron otros 7 días antes de trasladarlo para el Combinado. El 5 de septiembre lo soltaron bajo fianza de 2 000 pesos.
Carlos Paul Michelena Valdés amplía que su novia y su madre recorrieron todos los centros de detención donde él había estado en busca del certificado médico por solicitud del abogado, pero el documento nunca apareció. Después de varias gestiones en el Miguel Enríquez le entregaron un duplicado de que lo habían atendido aquel día.
Michelena asegura que el juicio se celebró del 20 al 23 de diciembre de 2021. Durante el proceso apareció un mayor de apellido Chaveco a quien Carlos Paul Michelena Valdés no había visto anteriormente, pero que aseguró haber sido el instructor de su caso en 100 y Aldabó. Este oficial alegó la existencia de un video en el cual el acusado aparecería incitando a los manifestantes y arrojando piedras.
Cuando el abogado lo conminó a mostrar la evidencia, el mayor Chaveco respondió: “En su momento”, a lo que el letrado replicó: “El momento es ahora”. Sin embargo, el agente no mostró el video.
Carlos Paul Michelena Valdés es panadero. Tiene 34 años y es padre de una niña de cuatro. Al concluir el juicio lo trasladaron al Combinado del Este, donde permanece encarcelado hasta el momento. Fue condenado a 16 años de cárcel por el supuesto delito de sedición.
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Humberto López justifica condenas contra presos del 11J: “Buscaban alterar el orden constitucional establecido en el país”

MIAMI, Estados Unidos. — Humberto López, abogado y periodista de la Televisión Cubana, justificó este miércoles las largas condenas de cárcel contra varios de los manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021.
En una publicación colgada en Facebook, el vocero oficialista desglosó los apartados que se habrían tenido en cuenta a la hora de juzgar a los manifestantes, quienes —asegura— fueron procesados en apego al principio del debido proceso.
En referencias a las protestas que tuvieron lugar en Toyo (Diez de Octubre) y La Güinera (Arroyo Naranjo) —calificadas por él como “hechos vandálicos”— López indicó que 129 personas fueron juzgadas por su participación en las mismas. Además, señaló que un acusado fue absuelto y otro sancionado a una pena no privativa de libertad, que será castigada con trabajo correccional sin internamiento.
“Tanto en la fase investigativa como durante el juicio oral se presentaron las pruebas suficientes de forma individual para sostener la acusación de cada uno de ellos. En el juicio oral se practicaron las pruebas, se debatieron con la intervención de la Fiscalía y los abogados de la defensa, y el Tribunal arribó a sus conclusiones”, precisó el también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Pese a que decenas de manifestantes del 11J y sus familiares han denunciaron violaciones de todo tipo en los juicios realizados, Humberto López asegura que en los mismos se presentaron disímiles pruebas demostraron la culpabilidad de la mayoría de los acusados, así como testimonios de testigos que respondieron a las interrogantes formuladas por todas las partes.
“En estos juicios, tanto la Fiscalía como los abogados, presentaron y debatieron un amplio material probatorio. La Fiscalía con el propósito de sostener sus acusaciones y demostrar la participación de cada uno, y los abogados con el fin de ofrecer una defensa coherente con los derechos y garantías de sus representados. Tuvo relevancia particular, el considerable número de vídeos y fotos publicados en redes sociales por los propios acusados demostrando su participación directa en los hechos”, sostuvo el comunicador.
Respecto a las condenas más elevadas, López dejó claro que fueron decretadas contra aquellos “que tuvieron una participación directa en las acciones vandálicas más violentas y agresivas y que fueron contundentemente probadas de forma individual durante la investigación y el juicio”.
“Las penas más elevadas se correspondieron a quienes concurrían en alguna de las circunstancias agravantes que prevé el Código Penal, en algunos casos se apreciaba más de una circunstancia”.
El vocero precisó que las condenas de entre 20 y 30 años correspondieron al delito de sedición. Subrayó, además, que quienes fueron sentenciados a largas penas “buscaban alterar el orden constitucional establecido en el país, y con ello poner en riesgo la seguridad del Estado, mediante una grave alteración del orden en la que además se empleó violencia y se cometieron hechos vandálicos”.
Humberto López también negó que haya niños presos o condenados por participar en las protestas del 11J, asegurando que todos los sancionados sobrepasaban los 16 años.
“El Código Penal vigente establece en su artículo 16.2 que la edad para exigir responsabilidad penal es de 16 años cumplidos en el momento de cometer los hechos. En ninguno de los casos se sancionó a menores de 16 años”, puntualizó el jurista.
De acuerdo con el comunicador, fueron sancionados 31 acusados que se encuentran entre 16 y 20 años de edad.
“En todos los casos se aplicaron las reglas acordes a sus edades, que incluyen la reducción  de los marcos mínimos y máximos de las penas. Para los de 16 a 18 años esos límites pueden ser reducidos hasta la mitad, y en los de 18 a 20 hasta 1/3. De estos jóvenes, uno es multireincidente y dos reincidentes”.
López también apuntó que a 22 de los manifestantes entre 16 y 20 años “se les probó una mala conducta social, además sin vínculos laborales o estudiantiles”.
El vocero oficialista aseguró que los manifestantes procesados por las protestas ocurridas en Toyo y La Güinera nombraron a su abogado de elección y agregó que, “los que no lo hicieron, tanto por alegar que no contaban con recursos como que no lo deseaban, se les asignó de oficio”.
“El pago total de los abogados de oficio lo asume el presupuesto del Estado, con ello consolida su postura de respeto al derecho a la defensa, consagrado en la Constitución de la República”.
Humberto López culminó alegando que todos los sancionados podían recurrir a las sentencias.
“De acuerdo a la ley vigente, y tomando en cuenta que los juicios se desarrollaron en el Tribunal Provincial Popular, todos tienen la posibilidad de establecer el recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular. Para ello cuentan con 10 días hábiles a partir de la notificación de sus sentencias”.
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La Güinera, el barrio contra el que se ensañaron las acusaciones por el 11J

MIAMI, Estados Unidos. — El martes 25 de enero Emilio Román Matos fue por cuarta vez en dos semanas al Tribunal Municipal de Diez de Octubre, en La Habana. No tuvo fuerzas para entrar, pero desde afuera se mantuvo atento a los juicios de decenas de personas que en julio de 2021 salieron a manifestarse contra el régimen cubano. Tres de esas personas son sus hijos.
Los tres —Emiyoslán, Mackyani y Yosney— protestaron en las calles de La Güinera, un barrio habanero con reputación de “marginal”, que concentra a 96 de las 790 personas procesadas penalmente en Cuba por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio, es decir, 12 de cada 100 acusados por las protestas son vecinos de La Güinera.
Emiyoslán es el menor de los tres hijos de Emilio. El joven, hoy de 18 años, fue detenido el 13 de julio, sin haber alcanzado la mayoría de edad. Desde esa fecha está recluido, al igual que su hermana Mackyani y su hermano Yosney. Los tres forman parte de las 730 personas que siguen encarceladas tras las protestas, según la iniciativa ciudadana Justicia 11-J.
Las 96 personas procesadas de La Güinera han sido acusadas por sedición, el delito más grave por el que se está juzgando a los manifestantes y que puede implicar penas de más de 20 años de cárcel. De hecho, en el barrio habanero se presenta la mayor concentración de acusados por sedición en el país. Seis de cada diez procesados por ese delito protestaron allí, según el recuento de Justicia 11-J.
Sin embargo, los expedientes judiciales de los casos de La Güinera —donde viven unas 25 mil personas— reflejan acusaciones débiles, llenas de incongruencias y arbitrarias.
La familia Rodríguez Román se une para proveer insumos a los tres hermanos presos. En la foto Emilio Román (padre) y Liset Rodríguez (tía) (Foto: William Baró)
¿Qué dicen los expedientes?
La Fiscalía afirma que los cargos por sedición contra los vecinos de La Güinera se deben al “nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional”.

