HAVANA CLIMA

derechos políticos

Enajenación política

La política no implica todo el espectro ético de los seres humanos, pero con el devenir del tiempo y la especialización de las formas de organización social ha ido ganando una gravitación amplia y determinante en nuestra existencia. Nadie escapa a sus vicisitudes, designios, torpezas o dividendos.
Si bien numerosas personas, sobre todo en el propósito de no crearse aprietos que, en ocasiones pueden ser riesgosos, señalan que no les importa o «no se meten» en política, sin embargo no pueden escapar de ella e incluso la ejercen por defecto, pues ella deriva regulaciones y prácticas que influyen en gran medida sobre la actuación cotidiana de dichos seres. Si no vas a la política, ella de todos modos vendrá hacia ti.
Un ejemplo elemental: en este momento escribo estas líneas con buena disposición e ideas precisas, pero supongamos que inesperadamente me cortan la electricidad. Esto no solo implicaría que me cercenan lo que tenía en mente hacer, que por disgusto se desestructure mi pensamiento sobre el asunto y que pierda un importante tramo de mi tiempo, sino que mi estado de ánimo se irrite. Mi disposición psíquica se ha alterado negativamente producto de una acción dirigida por cierta norma política. Justificada o no.
Además, el propio hecho de resolver no «meterse» en política es una postura de tal índole por rechazo, sobreentendiéndose que al sujeto no le interesa cómo es administrada la sociedad en su entorno. Ya Aristóteles afirmaba que el ser humano era un zoon politikon, pues si bien vivía en colectividad como los animales (zoon), tenía la facultad y disposición para organizar provechosamente esa vida compartida (politikon). Podía construir un espacio común ordenado: la ciudad, donde los individuos: ciudadanos, llegaban a cohabitar sin antagonismos insuperables pues los regía la civilidad, o sea, la política.
De aquí que se haga necesaria no solo nuestra educación en esa esfera, sino nuestra más consciente determinación de participar crítica y activamente en su dimensión vital, que establece y orienta una significativa porción de nuestra existencia.
No obstante, con el tiempo, la política se ha ido profesionalizando cada vez más y ha hecho surgir una nueva categoría profesional: el político de carrera. En sus inicios, la política —forma derivada del latín politicus que lo adquirió de la palabra griega para «civil»— se refería al modo en que el conjunto de ciudadanos de un país interactuaba para decidir acuerdos y proyectos sobre cómo organizar su vida civil del modo más eficaz y beneficioso.
Aristóteles afirmaba que el ser humano era un zoon politikon.
Si bien en teoría su resultado debería en toda ocasión implicar una acción provechosa a todos; producto de las complejidades del ser humano, así como de las inevitables diferencias en los modos de percibir y proyectar la forma y el contenido de la existencia entre unos y otros, no siempre una decisión será universalmente bien acogida. Es por ello que para lograr una coexistencia política favorable sea imprescindible un elemento esencial: el consenso, esto es, hallar el compromiso que menos perjudique a los individuos para realizar exitosamente alguna aspiración.
De esta creciente separación y especialización de la actividad política, desde la construcción colectiva de los ciudadanos a la proyección y decretación de acciones por un cierto grupo «representativo», ha surgido una creciente enajenación de la acción política entre dirigentes y dirigidos. Esto es, ha pasado el control de la organización de nuestras vidas de manos de los propios ciudadanos al desempeño de un número reducido de funcionarios.
Estos últimos, por el propio hecho de centrarse en observar la sociedad en perspectiva general; en conocer mediante disímiles mediaciones las preocupaciones, dilemas y aspiraciones de sus súbditos; en pensar cómo diseñar acciones para organizar, estimular, sustentar, preservar y encaminar las existencias de estos; se convierten en una suerte de sector supra-común de individuos. De modo que, gradualmente, el ámbito donde actúan se distancia del mundo exacto y complejo en que viven los ciudadanos.
A esto hay que añadir que un dirigente se guía por cierta plataforma ideológica que responde a los intereses del grupo o partido al que representa. Se sabe que la ideología es una formulación más o menos constante de determinados juicios que se consideran necesarios y decisivos para la consecución de ciertos fines.
Como la misma se concibe como una suerte de fin ideal deseable para alcanzar la redención humana, no es difícil entender que la visión ideológica en el curso de una práctica prolongada llega a sustituir el conocimiento de la realidad concreta común. Esto se hace más factible si no hay una intervención directa, sistemática y crítica de los implicados, sobre todo desde diferentes posiciones de discernimiento, en su evaluación y actualización,  
Si bien el concepto realidad virtual es de uso bastante reciente, impuesto  por el desarrollo de la información digital, su existencia es tan vieja como el ser humano, pues desde siempre la mente humana ha creado un ámbito donde lo pensado y ansiado se da por hecho. Es algo muy evidente en la ideología, pues la misma es un constructo ideal a partir de principios, juicios, conceptos y generalizaciones que se conciben, no como aspiración, sino como posibilidad concreta.
De ahí que toda ideología cristalice en utopía, espacio inexistente pero expresado como realidad palpable. Es una de las razones por las cuales los políticos, incluso a su pesar, se distancian cada vez más de su base social, pues mientras los sujetos tienen que enfrentar cada día la ardua existencia y gestionar su mejor desempeño en ella, los dirigentes, convencidos de la infalibilidad y progresismo de sus preceptos ideológicos, que los han llevado al puesto que ocupan, se atrincheran con mayor determinación en ellos como única manera de solventar la existencia.
El escritor rumano Norman Manea hablara de «felicidad obligatoria» bajo el régimen de Ceaucescu, pues en una sociedad así, todos están obligados a ser felices según los supuestos de la ideología en el poder. (Foto: Hooland)
Es algo palpable en el modo en que manejan actos como el diálogo o las respuestas a sus subordinados. Tales acciones no se conciben específicamente como un intercambio donde cada parte expone sus asuntos y una y otra ceden en ciertos elementos, hasta construir una base de aceptación que permita avanzar a una solución más admisible y benéfica para todos.
Por lo general, para los funcionarios dialogar quiere decir acercarse a los que tienen otros pensamientos y exponerles cómo deben entender lo que no entienden y qué causas motivan que las cosas sean como son, a pesar de que los receptores de estas exposiciones no les vean lógica o beneficio, porque no puede ser de otro modo a menos que se traicionen los presupuestos que guían el honor del sistema elegido.
Por eso es frecuente la orientación, consistentemente expuesta por los diversos medios, de la necesidad de explicar al pueblo, educarlo, hacerlo entender, convencerlo… Es como si la colectividad humana que ellos dirigen estuviera conformada por sujetos mal informados, de escaso desarrollo mental y poca capacidad reflexiva para entender sus propios asuntos.
Los líderes, sobre todo los que creen encarnar los designios de sus pueblos, consideran que su pensamiento resume y expresa el de los demás, su forma de proyectar la vida implica la de los otros, y su concepción de la felicidad es la que beneficia a todos. De aquí que el escritor rumano Norman Manea hablara de «felicidad obligatoria» bajo el régimen de Ceaucescu, pues en una sociedad así, todos están obligados a ser felices según los supuestos de la ideología en el poder.
En tal estado de determinación vertical: de arriba hacia abajo, nunca el flujo de conocimiento se verifica en sentido contrario: del pueblo hacia los dirigentes. Lo que sube desde la base social es contestado y reformulado según la perspectiva oficial para que los emisores comprendan y acepten debidamente el por qué las cosas son como son y no como ellos las piensan.
Incluso en el caso de funcionarios de mejor voluntad se observa esa convicción que los hace creer que ellos sintonizan y expresan el interés popular. Llegan a considerar que por su visión más informada y panorámica, por su permanente intercambio con «representantes» de la población, por su constante empeño en trabajar en la dirección de los asuntos públicos; se hallan en mejor disposición para saber lo que desea el pueblo y, por ende, ese mismo pueblo debe aceptar consecuentemente lo que se les indica.
Se entiende que nadie como ese mediador del pensar y el sentir general puede exponer mejor los intereses y preocupaciones generales ni disponer mejor su realización. Esto llega hasta a la delimitación de ciertos conceptos para imprimirles el sesgo personal del líder. Así, libertad, desarrollo, felicidad, etc., vienen a ser lo que el líder entiende por cada uno de ellos, y entonces la sociedad se debe ajustar a los mismos.
Un elemento principal para extender esta perspectiva de concepción infalible y verdadera de lo que se expresa por el grupo de poder, es el apoyo en los medios. Estos, comúnmente asociados al grupo gobernante, no solo se encargan de difundir los juicios e ideas de los que dirigen, sino que realizan profusas campañas para fundamentar y justificar «teóricamente» lo que se concibe oficialmente. De modo que el individuo tendrá que vivir en una perpetua confrontación entre lo que padece y lo que le exponen.
Los medios trabajan desde la perspectiva de una visión orientada en conseguir una sublimación de la realidad. (Foto: History, Culture and Legacy of the People of Cuba)
No pocas veces tal dicotomía lo lleva a dudar de sus propias ideas y a asumir superficialmente lo que se le informa. Los medios trabajan desde la perspectiva de una visión orientada en conseguir una sublimación de la realidad, para razonarla y exponerla de modo que coincida con la fundamentación oficial.
Súmese a esto que los políticos viven en condiciones que distan de ser semejantes a las de sus súbditos. Cuentan con mejores condiciones de vida, con determinados beneficios resultantes de su posición, sin sufrir el necesario tráfago para resolver la subsistencia cotidiana, en un mundo de relaciones con individuos que propugnan similares conceptos e ideología, moviéndose de una reunión a otra donde se habla un lenguaje común y se toman decisiones sin mayores confrontaciones ni refriegas.
Incluso acercándose al medio que dirigen mediante visitas sorpresivas a lugares donde se han adoptado las medidas pertinentes para que el resultado sea el esperado, y poniéndose en contacto con una porción de la población debidamente orientada de sus deberes. Todo esto coadyuva a que no haya confrontación entre lo que estos políticos creen que es y lo que manifiestamente ven.  
De aquí lo inadecuado, para el mejor desempeño y progreso de un país, de eternizar en su puesto a algún cuadro, pues con el paso del tiempo no solo se fosiliza en sus creencias y juicios, sino que se hace más distante la relación realidad objetiva-realidad ideológica. De este modo, por lo general, gradualmente los políticos pierden la percepción real del ámbito de los sujetos que dirigen, pues se encasillan en el mundo de sus ideas, perspectivas e intereses y tienden a ver lo que creen, como lo que es; y lo que resulta distinto es entendido como una anomalía de aquello que creen.
Es así como la política se enajena de la realidad y, a la vez, como los subordinados no perciben una debida correspondencia entre lo expuesto y lo que viven, la realidad se enajena de la política, constituyéndose un mundo ambiguo e ilusorio.
Con el fin de que la política no derive en enajenación y cumpla mejor su función de procedimiento eficaz para organizar la vida de los ciudadanos, es necesario que se dinamice y actualice lo más objetivamente posible mediante el constante diálogo ciudadano.
Para ello, es necesario que se den posibilidades de participación efectiva en la adopción de acuerdos y compromisos a la mayoría de los ciudadanos. Que se estimule el pensamiento crítico así como la crítica bien intencionada y fundamentada. Que se acepte el disenso cívico y la mayor diversidad de pensamiento y análisis sin prejuicios ni rechazos. Que se permita el desarrollo de una sociedad civil auténtica y espontánea, sin compromisos únicos con el sistema político en ejercicio.
Que se viabilice el desarrollo de medios de comunicación alternativos que permitan el más amplio horizonte de información y análisis para una colaboración más plena y consciente de los ciudadanos en los asuntos de la polis.

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¡Libertad!

