¿Solidaridad o negocio? Qué ocultan las misiones médicas de Cuba

Blinken: Cuba es uno de 11 países en el mundo donde el gobierno es el traficante de personas (VIDEO)

El senador Bob Menéndez (D-N.J.), Presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, y el senador Marco Rubio (R-Fla.), el Miembro de Más Alto Rango en el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, presentaron el jueves el Proyecto de Ley para Combatir la Trata de Médicos Cubanos del 2021.
En un comunicado, los Senadores informaron que esta legislación fortalecerá las medidas para que el régimen cubano rinda cuentas por la trata de personas y la explotación de médicos, enfermeros, y otros profesionales de la salud cubanos que son explotados a través de las llamadas ‘misiones medicas’ al extranjero.
Este proyecto de ley también restablece el Programa de Libertad Condicional para Profesionales Médicos Cubanos, que permitiría a médicos cubanos, enfermeros y otros profesionales de la salud–quienes son elegibles–y a sus familiares inmediatos a emigrar a Estados Unidos.
“Las misiones médicas de Cuba, que en la superficie aparentan ser motivadas por esfuerzos humanitarios y empáticos, son en realidad esquemas coercitivos de trata de personas del régimen que solo enganchan a profesionales médicos cubanos en servidumbre por contrato”, dijo el senador Menéndez en el comunicado.
“Es inaceptable que el régimen cubano haya seguido explotando a los médicos y enfermeros con fines de lucro, reteniendo sus pasaportes, tomando represalias contra sus familiares y manipulándolos a través de otras formas de presión e intimidación. Los trabajadores de la salud de primera línea merecen nada menos que nuestra admiración y gratitud, especialmente a medida que la pandemia del COVID-19 continúa azotando al mundo”, añadió.
Por su parte, el senador Rubio expresó que “no hay duda de que las llamadas ‘misiones médicas en el exterior’ del régimen cubano son una trampa coercitiva,” y añadió que “el régimen de Castro y Díaz-Canel puede tratar de disfrazar estas misiones como esfuerzos humanitarios, pero la realidad es que son brigadas de trata de personas patrocinadas por el Estado”.
“Los médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud cubanos son sujetos a condiciones de trabajo deplorables, confiscaciones de sus documentos legales y una compensación significativamente reducida. Estados Unidos tiene un deber moral de combatir estos esquemas y hacer que los perpetradores de estos abusos rindan cuentas”, opinó el senador Rubio.
La presentación de este proyecto de ley llega después de la decisión de la administración del presidente Joe Biden en presentar un escrito de amicus curiae en el caso de Ramona Matos Rodriguez, et al., v. Pan American Health Organization, que incluye alegaciones sobre la posible facilitación de trata de personas por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En un discurso ante el pleno del Senado el miércoles, Menéndez opinó que “si bien el escrito aborda algunos de los aspectos técnicos del caso, en la práctica no hace nada para condenar la dictadura de Cuba por la trata de personas o la participación de la Organización Panamericana de la Salud en esos programas que eran trata de personas”.

Asimismo añadió que “la administración Biden desaprovechó una oportunidad de avanzar el incomparable liderazgo de los Estados Unidos en el combate de todas las formas de la trata de personas y la esclavitud moderna”.
El senador Menéndez pidió al Presidente y al Secretario de Estado que “redoblen sus esfuerzos en presionar a Cuba para que termine con su programa de trata de doctores y de los muchos otros abusos que siguen cometiendo en contra el pueblo cubano.”
El Senador señaló además que “la dictadura de Cuba generó más de $ 6 mil millones en ganancias de sus esquemas de trabajo forzoso solo en 2018, ya que traficaba a decenas de miles de profesionales médicos cubanos a unos 60 países”.
Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos reiteró su profunda preocupación por las denuncias de trabajo forzoso derivadas del programa de misiones médicas internacionales del régimen de Cuba.
“Tenemos preocupaciones serias y constantes sobre las denuncias de trabajo forzoso en el programa de misiones médicas de Cuba. Todos los años desde 2010, el Departamento de Estado ha documentado indicadores de trabajo forzoso en las misiones médicas de Cuba en el extranjero”, dijo a Radio Televisión Martí un portavoz del Departamento de Estado.
El funcionario recordó que en el Informe sobre Trata de Personas de 2020, la Cancillería determinó que La Habana aplicó una política o patrón de lucro en su programa de misiones médicas en medio de fuertes indicios de trabajo forzoso. En este reporte, Cuba fue clasificada en la categoría tres en una relación de 19 países, en la que destacan Irán, Birmania, Corea del Norte, Venezuela y China.