Sin embargo, los mismos expedientes mencionan que en La Güinera —a diferencia de otras zonas del país— no fueron atacadas patrullas policiales, no se arremetió contra las criticadas tiendas dolarizadas, no hubo saqueos y tampoco se llevó a cabo mayor destrucción de propiedad.
Además,  entre los acusados por sedición se encuentran personas que solo grabaron y transmitieron por Facebook los acontecimientos, sin participar en ningún tipo de enfrentamiento con la policía, así como detenidos que la Fiscalía acusa por considerar que su sola presencia en la multitud impidió mantener el orden público.
Aunque ya no puede emplear su mesa de trabajo, Mackyani Román ejerce como manicure dentro de la prisión donde ha vivido los últimos seis meses (Foto: William Baró)
Por ejemplo, Odet Hernández Cruzata, de 33 años, fue enjuiciada tras una petición fiscal de 23 años de privación de libertad por el delito de sedición. Para su pareja, Reinier Reynosa Cabrera de 41 años, la Fiscalía propuso 20 años por el mismo delito, pese a que ambos alegan que se limitaron a transmitir en vivo la protesta sin participar en acciones violentas.
Como supuestas pruebas, la Fiscalía usó la propia transmisión directa de Hernández, así como las actas de ocupación y de inspección de su teléfono móvil, del que extrajeron seis videos tomados el 12 de julio durante la protesta en La Güinera. Adicionalmente, el órgano judicial cuenta con un “acta de toma de muestra de voz de la acusada Odet Hernández Cruzata” que supuestamente prueba que dijo consignas “contrarrevolucionarias”.
Las acusaciones también tratan de relacionar con la oposición en el exilio a manifestantes sin vínculo con esta. Así sucedió, por ejemplo, en el caso de Wilmer Moreno Suárez, un cantante, arreglista musical y compositor.
Mackyani Román Rodríguez, una de los tres hijos de Emilio, permanece en la prisión de mujeres del Guatao, donde cumplió 24 años (Foto: William Baró)
Moreno Suárez recibía de parte del ciudadano cubano residente en los Estados Unidos, Rolando Regata, la suma de US$240 mensuales a través de los Estudios Odisea para promover su trabajo. Como Regata le había escrito en los días de las protestas a Moreno Suárez, la Fiscalía dice que se convirtió en un instrumento de la oposición en el exterior. El juicio a Moreno Suárez está a la espera de sentencia y se piden 25 años de privación de libertad.
En una entrevista, Regata dijo que ni siquiera sabía que lo mencionaban en un documento judicial en Cuba. Aclaró que él es músico y no tiene “nada que ver” con política. “Vivo en EE. UU. desde los 12 años. El dinero que mandaba era para ayudarlo y por nuestras colaboraciones musicales. En ningún momento le pagué para que saliera a manifestarse. Además, si yo fuera opositor, ¿iba a mandar solo US$240?, eso no tiene sentido”, precisó desde Fort Myers Florida, donde reside.
Solo tres de los acusados de La Güinera se reconocían previamente como opositores o activistas por los Derechos Humanos: Ángel Serrano Hernández, Roberto Ferrer Gener y Delis Yoel Parsons Bones. Los dos primeros se encuentran a la espera de sentencia tras ser juzgados con peticiones de 22 y 20 años de cárcel, respectivamente. A Parsons, por su parte, le impusieron una multa.
Seis meses después de la protesta del 12J en La Güinera, los tres hijos de Emilio Román fueron enjuiciados por el delito de sedición (Foto: William Baró)
Argumentos débiles
Otro argumento recurrente en las acusaciones es que los manifestantes se dirigían a la estación de policía de Capri para “apoderarse” de esta o “incendiarla”. Sin embargo, no está claro en qué elementos se basa la Fiscalía para deducir que la intención de quienes protestaron era destruir la estación policial, y lo cierto es que los manifestantes nunca llegaron a ella.
Para lograr llegar a la estación de policía los manifestantes debían atravesar las calles D, C, B y A, en ese orden, hasta la Calzada de Bejucal, pero solo un pequeño grupo arribó a la Calle B, mientras que la mayoría no pasó de la calle C. Allí —como muestran videos tomados ese día, cotejados con declaraciones de vecinos y documentos de la Fiscalía— se impidió que siguieran avanzando.
La Fiscalía justifica el delito de sedición afirmando que los acusados atacaron e hirieron de manera desproporcionada a policías y contramanifestantes, pero esa aseveración también se tambalea.
Durante las protestas sí se presentaron lanzamientos de piedras y objetos, pero la misma Fiscalía fue incapaz de detectar que policías y contramanifestantes sufrieran daños severos. En los expedientes, solo se menciona que tres contramanifestantes resultaron heridos y ninguno de ellos requirió atención médica. En el caso de los oficiales, hay datos de 14 heridos, de los cuales solo uno necesitó atención médica.
Yarnelis García y Janoi Ceballos, madre y padrastro del menor de edad Misael Yoel Fuentes García, tuvieron que pagar una multa de 1.000 pesos cubanos aunque es él quien fue blanco de un disparo el 12J (Foto: William Baró)
Por el contrario, durante la respuesta policial —en la que se emplearon armas de fuego— se presentó la muerte de Diubis Laurencio, la única víctima mortal aceptada por el Gobierno, y varios manifestantes recibieron impactos de bala, incluidos menores de edad.
“Me avisaron de que mi mujer fue a buscar a mi hijastro al lugar de la manifestación. Y no lo encontró, al poco rato le avisaron de que lo habían herido de bala en la rodilla, justo antes de que mataran al otro muchacho”, dijo mediante un mensaje de texto Janoi Ceballos, el padrastro del adolescente cubano Misael Yoel Fuentes García, de 16 años, quien resultó herido en La Güinera.
El menor de edad Misael Yoel Fuentes García fue herido de bala en una rodilla durante la protesta del 12 de julio en La Güinera (Foto: William Baró)
Seis meses después, Fuentes se encuentra bien físicamente pero con secuelas psicológicas. Después de ser multado con mil pesos cubanos (unos US$40) y tras meses de recibir visitas de agentes del Ministerio del Interior (MININT), su caso fue cerrado a inicios de febrero.
Una multa le pusieron también a Yorlandis Pérez Sánchez, otro de los heridos en la Avenida Güinera, la más céntrica del barrio. Yorlandis dijo el 16 de enero por mensaje de texto que aún no se recupera de la herida y que pagó 2000 pesos (unos US$83) de multa. Su nombre figuró en la lista de acusados del proceso inicial.
Un barrio ‘de oportunidades’
Tras las manifestaciones, los medios oficiales y el Gobierno han buscado mercadear a La Güinera como “un barrio de oportunidades”. A menos de un mes de las protestas: asfaltaron las calles, mejoraron las aceras y pintaron las fachadas de los edificios. Además, altos funcionarios visitaron el barrio, incluido el presidente Miguel Díaz-Canel, quien en agosto recorrió el área donde fue abatido Diubis Laurencio.
El barrio no recibía una visita presidencial desde el siglo pasado en los los años 80, cuando Fidel Castro anduvo por sus calles. En octubre de 1989, Castro dijo sobre esa zona capitalina que era “un barrio famoso” porque allí vivía la gente más pobre de la capital y se jactaba de que estaba en transformación, básicamente, gracias a la Revolución cubana.
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Sin embargo, ni la nueva visita presidencial ni las acciones gubernamentales para la “transformación integral del barrio” han logrado acallar el clamor popular. En diciembre, varias madres y esposas se unieron y grabaron un video bajo el reclamo de libertad para los suyos. Hasta el momento siguen sin ser escuchadas.
La Güinera, ubicada en el municipio habanero Arroyo Naranjo, es uno de los barrios más pobres y marginados de Cuba (Foto: William Baró)
Misael Yoel Fuentes García fue uno de los heridos durante la protesta ciudadana del 12 de julio en La Güinera (Foto: William Baró)
A más de siete meses de las protestas, en La Güinera el sentir general sigue siendo el mismo, ese que expresa Emilio Román cuando habla de sus tres hijos detenidos: “Nunca me había sentido tan solo como en estos momentos. Devuélvanme a mi familia”.
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Madre cubana toca los calderos cada noche para exigir la liberación de su hijo