En algún sitio de la gran biblioteca que albergue la historia de estos tiempos, seguramente habrá un estante reservado a las rarezas cubanas. Puedo imaginar el asombro del investigador del futuro que se tropiece con los tuits de quien sin ser la Primera Dama asiste a recepciones de Estado y se le estropaja el corazón con apagones que no sufre; o con la canción del rapero que paralizaría Cuba —sin el más remoto éxito— con su deseo de compartir bendiciones con sus panas y andar en un lamborghini por Varadero.
Me parece ver su rostro estupefacto cuando se cruce con la noticia de que un promedio de 100 mm de lluvia en un día provocaron alrededor de 150 derrumbes en La Habana e inundaciones en muchas zonas —¿cómo resolverán el problema los habitantes de Mawsynram, en la India?—;  asimismo, le será difícil digerir que un senador de la Florida vea, con la preocupación de un gato agazapado, que en la administración Biden haya personas que podrían querer, nada más y nada menos, que suavizar las medidas de aquel país contra el de sus padres.
Intuyo, sin embargo, que probablemente no se genere demasiada sorpresa en él cuando se tope con la imagen del concierto del trovador Carlos Varela, algunas de cuyas canciones fueron coreadas por enardecidos gritos de «¡Libertad!». ¿Qué propiciaría que el incidente fuera una noticia? ¿Cuál es la razón para que de un lado y otro se le dedicara tanta atención? ¿Por qué libertad se clamó a gritos aquella noche?
A lo largo de los siglos, cada generación de cubanos ha luchado por una libertad diferente. Cuando en 1959 triunfó la Revolución, el 92.9% de los habitantes había nacido durante la República, por tanto, sus luchas no eran contra un sistema esclavista y colonial, como fueron las de sus padres y abuelos del siglo XIX.
Para aquellas personas, el referente de opresión del que ansiaban liberarse era un régimen inconstitucional y asesino, que tenía sumidos a muchos en la pobreza y entregada una buena parte de la riqueza nacional al capital extranjero. Las botas de los militares golpistas del 10 de marzo debieron ser barridas, como lo habían sido las de la última generación de mambises políticos gracias a la Revolución del Treinta.
La generación que se congregó en las calles para vitorear a la Caravana de la Libertad —el nombre no es casual ni inmerecido—, estaba tan feliz por lo conquistado y segura de que sus anhelos se materializarían en un tiempo cercano o medio, que llenó de hijos las casas de Cuba. Así, para 1970 el 27.6% de la población tenía nueve años o menos (hoy en ese grupo está apenas el 10.2%). Aquel Baby Boom fue una demostración de confianza, como las oleadas migratorias posteriores lo han sido de decepción.
¿Por qué libertad se clamó a gritos aquella noche? (Foto: Facebook / Carlos Varela)
Del mismo modo que para los cubanos del 59, los días oscuros de la esclavitud y la Reconcentración de Weyler eran historias lejanas y trascendidas, lo son el capitalismo republicano y la dictadura de Batista para el 83.5% de los actuales, nacidos durante la Revolución. De esos, el público en el concierto de Varela estaba compuesto en su mayoría por el 40.4% que ha conocido únicamente al Período Especial, pues llegó al mundo después de 1990. Entonces, ¿por qué libertad clamaron esas personas, nacidas en un socialismo supuestamente emancipador? ¿Cuáles son sus referentes de opresión?
Hace algunos días ví los instantes finales de la transmisión en que la activista Sahily González —con cuyas opiniones políticas no estoy familiarizado, pero que son tan legítimas como las de cualquier militante de la UJC, la Asociación Católica o el Partido Verde—, era parcialmente ahorcada por el más inepto de los agentes de la Seguridad del Estado. Al percibirlo con tanta nitidez, recordé la escena del Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, en que la esposa del oftalmólogo le dice al matón que nunca olvidaría su cara. Varias páginas después lo asesinó de un tijeretazo.
El hombre creado por el escritor portugués —física y moralmente ciego—, es la representación del opresor; ella, que decide matarlo aun cuando con eso trasgrede sus más asentados límites, lo hace compulsada por la necesidad de sobrevivir en libertad pese al caos que la circundaba. «Donde hay poder, hay resistencia», dice Foucault.   
Lo sucedido a la activista González es un botón de muestra. Dado que por obvio no requiere un análisis ético, cabe preguntarse desde el pragmatismo político: ¿sirve para algo? ¿Cuál es la relación costo/beneficio en acciones como esa? La represión violenta, las persecuciones, la prisión, los despidos laborales, el acoso o los linchamientos mediáticos; funcionan tan bien a largo plazo como el alcantarillado habanero con 100 mm de lluvia. La historia de Cuba tiene ejemplos sobrados que lo ilustran.
La libertad es tan intrínsecamente humana que quienes la reprimen han debido despojar primero a sus víctimas de cualquier atisbo de humanidad. Bárbaros, negros, rebeldes, gusanos, mercenarios, comunistas, maricones, ciberclarias, son algunas de las herramientas del idioma utilizadas para tal fin. La palabra es la mano que moldea el barro del pensamiento, y del mismo modo que forja la empatía en las relaciones sociales, también puede malograrla hasta el fratricidio.
Sentenciaba Rosa Luxemburgo, con el acierto de una profetisa, que «la libertad sólo para los partidarios del gobierno, sólo para los miembros de un partido, por muy numerosos que sean, no es libertad en absoluto». Sin embargo, como condición inherente a los hombres, la libertad encontrará su sitio natural a cualquier precio, como río que recupera el cauce pese a la urbanización.
Los jóvenes congregados alrededor de Carlos Varela clamaban por el derecho a gritar «¡Libertad!» sin que ello constituya un acto subversivo o noticioso, y menos en un país constitucionalmente socialista, puesto que socialismo debiera ser libertad en todas sus dimensiones. Recuperar los sueños que unieron a nuestros abuelos en torno al proyecto de aquella caravana, hace más de sesenta años, no es trabajo ajeno sino de cada ciudadano. Unos pocos no pueden ser usufructuarios de lo que es de todos, pues, como dice el poeta, «la libertad nació sin dueño».

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Perspectivas en torno a la protección de los derechos constitucionales en Cuba

¿Estado de derecho socialista?
El texto constitucional de 2019 es uno de los más sui generis en la historia constitucional cubana. Combina instituciones heredadas del Estado Socialista consagrado en la Constitución de 1976, con instituciones de un Estado de Derecho; incluso, de acuerdo a su artículo 1, Cuba es un «Estado socialista de derecho».
La Organización de Naciones Unidas define el concepto Estado de Derecho como «un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos» (Resolución S/2004/616).
En otras palabras, se trata de un Estado donde rige el imperio de la ley. Supone por tanto el reconocimiento de los derechos fundamentales, pero a su vez, la existencia de mecanismos que hagan efectiva su protección.
La Constitución de 2019 reconoce prácticamente la totalidad de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual fue un gran acierto. Pero por otro lado, en su artículo 5 establece que la dirección de la sociedad y del Estado está determinada por un órgano supra estatal y supra constitucional: el Partido Comunista de Cuba (PCC) (único).
Es decir, una organización política de ideología única es la fuerza fundamental que determina y rectorea todos los procesos dentro de la sociedad cubana. ¿Cómo puede ser esto posible? El artículo 1 declara el imperio de la Ley, mientras que el artículo 5 declara el imperio del Partido Único.
De facto, tal situación ha generado una contradicción interpretativa del texto constitucional: de una parte, la ciudadanía busca reivindicar el amparo del ejercicio de los derechos consitucionalmente reconocidos; mientras, otra interpretación pondera los derechos en función del imperio del Partido Único. En la práctica, dicha contradicción se ha saldado en beneficio del Partido y no de los derechos. La razón reside en que no existen mecanismos de control social o jurídico por encima de las decisiones e influencias del PCC.
Según la narrativa estatal y gubernamental, amparada en el artículo 4, la protección del modelo de Partido Único es la prioridad del sistema, que considera como una amenaza para la seguridad nacional cualquier ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos que cuestione su diseño.
(Foto: laicismo.org)
Las constantes violaciones de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, asociación y reunión en todas las sedes y escenarios posibles, ha hecho patente la ausencia de voluntad política para proteger los mismos. La reciente promulgación del nuevo Código Penal entraña tipos delictivos cuyo objetivo es la penalización del «abuso» en el ejercicio de los derechos constitucionales.
Así lo estipula textualmente el nuevo texto penal en su artículo 120.1, que sanciona de cuatro a diez años de privación de libertad al que «ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República y ponga en peligro el orden constiucional del Estado y el Gobierno cubano».
Además, el código insiste en la permanencia de tipos delictivos cuya finalidad es la penalización del ejercicio de derechos fundamentales. Cualquier jurista decente entiende que el ejercicio de derechos fundamentales no puede estar supeditado a la autorización por parte del poder, de lo contrario no se trata en buena lid de «derechos» sino más bien de «permisos».
En definitiva, el subtexto tras el nuevo Código Penal es que los derechos reconocidos en la Constitución solo son válidos en tanto no se opongan al imperio del Partido Comunista y del Estado. Y un Estado que considere como una amenaza el ejercicio de los derechos fundamentales, no es un Estado de Derecho.
Alcance real de una Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales
No obstante, también en la pasada sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular se anunció la próxima aprobación de una Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales. La promulgación de esta normativa daría cumplimiento al artículo 99 de la Constitución que establece:

«La persona a la que se le vulneren los derechos consagrados en esta Constitución y, como consecuencia sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, así como por particulares o por entes no estatales, tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización».

El mandato constitucional contenido en la Disposición Transitoria Décimosegunda, establecía un plazo de dieciocho meses para que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobase las modificaciones legislativas encaminadas a hacer efectivo lo previsto en el artículo 99; sin embargo, la aprobación de ese proyecto de ley ha tardado mucho más de lo previsto. Y no ha sido por falta de oportunidad.
Más interés han suscitado las leyes que restringen el ejercicio de los derechos de libertad de expresión —como el Decreto Ley 370, el Decreto Ley 35— y finalmente el nuevo Código Penal.

#Cuba sigue el firme propósito de fortalecer su condición de Estado socialista de derecho. Este domingo fue histórico con la aprobación de la Ley del Código Penal, la Ley de Ejecución Penal y la Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales. #CubaLegisla pic.twitter.com/cOgor6FXhK
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 16, 2022

No existe en la Constitución de 1976 precedente de una protección directa a los derechos. El último precedente fue la Constitución de 1940, que establecía en su artículo 182 las funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, el cual sería una sala especial del Tribunal Supremo.
El proyecto de Ley de la Asamblea Nacional del Poder Popular, establece una jurísdicción especializada en el amparo de los derechos constitucionales, con un proceso «expedito» y «preferente» para su protección. Estipula en su artículo 5 que «corresponde a los tribunales de esta jurisdicción conocer de las demandas que se establezcan por la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución de la República, que no tengan una vía de defensa propia en procesos judiciales de otra materia; salvo que, por la trascendencia jurídico-social de la vulneración alegada, requiera de una actuación urgente y preferente».
Sin embargo, a diferencia de la Constitución del 40, quedan excluidos de esta jurisdicción «las reclamaciones por inconformidad con las decisiones judiciales adoptadas en otras materias; la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y otros actos normativos; las reclamaciones relativas a la defensa y la seguridad nacional, y las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastre para salvaguardar la independencia, la paz y la seguridad del país».
La determinación de la constitucionalidad de las leyes continúa siendo función de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tal y como establece la Constitución de 2019. Para que la Ley introdujera modificaciones en este aspecto, debiera ser modificado con antelación el texto Constitucional.
También excluye de su conocimiento las reclamaciones relativas a la «defensa y la seguridad nacional», y en esto es preciso hacer hincapié. Los asuntos de la Defensa y la Seguridad Nacional son rectorados directamente por el Ministerio de las Fuerzas Armadas y por el Ministerio del Interior respectivamente; por ende, la propia ley está limitada en el conocimiento de las materias que entren dentro del control de esos organismos.
En otras palabras, el trabajo de órganos como la Contrainteligencia Militar y el Departamento de la Seguridad del Estado no pueden ser perseguidos en sede judicial, aun si implican una vulneración de los derechos constitucionalmente establecidos.
En materia administrativa existe la misma exclusión, en tanto la Ley 142 del Proceso Administrativo establece en su artículo 8, inciso b) que se excluyen de la jurisdicción en materia administrativa las cuestiones «de índole militar, la defensa nacional, la seguridad del Estado y las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastres para salvaguardar los intereses generales».
Es decir, que el accionar de los órganos de la Seguridad del Estado (principales responsables de constantes violaciones de derechos fundamentales), la policía y los militares no pueden ser suceptibles de impugnación ni en sede administrativa, ni en sede constitucional.

En la práctica, los tribunales han permanecido siendo órganos comprometidos con las directrices del Partido y sus órganos represivos. Decenas de Hábeas Corpus son presentados todos los años ante los tribunales sin que sean admitidos o dados a lugar. Todos los años se cometen violaciones por parte de las autoridades que podrían ser punibles por el Código Penal, pero las denuncias son archivadas o desestimadas. Todos los años, tanto fiscalía como tribunales privan de libertad a personas por el ejercicio de sus derechos constitucionalmente reconocidos.
A los efectos, si el imperio del Partido Único y el funcionamiento de los cuerpos represivos no es controlable, o siquiera objetable, y tanto las leyes como el actuar de los funcionarios está blindado por un excesivo sistema de restricciones, contravenciones y sanciones penales ¿Qué amparo podrá brindar en la práctica la nueva Ley de Amparo?
Mientras el ejercicio de las libertades elementales de las personas permanezca siendo contenido de delitos o perseguido por motivos ideológicos, la protección judicial de los derechos constitucionales seguirá teniendo el mismo alcance que ha tenido el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación reconocidos en los artículos 54 y 56 del texto constitucional de 2019: presentes de iure, inexistentes de facto.

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Derechos humanos: conmemorar o festejar un aniversario

