HAVANA CLIMA

FISCALÍA GENERAL

El Derecho y la Ley en Cuba a un año del 11-J

El 11 de julio de 2021 tuvo muchos significados para la sociedad cubana. También los ha tenido para el mundo del Derecho. A las manifestaciones, mayormente pacíficas, que se realizaron en decenas de ciudades del país, el gobierno dio una respuesta jurídica-política que ha zarandeado la precaria legitimidad que la legalidad y el Estado de Derecho conservaban en Cuba.

La bienvenida en 2019 a una Constitución con derechos humanos, supremacía constitucional, Estado socialista de derecho, consagración del habeas corpus y reglas del debido proceso, podía hacer creer que la respuesta a situaciones como las del 11 y 12 de julio de 2021 encontraría formas jurídicas distintas; sin embargo, la reacción del gobierno no dio margen a la prudencia ni a la moderación. El Derecho cubano, atado de forma asfixiante a directrices ideológicas y políticas concretas distintas a las que la Constitución y la ética informan, no pudo resolver —ni científica ni técnicamente— los dilemas jurídicos derivados de aquellos días.
Todos los ordenamientos jurídicos nacionales, del país que sea, han sido producidos por un aparato de poder estatal y tienen lastres políticos e ideológicos. El Derecho no se declara, entonces, independiente de una maquinaria política, pero su legitimidad depende, sin excepciones, de que él mismo produzca los límites de la intervención del Estado, y de los gobiernos que se sucedan, en el desempeño de la legalidad y en la administración de justicia.
El Derecho cubano es, por ende, el del Estado socialista; al menos el del Estado que emergió de la Constitución de 2019: un derecho de la reforma liberal de la economía cubana, jamás completada, y de la reforma de la democracia, jamás comenzada. Si se estudia el ordenamiento jurídico insular, encontraremos en él contradicciones típicas de las etapas de transición del socialismo con un estado todopoderoso, al socialismo con una economía mixta, con propiedad privada, que apuesta por la inversión extranjera y elimina el vocabulario y principios del constitucionalismo soviético.
Votaron por el “Sí” a la Constitución de 2019, un total de 6.816.169 cubanos, lo que representa el 73.31 % de los electores. (Foto: BBC)
Por otro lado, el Derecho cubano padece graves problemas de unidad interna de su ordenamiento jurídico, pues en él coinciden propuestas de leyes como el Código de las Familias —avanzado, progresista, técnicamente complejo, al rescate de la autonomía de la voluntad para la solución de muchas relaciones jurídicas familiares—, con otras como el Código Penal, que conserva la pena de muerte frente a una Constitución que consagra el derecho a la vida, y penaliza conductas eminentemente civiles, como la manifestación política y la utilización de fondos extranjeros, legalmente recibidos, para desarrollar cualquier actividad que los intérpretes del Derecho consideren contraria al orden político vigente.
A este momento hemos llegado tras décadas de una férrea administrativización del Derecho civil cubano, en un ambiente donde el tráfico jurídico patrimonial —en el que debían resolverse la aplicación de las normas de los derechos de obligaciones y contratos, de propiedad, de sucesiones por causa de muerte, mercantil—, fue amarrado a decisiones menores del Ministerio de Justicia y a otras normas especiales, que redujeron estas ramas del Derecho a indicaciones que los notarios y notarias debían conocer con más profundidad que la ley.
En el ámbito penal la crisis tampoco es nueva. Las políticas penales han sido más importantes que la franca interpretación de la ley durante toda la historia de la institucionalización socialista. Se ha llegado a concebir abominaciones como el Índice de Peligrosidad Pre-delictiva, afortunadamente abrogado en la nueva Ley de Procesos Penales, o como los Delitos Priorizados, estos no reconocidos en la ley pero sí presentes en la vida cotidiana de los operadores del derecho penal en Cuba.
Un delito que se considere priorizado debe juzgarse de forma distinta a la que indica la ley, sus consecuencias trascienden el momento de la instrucción, y de su posible condena porque llega hasta a la prohibición de los beneficios penales que un sancionado merece. Si el delito es priorizado, el sancionado puede encontrarse ante un callejón sin salida.
Aquí también los controles administrativos han sido inmensos. Los jueces son inspeccionados por sus sentencias absolutorias, los fiscales por no mantener la petición de un marco sancionador alto para el acusado, y la propia administración de justicia se ha organizado para priorizar la sanción de los procesados y no precisamente el hallazgo incontestable de la verdad.
La Constitución de 2019 mantuvo la regla, ya existente en la de 1976, de que los Tribunales reciben directrices del Consejo de Estado. Con esto se redondea la influencia del Partido en la administración de justicia, porque en Cuba el Partido dirige al Estado y a la sociedad toda. A tenor con ello, queda en entredicho el principio, también constitucional, de independencia de los jueces.
Tal práctica pudo constatarse en el video, difundido recientemente por Diario de Cuba, de una reunión efectuada en el año 2018 entre dirigentes del Tribunal Supremo, la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior. En ella, el presidente del Tribunal Supremo declara a viva voz que la administración de justicia se pacta entre los diferentes órganos intervinientes en el proceso penal y deja claro cómo los Tribunales Populares ayudan a la Fiscalía a arreglar sus expedientes y conclusiones provisionales acusatorias con el fin de sancionar de manera categórica a los acusados.