LA HABANA, Cuba. – En la vivienda de María Luisa Fleitas Bravo, madre de Rolando Vázquez Fleitas, un joven de La Güinera sancionado a 21 años de privación de libertad por presuntamente haber participado en las protestas del 11J, cada noche retumban los calderos para exigir la liberación de su hijo.
“Es una injusticia. Mi hijo se siente muy deprimido y lo único que sabe decirme es: ‘Mamá, lucha allá afuera, que estoy preso injustamente’”, denunció la mujer ante las cámaras de CubaNet.
Según explicó, en diciembre de 2021 su hijo fue condenado a 21 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de alta seguridad Combinado del Este.
Fleitas Bravo precisó que durante la celebración del juicio en contra de su hijo, ella y otros familiares de varios manifestantes del 11J fueron reprimidos. “Fuimos reprimidas por un policía; nos amenazó a mí y a unas cuantas madres que estaban frente al Tribunal. Nos dijeron que teníamos que salir de allí con tremenda mala forma”, señaló la mujer.
Asimismo, detalla que durante la vista oral varias personas testificaron a favor de su hijo. Sin embargo, de todas formas el joven fue sancionado a 21 años de cárcel por el supuesto delito de sedición.
“Los siete testigos que fueron, incluyendo un recluso que andaba ese día con él, un policía, yo, la del Comité [de Defensa de la Revolución (CDR)] donde vive la esposa y unos cuantos vecinos, lo defendieron porque él no tiene nada que ver con eso que le están poniendo”.
“Él había ido a buscar una latica de refresco al kiosco del hermano y venía bajando por la calle con ella. [En los videos de la manifestación presentados por la Fiscalía] no se ve tirando piedras ni gritando. No se ve fajado con policías. Ahí no se ve nada”, denunció Fleitas Bravo.
Aun así, la petición fiscal establece que Rolando Vázquez Fleitas caminó ese día junto a la muchedumbre que gritaba consignas “contrarrevolucionarias”. Además, la Fiscalía lo señala como parte de un grupo de manifestantes que supuestamente golpearon a un funcionario público.
“En el juicio se habló que lo acusaban de sedición; no se habló de más nada y resulta que en los papeles está puesto desacato, sedición, desorden público y atentado”, lamentó la madre del joven. 
El 21 de julio de 2021 la Policía citó a Rolando Vázquez Fleitas para, supuestamente, hacerle algunas preguntas, pero terminó arrestándolo y condenándolo.
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12 J: ¿Por qué La Güinera?

El pasado 12 de julio del 2021, La Güinera, localidad ubicada en el habanero municipio de Arroyo Naranjo, fue uno de los epicentros del estallido social que sacudió a Cuba desde el día anterior. Las condicionantes para este proceso de desobediencia civil fueron diversas: las consecuencias de la «Tarea ordenamiento», la incapacidad de democratizar las instituciones públicas, o la dolarización de la economía; combinadas con las disconformidades cívicas de una generación millennials hiper-conectada a redes sociales como Facebook o Twitter. Estos factores desembocaron en un panorama sociopolítico que desafía al autoritarismo del estado cubano, cada vez más expuesto mediante una directa en una red social.
Estas realidades, a su vez, pudieron ser denominadores comunes para otras comunidades donde el estallido social tuvo altos niveles de participación popular. Desde la implementación de la «Tarea ordenamiento», se fueron produciendo una serie de sucesos que apuntaban a la explosión de la desobediencia civil: el alza desmedida de precios y la inflación; la ofensiva contra «los coleros» y el sector privado; el desabastecimiento y el aumento de tiendas en monedas libremente convertibles, en detrimento de la oferta en pesos cubanos; la prohibición de depositar en dólares físicos en las unidades bancarias.
Los efectos de las medidas anteriores coincidieron con la crisis de la pandemia y su insuficiente gestión gubernamental, de modo que estas problemáticas se convertían en combustible en un granero cada vez más repleto de heno. Solo era cuestión de una chispa para que estallara el incendio. Ese momento llegó en San Antonio de los Baños la mañana del domingo 11 de julio.
Problemas acumulados
Nacido en el siglo XIX, a lo largo de su historia La Güinera ha presentado una serie de problemáticas sociales nunca resueltas que se agudizaron con la crisis de los noventa. La dinámica de extensión del estallido social apunta a que surgió en un sector intermedio de la calle Agramonte —caracterizada por su precariedad económica—, y los manifestantes se desplazaron hacia el final de esta vía, donde se ubican los mayores niveles de pobreza, para luego dirigirse hacia la zona del Capri. Este esquema, que se repite en la fisonomía del 11J, nos conduce a uno de los ejes del estallido: la precarización de la vida cotidiana en el país, visualizada en el aumento abrupto de la pobreza.
Lugar donde empezaron las protestas en la comunidad de La Güinera (Foto: María Lucía Expósito)
La pobreza existente en el barrio indica dificultades persistentes a lo largo del siglo XX, que se han venido agudizando en el XXI. El primer elemento confirmatorio se basa en el deterioro del fondo habitacional. Esta situación responde a diversas causas: los bajos ingresos familiares (varios casos de madres solteras), afectaciones parciales por causa de los huracanes, dependencia del mercado laboral informal o derrumbes producto a la temporalidad de los materiales empleados en las edificaciones.
Las viviendas de los detenidos y sus familiares, en un setenta por ciento de los casos observados, presentan una estructura similar: cubiertas de asbesto cemento o zinc con afectaciones parciales, o procesos constructivos inconclusos. El espacio físico de los inmuebles, en el ochenta por ciento de las familias visitadas, no excede las cuatro habitaciones (generalmente sala-comedor, cocina, baño pequeño y un dormitorio colectivo). Además, la generalidad de los hogares estudiados son de numerosos miembros para los estándares cubanos, lo que los ha llevado a compartimentar las viviendas o a que convivan varias generaciones en las mismas.