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Senadores Menéndez y Rubio presentan Proyecto de Ley para Combatir Trata de Médicos Cubanos (VIDEO)

El senador Bob Menéndez (D-N.J.), Presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, y el senador Marco Rubio (R-Fla.), el Miembro de Más Alto Rango en el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental,  presentaron el jueves el Proyecto de Ley para Combatir la Trata de Médicos Cubanos del 2021. 

En un comunicado, los Senadores informaron que esta legislación fortalecerá las medidas para que el régimen cubano rinda cuentas por la trata de personas y la explotación de médicos, enfermeros, y otros profesionales de la salud cubanos que son explotados a través de las llamadas ‘misiones medicas’ al extranjero.

Este proyecto de ley también restablece el Programa de Libertad Condicional para Profesionales Médicos Cubanos, que permitiría a médicos cubanos, enfermeros y otros profesionales de la salud–quienes son elegibles–y a sus familiares inmediatos a emigrar a Estados Unidos.

“Las misiones médicas de Cuba, que en la superficie aparentan ser motivadas por esfuerzos humanitarios y empáticos, son en realidad esquemas coercitivos de trata de personas del régimen que solo enganchan a profesionales médicos cubanos en servidumbre por contrato”, dijo el senador Menéndez en el comunicado.

“Es inaceptable que el régimen cubano haya seguido explotando a los médicos y enfermeros con fines de lucro, reteniendo sus pasaportes, tomando represalias contra sus familiares y manipulándolos a través de otras formas de presión e intimidación. Los trabajadores de la salud de primera línea merecen nada menos que nuestra admiración y gratitud, especialmente a medida que la pandemia del COVID-19 continúa azotando al mundo”, añadió.

Por su parte, el senador Rubio expresó que “no hay duda de que las llamadas ‘misiones médicas en el exterior’ del régimen cubano son una trampa coercitiva,” y añadió que “el régimen de Castro y Díaz-Canel puede tratar de disfrazar estas misiones como esfuerzos humanitarios, pero la realidad es que son brigadas de trata de personas patrocinadas por el Estado”.

“Los médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud cubanos son sujetos a condiciones de trabajo deplorables, confiscaciones de sus documentos legales y una compensación significativamente reducida. Estados Unidos tiene un deber moral de combatir estos esquemas y hacer que los perpetradores de estos abusos rindan cuentas”, opinó el senador Rubio.

La presentación de este proyecto de ley llega después de la decisión de la administración del presidente Joe Biden en presentar un escrito de amicus curiae en el caso de Ramona Matos Rodriguez, et al., v. Pan American Health Organization, que incluye alegaciones sobre la posible facilitación de trata de personas por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

En un discurso ante el pleno del Senado el miércoles, Menéndez opinó que “si bien el escrito aborda algunos de los aspectos técnicos del caso, en la práctica no hace nada para condenar la dictadura de Cuba por la trata de personas o la participación de la Organización Panamericana de la Salud en esos programas que eran trata de personas”.

Asimismo añadió que “la administración Biden desaprovechó una oportunidad de avanzar el incomparable liderazgo de los Estados Unidos en el combate de todas las formas de la trata de personas y la esclavitud moderna”.

El senador Menéndez pidió al Presidente y al Secretario de Estado que “redoblen sus esfuerzos en presionar a Cuba para que termine con su programa de trata de doctores y de los muchos otros abusos que siguen cometiendo en contra el pueblo cubano.”

El Senador señaló además que “la dictadura de Cuba generó más de $ 6 mil millones en ganancias de sus esquemas de trabajo forzoso solo en 2018, ya que traficaba a decenas de miles de profesionales médicos cubanos a unos 60 países”.

Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos reiteró su profunda preocupación por las denuncias de trabajo forzoso derivadas del programa de misiones médicas internacionales del régimen de Cuba.