Todo esto ha sucedido en un contexto político de expansión del totalitarismo en el que el Derecho no es precisamente la baza preferida. La ojeriza manifiesta de los cuadros de dirección cubanos a las cuestiones jurídicas no es consecuencia únicamente de su acomodamiento en el burocratismo, sino del desprecio a los límites, a los valores de justicia, equidad, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, y a cualquier enfoque de derechos humanos en la administración pública y en el funcionamiento interno del Partido.
Se ganó la batalla por la inclusión de los derechos humanos en la Constitución, pero la batalla por la realización de los mismos no ha traído similar victoria. Cuba es, desde la incorporación de esta institución en el proyecto constitucional de Chile, el único país de América Latina que no cuenta con una Defensoría del Pueblo. Somos asimismo un Estado sin control constitucional como actividad especializada en un órgano, ya que no existen en la Isla un Tribunal Constitucional ni otra institución política independiente que realice dicha función, que recae esencialmente en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Para colmo de males, la reciente Ley de Amparo cubana ha reducido la defensa judicial mediante recurso interpuesto a salas de lo constitucional en los tribunales, a los derechos que no puedan defenderse por otra vía procesal, es decir, que no cuenten con un proceso propio de protección. De tal forma, se reducen mucho las posibilidades de desarrollo de esta garantía, esbozada en la Constitución de 2019.
El Derecho ante los hechos del 11 de julio
En este contexto el Derecho cubano no hizo otra cosa que responder como podía. La orden de combate dada el 11 de julio por el presidente de la República, no solo fue para que el pueblo que apoyaba al oficialismo y las instituciones armadas del país se enfrentaran a los manifestantes, sino que se extendió al ámbito de la justicia.
Los días posteriores a los hechos de julio no anunciaban una respuesta legal ajustada a Derecho. Tampoco lo hacían las cientos de detenciones arbitrarias del 11, 12 y días venideros. Además, las manifestaciones fueron consideradas como organizadas desde territorio de los Estados Unidos y orquestadas por la contrarrevolución, lo que dejaba el escenario listo para la represión, también penal.
Es en momentos como estos que una administración de justicia independiente es necesaria y se echa de menos. A la hora en que políticos y miles de personas exigen respuestas punitivas, alguien debe poner un paño frío sobre la zona candente de tensión. Cuando debió darse el ejemplo de una Fiscalía que protegiera los derechos humanos y la Constitución, nos encontramos con miles de detenidos sin garantías del debido proceso, sin paradero conocido, sin derecho a una defensa con las manos desatadas.
A la hora en que políticos y miles de personas exigen respuestas punitivas, alguien debe poner un paño frío sobre la zona candente de tensión. (Foto: Adalberto Roque/AFP)
La petición fiscal de graves sanciones de privación de libertad por el delito de sedición a los acusados, demostraba que estos procesos no discurrían por un camino de independencia política e ideológica. Ningún fiscal en Cuba habría sido capaz de calificar las manifestaciones del 11 y 12 de julio como sedición, si no se les hubiese indicado cual solución ejemplarizante.
Los Tribunales también tenían las manos atadas. La propaganda política oficial que acompañó este proceso no permitía juzgar de forma independiente y neutral. Gran cantidad de personas menores de edad, pero imputables, habían sido detenidas; las sanciones que se solicitaban para ellas no eran lógicas, no eran educativas, no encontraban correspondencia con los hechos juzgados. Pero fueron sancionados, y cuando fue necesario reducir las sanciones, ello se hizo de la misma manera arbitraria con que se impusieron.
Muchos jueces, fiscales y abogados cubanos no quieren ser parte de ese carnaval dantesco, donde la justicia no importa y los juicios y procesos son resueltos en lugares y momentos distintos a los que manda la ley; pero ese es el ambiente real en el que trabajan y en el que tratan de ser honestos y honestas alguna que otra vez, cuando se les permite.
El Derecho cubano, la legalidad, el orden y la justicia, se tambalean desde mucho antes del 11 de julio de 2021. El golpe brutal que recibió la inocente quijada del Estado cubano hace un año, cuando supo que el pueblo sí se podía cansar, gritar, andar, levantar, exigir; no lo ha hecho aprender la lección con humildad y respeto por el soberano a quien se debe, sino que lo ha conducido a reforzar las bases políticas y legales para responder con más severidad a cualquier intento semejante de la gente.
Tampoco es inocente ya el pueblo de Cuba. No lo fueron nunca los pobres que se lanzaron a las calles en julio, los más necesitados y los más preteridos por el proyecto socialista cubano, que hace mucho abandonó su camino hacia la socialización y se concentró en una sola vía hacia el poder absoluto e incontestable de un Partido y una forma exclusiva e incuestionable de organización política, económica, y su correspondiente administración.
La gente aprendió, eso sí, que la ley del pueblo no existe. Que el Derecho en Cuba debe ser cambiado, tanto como la economía y como las formas de hacer política. Que la ley no basta, que hacen falta un Estado y un gobierno que la defiendan, que la respeten, que la dejen ser y proteger, aun cuando esto tenga que ser muchas veces contra los intereses de los poderosos.