La estructura familiar tiene particularidades. Uno de los modelos que más se repite se basa en la prevalencia de la autoridad materna como figura coordinadora del hogar (aunque esta aproximación se realiza después de las detenciones de sus hijos en los meses de julio y agosto pasados). Tal situación tiene su origen en el alto índice de divorcios en la comunidad, o en la ausencia paterna por diferentes motivos, lo cual ha obligado a las madres a capitalizar el sostén familiar.
Otra característica de la comunidad es su alto índice de migración interna, proveniente sobre todo de las provincias orientales. Personas procedentes de provincias como Guantánamo y Santiago de Cuba se han establecido en los últimos sesenta años, pero con mayor intensidad desde la crisis de los noventa.
En estas migraciones, los individuos han vivido un complejo proceso de acogida e incorporación a la sociedad. La primera dificultad que enfrentan es el acceso a la vivienda. Este puede lograrse mediante la adquisición o la ocupación ilegal de un terreno para la fabricación de una casa —que en reiteradas ocasiones no posee los estándares mínimos para acoger a sus familias—, o mediante el alquiler de un inmueble.
Antes del estallido social, esta situación de vulnerabilidad era aún más grave, dada la imposibilidad de acceder a la canasta básica normada por no tener legalizado un domicilio reconocido que garantizara la consiguiente Libreta de abastecimiento, lo que complejizó la precariedad luego del advenimiento de la referida «Tarea ordenamiento» y el panorama de hiperinflación.
La primera dificultad que enfrentan quienes migran desde la región oriental del país, es el acceso a la vivienda. (Foto: María Lucía Expósito)
La cuestión de la oferta de empleo y la informalidad del mercado laboral resultan terreno escabroso, pues se han detectado redes económicas informales en todas las esferas de la vida cotidiana de la comunidad. Este es un fenómeno de larga data en el barrio que persiste desde inicios del siglo XXI y provoca que varios de los detenidos del 11J sean declarados como «desocupados» por las autoridades. En cambio, la realidad simbólica y antropológica del barrio es otra, ya que para su entorno cultural, ellos son «luchadores», lo que se traduce en personas que han sobrevivido en medio de las ondulaciones económicas y las sucesivas crisis que ha sufrido el país.
En ciertos casos, los manifestantes se empleaban en el sector estatal de la economía, y su participación en la protesta del 12 de julio responde a la precarización de su vida cotidiana y a motivos personales aún por investigar.
Respecto al acceso a la educación en el barrio, un importante núcleo de jóvenes posee niveles de escolarización que oscilan entre 9no grado, técnico medio o el duodécimo grado; siendo más difícil hallar matriculados en la educación superior. Esta realidad responde a que los ciudadanos tuvieron que lidiar con panoramas familiares difíciles y situaciones de vulnerabilidad económica que los obligaron a iniciar un camino en el sector informal de la economía, para lo cual abandonaron el sistema de enseñanza.
En la comunidad existen profundos problemas socioeconómicos no resueltos o cosmetizados. (Foto: María Lucía Expósito)
Un elemento persistente en la vida cotidiana de la comunidad es la desconfianza en las instituciones públicas y los poderes del estado. Varias familias de las visitadas habían acudido a las autoridades correspondientes para hacer notar la precariedad de su situación económica, sin que recibieran la atención debida o un acompañamiento real. Así, un importante grupo de los manifestantes que aún permanecen detenidos vivía bajo el umbral de pobreza o en situaciones de precariedad económica, por lo cual su participación en el estallido estuvo atravesada por dos elementos: el descontento ante el abandono institucional y la necesidad de cambios urgentes en su realidad.
Entender lo que sucedió en La Güinera el 12 de julio requiere un análisis más profundo. Este texto solo puede esbozar algunas ideas y observaciones del entorno. Falta mucho camino investigativo para comprender la situación de vulnerabilidad y precarización de la vida en este barrio. Sin embargo, sí puede afirmarse que el panorama se agudiza mientras la comunidad tenga más de cien presos políticos y diversas situaciones socioeconómicas no resueltas o cosmetizadas. El próximo estallido puede estar al doblar de la esquina, y bien pudiera ser la ciudadanía de La Güinera la llama que prenda el granero esta vez.

***
Este texto es parte del proyecto «Desigualdad, pobreza y sectores vulnerables en Cuba». Puede participar en él, enviándonos recomendaciones, testimonios, comentarios, al  correo jovencuba@gmail.com, con el asunto «Proyecto – desigualdad».

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“Mi hijo no estaba en la protesta”, denuncia la madre de un supuesto manifestante del 11J 

LA HABANA, Cuba. – “Él es inocente; no estaba ni en la manifestación del 11 de julio y aun así lo están sentenciando a 15 años de privación de libertad”, denuncia Migdalia Gutiérrez Padrón, madre de Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, un joven residente de La Güinera (municipio Arroyo Naranjo), sentenciado por el régimen cubano a 15 años de prisión por el presunto delito de sedición.
En el juicio contra Cabrera Gutiérrez y otros jóvenes residentes en La Güinera se realizó del 14 al 16 de diciembre de 2021 fueron presentadas pruebas concluyentes que certificaron la inocencia de su hijo ―dice a CubaNet Migdalia Gutiérrez Padrón. Sin embargo, el Tribunal lo consideró culpable.
“[Las autoridades] ponen una foto de un muchacho que la Policía dice que es él, pero no es mi hijo, porque ese muchacho no tiene tatuajes y mi hijo tiene sus brazos llenos de tatuajes. Brusnelvis no estaba en la manifestación”, dijo
La entrevistada asegura que en el juicio también fueron presentados cuatro testigos de la defensa que certificaron la presencia de su hijo en otro lugar en el momento en que estaban ocurriendo las protestas en La Güinera.
“Ese día por la mañana él estaba en una piscina y luego regresó a la finca, porque mi hijo es trabajador asociado a una finca desde hace cinco años. Yo llevé todos los testigos que acreditaron que él no estaba en la manifestación y aun así, ellos ponen a un muchacho ahí en una moto que dicen que es mi hijo. Y en eso es en lo que se basa el abogado, en que las autoridades no tienen pruebas [sobre la presunta participación del joven en las protestas]”.
Sin embargo, según recoge la petición fiscal del caso, Brusnelvis se encontraba en el lugar de los hechos sobre un ciclomotor de color rojo, desde donde, de acuerdo con el documento elaborado por el régimen cubano, incitaba a la población a sumarse a las protesta. 
Asimismo, el texto también destaca  que el joven supuestamente alentaba e indicaba a la muchedumbre a dirigirse hacia donde se encontraban los agentes de la Policía, “potenciando con sus acciones el clima de intranquilidad y violencia”.
De acuerdo con Gutiérrez Padrón, el juicio contra su hijo se caracterizó por la fuerte presencia militar. “Cada preso tenía seis policías custodiándolo. Para mí todo fue una farsa”, denunció.
“El perito dio no probable [la presencia de Brusnelvis en la manifestación]. Se acercó a la mesa del juez junto con el abogado y oí decir de su propia boca que eso no era causa para encausar a mi hijo. Todo fue una injusticia, y por eso lo único que estoy pidiendo es libertad para mi hijo”.
Según el expediente de Fase Preparatorio 145-A/21 elaborado durante las supuestas investigaciones policiales, Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de 20 años de edad, es una persona presuntamente violenta y sin vínculo laboral o estudiantil, lo cual desmiente su madre.
“Llevamos su carta de trabajo a 100 y Aldabó [Unidad Territorial de Investigaciones del Ministerio del Interior] y nunca estuvo en el expediente, como tampoco estuvieron las fotos del lugar donde él se encontraba aquel día”.
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“La única arma de esos muchachos era su voz”: Padre de un manifestante del 11J 