No es lo mismo conmemorar que celebrar o festejar. El gobierno cubano conmemora a veces lo que debía celebrar y festeja lo que hoy solo merece conmemorar. Es el caso del Día Internacional de los Derechos Humanos, por la aprobación, el 10 de diciembre de 1948, de la Declaración Universal.
En realidad el tema estuvo ausente de la agenda doméstica durante décadas, de ahí que gran parte de la población cubana no lo dominara, ni siquiera a través del sistema educativo, mucho menos de los medios oficiales. Formó parte de la agenda exterior, donde se construyó una imagen triunfalista, disociada en parte de la realidad interna.
Durante los últimos años el gobierno modificó tal rutina de silencio interno y convirtió la fecha en celebración. Se apoya en la propaganda a través de los medios, sus instituciones y la red de organizaciones sociales, políticas y de masas que al subordinársele son legales. 
No hay dudas de que se trata de uno de las más importantes conquistas de la humanidad. La Revolución cubana, al triunfar, respondió a demandas de las mayorías que reivindicaban derechos conculcados por la tiranía de Fulgencio Batista, de ahí su inicial carácter liberador. Con lo que esas mayorías no contaban era con el costo que habrían de pagar en materia de derechos fundamentales. Tampoco con el rédito político que dejaría aquel impulso emancipador a los gobiernos sucesivos hasta hoy, cuando en su nombre se violentan con impunidad.  
El gobierno cubano conmemora a veces lo que debía celebrar y festeja lo que hoy solo merece conmemorar. (Fotos: Abel Rojas Barallobre)
  -I-
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada sin votos en contra (Res. 217), fue expresión del mejor espíritu de la época. Surgió en un contexto convulso y contradictorio: salida de la Segunda Guerra Mundial, fundación de la ONU, reconfiguración de las esferas de influencia de las grandes potencias y diseño de la Guerra Fría, que signaría la política internacional durante décadas.
Cuba, miembro fundador de la ONU, tuvo una presencia y actuación sobresalientes en ese proceso. Ocurrió bajo el gobierno de Ramón Grau San Martín, que del reformismo y el nacionalismo —que lo hizo confrontar los dictados de Washington en varias ocasiones— fue derivando a estado de corrupción escandaloso, con un ascenso de la violencia política, la represión y el gansterismo a su servicio, inspirados en el ideal anticomunista liderado por los EE.UU.
Aun cuando el marco de relaciones de Cuba con otros países estaba limitado a América, Europa y algunas naciones de Asia, su cuerpo diplomático se había profesionalizado y contaba con figuras reconocidas dentro y fuera de la Isla y con experiencia en la diplomacia multilateral, como Cosme de la Torriente (1872-1956) y Ernesto Dihigo y López-Trigo (1896-1991).
Este último sirvió en la comisión que elaboró la Declaración Universal entre 1946 y 1948. Su proyecto fue uno de los primeros considerados cuando la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la ONU comenzó a sesionar en 1946. También promovió que la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptara su propia Declaración y estableciera el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos.
La Declaración fue y es trascendental por los valores que consagró y porque se ha ido complementando e influyendo en el desarrollo jurídico, social y político, tanto a niveles nacionales como internacionalmente, de ahí que sea el documento más traducido en la historia. De ella derivó la Carta Internacional de Derechos Humanos, que la incluye junto con los pactos de derechos económicos, sociales y culturales y el de derechos cívicos y políticos, que entraron en vigor en 1976. Cuenta con tratados vinculantes e instrumentos para temas específicos.
En la Edición ilustrada del 2015, el entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, enfatizó en su pertinencia por el hecho de que consagra de modo claro «los derechos y las libertades a los que todo ser humano puede aspirar de manera inalienable y en condiciones de igualdad». También apuntó: «Ha pasado a ser la referencia para medir lo que está bien y lo que está mal (…) No son una recompensa por un buen comportamiento. No son específicos de un país concreto (…). Son los derechos inalienables de todas las personas, en todo momento y en todo lugar (…)».
Al establecer o consagrar derechos y libertades a todos los seres humanos y continuar actualizándose, propició que el tema adquiriera visibilidad. En la región latinoamericana se incluyó en la agenda política en la segunda mitad del siglo XX, período en que se sucedieron varias dictaduras.
Ernesto Dihigo y López-Trigo (1896-1991)
Cuba más bien se vio obligada a incorporar el tema a su discurso externo cuando comenzó a ser interpelada. El nacionalismo y la presencia de un enemigo externo —fuera el comunismo o los EE.UU.—, sirvió, y todavía se utiliza, para violentar derechos y pretender la aceptación de tal sistema de dominación por las mayorías. 
El tema siempre concita debates en torno a su aplicación, fiscalización, enunciación y enfoque; que pueden ser: historicista, jerárquico o, como es frecuente, de acuerdo a las Tres Generaciones de derechos, que combina mejor todas las perspectivas para su protección.
Los de primera generación son los más antiguos y emanan del legado de la Revolución francesa. Comprenden los derechos civiles y políticos de todas las personas en cualquier modelo social. Al Estado corresponde respetarlos y al individuo reclamarlos. Incluye derechos y libertades fundamentales y derechos de ese tipo, entre ellos: circulación y residencia, asociación y reunión, igualdad ante la ley, participación en el gobierno, no ser detenido arbitrariamente, preso ni desterrado, presunción de inocencia, etc.
Los de segunda generación son los colectivos: económicos, sociales y culturales, que amplían las responsabilidades del Estado para elevar la calidad de vida de las personas que son titulares de tales derechos. Se contemplan al respecto: el derecho a salario justo, al trabajo, libertad de sindicalización, a disfrutar y formar parte de la vida cultural del país, salud, educación, etc. 
Los de tercera generación surgen como respuesta a la necesidad de colaboración entre naciones. Son proclamados como derechos de los pueblos y engloban aspiraciones y acciones en relación con la paz, el desarrollo y el medioambiente: autodeterminación, cooperación internacional y regional, paz, coexistencia pacífica, independencia económica y política, medioambiente, al patrimonio común de la humanidad, a la identidad nacional y cultural, y otros.
El gobierno cubano muestra en sus discursos una visión amplia, pero en realidad asume los del tercer grupo y parte de los segundos con reservas. Pone énfasis allí donde tiene más holgura y facilidad para el triunfalismo.
Firma pactos en la materia, incluida la Convención contra la tortura, como abordé en un texto anterior, pero no ratifica o suscribe aquellos que lo obligarían a aceptar mecanismos de verificaciones imparciales o independientes. Más allá de las simulaciones del presidente y el Canciller, están las medias verdades y sobre todo las omisiones, fórmula que en términos de manipulación política ha dado muchos frutos a través de la historia.
Es cierto que los derechos son interdependientes y universales, que no son una receta perfecta; es verdad igualmente que no todos los cumplen y que no debería existir un trato selectivo. También que el país obtuvo logros en materia social y cultural principalmente. Es real que el bloqueo afecta la realización plena de ciertos derechos económicos y sociales porque la ciudadanía tiene una altísima dependencia del Partido/Estado/Gobierno. Pero esa no es siquiera la mínima parte del problema.  
-II-
Hace dos años, en esta fecha, la agencia EFE describió los festejos en el país por el Día de los Derechos humanos, organizados en medio de críticas por la represión.
En un tuit del 2020, el presidente aseguró que «la obra de la Revolución es la principal garantía para los derechos humanos», y el canciller afirmó que Cuba «continuará defendiendo la necesidad de preservar los principios de objetividad, no selectividad y universalidad al abordar los DDHH y de privilegiar la cooperación internacional y el diálogo respetuoso».

La obra de la Revolución es la principal garantía para los derechos humanos en Cuba #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/Jjga9biHLR Via @Granma_Digital
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 10, 2020

De cara a la conmemoración de hoy, el Estado carga con violaciones cometidas contra artistas, intelectuales y ciudadanos en general, tras la ola represiva iniciada desde el estallido social del 11-J. Una buena noticia en esta fecha sería la aprobación por el Parlamento de leyes urgentes y de interés para la ciudadanía, como las del derecho de reunión y manifestación y la de reclamación de derechos constitucionales.
Ambas quedaron pendientes desde el año pasado en el calendario legislativo, y la segunda se reubicó para este diciembre pero tampoco será respetado el plazo. Como en otros temas que atañen a derechos fundamentales, se dilatan a conveniencia del poder. Sin embargo, ya se anunció la próxima aprobación de normativas referidas a los tribunales militares o al ordenamiento territorial, por ejemplo.
No se puede celebrar la fecha cuando no solo se violentan derechos cívicos y políticos, sino también económicos y sociales. Tampoco cuando durante los últimos doce meses —según Informe de Prisoners Defenders del pasado 7 de diciembre—, han formado parte de la lista 805 prisioneros políticos en Cuba. Y no es lo único.
Tolerar las violaciones de derechos humanos bajo cualquier pretexto del gobierno, no hace más que amparar la impunidad y empeorar el problema. Invito a verificarlo releyendo un análisis de la Dra. Alina López publicado en diciembre de 2019, y contrastándolo desde el prisma actual, incluidos los comentarios de entonces.
La política exterior debería corresponder con los valores que se defienden en la agenda interna. Pero no siempre es así. Políticas muy condenables en el plano doméstico conviven con posturas externas que pueden pasar incluso por altruistas. Así ocurrió cuando el gobierno de Grau San Martín que firmó la Declaración y así ocurre hoy. La política exterior sirve para proteger la imagen del gobierno actual, que irrespeta los derechos humanos de su ciudadanía con impunidad.
Se trata de un gobierno que ocupa nuevamente un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y cuyas organizaciones, llamadas «sociedad civil socialista», como los CDR y la FMC son usadas para reprimir. Así como esta última no debería tener estatus consultivo en Naciones Unidas en calidad de ONG, ni ser beneficiaria de mecanismos de cooperación internacional; tampoco el gobierno debería continuar con mandato hasta el 2023 en el Consejo de Derechos Humanos.
El problema de Cuba no es de izquierda, derecha o centro, políticamente hablando. Es de derechos humanos, de humanidad y decencia. No es para celebrar sino para llamar la atención de los cubanos y del mundo ante la indefensión que padecen los ciudadanos en la Isla. Es una vergüenza nacional ante la cual «todo espectador —al decir de Franz Fanon—, es un cobarde o un traidor». 
Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com

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Aunque tenga que practicarse la libertad

Desde el año 1959 nunca antes se había mentido en Cuba por tantos y por tan diversas cuestiones. Se ha hecho desde el gobierno, desde las instituciones, desde la prensa; y se ha hecho con tal frecuencia, impunidad y solapamiento, y cabe precisar tan burdamente, que ya ni siquiera extraña se haga, o quién lo hace, o sobre qué se hace, o por qué. Estas cuatro variaciones de la recepción de un mismo hecho, son significativas desde todo punto de vista porque expresan un vacío.
Mentir, sin embargo, en cualquiera de las formas en que se haga, es solo un atajo hacia la ilusión de cambiar la realidad, u ocultarla, no de transformarla. En política, tal cosa es un despropósito que lidia siempre afanosamente contra las percepciones de la realidad de los ciudadanos y se traduce con demasiada frecuencia en la pérdida de la credibilidad pública. No es la mentira, aunque algunos lo crean, un recurso renovable, mucho menos cuando es capitalizada, como ha venido ocurriendo, por una persona, o una asociación política.
El sistema cubano está diseñado de tal modo que expresar la opinión de los ciudadanos sobre el prestigio y credibilidad de políticos y funcionarios —o la posibilidad de criticarles, emplazarles o enjuiciarlos directamente— es una práctica desactivada o expuesta a medidas punitivas y no incide —sino en casos extraordinarios— en la selección o renovación de aquellos. Dicho diseño, llegados a un punto, empieza a funcionar como un acumulado negativo y una deriva para el funcionamiento y la legitimidad del propio sistema. Ese punto ha sido ya traspasado.
No ocurre tal cosa sin que se dañe la gobernabilidad de un país. La calidad de la comunicación y la confianza política de los ciudadanos en sus gobernantes y en la gestión del conjunto institucional que conforma un sistema político, no es ciertamente un indicador de la capacidad de los ciudadanos para hacer valoraciones y comprender la realidad, pero es el primer criterio a tener en cuenta para el diagnóstico de una sociedad que experimenta una crisis política y conocer su envergadura.
Toda crisis política contiene en su origen una fractura de la credibilidad entre interlocutores, pero cuando se expande a la sociedad —sus clases y grupos sociales—,  entonces se vuelve una muy seria y difícil interpelación a todas las certezas que la hacen funcionar como una comunidad de destino, o de interlocución.
Esa fragilidad de las certezas sociales y políticas se expresará en Cuba, en el corto y mediano plazo, en la aceleración e intensidad de dinámicas diversas y al mismo tiempo interconectadas, como: el absentismo en los procesos políticos institucionalizados y su deficiente calidad, la desnacionalización de los proyectos de vida y profesionales, las migraciones reactivas, la fuga de capitales, también en la inhibición de la inversión —nacional o extranjera— y el incremento de la corrupción.
La inseguridad e incertidumbre sobre el futuro que experimentan los individuos en esa situación impactará en los ya alarmantes índices de natalidad, suicidio y violencia doméstica y de género; en la degradación del cuidado de individuos vulnerables al interior de las familias y las instituciones; en el aumento del alcoholismo y la infelicidad; en el debilitamiento de la solidaridad y en la emergencia de la impiedad y la intolerancia social.
(Imagen: Iván Batista)
Este es un cuadro que se complejiza exponencialmente y se vuelve perverso al interior de la crisis económica y pandémica que embate hoy directamente contra la población y la capacidad de funcionamiento de las instituciones; sobre todo por su potencial para hacer retroceder el grado de civilización alcanzado por la sociedad cubana.
Si la desintegración social es siempre un patrón que acompaña el retroceso civilizatorio experimentado por una sociedad, su decadencia —la de sus valores e ideas, su puesta en práctica y estructuras— es un proceso diferente pero que produce inexorablemente su propia cultura y formas de hacer política. La política —y los políticos— de la decadencia son siempre paradójicos, es una contradicción que se afirma y se niega a sí misma. 
Antes, pero sobre todo después de la Constitución de 2019, apunté desde este mismo medio la existencia —y peligrosidad— de una situación de anomia que en Cuba describía la contradicción entre las metas culturalmente legítimas de los ciudadanos y los medios institucionales para lograrlas.
Recuerdo que en el último año que impartí la asignatura Sociología de la Democracia en la Universidad de Oriente, expliqué a mis estudiantes la secuencia que desde algunas perspectivas teóricas podía seguir la anomía, esto es: innovación, ritualismo, retraimiento y rebelión.
Lejos estaba de suponer que la situación de anomia que originaba la disfuncionalidad de muchas de nuestras instituciones en aquel entonces para dar curso y propiciar las demandas del proceso de cambio social y político en curso en el país desde antes del proceso constituyente, sería relanzada o agravada por la postergación y en la práctica desactivación de la Constitución y el Estado de Derecho que ella proponía.
Las marchas que ocurrieron en el verano de 2021 han sido interpretadas hasta ahora de muchas maneras. La mayoría de los análisis realizados intentaron constreñirlas a un acontecimiento que, aunque extraordinario, tuvo una duración muy limitada. Sin embargo, lo ocurrido —y sus causas—  son parte de procesos que continúan emergiendo de lo social a lo político, de lo privado a lo público, y se expresan a través de un disenso político muy complejo y dinámico que no puede ser medido exactamente por la cantidad de personas en las calles, ni por sus comportamientos, ideas expresadas o aparente facilidad con que fueron contenidas y reprimidas.
La posibilidad que ello ocurriera, e incluso su capacidad de traducirse en protestas públicas, no era algo desconocido para el actual gobierno.
El impacto y costo en términos de empobrecimiento y estratificación social instantánea de la población que implicaba la reforma económica iniciada en el 2020, no solo estaba prevista como consecuencia inmediata por sus planificadores y decisores, sino perfectamente asumida después de más de una década de sistemática reducción de las inversiones y gastos públicos como un riesgo de gobernabilidad a enfrentar.
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Por otra parte, los debates y propuestas realizadas en consulta popular, en particular las expectativas creadas entre la ciudadanía por la provisión de derechos y libertades que había hecho el texto constitucional de 2019, fueron lo suficientemente contradictorios e inquietantes para las élites del aparato gubernamental y político cubano como para que ignorasen que esta vez el disenso iba a expresarse a través de ejercicios de derechos constitucionales.
De hecho, la secuencia de sucesos previos a las masivas protestas —más allá de ser subestimados y simplificados por muchos desde sesgos y paradigmas de análisis disfuncionales—, indicaba con intensidad que el proceso de formación, apropiación y despliegue de la identidad ciudadana, como identidad política de los cubanos a partir de prácticas individuales y colectivas auto determinadas y auto organizadas, no había hecho más que expandirse y alcanzar importancia.
Tales prácticas fueron auto referenciales y sirvieron para inducir y canalizar en muchos de los individuos involucrados —y en otros que las conocieron—  cambios en su autoestima política, expectativas e ideales de justicia y concepciones de lo que debe ser el buen gobierno; así como para aportar experiencias de participación que eran ensayos de discusión, negociación y acuerdo en un contexto de pluralidad y diferencia de intereses.
Todo parece indicar también, pese a las escuetas y endebles explicaciones oficiales, que los repetidos intentos de muchos ciudadanos desde la aprobación de la Constitución de 2019 para usar derechos como el de Queja y Petición, o acceder a la vía judicial para proteger derechos y libertades ante violaciones de funcionarios y el Estado, aunque infructuosos, jugaron un papel importante en que el desarrollo legislativo de estos fuera retardado.
En paralelo, el Gobierno empezaría una carrera contra el tiempo con la emisión de otras normas que le permitieran blindarse ante este desafío, al tiempo que devaluaba, y de hecho enajenaba, en la cultura y prácticas de las instituciones públicas, también desde los medios de comunicación, los valores, principios y contenidos de la nueva Constitución cubana que estaban siendo apropiados por los ciudadanos.
Quizás la clave para entender algunos de estos procesos y el momento actual de crisis política, o sea, la contradicción que plantea el bloqueo de los medios institucionales y de los recursos que proporcionan, entre otros, los derechos y libertades constitucionales para alcanzar las metas legítimas de los ciudadanos, pueda estar —sobre todo si se tiene en cuenta la actual fluidez y acortamiento temporal de la sucesión de las etapas de anomia— en qué hacer con los disensos.
No es posible, por lo menos para mí, explicar en pocas líneas cómo fue que el gobierno cubano acabó optando, ante el aumento de la conflictividad política, por hacer uso de sus extendidas facultades discrecionales para ir contra el Derecho vigente, o para interferir en su aplicación, como demuestran —por solo poner dos ejemplos anteriores a las manifestaciones— los casos de Karla Pérez y Luis Robles. La primera, impedida de entrar a su país después de ser privada cuatro años antes del derecho a la educación; el segundo, procesado y condenado por escribir y alzar en solitario un cartel con demandas de tipo político en una locación habanera.
Las reacciones que generaron estos hechos, el primero de ellos en el plano internacional, y en el caso de Robles el hecho de que fuera protegido de la policía por la población, debieron servir como advertencia. Si actos de este tipo, o responsabilizarse gubernamentalmente con ellos, tuvieron un costo internacional cada vez más sensible, inéditamente, el gobierno estaba siendo conminado a someterse al Estado de Derecho por una parte de la población.    
Subestimar la existencia de disensos, su complejidad y diferentes tipos, fundiéndolos en un todo homogéneo; así como seguir ignorando que el grado de legitimidad y funcionabilidad de cualquier sistema político, su eficiencia misma, se mide precisamente por la manera en que logra encauzarlos con el fin de producir los consensos necesarios para el funcionamiento de una sociedad; es ya un gatillo de rebelión en Cuba.