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Juzgan a responsables de acciones violentas y vandalismo durante disturbios en Cuba

Los acusados contaron con las garantías que ofrece el sistema judicial y las leyes de la isla, incluyendo el acceso temprano a un abogado de la defensa
Los familiares de los detenidos pudieron evidenciar la transparencia y legalidad del proceso. (Foto: PL)

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Tribunales de la oriental provincia cubana de Holguín realizaron un juicio oral a los responsables de acciones violentas y vandalismo durante los disturbios ocurridos el pasado 11 de julio en la isla, reportó la prensa local.

De acuerdo con el noticiero de la televisión cubana, los acusados contaron con las garantías que ofrece el sistema judicial y las leyes de la isla, incluyendo el acceso temprano a un abogado de la defensa.

Los peritos demostraron la implicación de cada uno de los acusados mediante el uso de técnicas especializadas y comparativas que permitieron ubicar en el lugar a los involucrados, explicó el reporte.

En otro momento, abogados de la defensa explicaron que actuaron con el apoyo del sistema judicial, tuvieron acceso en todo el momento al detenido y a las pruebas recopiladas durante la instrucción para establecer una estrategia en el tribunal.

Entre ellos, el jurista Enois Reyes, aseguró que los familiares de los detenidos pudieron evidenciar la transparencia y legalidad del proceso.