MIAMI, Estados Unidos. – Wilber Aguilar, el padre de un manifestante del 11J de La Güinera, denunció este jueves el proceso “amañado” contra su hijo y la condena de 23 años de cárcel contra el joven de 21 años por el supuesto delito de “sedición”.  
Walnier Luis Aguilar Rivera fue detenido el 20 de julio de 2021, nueve días después de las históricas protestas antigubernamentales que sacudieron la Isla.
“A él lo vinieron a buscar [agentes del régimen en] unas cuantas motos del DTI, cinco o seis motos. Él no se encontraba (…) y yo les dije que se fueran, que al otro día él iba a ir conmigo y así fue. Lo llevé al otro día a la unidad de policías y ahí se lo llevaron [preso]”, contó Aguilar a CubaNet.
El entrevistado aseguró que su hijo es “un muchacho tranquilo” y que “nunca ha tenido un problema”. “Nunca había estado preso. No tiene antecedentes. Es un muchacho social”, dijo.
“Ninguno de esos muchachos [presos por manifestarse el 11J] son asesinos ni violadores ni estafadores. Son muchachos de pueblo”.
Aguilar recordó que su hijo tiene una lesión en la parte izquierda frontal del cerebro. “Eso le ha traído problemas en el aprendizaje. Lo atendía un psicólogo que después lo pasó a un psiquiatra porque había que medicarlo para que estuviera estable”, precisó. 
Sin embargo, la condición de su hijo fue obviada durante el proceso penal contra su hijo, denunció Aguilar.
Asimismo, aseguró que las condenas contra los manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021 han generado “sufrimiento” a lo largo de toda Cuba. “No es un sufrimiento solo en La Güinera, no, es nacional. Hay muchas abuelas sufriendo. Muchos niños separados de sus padres. Es en el país entero”, lamentó. 
También precisó que solo en su barrio “hay más de 100 jóvenes presos” y unos “cinco niños presos en una sola cuadra. “La tristeza por todos esos jóvenes se siente fuerte”, aseveró.
Aguilar calificó como un “invento” la acusación de “sedición” contra su hijo y otros cientos de jóvenes manifestantes del 11J. “Esos cargos tienen que dejárselos a sus ministros, que traicionan al pueblo, que son corruptos. No a esos muchachos, que lo que querían era solo una vida mejor. La única arma de esos muchachos era su voz”. 
A finales de enero de este año, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU la condena a 23 años de cárcel impuesta a Walnier Luis Aguilar Rivera.
El joven permanece privado de libertad en la prisión Combinado del Este, en La Habana. Durante la fase investigativa del proceso judicial, las autoridades le denegaron la realización de una prueba médico/psiquiátrico forense, la que habría afectado su condena, indicó el OCDH.
Aguilera Rivera fue arrestado el 20 de julio de 2021 y sometido a desaparición forzosa por siete días. Fue confinado junto a delincuentes comunes y se le impidió el inmediato acceso a sus padres, a los medicamentos que requiere y a abogados.
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Idoel Naranjo Pérez, otro manifestante cubano juzgado por ejercer sus derechos

LA HABANA, Cuba.- Idoel Naranjo Pérez, de 30 años, es uno de tantos cubanos que en este momento se encuentra en cautiverio como represalia por ejercer el derecho universal del pueblo a la rebelión. El 12 de julio de 2021 él junto con muchas otras personas salieron a las calles de su localidad, La Güinera, a protestar contra las arbitrariedades de la dictadura castrista y a exigir libertad para el pueblo cubano.
De acuerdo con los testimonios de varios participantes, esa manifestación fue reprimida brutalmente por la Policía, dirigentes locales, agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil y fuerzas antimotines conocidas como Avispas Negras. Numerosos manifestantes describieron cómo los miembros de los órganos represivos los dispersaron a tiros y a pedradas y luego los perseguían y los capturaban violentamente.
Según relata una fuente cercana a la familia de Idoel Naranjo, el 18 de julio de 2021 se presentó en su domicilio un agente del orden, quien verbalmente lo citó a acudir al día siguiente, 19 de julio, a la estación de Policía del Capri. Al llegar allí lo dejaron preso y un día después lo trasladaron para la prisión de Jóvenes de Ivanov, en el Cotorro, donde lo mantuvieron tres días.
La propia fuente revela que en ese lapso su esposa fue a visitarlo y pudo constatar que fuera del penal había familiares a los que no les permitieron ver a los detenidos, alegando que eran sospechosos de la COVID-19. Sin embargo, durante el encuentro pudieron saber que el verdadero motivo de la suspensión de la visita era la de ocultar los moretones y marcas de las golpizas que habían recibido estos ciudadanos en ese centro penitenciario. La fuente precisa que al llegar a la prisión los cautivos fueron forzados a caminar por entre dos filas de guardias, que los golpeaban a su paso.
Transcurridos esos tres días el joven fue trasladado para la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, donde lo mantuvieron por varios días. Posteriormente lo llevaron para la prisión Combinado del Este. Idoel Naranjo Pérez trabajaba como operador de montacargas en la Empresa Eléctrica. Al principio de su encierro las autoridades lo acusaban de desórdenes públicos y daño a la propiedad. Sin embargo, más tarde la petición fiscal fue sustituida por 20 años de privación de libertad por el supuesto delito de “sedición”.
Añade la fuente que Idoel Naranjo Pérez fue juzgado durante la presente semana (del 10 al 15 de enero de 2022). Al momento de redactar esta nota hemos sabido que fue condenado a 20 años de cárcel. Asimismo nos llegó la información por medio de otros presos de que todos los condenados en esta causa en la jornada de este 13 de enero fueron aislados a su regreso al Combinado del Este.
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Manifestante del 11J pasa a régimen de máxima severidad en Combinado del Este