En definitiva, más que la conservación del poder de un grupo, o tendencia política, es esa y no otra, la finalidad y función práctica de todo sistema político como condición de la civilización, el orden y estabilidad en una sociedad.
Ningún sistema político ha sobrevivido nunca a la erosión o pérdida a escala social de tres consensos fundamentales: 1) sobre sus reglas de funcionamiento, 2) sobre los medios instrumentales para lograr dentro de él los objetivos políticos de los ciudadanos, y 3) sobre la eficacia, coherencia y credibilidad de sus mecanismos de representación política. Tampoco a su incapacidad para transformarse y hacerse inclusivo.
Los consensos políticos pueden ser alcanzados, incluso re-articulados y conservados durante mucho tiempo a partir de la existencia y socialización de marcos normativos que definan la validez, factibilidad, deseabilidad y límites de los objetivos políticos de cada ciudadano en una sociedad. Pero nunca, o por lo menos no definitivamente, a través de la inducción a polarización política de la población, de la incoherencia y contradicción que supone el abuso de poder, el silencio administrativo y la arbitrariedad selectiva por parte de funcionarios e instituciones públicas. Y menos desde la violación y desconocimiento de los derechos y libertades reconocidas, o del intento de privatizarlos y monopolizarlos políticamente.
La negación de que los ciudadanos intenten cambiar las cuestiones que afectan su vida cotidiana —esto es: lograr alcanzar sus metas y aspiraciones, porque existen legalmente, han sido creadas, son aceptadas, accesibles y funcionales las condiciones y medios políticos, sociales y jurídicos para conseguirlos—; entraña además una consecuencia que es también una responsabilidad. Se proporciona con ello un medio idóneo para que se vuelvan opacos y confusos tanto los actores como los objetivos políticos, económicos y sociales que pueden resultar indeseables y peligrosos para el conjunto de valores, intereses y aspiraciones en una sociedad.
Las élites políticas y gubernamentales defienden sus privilegios de función, sus lujos y predominio político exclusivo mediante complejas relaciones endogámicas, mientras obran en silencio para, llegado el momento, funcionar a plena capacidad y abiertamente como élites económicas. Pero no se puede desconocer tampoco que, entre las reivindicaciones de derechos y libertades, entre afanes de justicia y democracia postergada, bracea igualmente en Cuba —aunque haga todo por invisibilizarse— una derecha que irascible y venal, hija espuria de la arbitrariedad y el despotismo, devota de la cultura de cancelación política, intenta capitalizar el momento para su sueño de revancha en el poder.
Aunque distinta, no es menor la responsabilidad de aquellos místicos del sectarismo y del poder desde sus periferias, que, en santuarios institucionales o académicos, ofrecen coartadas e intentan hacer creer que existe un dilema para los ciudadanos en Cuba en relación al ejercicio de los derechos y libertades constitucionales. Ellos intentan convencer de que la reivindicación del Estado de Derecho es una elección entre el Gobierno y el Derecho.
No se trata de ser profetas del desastre. Nos esperan tiempos difíciles. Pero es imposible creer que la concesión de derechos económicos y civiles, o su instrumentación práctica, podrá impedir, retardar o hacerse a costa del ejercicio de los derechos políticos que resultan necesarios para la democratización de la sociedad cubana.
Ese proceso está contenido, se quiera o no, en el ADN mismo de las nociones de República y de Estado de Derecho, y en el catálogo de libertades y garantías que establece ahora la Constitución. Y es ya esta contradicción, entre lo que somos y lo que podemos ser como sociedad política, el nudo gordiano que hay que cortar de una vez.
Nos queda el desafío enorme de construir y hacer entre todos y para ello los aprendizajes de una cultura democrática. Pero de algo se puede estar seguro, los derechos serán practicados, aunque tenga que practicarse la libertad.
                                                                      ***
Este artículo es un ejercicio de los derechos y libertades que consagra la Constitución de la República de Cuba.

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Cuba: destino, socialismo y disensos

La negativa del gobierno cubano a la solicitud de autorización para una manifestación pacífica a celebrarse el 15 de noviembre, y los argumentos jurídicos que se ofrecieron para justificar dicha prohibición, generan las siguientes reflexiones.
El destino, ¿fatalidad o determinación?
Si un texto legal no pudiera modificarse, aún estaría vigente el Código de Hammurabi, compendio de leyes y decisiones judiciales del imperio babilónico que se creía dictado por los dioses y, por ello, inmutable. Si las sociedades no pudieran transformarse, las comunas esclavizadas del Egipto Antiguo —con su estado absolutista, teocrático y centralizado— existirían todavía.
Como afirmaba el filósofo alemán Ludwig Feuerbach en La esencia del cristianismo: aun cuando el hombre lo ignorase, él mismo es el motor de la historia. Marx, por su parte, fundamentó que entre el hombre y la historia hay una acción recíproca y una reacción dialéctica.
El devenir de la humanidad ha mostrado que ningún tipo de sociedad es inalterable. El derrumbe del campo socialista dejó muy claro que ningún sistema social es definitivo. Son los hombres y mujeres, como sujetos activos, los que pueden decidir sobre sus condiciones de existencia y, mediante la práctica política, transformarlas.
Declarar irreversible un sistema social es un enfoque mecanicista y antimarxista de la historia. Es también pesimista y pretende transformar al sujeto social en un ente pasivo, obediente a una voluntad superior, dirigido hacia un destino inexorable —especie de fatalidad histórica—, del cual no puede escapar. 
No será el artículo de un tratado legal, sino la implicación de las personas que logren encontrar en el sistema socialista la encarnación de sus aspiraciones, lo asuman como opción consciente y participen activa y directamente en su construcción, lo verdaderamente decisivo. Recordemos que la constitución soviética también declaraba la irreversibilidad de ese sistema.
Un hombre ataviado con uniforme prerrevolucionario quema una bandera de la URSS en una protesta en Moscú tras el intendo de golpe de estado de agosto de 1991.
 Paradójicamente en Cuba, once años después del derrumbe del socialismo europeo fue que se modificó la Constitución de 1976, al adicionar este párrafo al artículo 3 del capítulo I:[1]

El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo.

Para aprobar dicha modificación constitucional, como expliqué en el artículo «Crónica de un meteorito», no se siguieron los pasos de un referéndum: informado y secreto. Se hizo en forma de convocatoria política, con firmas públicas en libros abiertos. Tampoco fueron avaladas por notario alguno, como se exige actualmente.
Esa declaración, que daba la espalda a la ciencia y la experiencia, fue considerada desde entonces contenido pétreo, es decir, jamás modificable. Así lo estipuló el artículo 137 del capítulo XV. Por tal razón, en la consulta popular para la Constitución del 2019 tampoco se admitieron planteamientos de la ciudadanía encaminados a variaciones del sistema político y electoral.
El principal dilema de esta cláusula —denominada de intangibilidad—, no es que se convierta en una inconsecuencia teórica con el marxismo y contradiga el preámbulo de la Constitución, que nos considera «guiados por el ideario de José Martí y las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin». Más grave es que, al declarar irrevocable (inevitable, inapelable, irremediable, necesario, fatal, indefectible, irreparable) no solo al socialismo, sino al sistema (método, régimen, técnica, procedimiento, gobierno, medio, vía, rumbo) económico, político y social vigente en esa constitución, cierra el camino a transformaciones sustanciales o reformas.
Este tipo de cláusula intenta eternizar en el poder a la burocracia dirigente y subordinar la voluntad popular al mandato de un grupo privilegiado. Cuando un grupo de poder —afianzado como nueva clase—, despoja al marxismo de su método científico, lo reduce a su dimensión ideologizante y lo convierte en ideología de Estado, este deja de ser una corriente liberadora y revolucionaria para instrumentarse en mecanismo de dominación. A ese punto hemos llegado en Cuba. Es una postura contrarrevolucionaria y debe ser denunciada.
Casi veinte años han trascurrido desde que el socialismo insular mutara en un requerimiento legal de perspectiva autoritaria y enfoque teleológico. Muchos de nuestros hijos y nietos no habían nacido en el 2002 o no tenían edad para firmar aquella determinación. Ahora se les obliga a acatarla por la fuerza de la coerción. 
En el grupo de Facebook «Utopía Revolucionaria», Daniela Rojo, joven participante en el estallido social del 11-J, indagaba con toda lógica: «¿Si en Cuba no hay socialismo, que es lo irrevocable?» —«Buena pregunta», le respondí.
«¿Si en Cuba no hay socialismo, que es lo irrevocable?»

Hasta hoy, en los países en que ha triunfado una revolución que se ha proclamado socialista, a lo más que se ha llegado es a la estatalización de los medios de producción. No somos una excepción.
La burocracia dirigente aprovechó la nueva Constitución para deslizar astutamente un término que no contenía su predecesora. En el artículo 22, al estipular las formas de propiedad, explica en el inciso a) que la socialista de todo el pueblo es aquella «en la que el Estado actúa en representación y beneficio de aquel como propietario».
En consecuencia, no bastándole ser administradora de hecho, ahora nuestra burocracia lo es también de derecho. Pero un administrador tiene que rendir cuenta a los dueños y esta es una deuda pendiente. En las asambleas de trabajadores, cuando excepcionalmente se celebran, se anuncian disposiciones verticales.
Además, como argumenté en el artículo «Economía militar en Cuba», una parte sustancial del patrimonio económico nacional está sustraído al control popular y se encuentra bajo la égida del Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), empresa adscrita al Ministerio de las FAR y no subordinada a la Contraloría General de la República.
La noción de «propiedad de los trabajadores sobre los medios de producción» se difuminó ante una realidad en la que es imposible designar a los que administran directamente tales medios. La falta de democracia política consustancial al modelo es secuela directa de la falta de democracia en la gestión y administración de la economía.
Las Asambleas de trabajadores de los primeros años fueron cediendo a decisiones impuestas, hasta desaparecer o convertirse en actos formales. En el proceso, los sindicatos, con una larga y prestigiosa historia anterior a 1959, se convertirían en la Boca de Sauron de las administraciones. A ello me referí en el texto «Ventrílocuos».
En los debates del proyecto de Constitución se resaltó la necesidad de implementar el control obrero, lo que además fue incluido en el artículo 20: «Los trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía. La ley regula la participación de los colectivos laborales en la administración y gestión de las entidades empresariales estatales y unidades presupuestadas».
Los sindicatos, con una larga y prestigiosa historia anterior a 1959, se convertirían en la Boca de Sauron de las administraciones. En la foto, Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba. (Foto: Ariel Cecilio Lemus/Cubadebate)
No obstante, ni en el congreso posterior de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), ocurrido en abril de 2019, ni en la reunión celebrada el 8 de enero del pasado año, se debatió, o se hizo siquiera referencia, al modo en que el referido artículo será concretado en leyes claras y precisas, que permitan a trabajadoras y trabajadores tener un protagonismo real en los planes de la economía, y no uno que solo viva en el discurso y en los conceptos. Así lo reafirmé en el artículo «Puesta en escena».
Sin un efectivo control ciudadano en la vida política, en el modo de nominar y elegir a quienes gobiernan, no podremos sustituir a los incompetentes, atajar a los corruptos y controlar los medios de producción fundamentales, que en teoría son de todos pero en la práctica son gestionados y administrados por una capa burocrática.
El socialismo burocrático de Partido único ha creado una especie de deidad que escapa al imperio de la ley al situarse por encima de ella, acentúa el extremismo político y se separa de la ciudadanía. Hasta ahora todos los modelos con estas características, lejos de conducir a una sociedad socialista, han disimulado un capitalismo de Estado con rasgos de corrupción y elitismo.
¿Y es eso lo que se anuncia como irreversible? ¿Ese es el futuro eterno que se nos ofrece? Es perfectamente lógico entonces que existan entre la ciudadanía sentimientos de inconformidad y rechazo y actitudes discrepantes. Sin embargo, ¿puede hablarse de una disidencia en Cuba?
Los disensos
Como en el modelo de socialismo burocrático de partido único no se admite la participación real y espontánea de la ciudadanía en la actividad política, todo disenso ha sido reducido a una categoría: el enemigo. Por lo general se acompaña de apelativos muy variados: pagados (por el imperialismo, Soros, o la CIA); mercenarios del imperio, u otros.
Comprendo que para la dirigencia política sea más pragmático luchar en un frente que en varios. Pero en Cuba es más realista hablar de disensos, en plural. En mi percepción, que no pretendo imponer, existen tres tipos reconocibles. Sin intentar una clasificación pormenorizada, solo identificaré tendencias generales: 
1. Socialistas democráticos (un amplio espectro ideológico que abarca desde marxistas críticos, anarquistas, católicos y cristianos de izquierda, socialdemócratas, ecologistas, feministas, afrodescendientes…). Son proclives a un socialismo inclusivo y participativo, con respeto a la pluralidad y ajeno al modelo burocrático vigente.
2. Pro-capitalistas democráticos (con diferentes matices desde el liberalismo al neoliberalismo e incluyen también algunos de los sectores y minorías mencionados). Se distinguen por su pluralismo político y no rechazan la convivencia con posturas de izquierda.
3. Pro-capitalistas radicales y extremistas (son el otro lado del espejo del Partido único). No admiten la legitimidad de las posturas de izquierda y proclaman la censura del Partido Comunista en un país futuro, favorecerían una supervisión de los Estados Unidos en Cuba.