El Fiscal Provincial en Holguín, Fernando Sera, subrayó el carácter extremadamente violento de los hechos acontecidos aquel día contra instituciones del Estado y ciudadanos.

Además, comentó que la fiscalía decidió modificar la solicitud de sanciones que se le hacían a ocho de los acusados cuyas edades estaban entre 16 y 18 años de edad.

Imputados mostraron en el reporte su arrepentimiento por la participación en las acciones de desorden público, peligrosidad y violencia.

Cuba presentó pruebas de que los disturbios fueron resultado de un plan diseñado por el gobierno de Estados Unidos para provocar desestabilización en momentos en los que el país afrontaba una compleja situación por la covid19 y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Washington.

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Reconoce presidente cubano labor de la Fiscalía durante el último año

Díaz-Canel subrayó el desempeño del órgano en la elaboración de leyes y en el enfrentamiento jurídico-penal a la labor del enemigo que buscó desestabilizar el orden constitucional
Los trabajadores de la Fiscalía se han crecido y adaptado para hacer frente a momentos complejos, comentó Díaz-Canel. (Foto: @ClaudiaDRebelde)

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó este miércoles la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el cronograma legislativo, la calidad de los procesos penales y la atención a la población.

Según un reporte del noticiero de televisión, el mandatario estuvo en la reunión de trabajo anual de la entidad en el Palacio de las Convenciones.

Díaz-Canel subrayó el desempeño del órgano en la elaboración de leyes y en el enfrentamiento jurídico-penal a la labor del enemigo que buscó desestabilizar el orden constitucional.

En medio de un año retador por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y las campañas mediáticas en contra de la Revolución, los trabajadores de la Fiscalía se han crecido y adaptado para hacer frente a momentos complejos y ejercer su profesión con calidad, comentó el dignatario.

La constitución defiende que en Cuba hay un Estado socialista de derecho, en ello la FGR tiene un papel primordial y todo eso en medio de un exigente cronograma legislativo, subrayó.

De acuerdo con la cuenta en Twitter de la entidad, la fiscalía analiza hasta el próximo viernes el comportamiento de los principales indicadores y las proyecciones para el actual año.

En particular, los miembros priorizan los preparativos para la rendición de cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) prevista en julio próximo.

Otros de los temas de la reunión de trabajo anual versan sobre el comportamiento de la ética, el empleo de las tecnologías y la comunicación institucional en el cumplimiento de las funciones.

De acuerdo con el sitio oficial de la FGR, el órgano prioriza la participación consciente de todos en el ejercicio democrático de intercambio en el Parlamento, como expresión del control popular, la transparencia, objetividad y sencillez de la entidad.

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Garantía de acusados prevaleció en proceso legal tras disturbios en Cuba

Cuba presentó pruebas de que los disturbios fueron resultado de un plan diseñado por el gobierno de Estados Unidos para provocar desestabilización
Todos los acusados asistieron a juicio con representación legal, contratada por ellos o de oficio. (Foto: Cortesía Tribunal Supremo)

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El proceso legal tras los disturbios del 11 de julio pasado en Cuba respetó las garantías de los detenidos y las leyes del país, aseguraron este viernes autoridades del sistema judicial y familiares de los acusados.

En un reporte del noticiero de la televisión cubana, el presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Yojanier Sierra, desacreditó el apelativo de marchas pacíficas para describir los hechos de vandalismo de aquella jornada.

«En un lugar con gran aglomeración de personas con niveles de violencia, donde se volcaron carros de la policía, donde se tiraron cocteles Molotov encendidos y donde la población no salió de la casa por miedo, donde los servicios públicos fueron detenidos por los disturbios, ¿quién se atreve a decir que hubo marchas pacíficas?», cuestionó el funcionario.

Por otro lado, Sierra enfatizó que solo se procesaron a quienes participaron en las situaciones descritas anteriormente y no a los que participaron en protestas en las calles donde no ocurrieron acontecimientos graves.