MIAMI, Estados Unidos. – Yerandis Rillo Pao, uno de los jóvenes que se manifestaron el 11J en la localidad habanera de La Güinera, se encuentra bajo régimen de máxima severidad en el Combinado del Este tras haber sido condenado a 23 años de privación de libertad por el supuesto delito de Sedición.
El recluso explicó a CubaNet que fue hecho prisionero el pasado 26 de julio, casi dos semanas después de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en ese barrio del municipio de Arroyo Naranjo.
Tras ser detenido en la intersección de las calles Agramonte y Victoria, Rillo Pao, de 31 años, fue conducido inmediatamente hacia la estación de policía del reparto Capri. Al día siguiente fue trasladado hacia la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, en Boyeros.
Allí –asegura– perdió la noción del tiempo, pues lo sacaban de su celda a cualquier hora del día o la madrugada para interrogarlo. El instructor de unidad –un mayor apodado Tito– pretendía obligarlo a confesar unos supuestos vínculos con personas que Rillo Pao ni siquiera conocía.
El joven relata que cuando los manifestantes fueron agredidos por las fuerzas represivas, él fue uno de los que ripostó con piedras a esos ataques.
Al ver un video de la manifestación, Rillo Pao admitió haberse visto obligado a defenderse de los disparos y las pedradas de los represores.
Inicialmente, el manifestante había sido acusado por el delito de Desórdenes públicos. Sin embargo, la petición fiscal cambió repentinamente a 22 años de privación de libertad por el cargo de Sedición. Finalmente, fue condenado a 23 años de cárcel en juicio efectuado la semana pasada en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre.
Yerandis Rillo Pao es padre de tres niños. Aunque al momento de ser encarcelado no tenía empleo, se encontraba a la espera de ser contratado en los laboratorios MedSol, pertenecientes al Ministerio de Salud Pública (MINSAP), pues formaba parte de la bolsa de esa institución.
La semana pasada, 17 de los manifestantes del 11J en La Güinera, entre ellos Yerandis, fueron condenados a severas penas de cárcel de entre 15 y 25 años.
Además de Yeranis, otros dos condenados también se mantendrán bajo régimen de máxima severidad en el Combinado del Este por los próximos dos años.
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Emiten condenan de entre 15 y 25 años para otros 17 manifestantes del 11J en La Güinera

LA HABANA, Cuba. – La pasada semana tuvo lugar el juicio contra otros 17 manifestantes del 11J en La Güinera, uno de los consejos populares del municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana.
Varios de los presentes relataron a CubaNet que la vista oral, efectuada en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, fue un despliegue de violaciones a los derechos humanos.
Algunos de los asistentes a la vista oral declararon bajo condición de anonimato que el proceso judicial se llevó a cabo prácticamente sin pruebas contra los procesados.
Las evidencias presentadas no fueron otras que las grabaciones hechas por los propios manifestantes y sus testimonios, obtenidos, por demás bajo presión, a pesar de que la ley estipula que ningún acusado puede ser obligado a autoincriminarse.
Según testimonios de los participantes, los supuestos expertos carecían de preparación, entre ellos la oficial que analizaba los videos para determinar si las personas que aparecían.
Uno de los abogados que intervinieron en la vista oral afirmó que el código penal está en deuda con la población, alegando que había una gran cantidad de derechos que no se les garantiza a los ciudadanos, comentó a este diario una de las fuentes. El jurista también instó a las autoridades a subsanar esas faltas en el sistema jurídico cubano.
Otro de los participantes indicó que, durante el juicio, la jueza hacía callar a muchos abogados mientras repetía que no se trataba de un juicio político, sino que estaban juzgando hechos contra la Seguridad del Estado.
“La Fiscalía hablaba mucho, pero cuando los abogados hacían preguntas, la jueza los mandaba callar. Eso lo vio todo el mundo”, sentenció la fuente.
Al momento de hacer su defensa, los abogados pidieron que los acusados no fueran enjuiciados como criminales, sino como “pueblo exigiendo su derecho”, pues también son parte del pueblo cubano, aunque piensen diferente.
Antes de leer la sentencia, las autoridades judiciales hicieron entrar primero a los familiares. La sala se llenó de numerosos guardias (unos ocho o nueve por cada asistente). En las conclusiones no había argumentos de la defensa, solo de la Fiscalía.
“La jueza leyó un papel que se ve que no redactó ella”, añaden las fuentes, “Se veía que lo leía por primera vez (…). No era como cuando uno es quien redacta, que aunque no conozca el texto de memoria, sabe de qué se trata”.
“Las sentencias mínimas fueron de 15 años de cárcel. Hay personas con 20 años echados que solo filmaron la manifestación. Esos videos se los quitaron de sus propios teléfonos. De la manifestación los cargaron al camión, les quitaron los móviles, los revisaron, se apropiaron de los videos, a las personas las dejaron presas y en el juicio las juzgaron con sus propios videos”, acotaron las fuentes.
“Ya en el transcurso del juicio nos habíamos dado cuenta de que todo estaba decidido”, reconocen.
“Al concluir un proceso judicial siempre se dice ‘concluso para sentencia’, y esta se recibe por escrito semanas después. Allí, por el contrario, se dio la sanción al otro día a las 8 a.m. Eso es sencillamente imposible, con un expediente tan grueso, con tantos acusados, tantos casos diferentes, es imposible analizarlos a todos entre las 5 p.m. y las 8 a.m.”.
Las fuentes coinciden en que uno de los momentos que más les impactó fue al final del juicio, cuando la jueza lloró después de leer las conclusiones.
“Pudimos notar que los policías presentes no eran del Capri ni de una estación de Policía. Tenían un nivel como de comando, tenían un orden, una sincronización, sin un fallo. Trajeron perros. No se podía estar ni a una cuadra del tribunal. Los familiares que quedaron afuera tenían que irse como a cinco cuadras, donde hay un parque. Dentro del tribunal también había perros, en la sala también. En la calle del tribunal no podía estacionar nadie, ni los vecinos de la cuadra. A un vecino le dijeron que no podía sacar el carro en la semana, solo salir de su casa a pie a la bodega y regresar. A los que viven allí los mandaban a parquear en otro lado”, dijo a CubaNet uno de los asistentes.
“En la puerta revisaban. El móvil había que dejarlo afuera o en un guardabolsos. Cuando te pasan al guardabolsos no puedes mirar hacia donde están los presos. Ellos estaban esposados y encadenados de manos y tobillos. Cuando salen para la sala tú no puedes mirarlos, ni ellos a ti. En la sala hay unos bancos largos. En una parte sientan tres familiares por banco, separados. La parte de atrás estaba llena de agentes de la Seguridad del Estado. En los otros bancos sientan a los detenidos, dos por banco. Al entrar a la sala les quitan las esposas, pero tienen que permanecer sentados con las manos a la espalda. En los extremos de los bancos hay dos guardias sentados, y dos de pie”, puntualizó una de las fuentes.
En esta ocasión los condenados fueron:

Wilmer Moreno Suárez (Petición fiscal: 25 años de cárcel /Sentencia: 26 años)
Roberto Pérez Ortega (Petición fiscal: 24 años / Sentencia: 25 años)
Odet Hernández Cruzata (Petición fiscal: 23 años /Sentencia: 18 años)
Reynier Reynosa Cabrera (Petición fiscal: 20 años /Sentencia: 19 años)
Fredy Beirut Matos (Petición fiscal: 20 años / Sentencia: 20 años)
Katia Beirut Rodríguez (Petición fiscal: 23 años / Sentencia: 20 años)
Luis Frómeta Compte (Petición fiscal: 24 años / Sentencia: 20 años)
Denis Ojeda Álvarez (Petición fiscal: 22 años / Sentencia: 23 años)
Walnier Luis Aguilar Rivera (Petición fiscal: 22 años / Sentencia: 15 años)
Yoandry Reinier Sayu Silva (Petición fiscal: 19 años / Sentencia: 19 años)
Robert Orlando Cairo Díaz (Petición fiscal: 22 años / Sentencia: 23 años)
Rolando Vázquez Fleita (Petición fiscal: 20 años / Sentencia: 21 años)
Ángel Serrano Hernández (Petición fiscal: 22 años / Sentencia: 23 años)
Yerandis Rillo Pao (Petición fiscal: 22 años / Sentencia: 23 años)
Oscar Luis Ortiz Arrovsmeth (Petición fiscal: 22 años de cárcel / Sentencia: 23 años)
Carlos Paul Michelena Valdés (Petición fiscal: 20 años / Sentencia: 16 años)
Felipe Almirall (Petición fiscal: 19 años / Sentencia: 15 años)