“Tenemos preocupaciones serias y constantes sobre las denuncias de trabajo forzoso en el programa de misiones médicas de Cuba. Todos los años desde 2010, el Departamento de Estado ha documentado indicadores de trabajo forzoso en las misiones médicas de Cuba en el extranjero”, dijo a Radio Televisión Martí un portavoz del Departamento de Estado.

El funcionario recordó que en el Informe sobre Trata de Personas de 2020, la Cancillería determinó que La Habana aplicó una política o patrón de lucro en su programa de misiones médicas en medio de fuertes indicios de trabajo forzoso. En este reporte, Cuba fue clasificada en la categoría tres en una relación de 19 países, en la que destacan Irán, Birmania, Corea del Norte, Venezuela y China.

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EEUU preocupado por denuncias de trabajo forzoso y trata de personas en misiones médicas de Cuba (VIDEO)

El gobierno de Estados Unidos ha reiterado su profunda preocupación por las denuncias de trabajo forzoso derivadas del programa de misiones médicas internacionales del régimen de Cuba mientras revisa su política en cuanto a la isla para “garantizar que los derechos humanos y laborales de los cubanos sean respetados”.

“Tenemos preocupaciones serias y constantes sobre las denuncias de trabajo forzoso en el programa de misiones médicas de Cuba. Todos los años desde 2010, el Departamento de Estado ha documentado indicadores de trabajo forzoso en las misiones médicas de Cuba en el extranjero”, dijo a Radio Televisión Martí un portavoz del Departamento de Estado.

El funcionario recordó que en el Informe sobre trata de personas de 2020, la Cancillería determinó que La Habana aplicó una política o patrón de lucro en su programa de misiones médicas en medio de fuertes indicios de trabajo forzoso. En este reporte Cuba fue clasificada en la categoría tres en una relación de 19 países, en la que destacan Irán, Birmania, Corea del Norte, Venezuela y China.

Este miércoles, en una intervención en el Senado, el cubanoamericano Bob Menéndez denunció que “las llamadas misiones médicas del régimen cubano no son más que trata de personas” […] y que la “participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en estos programas de trata de personas de la dictadura no puede ser ignorada”.

 

“En noviembre de 2019, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas expresaron su inquietud de que la trata de médicos por parte del régimen cubano constituye trabajo forzoso y esclavitud moderna”, recordó el senador demócrata que preside el influyente comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta del Congreso.

En este sentido el portavoz del Departamento de Estado marcó la posición oficial: “Instamos a los países a tomar medidas para prevenir el trabajo forzoso y buscar transparencia en los acuerdos contractuales entre el gobierno cubano y los profesionales médicos, a que evalúen a los trabajadores cubanos de la salud vinculados a este programa a fin de detectar indicios de trata y proteger a las víctimas identificadas”.

Representados por el abogado estadounidense Dan Samuel Dubbin, en noviembre 2018 los galenos cubanos Ramona Matos Rodríguez, Tatiana Carballo Gómez, Fidel Cruz Hernández y Russela Margarita Rivero, desertores del programa “Más Médicos” en Brasil, presentaron una demanda (Ramona Matos v. OPS) contra la OPS y acusaron a la institución de conspirar con los gobiernos de Cuba y Brasil para hacerlos trabajar de manera forzada.

En un dictamen sin precedente emitido en noviembre 2020, el juez federal James Boasberg del distrito de Washington D.C. negó una moción presentada por la OPS que buscaba desestimar la querella, esgrimiendo inmunidad. El magistrado determinó que el ente regional carece de protecciones especiales para ser enjuiciado en los tribunales de EEUU, tomando en cuenta el carácter comercial de su papel como intermediario financiero entre Cuba y Brasil en el programa Más Médicos.

El Departamento de Justicia se involucró esta semana en el caso con un informe amicus curiae, una figura que permite a terceros ingresar en el procedimiento con el objetivo de contribuir con elementos que puedan ser útiles a la resolución del litigio.

En su intervención, Menéndez dijo que ese actuar del gobierno era preocupante y pidió al Presidente y al Secretario de Estado “que redoblen sus esfuerzos en presionar a Cuba para que termine con su programa de trata de doctores y de los muchos otros abusos que sigue cometiendo en contra el pueblo cubano”.

El abogado Dubbin declinó ofrecer declaraciones a Radio Televisión Martí, pero una fuente cercana al caso dijo que Justicia entre los elementos presentados, reconoció que la OPS no tiene inmunidad como la tiene la Organization Mundial de la Salud, coincidiendo con la sentencia ya emitida por el juez Boasberg.