El experto recordó que en Cuba no está permitido procesar penalmente a ningún menor de 16 años de edad.

El Código Penal vigente establece que «la responsabilidad penal es exigible a la persona natural a partir de los 16 años de edad cumplidos en el momento de cometer el acto punible».

«Otra cosa distinta es que se hayan presentado procesos judiciales a jóvenes entre 16 y 20 años de edad, nuestra norma establece que con este rango de edad uno los puede beneficiar a la hora de dictar sentencia, pero eso es facultativo de los jueces, quienes tienen en cuenta la conducta, la participación directa, su comportamiento social», explicó Sierra.

Las autoridades del sistema judicial señalaron entre los delitos más recurrentes el 11 de julio al desacato, atentado, los daños, el desorden público y la resistencia.

La investigación penal conllevó a la apertura de expedientes, un proceso que la Fiscalía General de la República (FGR) controló desde el principio para aportar y reunir todas las pruebas necesarias antes de la presentación al tribunal, subrayó Beatriz de la Peña, Fiscal Jefa del Departamento de Dirección de Procesos Penales.

En este sentido, la FGR seleccionó a las personas que cometieron los hechos más graves y tuvo en cuenta aquellos individuos con más de 18 años que estaban estudiando, a quienes ofreció una atención especial, comentó.

«Incluso hubo personas a los que se demostró que estuvieron en algunos hechos, pero no fueron llevados ante los tribunales porque esa participación no mostró agresividad», enfatizó la especialista.

Las autoridades cubanas subrayaron que todos los acusados asistieron a juicio con representación legal, contratada por ellos o de oficio.

Abogados de la defensa explicaron al noticiero que actuaron sin presión, con el apoyo del sistema judicial, tuvieron acceso en todo el momento al detenido y a las pruebas recopiladas durante la instrucción para establecer una estrategia en el tribunal.

Familiares de algunos acusados ratificaron la transparencia y legalidad del proceso penal.

Keyla Domínguez, esposa de uno de los enjuiciados, aseguró que las autoridades han tratado bien a su cónyuge, mientras que la madre de otro detenido, Eudanis Campos, se disculpó por el error de su hijo porque considera que él no sabía lo que hacía.

Por su parte, otra madre de un acusado, Regla Yolanda González, consideró que el juicio «estuvo muy bien, de todas las partes: la defensa de los abogados muy buena, la fiscal habló como tenía que hablar, la presidenta de la sala es objetiva, humana, he visto el juicio oral muy bueno».

Cuba presentó pruebas de que los disturbios fueron resultado de un plan diseñado por el gobierno de Estados Unidos para provocar desestabilización en momentos en los que el país afrontaba una compleja situación por la covid19 y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Washington.

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Transparencia distingue procesos judiciales en Cuba tras disturbios

Las sanciones estarán a tono con lo establecido en la Constitución de la República, las leyes y en cumplimiento del debido proceso, aseguró la fiscale general Yamila Peña.

Cuba investiga la participación de las personas en los disturbios del 11 de julio, y desarrolla los procesos judiciales con transparencia y respeto a los derechos de los involucrados, ratificó este sábado la fiscal general Yamila Peña.

En conferencia de prensa, la voz autorizada señaló que avanzan en la conformación del material probatorio de las causas, con el fin de que lo presentado a los tribunales pueda ser juzgado de manera objetiva.

Las sanciones estarán a tono con lo establecido en la Constitución de la República, las leyes y en cumplimiento del debido proceso, y habrá mayor severidad en aquellos casos más graves, puntualizó.

Entre estos últimos, precisó Peña, están las causas en las cuales haya evidencias de que los ciudadanos organizaron, promovieron o financiaron los sucesos con mayor impacto en la seguridad colectiva y la tranquilidad de la nación.

De acuerdo con la fuente, hay avances en cuanto a las entrevistas de los acusados, lo cual permitió adoptar decisiones procesales.

Según detalló la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), ya algunas personas fueron puestas en libertad, en tanto otras recibieron medidas administrativas.