Socialismo = Represión.
El socialismo es represión de libertades económicas, políticas, educativas, religiosas, de conciencia… Todo en nombre del bien social y común-ISTA#SocialismSucks #BigGovSucks #LibreMercado #Paleolibertario @CubaDerecha pic.twitter.com/GNTo2vHrot
— Pastor Adrian Pose (@PstorAdrianPose) May 2, 2021

Cuando se debatía el proyecto de Constitución publiqué el texto «Disonancia», en el que manifestaba mi preocupación porque si bien el artículo 1 del proyecto reconocía:

Cuba es un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva;

se apreciaba una notoria incoherencia en el hecho de que en el artículo 40, entre los derechos, libertades y oportunidades que recibían la protección de las autoridades y que no podían ser objeto de discriminación, se habían omitido las creencias políticas.
Advertí al respecto: «Esta incongruencia no puede ser justificada por ningún argumento. Todas las ideologías deben tener igual protección ante la ley, más si el propio artículo 1 reconoce su disfrute como uno de los objetivos de la República».
El modo en que nuestra burocracia resolvió la susodicha incoherencia puede pasar al libro de Records Guinnes del cinismo. Simplemente omitieron una palabrita, una simple palabrita del artículo 1. Donde antes decía «libertad política», quedó escrito en el documento definitivo de la Constitución: «para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva».
Saber qué entiende la burocracia por libertad a secas es más de lo que puedo discernir. Lo cierto es que el cambio de redacción le dio ínfulas para ejercer la discriminación sin ningún tipo de límites.
Cuando se niega el derecho a manifestación que la Constitución proclama —y que es interpretado de un modo en que el Estado Socialista de Derecho deviene quimera—, se le está negando a todas estas tendencias. Vale reflexionar entonces en la fuerza real de un modelo que teme a sus críticos, que cree posible que una manifestación lo derroque, que anuncia su confianza en el pueblo y asegura estar apoyado por la mayoría; pero no se atreve a probarlo en la práctica política.

La respuesta de las autoridades del Gobierno entregada este martes a la notificación para la realización de la Marcha Cívica por el Cambio el día 15 de noviembre informó a los integrantes de Archipiélago que “no se reconoce legitimidad en las razones que esgrimen para la marcha” pic.twitter.com/rfNNxoNS8k
— Archipiélago (@ArchipielagoCu) October 12, 2021

Haber gobernado tanto tiempo desconociendo el sentir real de la ciudadanía, sin dar espacio a la crítica profunda y a la participación popular, aislados de las bases sociales, justificando sus errores y desaciertos con el bloqueo de los Estados Unidos, sin ver retada su permanencia en puestos de dirección; ha debilitado al poder. Esta negativa a manifestación es evidencia de debilidad, no de fuerza.
Yo creo en el socialismo, pero no como un destino impuesto por la fuerza de la ley, tampoco como un futuro de prosperidad siempre inaccesible que exija fidelidad y constantes sacrificios a sus seguidores; sacrificios que no son compartidos por la clase burocrática.
El socialismo debe ser una opción consciente y ratificada por el pueblo, no solo por un artículo constitucional. Debe ser efectivamente un sistema de justicia social, que genere equidad pero que no esté reñido con la prosperidad y la empresa privada, que tenga en cuenta a los débiles y vulnerables, que erradique la pobreza extrema y favorezca un presente de transformaciones para que nuestros hijos deseen permanecer en este país.
Si la protesta pacífica hubiera sido una práctica política desde el inicio del proceso, es muy probable que no se hubieran acumulado los enormes problemas que tenemos hoy. Pero este modelo no lo permite, por eso es necesario transformarlo y para ello se requiere normalizar el disenso. En caso de que la Constitución sea una barrera impermeable, habría que proponerse cambiarla.
***
[1] Ley de Reforma Constitucional, dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Palacio de las Convenciones, Ciudad de La Habana, a los 26 días del mes de junio del 2002, «Año de los Héroes Prisioneros del Imperio». (Publicada en la Gaceta oficial de la República de Cuba: 27-06-2002).

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Desde la izquierda crítica cubana

Cada generación, dentro de una relativa opacidad, tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla.
Frantz Fanon
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El socialismo, más que un fin, es un camino, un tránsito que no tiene sentido si no es con libertad. Y «libertad —decía la extraordinaria Rosa Luxemburgo— solo para los que apoyan al gobierno, solo para los miembros de un partido, por numeroso que este sea, no es libertad en absoluto. Libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa diferente». Así también lo creyó José Martí cuando escribió en sus «Escenas mexicanas»: «siempre es desgracia para un país que la libertad sea un partido».
Renovando fuerzas
Los únicos actores políticos y sociales legales en Cuba —tradicionalmente declarados de izquierda—, en su atadura a la esclerótica burocracia se han ido derechizando conforme esta ha persistido en su obliteración estalinista. Tras largos años de dependencia y subordinación, las fuerzas de izquierda perdieron su autonomía. A medida que fue quedando atrapada al ensamblaje estatal se produjo un proceso de desarticulación y, en ese hermetismo atemporal y acrítico, se gestó un fenómeno que no se describe mejor sino a través de la popular certeza de que no existe nada más conservador que un revolucionario aferrado al poder.
Frente a esta situación de larga data, ha germinado una nueva izquierda desde la sociedad civil. Una joven corriente heterodoxa con las teorías crítica latinoamericana y decolonial como nuevos paradigmas, y vindicativa del rico pensamiento revolucionario cubano e internacional. Una izquierda comprometida y consciente, que se niega a que el creciente descontento social sea capitalizado por agendas más centradas en sustituir las formas que en revolucionar plenamente la ecuación formato-contenidos.
Definiendo la ruta
La única alternativa viable para salir de la grave situación política, económica y social que vive Cuba es la democratización profunda de la sociedad. Socialismo también es redistribución del poder. Es indispensable que la gente tenga poder para decidir y gestionar su futuro sin que una nomenclatura burocrática marque las agendas, los ritmos y los tiempos. Identificar a la Revolución con la casta dirigente —pensaba Trotski— es traicionar a los trabajadores. La fórmula tiene que ser, diseñar y construir la nación desde abajo en un plebiscito constante. La lucha por la democracia es cuestión intrínseca de la lucha por el socialismo.
León Trotski
La izquierda crítica, si bien defiende la democracia y la total garantía de libertades para el ejercicio del derecho, también considera impostergable honrar las deudas con los sectores empobrecidos y marginados. La transformación de la realidad de estos «preteridos» tiene que ser una prioridad, no un resorte para el impulso de los intereses políticos de siempre.
Claramente, no es posible redistribuir riqueza sin crearla. El propio Marx aseveraba que esto solo conduce a la socialización de la miseria y la reproducción del caos. Sin embargo, tampoco una fórmula neoliberal basada en la acumulación/desposesión puede solucionar las profundas y añejas grietas del país. El desarrollo económico, por sí solo, no conduce al bienestar de todos. Un sistema que tenga como base la igualdad de derechos y la colaboración entre todos los ciudadanos, estructura un desarrollo con justicia social.
La izquierda crítica, siendo coherente con estos fundamentos, en el momento presente debe encauzar y centrar su lucha, que es la de todos, en exigir y demandar el fin a los privilegios de la burocracia y la corrupción política, para asegurar una redistribución justa del precario patrimonio colectivo y un gobierno transparente, con verdadera vocación de servicio público; la socialización real y desmilitarización de las propiedades estatales, con el fin de posibilitar la autogestión y el control popular, potenciando así su misión pública.
También el respeto y garantías inmediatas a los derechos de asociación y sindicalización, huelga y manifestación pacífica, cómo vías de empoderar a la sociedad civil en defensa de sus derechos laborales y ciudadanos frente a los actores que acumulan poder, —dígase burocracia y capital—, y a la pétrea subordinación paraestatal de los existentes sindicatos y organizaciones.
En la aspiración de una sociedad justa, la izquierda debe batallar por equilibrar y asegurar cuotas de poder para todos. Son indispensables en tal sentido los derechos a la información, a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Es fundamental el logro de la independencia y socialización de los medios de comunicación cómo garantía para un ejercicio contra-hegemónico y popular del periodismo, encaminado a la búsqueda de la verdad.
Reivindicando a Mella, la izquierda crítica tiene que reclamar autonomía universitaria, pues solo el autogobierno de las universidades genera las condiciones para superar y evitar el adoctrinamiento y la enseñanza bancaria, en favor de una educación superior libre y liberadora.
Activista por los derechos LGBTIQ+ es detenido por la policía mientras participaba en una marcha independiente en mayo de 2019. (Foto: Ernesto Mastrascusa / EFE)
No es posible cambiar una realidad que se niega, sea parcial o totalmente. Se debe reconocer la persistencia de los racismos, la LGTBI-fobia, la desigualdad y violencia de género, cómo fenómenos de significativa incidencia en la desigualdad social, y abogar por su erradicación mediante la educación y la legislación. Urge concretar programas con enfoque de equidad social, que estimulen y protejan el acceso al sistema educativo y laboral, para interrumpir y terminar los ciclos de marginación de sectores históricamente afectados por el colonialismo cultural.
La izquierda crítica se posiciona ante todas las asimetrías de poder. Son ineludibles tanto el cese de la criminalización a la disidencia y la vulneración de sus derechos, la liberación inmediata de los presos de conciencia imputados de delitos comunes; como la oposición, rechazo y condena al imperialismo en cualquiera de sus manifestaciones y orígenes, eso es, el repudio a la política hostil y coercitiva estadounidense y a la injerencia rusa y china.
En definitiva, la izquierda crítica contra-hegemónica y decolonial cubana, tiene que articular esfuerzos en cristalizar una nueva arquitectura para el poder, que tenga como premisas impedir su concentración y fraguar un metabolismo más sano con el eje central en el componente ciudadano. El socialismo se va haciendo realidad en la medida en que el individuo se va liberando de la opresión, ya sea económica o burocrática. La primera condición para conseguirlo es la concientización colectiva. Lo que no toma forma en la conciencia humana, no lo hace en el constructo social.
Ante el peligro siempre presente de la traición, las contra-revoluciones políticas, la prostitución de los principios, el vaciamiento de los paradigmas y la derechización de las tradicionales fuerzas de izquierda en la región, es válido recordar a Trotski y su pronunciamiento de 1936, en el prólogo a La Revolución traicionada: «mientras la revolución es la locomotora de la historia, los regímenes reaccionarios —especialmente regímenes totalitarios como el estalinista— actúan como un gran freno para la conciencia humana».
La nueva izquierda cubana no se puede quedar en el cuestionamiento y el debate, la situación demanda una actitud propositiva y resolutiva; una izquierda con agenda propia que construya. Frente a las disyuntivas políticas actuales, un camino: ni burocratismos ni bloqueos: ¡Socialismo y libertad!