La demanda sostiene que los galenos cubanos fueron víctimas de tráfico humano y que la OPS sólo les pagó un 10% o menos de los honorarios que Brasil abonó a la institución por sus servicios. Asimismo, denunciaron que la OPS abonó al menos 85% de ese dinero al gobierno cubano y se quedó con el 5% restante.

Al cierre de esta nota la OPS no había respondido a un correo electrónico enviado por este reportero.

El Departamento de Estado declinó comentar sobre el informe amicus curiae o el litigio en general.

Según los médicos demandantes, el régimen los obligó a trabajar en Brasil entre 2013 y 2017 bajo amenazas, no tenían libertad de movimiento y estaban vigilados continuamente por agentes de los servicios de inteligencia del régimen.

El portavoz del Departamento de Estado dijo que continúan instando a los países que están considerando la posibilidad de invitar a trabajadores cubanos de la salud a participar en esos programas a cumplir con sus obligaciones y compromisos internacionales de derechos humanos y con las normas laborales internacionales.

“Deben garantizar que los profesionales médicos cubanos reciban su pago directamente, conserven sus documentos de viaje e identidad, tengan la oportunidad de revisar sus contratos, tengan libertad de movimiento y no sean sancionados ni represaliados por abandonar el programa”, concluyó el funcionario.

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Polémico contrato de médicos cubanos en Panamá se extiende por $632,789 dólares

A pesar de que la tasa de contagios por COVID-19 ha descendido notablemente en Panamá y de la polémica desatada por la contratación de personal de salud cubano, el gobierno panameño acaba de renovar el acuerdo con el Ministerio de Salud de Cuba.

Esta renovación, estipulada en $ 632, 780 dólares se ha realizado con el propósito de mantener en el país a 122 de los 220 médicos cubanos que arribaron en noviembre de 2020, para atender las necesidades de la población según dio a conocer el diario istmeño La Estrella de Panamá.

De acuerdo con el periódico, el convenio tenía una duración de tres meses, con posibilidades de extenderse hasta seis a criterio de las autoridades panameñas.

La extensión de contrato fue solicitada por “los directores médicos de instalaciones de salud del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social […] para continuar la cobertura de la atención médica”, afirma La Estrella de Panamá.

La presencia de personal médico cubano en el país centroamericano destapó una aguda polémica a raíz de conocerse que el pago por los servicios se hizo directo al régimen de Cuba y no a los profesionales, según afirmó en una entrevista el asesor del Gobierno panameño Francisco Sánchez Cárdenas.

La contratación de los cubanos se basa en un acuerdo bilateral que preveía la llegada a Panamá de 10 equipos médicos -sin que se precisara la cantidad de personal por equipo- por un periodo de tres meses prorrogables, con un costo mensual de 591.197 dólares, según una resolución oficial difundida por medios locales meses atrás.

Entrevistada para Radio Televisión Martí en enero de este mismo año, Teresita Yániz de Arias, que llegara a ocupar el cargo de presidenta de la Asamblea  alertó entonces que a los cubanos “se les tiene que pagar de acuerdo con lo que indica nuestro código laboral, lo que establece nuestra Constitución. Es decir, que el salario de ellos no se le puede pagar al gobierno cubano porque es una violación a los derechos humanos aquí, en Cuba y en la Conchinchina que se le pague el trabajo realizado a un intermediario”.

Por otra parte, prestigiosas organizaciones internacionales que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo han calificado el estilo de contratación de profesionales cubanos como “mano de obra esclava”.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo el año pasado al gobierno de Panamá que no puede desentenderse de los derechos humanos de los galenos cubanos.

“Su gobierno tiene la obligación de garantizar los DDHH de quienes se encuentren en territorio panameño”, declaró Vivanco en un Twitter dirigido al presidente Nito Cortizo.

 

La llegada del personal cubano generó en diciembre la molestia de los gremios médicos locales, dado que la medicina es una de las decenas de profesiones y oficios que por ley solo pueden ejercer ciudadanos panameños.

La Sociedad Panameña de Cardiología consideró que la contratación de médicos cubanos para combatir el COVID-19 vulnera las leyes vigentes en cuanto a la contratación de personal de Salud en el exterior.

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