Al cierre de esta nota CubaNet recibió la información de que Wilmer Moreno Suárez, Roberto Pérez Ortega y Yerandis Rillo Pao fueron trasladados a régimen de máxima severidad por dos años.
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Manifestante de La Güinera denuncia amenazas y represión durante su encierro

LA HABANA, Cuba.- Desde el centro penitenciario Combinado del Este, ubicado en la capital del país, el manifestante Wilmer Moreno Suárez denuncia las amenazas y tortura psicológica de las que ha sido víctima durante su cautiverio en ese y otros centros de detención.
Wilmer Moreno Suárez es cantante, compositor y arreglista independiente. Participó en la protesta popular que tuvo lugar el 12 de julio en el barrio capitalino La Güinera, perteneciente al municipio Arroyo Naranjo. Como represalia fue arrestado el 17 del propio mes en una casa donde se encontraba trabajando en el reparto Kohly. Inicialmente fue conducido a la estación de Policía del reparto Capri y al día siguiente fue trasladado hacia la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, donde lo mantuvieron por un lapso de 53 días.
De 33 años de edad, Wilmer Moreno relata que en ese centro de detención estuvo sometido a una fuerte tortura psicológica. Para obligarlo a confesar supuestos vínculos con grupos terroristas del exilio lo amenazaban con fusilarlo, con condenarlo a cadena perpetua, con no volver a ver a su hija de 9 años. Wilmer Moreno agrega que perdió la noción del tiempo, pues lo sacaban de su celda para interrogarlo constantemente durante la madrugada.
A los 53 días lo trasladaron para el Combinado del Este. Una vez allí, lo encerraron primeramente en el edificio 1, junto con los presos de mayor peligrosidad y más largas condenas. Aproximadamente un mes antes del juicio fue trasladado para el 3º piso, ala norte, del edificio 3.
Wilmer Moreno Suárez fue acusado de ser uno de los organizadores de la manifestación. La Fiscalía demandaba para él una condena de 25 años de privación de libertad por el supuesto delito de “sedición”. Finalmente fue condenado a 26 años de cárcel, a pesar de que durante el juicio (efectuado en la semana del 20 al 25 de diciembre de 2021 en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, sito en Carmen número 501 entre Juan Delgado y Goicuría), quedó demostrado que el supuesto agente extranjero no es más que un cliente para quien Wilmer hace arreglos musicales.
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En celda de aislamiento un adolescente de La Güinera que se manifestó el 11J

LA HABANA, Cuba. – Marylin Cabrera Mouré, madre de un adolescente encarcelado por participar en las protestas populares del pasado mes de julio, denuncia que su hijo se encuentra sometido a régimen de aislamiento en la prisión habanera Jóvenes de Occidente. 
Según declaró a CubaNet, su hijo de 19 años, Orlando Carvajal Cabrera, fue encerrado en una celda aislada desde el viernes 17 de diciembre. 
Cabrera Mouré apunta que su hijo fue hecho prisionero en su propia casa el 29 de julio alrededor de las 7:30 de la mañana. Inicialmente fue conducido en motocicleta al Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) del reparto Capri, donde lo mantuvieron por 10 días. Allí le mostraron un video de las protestas en La Güinera, en el cual supuestamente él aparecía grabando los acontecimientos.
La madre de Carvajal Cabrera agrega que, al calor del acoso sufrido durante los interrogatorios, el joven confesó haber tirado una piedra. A los 10 días, el adolescente fue trasladado a la prisión Jóvenes de Occidente, donde se encuentra al momento de redactar esta nota. 
Cabrera Mouré revela también detalles de la vista oral en la que fueron condenados su hijo y otros 14 manifestantes. Según señala, la petición fiscal inicial de Carvajal Cabrera era de 12 años de cárcel por el supuesto delito de “sedición”. No obstante, fue condenado finalmente a 20 años de cárcel. 
La entrevistada destaca que el juicio fue celebrado a puertas cerradas los días 14, 15 y 16 de diciembre en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre (sito en Carmen, no. 501 entre Juan Delgado y Goicuría). El tribunal actuante estuvo integrado por militares procedentes de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones. 
Asimismo, añade que en la sala solo se permitió la presencia de un familiar por acusado, aun cuando estaba atestada de policías, además de 15 militares que custodiaban a cada uno de los prisioneros.
Por otro lado, indica que durante la primera jornada del proceso declararon “muy brevemente” los acusados y luego los peritos mostraron videos, para lo que contaron con más tiempo. 
El segundo día declararon los testigos, a los cuales, acota, se les impedía cualquier referencia a la represión policial. Ese mismo día se les permitió a unos pocos abogados presentar una escueta defensa. Al día siguiente se presentaron las conclusiones.
Según Cabrera Mouré, los miembros del tribunal salieron de la sala supuestamente a deliberar y aproximadamente 40 minutos o una hora más tarde regresaron con las condenas, las cuales anunciaron verbalmente y dijeron que serían entregadas por escrito 10 días después.
También detalla que el abogado de su hijo solicitó en tres ocasiones un cambio de medida cautelar que fue denegado. Además, relata que al presentarse en la Fiscalía Provincial, sita en 25 y G, en El Vedado, siempre le reiteraban que el joven tenía que guardar prisión preventiva, que no podía estar en la calle. Los funcionarios añadían (para mantenerla callada, en su opinión): “Él tiene tres elementos a su favor: es menor de edad, nunca ha tenido problemas (legales) y confesó”. 
Cabrera Mouré revela que el viernes 17 recibió la llamada de la madre de otro preso, quien le avisó que su hijo le había informado sobre el traslado al aislamiento del adolescente. 
“El lunes (20 de diciembre) me presenté en la prisión”, explica. “Me dejaron verlo y abrazarlo, pero después lo regresaron a la celda aislada. El militar jefe de la misma me dijo que era como medida preventiva, pues él trataba de atentar contra su vida”. Y concluye: “Si eso es cierto, yo me pregunto: por qué lo dejan solo, sin tener con quién hablar, con todos los pensamientos negativos que pueden venir a su mente… Temo que me lo quieran volver loco”. 
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Sin presunción de inocencia: Comienzan los juicios contra los manifestantes del 11J de La Güinera