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Tienes que vivir gritando

Apuntes sobre la reacción del pensamiento católico tras la convocatoria para realizar una marcha pacífica de protesta, amparada en los derechos constitucionales.
***
La frase que da título a este texto surgió de la rabia de una anciana que tras cuatro horas de extenuante cola, vio cómo se escurrían de su alcance los dos paquetes de picadillo que daban por persona en la tienda. Después de tanto tiempo perdido, una empleada salió del establecimiento a comunicar a los náufragos de aquel mar de espera la noticia. Ante eso estalló la anciana, que se volvió a quienes estábamos detrás de ella en esa fila tediosa y nos espetó: «¡En Cuba tienes que vivir gritando para poder sobrevivir!».
Aquel grito representó un soplo de verdad en nuestros rostros agotados por la realidad, un golpe en el que toda la rabia contenida en la garganta de un país explotó y salió disparado hacia nuestras vidas, petrificadas en un mito revolucionario.
El filósofo Theodor Adorno expresó que «la dimensión histórica de las cosas no es sino la expresión de los sufrimientos del pasado». Un religioso latinoamericano me preguntaba sobre la posibilidad de otro estallido social tras las protestas del 11 de julio en el país. De alguna forma, según su visión de izquierda, las cosas en la Isla no están del todo mal, teniendo como eslabón comparativo otros contextos de la región. Sin pretender dar una respuesta definitiva a su inquietud, siento como una bomba de tiempo el constatar que el anhelo de felicidad parece haber sido podado del futuro social cercano de nuestro país.
Personas con poco que perder a sus espaldas —con la adecuada dosis de odio inoculada desde diversos puntos— pueden ser el carbón directo a la caldera de una violenta rebelión.
¿Qué constituye una fuerza social?
Por estos días un grupo de cubanos nucleados alrededor de la plataforma Archipiélago, en cuyo tejido social se agruparon entre otros, algunos de los protagonistas del 11-J, han presentado una solicitud de permiso al gobierno para realizar una protesta cívica el 20 de noviembre, fecha que ha sido cambiada para el 15 de propio mes.

Entre sus reclamos, sobresale el deseo expreso de hacer esta manifestación por «todos los que han sufrido persecución, censura, acoso policial, prisión política o destierro. Además, por los marginados, los que padecen miseria, los que viven sin un salario digno, los que no tienen divisas para adquirir productos básicos, los que tienen que inventar la comida de sus hijos en medio de la peor inflación del último cuarto de siglo en Cuba».
Esta movida cívica abre una jugada nunca antes vista en los últimos sesenta años el tablero de la nación. Toca ver cómo responde el otro jugador, el Estado/Partido/Gobierno, que nunca antes había sido interpelado por este tipo de estrategia donde una parte de la sociedad civil, basada además en un derecho constitucional, desafía de forma pública al poder.
Las organizaciones católicas han sido dentro del tejido social de la nación, uno de los actores que ha logrado prestar un servicio reconocible a los detenidos y sus familiares tras las protestas del 11 de julio, sin estropear de forma radical los canales mínimos de comunicación con el gobierno.
Ante una situación de vulnerabilidad de parte del pueblo cubano, el alma eclesial ha optado por estar más cerca de la gente que de las estructuras de poder, sin romper, como es su vocación, la capacidad de aportar, desde su autoridad moral y experiencia, a la instauración de un ambiente de reconciliación nacional una vez que estén dadas las condiciones para solucionar el conflicto.
Para los laicos y consagrados que han sido protagonistas de los acontecimientos en la Isla, lo insoportable no es el dolor en sí causado por represalias de todo tipo o la prisión; sino el sinsentido en que quedan atrapados cuando ese dolor no es capaz de ser entendido por el poder, que no acaba de admitir su falla ni de ceder un milímetro de su control.
En la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín en 1968, por primera vez se habla de violencia institucionalizada y pecado estructural. La pobreza no es casualidad, más bien es un mal nacido en el corazón del hombre y en la historia humana. Por vocación, el rol principal de la Iglesia en Cuba ha estado y estará siempre en «sinodalidad» (la palabra es utilizada como Caminando junto a…) con el pueblo, especialmente con los más vulnerables.
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Optar por el cubano de a pie significa en primer lugar, abrir bien los ojos para ver su condición de inhumanidad a causa del aplastamiento que sufre diariamente en su dignidad. Tocar esa realidad es indispensable para comprenderla. Es importante descubrir qué provoca esta situación de infelicidad en la filosofía existencial de la gente, y oponerse a esos elementos, sean personas, relaciones o estructuras. Así también, elegir un estilo de vida que sea coherente con esa verdad que deseamos defender hasta sus últimas consecuencias.  
Ante la pregunta sobre la reacción de la Iglesia católica tras la convocatoria a la marcha pacífica de noviembre próximo, no habrá una respuesta definitiva y de seguro coexisten tantas posiciones como diversos son los modos de proceder dentro del ámbito eclesial cubano.
Sin embargo, una pista a seguir es que en este tiempo tan difícil los laicos hemos visto ganar fuerza la visión de un pensamiento y accionar que busca incluirse en la realidad de su gente, acompañar en silencio el paisaje desolador a su alrededor. Hubo laicos, religiosas y sacerdotes exponiendo su cuerpo el 11-J en la calle.
Hoy cualquier desafío pastoral y social comprende la urgencia de no quedarse ya solo dentro de las estructuras establecidas, sino salir y desde ahí vivir como la Iglesia cubana: herida, sin privilegios, pero feliz de entregar su espiritualidad servicial al tejido de la nación.

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Ciudadanía en Cuba, un largo camino por recorrer

Una noticia inusitada
Una noticia publicada en el extranjero circula de boca en boca por el país: Un grupo de ciudadanos solicitó permiso para manifestarse pacíficamente el 20 de noviembre próximo (ayer los convocantes anunciaron el cambio de fecha al 15 del mismo mes); para entonces, gran parte de la población estará vacunada y habrán disminuido las medidas de restricción por la pandemia, además de que el país estará abierto al turismo.
La prensa oficial desconoce el hecho. Lamentablemente, no sorprende: «Lo que es costumbre no se extraña». En otros medios, en cambio, suenan los primeros disparos de una guerra en toda regla. Que se produzca una manifestación pacífica no tiene nada de particular; es habitual en cualquier país democrático (con independencia de los sesgos que ese adjetivo pueda sufrir), al menos en teoría, como es Cuba, según el artículo 1 de la Constitución de 2019.
En Estados Unidos, por ejemplo, hay frecuentes manifestaciones frente al Capitolio; en el Zócalo de México se ven desde demostraciones masivas hasta personas que, megáfono en mano, protestan, reclaman, piden. Nadie se asombra, pues las constituciones de ambos países garantizan libertad de expresión y manifestación pacífica a los ciudadanos. La cubana también: «Artículo 56. Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley».
En el Zócalo de México se ven desde demostraciones masivas hasta personas que, megáfono en mano, protestan, reclaman, piden.
Reacciones
De inmediato en redes sociales se observaron dos reacciones (dos caras: una misma moneda fundamentalista) que mueven a la preocupación.
La primera: Opositores «intransigentes» piden mayor radicalización a los organizadores. En lugar de las consignas anunciadas, las cuales «hacen el juego a la dictadura», demandan otras más agresivas, violentas, con groserías y ofensas personales incluidas. Se acusa a los solicitantes de aliados solapados del «régimen», y se les exige «acciones más efectivas» para derrocarlo. (Todo desde el exterior, valga la aclaración).
La segunda: Defensores «intransigentes» del gobierno les critican no manifestarse contra el bloqueo o las agresiones norteamericanas; los acusan de aliados del enemigo, y de organizar un golpe blando contra el sistema; insinúan, cuando no afirman, el vocablo «mercenario». (Todo desde sitios o medios apoyados directa o indirectamente por el gobierno, valga la aclaración).
A ellas se sumó una tercera: Convocatorias a manifestaciones en fechas anteriores al 20 de noviembre inicialmente acordado.
Retos
Aunque desde fines de 2020 se ha asistido a situaciones a las cuales el gobierno no estaba acostumbrado, por lo que ha improvisado sobre la marcha (en mi criterio, no muy acertadamente), esta de ahora adquiere ribetes dramáticos por el dilema planteado: Si niega el permiso, viola el artículo 56 de la Constitución y pone en entredicho el artículo 1; si lo concede, deberá apelar a toda su inteligencia para impedir que la situación se salga de control. Deberá reprimir a quienes intenten cometer desmanes, y a la vez, proteger a los manifestantes pacíficos.
El reto para los solicitantes tampoco es pequeño: Ser capaces de movilizar seguidores y exponer reclamos, y a la vez impedir que desvíos hacia el desorden, el vandalismo y el caos conviertan la manifestación en una batalla contra las fuerzas del orden en que nadie resultará ganador.
Cartel publicado en Archipiélago para convocar a la marcha ciudadana que inicialmente se desarrollaría el 20 de noviembre (Foto: Facebook)
De vencer el reto, obtendrían un peso político no conocido antes por ninguna fuerza opositora. Se convertirían en una contraparte a la cual el gobierno no podrá ignorar. Para lograrlo, no deberían aspirar a una manifestación gigantesca (como parece que pretenden), sino modesta, porque sería un fiasco si resultara pequeña, y porque podrían ser incapaces de controlarla, de ser muy grande. Una marcha de pocos cientos, incluso menos, disciplinada, respetuosa de las leyes, con consignas que puedan generar adeptos, sería un éxito nada despreciable para sus promotores.
La reacción del gobierno me parece el menor problema para los organizadores, pues se enfrenta al conflicto de respetar o no su propia Constitución, y tendrá los ojos del mundo fijos en él. Es una posición incómoda, y de cómo la asuma dependerá su credibilidad como cabeza de un «Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva».
El verdadero reto para los organizadores, para mí, está en el campo de la oposición, donde hay interesados en demostrar la inutilidad de las vías pacíficas de participación ciudadana. Por motivaciones varias, algunos intentarán robar protagonismo a los organizadores de la manifestación, y harán cuanto puedan para convertirla en enfrentamiento violento entre autoridades y ciudadanía, y demostrar así su «peso político». Si lo logran, no solo la manifestación será un fracaso, también lo serán los esfuerzos por democratizar al país.
El largo camino por recorrer
En 2004 traduje el ensayo Ciudadanía en Brasil: El largo camino, de José Murilo de Carvalho, premio Casa de las Américas de ese año. Es una mirada panorámica a la historia de Brasil desde el punto de vista de la formación del brasileño como ciudadano. Su lectura me hizo preguntarme en repetidas ocasiones si los cubanos somos ciudadanos. Todavía hoy me lo pregunto, y cada vez estoy menos seguro de la respuesta. Cito algunas frases:

«Derechos civiles son los derechos fundamentales, a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la igualdad ante la ley, (…) garantía de movimiento, de escoger el trabajo, de manifestar el pensamiento, de organizarse, de que sea respetada la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, de no ser detenido sino por las autoridades competentes y de acuerdo con las leyes, de no ser condenado sin proceso legal regular…».

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«Los derechos políticos tienen como institución principal los partidos y un parlamento libre y representativo. Son ellos quienes confieren legitimidad a la organización política de la sociedad».

(Hago la salvedad de mi oposición a la existencia de partidos; estoy por una sociedad autogestionada, sin partidos de ningún color).
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«…los derechos civiles garantizan la vida en sociedad…, los derechos políticos garantizan la participación en el gobierno de la sociedad, los derechos sociales garantizan la participación en la riqueza colectiva (…) En teoría, pueden existir sin los derechos civiles, y seguramente sin los derechos políticos. Pueden incluso ser usados en sustitución de los derechos políticos. Pero, en ausencia de derechos civiles y políticos, su contenido y su alcance tienden a ser arbitrarios».

Defensores del gobierno salieron a las calles el 11 de julio. (Foto: El Correo)
Aunque comparto el criterio, para mí el concepto de ciudadanía abarca otros elementos, como el respeto a las normas de convivencia y al derecho ajeno. Respetar el derecho de quien no piense igual a uno es ciudadanía. Impedir a otro ejercer pacíficamente su derecho no lo es. Reprimir manifestantes pacíficos, o convertir manifestaciones en vandalismo, son señales de cuánto nos falta para ser ciudadanos.
Los organizadores deberían crear una comisión de orden claramente identificada para prevenir desmanes. Las autoridades, por su parte, tendrían que otorgar la autorización, y ejecutar las medidas adecuadas para evitar que elementos perturbadores (del matiz político que sean) promuevan incidentes que impidan el ejercicio pacífico de un derecho constitucional. Quienes produzcan disturbios, tanto en contra como a favor del gobierno, habrán de recibir el peso de la ley. Sin distingos.
Las fuerzas del orden, identificadas como tales, deberían situarse convenientemente para impedir tanto desórdenes de infiltrados en la manifestación como agresiones de quienes se opongan a ella.
Por mi parte, desearía que la marcha del 15 de noviembre demuestre que los cubanos somos capaces de defender criterios y ejercer derechos con respeto a quien piensa diferente. Que somos ciudadanos.
Confieso, no obstante, que albergo dudas. La proliferación de llamadas a marchas en fechas anteriores al 15 de noviembre me hace temer que no las mueva la preocupación por el futuro de la patria, sino el interés de algunos por ganar, o no perder, protagonismo.
Me gustaría que quienes abogan por marchas multitudinarias y descontroladas reflexionen y se pregunten qué es mejor para Cuba: una manifestación pacífica, aunque no sea gigantesca (y sin importar quién la encabece), con consignas sensatas y capaces de movilizar multitudes; o conducir al país al vandalismo y el caos, con su secuela de destrucción y dolor.
Un recordatorio: Colombia, Chile, Ecuador, Nicaragua y Venezuela han conocido en años recientes enfrentamientos callejeros con saldo doloroso para las familias. Ninguno produjo un cambio de régimen.
Nota: He oído con preocupación el llamamiento a la realización de un «Día de la Defensa» entre los días 18 y 19 de noviembre. No me parece coincidencia; ojalá me equivoque.