Hay otros hechos de extrema violencia y con mayor connotación, y esas indagaciones necesitan de más tiempo, dijo.

En los acontecimientos del 11 de julio, algunos prolongados al día 12, existieron agresiones contra personas, entidades, bienes, instigación a delinquir y a subvertir el orden constitucional, de ahí la urgencia de, con las pruebas pertinentes y responsabilidad, demostrar la participación de los sujetos, remarcó.

Acotó que ese órgano, desde el cumplimiento de sus funciones, garantiza que todos los ciudadanos sean respetados, lo cual es aplicado en cada proceso, incluso los solucionados en un menor lapso de tiempo.

De igual forma, mencionó la voluntad de la Fiscalía de atender y orientar al pueblo por medio de los diferentes canales (de manera personal, vía telefónica, en el portal web o en las redes digitales), y de tramitar posibles quejas y ofrecer una respuesta.

Los recientes disturbios en distintos puntos de la isla dieron lugar a investigaciones penales en Cuba sobre presuntos hechos delictivos, y la FGR tiene como misión el control de las investigaciones y de lo establecido en la Constitución, leyes y disposiciones, acotó Peña.

Además, reafirmó el compromiso de siempre proteger el orden público y la tranquilidad de las personas.

Autoridades de la nación caribeña acusaron a Estados Unidos por su complicidad en los sucesos del 11 de julio, a partir del uso de herramientas tecnológicas y de la difusión de noticias falsas para estimular a la desestabilización.

Desmienten supuesta avalancha de juicios tras disturbios en Cuba

Rubén Remigio Ferro precisó que hasta ahora los tribunales municipales decidieron sobre 19 procesos judiciales, en causas que involucraron a 59 personas.

El presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, desmintió este sábado que en Cuba haya existido una avalancha de procesos judiciales tras los disturbios del 11 de julio y condenó la manipulación del tema.

Durante una conferencia de prensa, la voz autorizada denunció que en días recientes fueron difundidas falsas noticias en las redes digitales con el fin de cuestionar la legitimidad y transparencia de los juzgados cubanos.

Recordó que ese órgano funciona con independencia de cualquier otra institución del país y que los jueces solo deben obediencia a las leyes y a lo establecido en la actual Constitución de la República.

Según acotó, hasta ahora los tribunales municipales decidieron sobre 19 procesos judiciales, en causas que involucraron a 59 personas acusadas por acciones durante los disturbios, por lo cual no existe tal ‘avalancha’, dijo.

Remigio Ferro remarcó que esa matriz de opinión presente en redes sociales forma parte de la campaña de subversión y descrédito desplegada contra Cuba, en medio de la guerra no convencional instigada y financiada desde Estados Unidos.

De acuerdo con esa fuente, a los lugares donde se administra la justicia llegaron en los últimos días casos sobre todo vinculados con delitos de menor gravedad, y las penas fueron de multas, de libertad controlada o prisión por corto tiempo.

Enfatizó en que todos los procedimientos cumplen con las leyes vigentes en la nación caribeña y garantías, e insistió en el derecho a la defensa de las personas acusadas.

El presidente recordó cómo prevalece en el sistema del TSP el principio de presunción de inocencia, en el cual hay que demostrar la ocurrencia de los delitos a manos de los sujetos.

En los acontecimientos del 11 de julio en distintos puntos de la isla, algunos prolongados al día 12, existieron agresiones contra personas, entidades, bienes, instigación a delinquir y a subvertir el orden constitucional, y por ello dieron lugar a las investigaciones penales en curso.

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No habrá impunidad

“Se actuará con apego a la Ley”, enfatiza la fiscal provincial. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

En la calle, un vehículo policial boca abajo; encima le han encasquetado un contenedor de basura. A su alrededor, voces guapetonas jadean de tanta injuria a la Revolución, a sus dirigentes. En otra ciudad, los cristales de una tienda recaudadora de divisas se rinden ante las piedras lanzadas con odio demencial; luego, los delincuentes se adentran presurosos y saquean la unidad comercial.

