LA HABANA, Cuba.- La Gaceta Oficial No.8 Extraordinaria acaba de publicar la Resolución 861/2021 del Ministerio de la Agricultura, que trata sobre cambios en la contratación y comercialización de la producción agropecuaria, forestal y tabacalera para el actual año 2022.
El propósito de la normativa, a decir del diario Granma, es “adecuar la contratación de la producción a las condiciones actuales y consolidar los resultados alcanzados, como proceso que permita entrelazar la producción con la comercialización”.
Evidentemente, asistimos a una nueva maniobra de los gobernantes cubanos dirigida a afianzar el control estatal sobre tres de los momentos fundamentales de la gestión agropecuaria en el país: la producción, la contratación y la comercialización.
En primer término se habla de la desagregación del plan de la agricultura hasta el nivel de cada productor. Lo anterior significa que los directivos del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) decidirán lo que van a sembrar y en qué cantidades los asociados a las Cooperativas de Producción Agropecuaria, a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, los usufructuarios de tierras ociosas, y hasta los pequeños productores privados.
Sin dudas, una medida que, además de eliminar la iniciativa de los productores, envuelve a todo el sector agropecuario en los tentáculos de la planificación socialista, un mecanismo burocrático que ha demostrado su ineficiencia a través de los años.
Otro acápite de la Resolución establece la obligatoriedad de registrar las siembras que se asocian a cada producto contratado en el Sistema Informático de Planificación Agropecuaria.
No conformes con las visitas que realiza el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, a todos los gestores de la producción agropecuaria en el país con el objetivo de “convencerlos” para que contraten la mayoría de sus producciones con el Estado, ahora la maquinaria castrista ha decidido registrar todas las producciones de este sector.
De esa manera podrán decidir qué porcentaje de las producciones serán vendidas al Estado -por supuesto, la mayoría-, y qué pequeño margen se permitirá que acuda a los pocos mercados de oferta-demanda que van quedando en el país, y que comercializan libremente los productos del agro.
Esta excesiva injerencia gubernamental lleva implícita también la participación protagónica de la estatal Empresa de Acopio en la comercialización de las producciones agropecuarias. Un engranaje que con frecuencia aplica precios de compra a los productores que no cubren sus costos reales de producción, y que conducen a la desmotivación de los trabajadores que hacen producir las tierras de la nación.
El contenido de esta nueva Resolución da al traste en el sector de la agricultura con los espacios de mercado que reconoce la propia Constitución de la República -reconocidos en el papel, pero cada vez más inexistentes en la práctica-, al tiempo que ubica en primer plano los mecanismos directos o administrativos de dirección, una modalidad que, según la cacareada Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, iba en camino de desaparecer.
Al parecer, los dirigentes castristas no acaban de entender que la solución de los problemas que afronta la agricultura cubana pasa por la retirada de las manos estatales -si no total, al menos en buena medida- de este importante sector de la economía. Hay que dejar que los trabajadores agropecuarios, de las distintas formas de gestión y propiedad, produzcan sin ataduras, y puedan llevar a la mesa del cubano de a pie los alimentos que hoy se tornan sumamente escasos.
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