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Imaginar o soñar un nuevo proyecto de país

Soñar con Cuba es legítimo, pero prefiero imaginar un nuevo proyecto de país. Socializar esa representación mental es útil porque el futuro saldrá, no de una pretensión individual más o menos coherente y viable, sino de la inteligencia colectiva de los cubanos y de la soberanía popular.
Los sueños y la imaginación difieren en significados internos y connotaciones, aunque ambos conectan con experiencias. La imaginación política es actividad consciente y se relaciona con la sociológica[1] que definiera el estadounidense W. Mills. Comienza con la certeza de que existe un problema, que las cosas podrían ser de otro modo, cuál sería el escenario o modelo deseado y cuáles sus posibilidades.
Hace un año expresé en un texto que «los cubanos solemos convivir siempre con una nación real y otra soñada», y que estamos en una coyuntura donde se repiensa el proyecto de país para superarnos. Luego, refiriéndome al miedo a la incertidumbre, enfaticé en la importancia de clarificar los futuros posibles como vía para disminuir temores y ayudar al tránsito que implica el cambio.
-II-
Las marchas y contramarchas de los últimos treinta años han provocado una agudización de la crisis sistémica del modelo social, que complejiza el escenario actual en todos los órdenes. En consecuencia, se han definido posiciones e, incluso, posturas reformistas se han movido hacia posicionamientos más radicales.  
En aras de la síntesis obvio profundizar en el diagnóstico, referido en artículos precedentes. En uno de ellos señalé algunas problemáticas en cuatro campos de reflexión —economía, cambios en lo político, desequilibrios regionales y emigración— y su relación con los proyectos de país existentes. Ninguna de las alertas y propuestas ha sido atendida; al contrario, han empeorado los problemas y las injusticias.
La falta de voluntad política de quienes deciden los cambios en Cuba, obliga a repensar todo e ir más allá. En amplios sectores de la sociedad se constatan las limitaciones de las reformas emprendidas, el blindaje del Estado, el mismo verticalismo, la represión y el camino infinito de transformaciones que nunca se concretan en su totalidad ni en los plazos acordados. Los niveles de confianza en la estructura del poder se han erosionado demasiado, casi se puede predecir la repetición del ciclo crisis-reforma-represión que hemos vivido antes.
Los niveles de confianza en la estructura del poder se han erosionado demasiado. (Fotos: Estudios Revolución)
-III-
La Cuba que imagino tendría estos rasgos básicos:
En lo político:
1. Democracia como principio rector de la sociedad en todas las esferas y respeto al pluralismo político para gobernar en la República.
2. Separación de poderes y Estado laico, de estricta función reguladora y transparencia en su gestión.
3. Democracia «participativa», atendiendo a todas las formas o momentos efectivos de la participación popular en el ejercicio y control del poder, acompañada de modalidades de democracia directa con relativa frecuencia y según la escala —nacional, provincial o municipal— e impacto de las decisiones.
4. Correlación «ciudadano-territorio» como principio fundamental en todo proceso electoral para alcanzar un desarrollo democrático en elecciones libres y plurales desde la base. Pluripartidismo/unipartidismo no garantizan por sí solos la democracia.
5. En las elecciones, los candidatos se presentan con un programa de gobierno para la solución de los problemas nacionales a pesar del bloqueo. El electo debe ser capaz de negociar —con el apoyo de los cubanos residentes en los EE.UU. y la comunidad internacional— su desmantelamiento.
6. Autonomía municipal, que incluiría la fijación de un impuesto —no inferior al 5%— a favor del desarrollo local por parte de las empresas instaladas en el territorio, y prioridad a sus pobladores para todos los empleos.
En lo económico:
1. Economía mixta y desmilitarizada, sostenible y amigable con el medioambiente; que reconozca todas las formas de propiedad (cooperativa, privada y pública encargada al Estado) e impulse la agricultura familiar, pesca y ganadería como garantías de la soberanía alimentaria.
2. Política redistributiva y fiscal progresiva, que respalde los programas sociales en pos de la equidad y la justicia social.
3. Libertad para el comercio exterior de todos los actores económicos; estímulo a la inversión sin menoscabo de la soberanía y dando prioridad a los cubanos, residentes o no en Cuba.
4. Plena soberanía de la moneda nacional en todas las transacciones domésticas.
5. Estímulo a la industria y la producción nacionales, con un programa temporal de exención de impuestos para nuevos emprendimientos y aquellos que tienen una presencia mínima en el espacio económico.
6. El Estado respalda particularmente a las cooperativas como forma de propiedad de mayor grado de socialización y economía solidaria.
7. Que aquellos sectores o instituciones públicas que el Estado administre o gestione, funcionen bajo control obrero y tiendan a la autogestión.
8.Solo los renglones y funciones estratégicas por su carácter público —defensa y orden interior subordinados a la Constitución y su respectivo objeto social; subsuelo; servicios públicos básicos y política exterior— estarán en manos del Estado, que también ejercerá una adecuada regulación del mercado.
Particular atención y responsabilidad tendrá con las políticas públicas y protección a la salud, educación, cultura y seguridad social públicas, e incluso sobre formas privadas, garantizando en todas el respeto a los derechos laborales.
Particular atención y responsabilidad tendrá con las políticas públicas y protección a la salud, educación, cultura y seguridad social públicas. (Foto: Alexandre Meneghini – Reuters)
En lo social:
1. Justicia social, acceso universal y gratuito a la educación, la salud y la seguridad social e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, con independencia de que existan iniciativas privadas.
2. Restitución de todos los derechos de los emigrados como ciudadanos cubanos.
3. Programa especial de atención a los desequilibrios regionales en materia económica, medioambiental, de desigualdad y dignificación de la vida humana. También de protección a los sectores vulnerables.
4. Libertad de conciencia, asociación, pensamiento, expresión, información, prensa, circulación, y políticas específicas para evitar todo tipo de discriminación, incluyendo la territorial y por ideas políticas.
5. Respeto y protección a todos los derechos humanos con el respaldo jurídico correspondiente y la existencia de una Defensoría del Pueblo.
6. Estímulo al empoderamiento ciudadano y la existencia de una sociedad civil diversa y vigorosa.
En política exterior:
1. Independiente, soberana y solidaria, sin que esto último implique dejar desprovisto al pueblo cubano de recursos básicos.
2. Comprometida con la autodeterminación de los pueblos, el multilateralismo, no intervención y no injerencia en los asuntos internos de otros países.
3. Ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional —en vigor desde el 2002 y que cuenta con 123 países miembros—  y el Protocolo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la cual Cuba es parte y funciona desde igual fecha.
4. Coherencia absoluta con la política doméstica y apegada también a la soberanía y el control popular.
Otros muchos aspectos podrían agregarse o debatirse. Es obvio que se necesitaría un proceso controlado de transición democrática, basado en el respeto a la soberanía popular en lo interno, y nacional frente al sistema mundial. Los cómo quedan para otro texto. Por ahora, bienvenido sea el debate.
Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com
***
[1] C. Wright Mills: La Imaginación Sociológica, Oxford University Press, 1959.

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Inxilio ciudadano y diálogo nacional

Casi la quinta parte de los cubanos y cubanas vive en la emigración. La mayoría de ellos se reconoce como exiliados, tanto por sus motivaciones políticas como por el trato discriminatorio que reciben del gobierno; en particular, la prohibición de participar en la vida económica, social y política de la Isla, lo que desconoce su cualidad de ciudadanos cubanos.
Existe, sin embargo, otra parte sustancial de la población que vive en el archipiélago y tampoco participa cívica y políticamente como quisiera y debiera; muchos ni siquiera lo intentan. A ese sector es al que denomino inxilio ciudadano.
Cuando se levantan voces que claman por un diálogo nacional incluyente, que permita discutir y resolver los acuciantes problemas de la nación, es llamativa la falta de participación de amplios sectores sociales en esta lucha crucial. ¿Será que no existe una voluntad mayoritaria sobre la necesidad de convocarlo y basta con el remedo de diálogo que organiza el gobierno con grupos de sus parciales? ¿O será que para la mayoría apenas comienza el proceso de resurgir del inxilio ciudadano en que vive?
-I-
Aristóteles dejó sentado que «el hombre es un animal político», en alusión a los derechos y deberes de todos los ciudadanos griegos de participar en el gobierno de sus respectivas ciudades-Estado (polis). Este principio ha constituido la quintaesencia de la democracia, en correspondencia con su carácter de clase (esclavista, feudal, burguesa, obrera).
Las revoluciones y las profundas reformas democrático-burguesas que destruyeron el Feudalismo y crearon las modernas naciones capitalistas en Europa, América y Asia; elevaron los derechos políticos de los ciudadanos —de expresión, imprenta, elegir y ser elegidos por el voto individual, etc.— a la categoría de derechos humanos universales.
La lucha incesante de los trabajadores y sectores marginados por hacer realidad estas conquistas ante gobiernos elitistas y soberbios, ha dado lugar a la actual legislación sobre los derechos humanos, enriquecida luego con el añadido de los de segunda (económico-sociales) y tercera generación (diversidad).
Rebeliones, manifestaciones callejeras, huelgas, cartas de demandas, movimientos sociales, partidos políticos, campañas electorales, ascenso y entronización de líderes populares; son vías de participación política utilizadas por sectores populares en el mundo moderno. Nunca el enajenante inxilio en una supuesta zona de confort personal (casa, familia, amigos) y el olvido/rechazo del deber de luchar por sus derechos conculcados, han sido atributos de los ciudadanos que claman por cambios políticos.

Para hacer realidad los principios de «Igualdad, Libertad, Fraternidad» —transformados por la reacción burguesa-terrateniente en libertad de explotar a los trabajadores y el resto del mundo—, surgió y se desarrolló el movimiento socialista. La propia Revolución de Octubre se hizo bajo la consigna: «¡Todo el poder a los soviets!», no al Partido Bolchevique.
La constitución del estado burocrático en la URSS fue un proceso complejo y gradual de sustitución del poder de los órganos de autogobierno de obreros, campesinos y soldados, por burócratas del PCUS y el Estado soviético, quienes lograron neutralizar y aplastar los mecanismos democráticos populares y sustituirlos por sus instrumentos amañados para eternizarse en el poder.  Con cada limitación sobre el control obrero y la crítica revolucionaria, la revolución proletaria fue cediendo paso a la contrarrevolución burocrática.
En el ejercicio del poder burocrático socialista se torna vital la cuestión de quiénes ejercen la participación a plenitud: funcionarios, expertos o ciudadanos. La experiencia histórica del «socialismo real» muestra que, mientras las tesis de los funcionarios de alto rango se transforman en orientaciones para la mayoría; los expertos son convocados únicamente cuando se requieren sus conocimientos, pero, por lo general, sus conclusiones son engavetadas y tenidas en cuenta solo si los cuadros superiores lo estiman conveniente.
Por último, los ciudadanos simples tienen escasas posibilidades reales de participar eficazmente, pues sus opiniones son ignoradas o recogidas para engrosar estadísticas. En el mejor de los casos, son recepcionadas y luego respondidas casi siempre mediante explicaciones que rechazan lo planteado.
La alta burocracia socialista sabe que los enemigos mortales de su hegemonía son la libertad de expresión e información y el control obrero; de ahí que los enfrente resueltamente por métodos cada vez más sofisticados, falaces y truculentos. Para ella, el pueblo existe como mayoría silenciosa/ruidosa, cuyas opiniones pueden ser loables siempre que vengan llenas de agradecimiento y lealtad; de lo contrario, son fastidiosas y solo se canalizan debidamente por las vías establecidas, en el momento y lugar adecuados.
Con el decursar de tal estilo de gobernanza, la ciudadanía es sometida a un proceso de castración de su espíritu cívico-político, carácter crítico y hábito de pensar por sí misma. En tanto, los burócratas hegemonizantes la entretienen, conduciéndola de una tarea en otra, como las hormigas pastoras a las bibijaguas.
En el afán de perpetuar su hegemonía, la burocracia empoderada minimiza el valor de la participación crítica de los trabajadores mediante un discurso híper optimista, que suele ocultar sus yerros con el fin de sostener vivas las expectativas de mejoramiento social a partir de prometer transformaciones que luego no son aplicadas, o se tergiversan durante su puesta en práctica.
El pueblo existe como mayoría silenciosa/ruidosa, cuyas opiniones pueden ser loables siempre que vengan llenas de agradecimiento y lealtad. (Foto: ACN)
-II-
Hace un tiempo apunté que el socialismo cubano:

[…] también requiere socializar los sueños pues los seres humanos se mueven, ante todo, por las expectativas de prosperar y el socialismo necesita, como ningún otro sistema, la participación activa de la mayoría de los ciudadanos en los procesos sociales, económicos y políticos. Los actores principales de la transición son los trabajadores conscientes y sus familias, no los burócratas satisfechos con su alter ego social: la muchedumbre de exiliados internos. Esos que no se quejan de nada porque ya se sienten exiliados de la Revolución desde hace rato y, en el peor de los casos, solo piensan en irse allende los mares.

Ese inxilio cívico-político resulta contraproducente, mucho más en la actualidad, cuando la participación ciudadana como alternativa para superar la obsoleta representación tradicional —asambleas del Poder Popular, elecciones parciales cada cuatro años, convocatorias a debates multitudinarios devenidos catarsis colectivas— se torna un enfrentamiento esencial en la lucha de clases entre los sectores empoderados de la burocracia y el resto del pueblo. 
Para lograr un diálogo nacional es necesario que la ciudadanía exprese sus opiniones políticas con mayor énfasis y eficacia. No basta con la lucha ideológica sostenida en el ciberespacio entre los que pretenden eternizar el actual modelo socialista estatista/burocrático, los que desean reformarlo para hacerlo verdaderamente democrático y participativo, o los que procuran destruirlo hasta que no queden rastros de la Revolución Cubana.
Superar el inxilio ciudadano en pos de transformar para bien de las mayorías el estado de cosas actual, es un imperativo de estos tiempos y del futuro de Cuba. El empoderamiento de los componentes de la sociedad civil es vía ineludible para vislumbrar un diálogo entre compatriotas que piensan diferente, sin compromisos ni ataduras a las exigencias de ninguna potencia extranjera.
Cuando la crisis de los partidos políticos se vuelve un fenómeno generalizado ante actores surgidos y promovidos desde la sociedad civil, es impostergable que los cubanos y cubanas se organicen para defender y conquistar sus derechos. Sin interlocutores reconocibles el gobierno no cederá a la realización de un verdadero diálogo nacional, pero debe admitir el derecho de los actores de la sociedad civil a organizarse libres de ataduras estatistas/burocráticas.
Es imprescindible que los ciudadanos y ciudadanas que permanecen en un inxilio pierdan el miedo a salir del closet político en que se han dejado acorralar, y se arriesguen a expresarse con libertad en los diferentes espacios del país, tanto digitales como físicos: centros de trabajo, organizaciones sociales, calles, plazas, redes sociales…
Superar la postración política en que vive y muere la mayoría de la ciudadanía, no es una tarea para las nuevas generaciones, sino para todas las que convivimos en la Cuba de hoy. Solo con la contribución de todos y todas a un diálogo nacional inclusivo, nuestra niñez y juventud podrán forjar sus proyectos de vida en una patria digna, próspera y sostenible, que sus padres les entregarán de pie.