Afortunadamente, ese caos no se extendió a todas las localidades de Cuba el 11 de julio; en la provincia, las protestas acaecieron en la ciudad de Sancti Spíritus y Trinidad, y solo implicaron a grupos de personas, neutralizadas por las fuerzas revolucionarias. Aquí no hubo lesionados ni centros estatales vandalizados; pero sí se vulneró la ley, aclara la fiscal María Esmeralda Pérez Pérez, jefa del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía Provincial.

Conocedora a fondo de la Carta Magna, aprobada por la mayoría de los electores cubanos el 24 de febrero del 2019, Pérez Pérez trae a colación el artículo 45 más de una vez. Es necesario que se comprenda que el ejercicio de los derechos de las personas sí tiene límites; está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes, amplía la funcionaria.

Las imágenes circuladas por las redes sociales, algunas transmitidas por la Televisión prueban que no fueron manifestaciones pacíficas —plantea la fiscal—; hubo mucha violencia, que por unas horas acabó con la tranquilidad de este país. Se irrespetó el orden público, se afectó la seguridad colectiva.

No puede olvidarse —argumenta— que muchos de los manifestantes pedían una intervención humanitaria de Estados Unidos, y sabemos cuáles son sus consecuencias porque hemos visto qué ha pasado en otros países.

La jefa del Departamento de Procesos Penales asegura que, con la aplicación de la ley, no se está atacando la libertad de pensamiento, de conciencia y ni de expresión de las personas, reconocida en el Artículo 54 de la Constitución, ni los derechos de reunión, manifestación y asociación, consignados en el Artículo 56.

“No se trata de que las personas digan: no estoy a favor del Gobierno; sino de que lo que hicieron afectó la colectividad, transgredió las normas de convivencia social, condujo a una situación de inseguridad. Que la persona tenga un pensamiento diferente no le da el derecho a evadir las leyes y perjudicar la seguridad colectiva; se puede manifestar, siempre que se haga con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley, lo cual no ocurrió así”, expone.

En opinión de la funcionaria, la vía de reclamación empleada perturbó la tranquilidad de los ciudadanos. Añade que la Ley de leyes reconoce que las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas.

Alude a un elemento novedoso de la Carta Magna: la persona tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener la correspondiente reparación o indemnización, cuando se le hayan vulnerado los consagrados en la Constitución.

Como es distintivo en el actuar de la Fiscalía, a raíz de los disturbios del 11 de julio, este órgano considera la individualización de la responsabilidad y participación en los hechos. De ahí que a unas personas se les haya aplicado la ley administrativa y otras serán procesadas penalmente. “Se llevará a los tribunales a los promotores, a los responsables, a las personas que instigaron a delinquir…”, anuncia.

Varios ciudadanos tendrán que pagar una multa de 3 000 pesos a tenor del Decreto No. 31, del Consejo de Ministros, por violar las disposiciones higiénico-sanitarias aprobadas para prevenir y controlar la actual situación epidemiológica, incluido el horario de circulación de las personas, fijado por el Grupo Temporal de Trabajo de la provincia con miras a contener la expansión del coronavirus.

Entre los supuestos delitos cometidos por quienes serán enjuiciados en Sancti Spíritus podrían mencionarse —según la fiscal— el de propagación de epidemia, desorden público, desacato e instigación a delinquir. En estos momentos los ciudadanos están siendo instruidos de cargo, se toman declaraciones a los testigos; se aplicarán medidas cautelares a algunos de ellos que ahora están a disposición del proceso de instrucción penal. “No habrá impunidad. El pueblo debe tener confianza en nuestros órganos jurídicos; la Fiscalía tiene un mandato constitucional que cumplirá. El tribunal dictará sentencia en correspondencia con un juicio justo, con apego al debido proceso. Se aplicarán las leyes en correspondencia con todas las garantías ciudadanas”, concluye.          

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