LA HABANA, Cuba. – Esta semana comenzaron los juicios contra los manifestantes que, aunque se reconocen como parte del estallido social del 11 de julio (11J), salieron a las calles el 12 de julio en el barrio La Güinera, del municipio Arroyo Naranjo. Acusados todos de sedición, aparecen registrados en la petición fiscal 145A-21. Se esperan cuatro días de juicio para condenar a 15 personas con penas entre los 15, 20 y 25 años de privación de libertad.
“Se sumaron a una concentración de personas que transitaban desde el lugar conocido como El Basurero, en la propia localidad, con el objetivo de llegar hasta la Estación de la PNR”, afirma el fiscal provincial Antonio Islam González Abreu Martínez en el documento, donde ignora la presunción de inocencia. 
La petición fiscal 145A-21 es otra radiografía de un sistema judicial estrechamente vinculado a un poder totalitario que no solo criminaliza cualquier manifestación de libertad sino que usa las condenas como escarmiento. 
El documento expedido el día 30 de septiembre y que será ratificado o no entre el 14 y el 17 diciembre, narra, igual que otros textos emitidos por varios fiscales más, las supuestas acciones de los manifestantes sin mencionar las armas ni los disparos de la Policía contra gente desarmada, cuya única respuesta en defensa propia fue el uso de piedras y palos. También hablan de cócteles molotov, pero ¿dónde están las víctimas de quemaduras o los lugares incendiados? 
El supuesto delito que une a los 15 acusados es el de lanzar “frases lacerantes al proceso revolucionario”, lo que parece un estribillo que el fiscal repite una y otra vez para afirmar la gravedad del asunto.
Antes había esgrimido otros argumentos con igual tono poético: “frases que laceran los sentimientos patrióticos”, “otras que exacerban las diferencias y el odio entre los ciudadanos o siguen los modelos de actuación de la contrarrevolución”. parece referirse a la consigna “Patria y Vida”, pero no se atreve a dejarla por escrito y recurre a la retórica de los periódicos oficiales.
Por su parte, los “improperios contra los dirigentes del Estado y del Partido Comunista de Cuba, en tono despectivo” se pueden traducir como la frase popular “Díaz-Canel singao”.
De un fiscal con ínfulas de poeta y con alma de verdugo que cuenta los hechos según le conviene al poder, no se puede esperar más que condenas como las que exige la 145A-21 y descripciones de los acusados más prejuiciosas aún. 
En la mayoría de los casos de esta petición fiscal los argumentos son juicios morales, prejuicios y estrategias de comunicación para predisponer a los jueces. Un delito como la sedición no se demuestra con juicios morales ni con piedras recogidas de la calle, sino con la descripción del plan previo, las armas de fuego compradas, las estrategias a seguir. Sin embargo, no hay nada de eso en este escrito. 
La frase “conducta ajustada a las normas de la sociedad” se la aplica tanto a Karen Valdéz Pérez, de 41 años de edad, que a su hija Leoaly de la Caridad Valera Vázquez, de 20 años, contra quienes la Fiscalía pide 18 y 15 años de cárcel, respectivamente. La misma valoración se aplica a Frank Aldana Rodríguez, de 28 años, al que quieren imponer 20 años de privación de libertad.
Las palabras “adecuada”, “normal”, “conducta correcta”, “buena conducta” para referirse a personas contra las que no tienen ninguna prueba, pero contra las que van con toda la fuerza del sistema no tienen nada de benevolentes. 
El fiscal las usa para referirse a Marlon Brando, de 20 años de edad, para quien piden 15 de privación de libertad; a Elier Padrón Romero (25), a quien pretenden condenarlo a 18 años en prisión; a José Luis Sánchez Tito (29) con 20 años pedidos. Estos juegos con el lenguaje que denotan una supuesta superioridad moral son parte del desprecio de un poder militarizado que ha estado observándolos como posibles delincuentes.
Desde el podio moral del régimen también ve a los de “lenguaje sencillo” o a las “personas tranquilas” como Jesús Enrique Vázquez Cabrera, de 20 años, y al adolescente de 19 años de edad Orlando Carvajal Cabrera. 
La observación desde el desprecio y la clasificación se nota aún más cuando habla de Brunelvis Adrián Cabrera, a quien piden 15 años y al que califican como “proclive a la comisión de hechos delictivos”. También Alexis Sosa Ruíz, a quien solicitan 20 años de cárcel, lo catalogan como “una persona irrespetuosa” y lo juzgan porque “en su inmueble se ve con frecuencia trasiego de bultos y paquetes de dudosa procedencia”. 
Ambas descripciones son malintencionadas, pero no más que las que han hecho contra Miguel Páez Estiven, un hombre de 58 años al que piden 25 años de privación de libertad y que en los años 1979 y 1980 cometió los delitos de robo con fuerza y hurto. 
“Es una violación por parte de la Fiscalía porque la única intención en poner antecedentes penales de más de 10 años es prejuiciar a los jueces y mostrar a la persona como un delincuente”, asegura Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, quien fue consultada para el análisis del documento. 
“Es un prejuzgamiento para mostrar a la persona como un delincuente, para que aprecien la reincidencia y agraven la sanción”, concluye la abogada. 
En el caso de Miguel Páez Estiven los hechos ocurrieron hace 42 años y que hoy tenga “un lenguaje vulgar” y se exprese con “palabras obscenas” no demuestra que sea culpable de sedición.  
Concienzudamente la petición fiscal 145A-21 comienza por casos que harán cuestionarse a los jueces la inocencia de los demás acusados en el mismo documento y contra los que va pidiendo 25 años amparados también en la supuesta reincidencia. 
Los delitos imputados a Dayron Martín Rodríguez, de 36 años de edad, y Alexander Guillermo Martínez Amoroso se diferencian en su nivel de gravedad social, pero la ley cubana los empareja con su supuesta indulgencia. A Martín Rodríguez le fue revocada una licencia extrapenal concedida tras ser sancionado por el delito de malversación a ocho años de privación de libertad. De ser condenado ahora por sedición pasará a recibir una condena conjunta por ambos delitos. 
A Alexander Guillermo Martínez Amoroso el delito más reciente que le revelan en la 145-A es el de lesiones, por el que fuera condenado a seis años en el 2017. A él le fue concedida la libertad condicional en el 2019 y ahora, aun habiendo sido revocada su anterior sanción, terminó de cumplirla en prisión el 19 de octubre. Tampoco el fiscal perdió oportunidad para mostrar en sus antecedentes de hace más de 20 años (1992) una condena a siete años por homicidio. 
En ambos casos, y hasta en el de Páez Estiven, echan por tierra toda la propaganda de las personas sancionadas y su reinserción social. Que pasados 40, 20, 10 años un fiscal exponga los delitos por los que una persona ya pagó denotan que aún las investigaciones policiales siguen basándose en los perfiles y no en pruebas científicas. Perfiles que refuerzan los vigilantes políticos del barrio y que miden y juzgan desde patrones morales de un Partido envejecido y prejuicioso que hace que los errores en Cuba los ciudadanos los arrastran como cadenas. 
No hay oportunidad ninguna para la rectificación ni la reeducación de la que tanto hablan en los espacios oficiales. 
Del 14 al 17 de diciembre en La Güinera reinará la misma angustia de hace cinco meses cuando creyeron que ganarían una batalla saliendo a las calles a reclamar libertad y terminaron siendo cazados por el poder, que los percibe como ciudadanos de quinta categoría que tienen que agradecer la miseria en la que han vivido toda la vida. 
Las familias van sin esperanzas a los juicios. Lo justo sería que estuvieran en sus casas, pero con las condenas que les quieren imponer, ya es suficiente para saber que habrá muchas navidades de tristezas. 
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