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El derecho al libre albedrío

Desde que Eva convenció a Adán de morder la manzana del Paraíso, la voluntad de los humanos de ejercer su libre albedrío llenó de ira a los dioses y sus representantes: sacerdotes, monarcas y servidores. En la Cuba actual parece reproducirse esta pugna milenaria. Según muchos piensan, el pueblo de la Isla solo actúa si ejecuta órdenes; para unos, las provenientes del gobierno cubano; para otros, del estadounidense.
Si para el Gobierno/Partido/Estado los protestantes del 11-J eran «mercenarios pagados por el Imperio», ciertos opositores tradicionales perciben a quienes se manifiestan a favor del modelo como «obligados por el Estado», que los mantiene a condición de que permanezcan tranquilos y obedientes, como el buey manso del poema martiano Yugo y Estrella.
Ambas posturas reflejan una visión elitista y soberbia y un desprecio manifiesto por los hombres y mujeres del pueblo, al que dicen servir pero al que consideran incapaz de expresar directamente sus más caros deseos y aspiraciones por considerarlo más un rebaño de carneros que una multitud de individuos que ejercen su libre albedrío. ¡Qué casualidad que para los soberbios siempre los que actúan por encargo de sus jefes son los que piensan diferente!
«(…) para los soberbios siempre los que actúan por encargo de sus jefes son los que piensan diferente» (Foto: Estudios Revolución)
El 11-J sacó a la calle a tantos cubanos y cubanas de todas las edades y profesiones, que no bastaría el presupuesto de la CIA/USAID para pagarles el servicio. Puede haber existido un grupo de instigadores de lo acontecido, ladrones que aprovecharan para vandalizar donde único hay algo —las tiendas en MLC— y extremistas que atacaran a policías y hasta un hospital, pero la inmensa mayoría de los manifestantes expresaban sus más caras aspiraciones gritando pacíficamente en un arrebato de libertad. 
Casi todos los que hallan en el 11-J la expresión de un plan urdido en la sombra por una red de espías, lo hace por tres factores concomitantes: la estupefacción ante una explosión social sin antecedentes luego de 1959; la larga historia de agresiones y planes subversivos aupados por el gobierno de los Estados Unidos para acabar con la Revolución; y la incapacidad para asumir que alguien en Cuba se atreva a salir a la calle por propia voluntad a expresar opiniones políticas contrarias al gobierno.
Los dos primeros son hechos, el tercero es expresión de la eficacia con que han funcionado durante décadas los aparatos ideológicos del Estado —sistema de propaganda, escuela, prensa, medios de difusión, etc.— para imponer un sentido común acorde a sus intereses hegemónicos. A medida que lo ocurrido sale a la luz en vídeos, entrevistas y testimonios, todo parece indicar que la desesperación ante la situación existente, la agudización de la pandemia y la falta de concreción de los derechos plasmados en la Constitución de 2019, compulsaron a miles de personas a salir a las calles imponiéndose a sus miedos acumulados.
El agravamiento sostenido de la crisis, y sus consecuencias sobre los sectores más humildes y preteridos por las medidas tomadas —sobre todo las vinculadas a la venta de artículos de primera necesidad en tiendas en MLC y la consiguiente subestimación del peso cubano—, crearon el caldo de cultivo para este grito de los obstinados.
«Yo soy yo y mis circunstancias. Y si mis circunstancias cambian, cambio yo», decía Ortega y Gasset. Por eso no fue casual que los lugares donde se suscitaron las mayores protestas sean localidades y barriadas pobres, como puede apreciarse en los vídeos que proliferan en internet. De ahí que el Gobierno/Partido/Estado deba estipular medidas que favorezcan el consumo popular, no solo con el incremento de la producción nacional, sino también de las importaciones por vías que no sean las empresas comerciales monopólicas estatales, sancionadas por Trump y con sus arcas exhaustas.

Múltiples iniciativas se han propuesto. Todas implican superar el anacrónico monopolio estatal del comercio exterior, elemento del modelo que en seis décadas de funcionamiento ha demostrado su incapacidad para gestionar las necesidades de una economía abierta como la cubana, más allá de establecer enormes contratos con poderosos socios extranjeros —casi siempre de países aliados— que resultan obsoletos en la actual dinámica de la economía mundial y cubana en particular. También aquí es preciso confiar en el libre albedrío de los productores nacionales —estatales, cooperativos y privados— para escoger los proveedores y compradores extranjeros que mejor satisfagan sus intereses y las demandas del país.
Más allá de la implementación definitiva y eficaz de esta y otras reformas económicas pendientes, para que las protestas callejeras no se repitan y el país no entre en una espiral de violencia que no sería beneficiosa para nadie que quiera de veras a Cuba, hay que trazar una hoja de ruta conjunta del Estado y la sociedad civil.
Entre sus tareas deberían priorizarse el respeto y legalización de la libre expresión de las ideas políticas mediante una norma jurídica que establezca el procedimiento para hacerlo. Al mismo tiempo, determine los deberes y derechos de los participantes y de las fuerzas del orden que los protegerán e impedirán cualquier tipo de excesos.
Aunque la ANPP tiene su propio calendario legislativo, en el cual la implementación de los derechos de manifestación y reunión estaba prevista para septiembre de 2020 y fuera pospuesta por la pandemia, es preciso que los diputados se ocupen con urgencia de adelantar su discusión, aprobación y puesta en práctica. Es una deuda de los legisladores con sus electores, que son tanto los que salieron el 11-J a protestar pacíficamente, como las víctimas de actos violentos, los golpeados y encarcelados y sus represores.
También un compromiso para honrar los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Cuba es signataria. Más aún, llevar el derecho al libre albedrío político al cuerpo de la ley es una deuda con Martí quien previniera: «De nada servirían la libertad y el derecho, si el derecho y la libertad no se ejercieran; si todavía tuviera el pensamiento sobre sus espaldas el látigo de la censura».[1]
*** 
[1] “Los tiempos se acercan”, El Socialista, México, 11 de junio de 1876, OCEC, T2, p. 274.

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El 11J en Cuba: contextos, circunstancias y escenarios

Manifestantes, en su mayoría jóvenes, recorren las inmediaciones de la sede de la Asamblea Nacional de Cuba, en el paseo del Prado de La Habana, durante las protestas antigubernamentales estalladas el 11 de julio en el país insular caribeño.
Foto: Jorge Luis Baños/IPS

LA HABANA, 20 jul.- Las manifestaciones del domingo 11 de julio a lo largo y ancho del territorio cubano no deberían haber sorprendido. Los cubanos llevaban meses sufriendo penurias cada vez mayores. Algo tenía que pasar.
A pesar de los numerosos errores e insuficiencias de la política económica, algunos reconocidos por Raúl Castro, el propio presidente Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes, hasta ese día, se mantenía incólume la percepción, ahora puesta en duda, de que el gobierno cubano controlaba la situación, pues había heredado suficiente capital político y margen de maniobra.
Bastaba con apelar a la continuidad en la defensa de la soberanía y de las conquistas sociales de la Revolución. Se aceptaba algo que es solo parcialmente cierto: las excepcionales dificultades sufridas en los últimos meses se deben al bloqueo y a la pandemia, que era manejada con mucha solvencia. El tiempo estaba de su parte y podía llevar a cabo las reformas prometidas en el 2011 sin prisa, pero sin pausa, aunque a veces estas últimas parecían ser muy largas.
El 11 de julio cambió todo eso.
No cabe duda de que el detonante de la mayoría de estas manifestaciones y disturbios fue la campaña de desinformación y promoción del estallido social que se realiza persistentemente en las redes sociales desde fuera de Cuba, con apoyo de financiamientos de Washington.
Se han convertido en un elemento tóxico en la realidad nacional, que impacta sobre todo en jóvenes y especialmente en barrios empobrecidos. Esa campaña se combina de manera perversa con las propias medidas coercitivas unilaterales o bloqueo. Pero si esa campaña fue el detonante, también es cierto que no habría sido efectiva si no existiera un caldo de cultivo en los siguientes factores:
-el deterioro de la situación social en barrios empobrecidos (algo que no es nuevo pero que se ha agudizado en años recientes y no solo por la pandemia);
-el aumento de las enormes dificultades para conseguir alimentos, que las autoridades han sido incapaces de resolver;
-debido a los últimos brotes, especialmente en Matanzas, la falsa sensación de que el gobierno pudiera no ser tan eficiente como parecía en el manejo de la pandemia, tanto en su aspecto preventivo (vacunas y candidatos vacunales) como asistenciales (control de contagios y letalidad);
-una ineficiente estrategia comunicativa;
-una tendencia a desconocer, limitar y hasta criminalizar el disenso.
El gobierno cometió y sigue cometiendo el error de subestimar y hasta ignorar que sus propias acciones o falencias, percibidas o reales, provocan el malestar ciudadano. Se ha aferrado a la narrativa de que el estímulo exógeno al estallido social es el único o al menos el principal causante.
A una semana escasa del 11 de julio, se observa a las autoridades intentando operaciones de control de daños. Pero ese esfuerzo sigue siendo incompleto o mal dirigido.
Carlos Alzugaray.
Para continuar por ese camino es imprescindible evaluar correctamente la situación política y social y no cometer el error de culpar solamente a los factores externos sin atender los internos.
Ante todo, tiene que acometer con urgencia las reformas prometidas y garantizar que las mismas mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos. Las colas para alimentos se han convertido en un suplicio para cualquiera.
Un problema adicional que complica la situación es cómo contener a los elementos criminales que se aprovecharon de la situación para propiciar disturbios violentos sin que, al mismo tiempo, se cree la imagen, tanto dentro de la sociedad cubana como en el entorno internacional, de una represión excesiva contra manifestantes pacíficos.
Una de las primeras manifestaciones, la acontecida en San Antonio de los Baños, parece haber sido de estas, una protesta pacífica, como confirmó la presencia del presidente Díaz-Canel en esa ciudad ese día. Se trataba en gran medida de ciudadanos descontentos por penurias adicionales no adecuadamente justificadas por las autoridades.
Dentro de la sociedad cubana la experiencia de haber debatido y aprobado una nueva Constitución que contiene importantes elementos de respeto por el debido proceso no es un hecho menor. Entre los ciudadanos existe un mayor nivel de exigencia en el cumplimiento de la ley a que las autoridades policiales están obligadas.
En cuanto a la estrategia de comunicación debe buscar el adecuado balance para sumar y recuperar apoyos y evitar perder aún más de éstos. Hay una evidente erosión de la capacidad de convencimiento del argumento que todo se debe al bloqueo, más allá de que sea una verdad comprobable. El abuso de ese argumento sin enfocarse autocríticamente en los propios conduce a una pérdida aún mayor de credibilidad
Las autoridades deben intentar superar dos obstáculos político-ideológicos importantes. El primero es que aún prevalece en la burocracia la vieja mentalidad estrecha del socialismo como un modelo estatista basado en la planificación centralizada, que minimiza el papel del mercado en la asignación de recursos.
El segundo nace de concepciones que definen el socialismo en términos autoritarios, desconociendo o criminalizando el disenso de los que recomiendan cambios en el modelo social para hacerlo más eficiente económicamente y más democrático y respetuoso del estado de derecho que se estableció por la Constitución del 2019.
Esta tendencia arremete contra todo el que disiente endilgándole muchas veces epítetos como el de “centrista”, que se intentan convertir en sinónimo de contrarrevolución.
Las interpretaciones que se le están dando desde los medios oficiales a lo acontecido el domingo demuestran ese punto. Hay un intento de desprestigiar, disminuir y hasta criminalizar a todo el que se sumó a las protestas, calificándolos de “anexionistas”, criminales o “confundidos”. No todo el que participó cabe en esas descripciones ambiguas.
Hay demandas reales hechas de forma pacífica, cuyo desconocimiento puede ser arriesgado.
A ello habría que añadir que el discurso oficial justifica el uso de la violencia represora y esto impacta negativamente en sectores de la población que se mantienen al margen, pero observan con consternación todo lo que sucede. Un ejemplo que viene al caso es el de intelectuales y artistas que han hecho públicas sus críticas.
Los acontecimientos han repercutido negativamente en la imagen internacional de Cuba. Se percibe que las autoridades, incluso las de seguridad, fueron tomadas por sorpresa. También hay la apreciación de que se está ocultando el nivel de la represión.
A estas alturas no hay todavía una cifra de detenidos ni una información de cuántas manifestaciones se produjeron, cuántas fueron pacíficas, cuántas fueron claros disturbios, ni de cuántos ciudadanos participaron. Y, por supuesto, hay voces que reclaman la liberación de todo el que protestó pacíficamente.
Este vacío de información provoca que tanto la ciudadanía como actores externos puedan ser desinformados por aquéllos que tienen el evidente propósito de acosar al liderazgo cubano sin importarles más nada.
No se tiene en cuenta que en la ciudadanía ya se ha arraigado la idea de que la protesta pública pacífica es lícita y debe ser protegida por la ley, ante cuyo precepto el gobierno parece tener una actitud negativa, cuando reacciona proclamando que “la calle pertenece a los revolucionarios”.
Esa no es la respuesta más conveniente ni desde el punto de vista interno ni del externo, además de que atenta contra el estado socialista de derecho.
En resumen, estas manifestaciones son inéditas y llaman la atención sobre problemas internos de la sociedad cubana agudizados por las medidas coercitivas unilaterales del gobierno norteamericano, que empobrecen al pueblo y acosan al gobierno cubano.
Es un reto de gran magnitud para un liderazgo político cubano que, a pesar de que ya ha sido puesto a prueba, está en proceso de consolidación en condiciones excepcionalmente adversas, no sólo por la pandemia.
Los desafíos son sumamente complejos, pero son también decisivos.
Los líderes cubanos harían bien en considerar que, en situaciones similares en otros contextos, la estrategia exitosa seguida por homólogos políticos afines ha tenido como divisa sumar y no restar; escuchar y no hacer oídos sordos a los reclamos legítimos.

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