HAVANA CLIMA

propiedad estatal

La crisis estructural de la industria no azucarera en Cuba

Para nadie es un secreto que la economía cubana afronta una crisis estructural desde hace más de tres décadas. En este tiempo ha aumentado considerablemente la vulnerabilidad externa y se ha reforzado el subdesarrollo, entendido como incapacidad para el desarrollo. Desde los años noventa, tras la implosión del llamado campo socialista, comenzó a derrumbarse el tejido productivo nacional, tanto en la industria como en la agricultura. La dirigencia cubana apostó por un cambio estructural a favor del desarrollo del turismo, con escasos encadenamientos productivos internos.
En la actualidad, se ha deteriorado notablemente el patrón de inserción internacional del país, que depende de las importaciones para mal afrontar la mayor parte de sus necesidades, tanto de materias primas como de bienes de consumo en general, y muy especialmente de alimentos. Esto es insostenible económicamente, pero también desde el punto de vista social y político. Por eso resulta imprescindible superar la crisis que afecta al sistema productivo y abarca a la agricultura, la industria azucarera y la industria manufacturera no azucarera. Al análisis de esta última está dedicado el presente texto.

Antes de 1959 la economía cubana era altamente dependiente de la industria azucarera y aseguraba su inserción internacional a través de exportaciones de azúcar, tabaco y algunos otros bienes primarios. Sin embargo, es sabido que a partir de la década del cuarenta se habían comenzado a desarrollar varias ramas de la industria transformadora, entre ellas, la producción de alimentos, bebidas, manufactura del tabaco, textiles, prendas de vestir, calzado, papel y sus productos, imprenta e industria editorial, madera y sus productos, muebles y accesorios, cuero y sus productos, jabonería y perfumería, caucho e industria del plástico, productos químicos, metalurgia y manufacturas diversas.
A partir de informaciones del Tribunal de Cuentas, puede constatarse que en 1954 dichas industrias solo requerían un 11,5% de componentes importados.(1) Entre 1952 y 1956 se habían creado 154 nuevas plantas industriales, dieciséis generaban exportaciones y 117 sustituían importaciones.(2) Según datos del Consejo Nacional de Economía, en 1958 el 21% de la fuerza laboral empleada lo hacía en actividades industriales, y de acuerdo con Claes Brundenius, en su libro Revolutionary Cuba: The Challenge of Economic Growth with Equity (1984), en el año anterior al triunfo revolucionario, la industria no azucarera representaba el 32,2% de la producción material estimada.
El Gobierno Revolucionario —a través de la ley 890 de octubre de 1960— nacionalizó, mediante expropiación forzosa, la mayor parte de las empresas industriales, comerciales y de trasporte del país. Luego las nacionalizaciones se hicieron extensivas a otras empresas subsidiarias y colaterales, con lo que la estatización de los medios de producción fue casi total desde inicios de la Revolución. La mayor parte de las empresas, algunas previamente intervenidas, fueron puestas bajo la dirección de revolucionarios con escasos conocimientos profesionales y técnicos, lo que unido al idealismo predominante condujo a graves errores en su dirección, a la caída de la producción y de la eficiencia.

No obstante, la industria ocupó un lugar central en la estrategia económica de los primeros años de la Revolución, en correspondencia con las ideas desarrollistas predominantes en América Latina y teniendo en cuenta la experiencia de otros países socialistas. Sin embargo, la excesiva centralización de las decisiones operativas y administrativas, el abandono de criterios financieros, los excesivos costos y el despilfarro predominante, lastraron rápidamente la actividad industrial.
La ruptura de vínculos económicos con Estados Unidos obligó a la mayor parte de la industria cubana, tanto a una reconversión tecnológica como a un cambio radical de proveedores de materias primas, maquinarias y equipos de repuesto. Pasó entonces a depender de suministros recibidos desde la Unión Soviética y otros países de Europa Oriental, en muchos casos tecnológicamente inferiores a sus similares procedentes de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón.
De hecho, se incrementó el componente importado en una serie importante de industrias. En su artículo «La planificación del comercio exterior» —Cuba Socialista, # 28 de 1963—, el futuro presidente del Banco Nacional Raúl León Torras, afirmaba que en 1962 la dependencia de insumos importados afectaba al 79% de la refinación de petróleo, 58% de la industria química, 44% de la metalurgia, 40% de la minería, 22% de la textil, 21% de la energía eléctrica, 12% de la construcción, 8% de la industria alimenticia y 4% de la azucarera.
A pesar del énfasis en el desarrollo industrial, la producción bruta de este sector tuvo una caída promedio anual de 2,7% entre 1960 y 1964. En consecuencia, a partir de la segunda mitad de los sesenta la estrategia de desarrollo se reorientó hacia la industria azucarera, aprovechando así el establecimiento de acuerdos ventajosos con la Unión Soviética, que posteriormente se readecuaron con el ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) a partir de 1972.
Ello no significaba abandonar la idea de la industrialización, sino utilizar la industria azucarera y a su mercado seguro y estable en los principales socios económicos de Cuba, como pivote del desarrollo posterior de una industria más diversificada. Más allá de tales intenciones, el resultado fue un reforzamiento del carácter monoproductor y monoexportador de la economía cubana.
No obstante, la industria no azucarera cubana se benefició de inversiones estatales y, sobre todo en los años ochenta, aparecieron algunas producciones industriales de relativamente baja calidad, orientadas al consumo nacional. Entre los principales rubros pueden mencionarse la industria alimentaria, con producciones de lácteos, embutidos, pastas alimenticias, cervezas, rones y aguardientes, maltas y refrescos, carnes deshuesadas y en conserva, pescados y mariscos; jabonería y perfumería; textiles; pinturas; materiales de construcción; fertilizantes; ensamblaje de ómnibus, camiones, vagones de ferrocarriles, montacargas; así como aparatos electrónicos para el hogar: televisores, radios y refrigeradores.
También se inició la fabricación de combinadas azucareras, aunque hacia el final de la década comenzó su descenso. En la segunda mitad de los ochenta se apreciaban descensos sostenidos en varios de los rubros industriales no azucareros.
Con el advenimiento del llamado Período Especial, la industria manufacturera cubana entró en su más profunda crisis, debido a múltiples factores, sobre todo: obsolescencia tecnológica; alta dependencia de componentes importados; escasez de combustibles, materias primas, maquinarias y demás insumos; así como escasa capacidad de ahorro e inversión del Estado cubano, propietario de todas las fábricas industriales de envergadura.
(Foto: Cibercuba)
A ellos debe añadirse el escaso interés de inversionistas extranjeros por dicho sector ante las dificultades del país para conectarse a cadenas globales, debido tanto a las restricciones impuestas por las sanciones económicas estadounidenses como a dificultades tecnológicas.
La situación actual de la industria manufacturera en la Isla es catastrófica. De acuerdo con cifras de UNCTADStat, basadas en datos oficiales cubanos, ella ha tenido una variación promedio anual de -1,14% en el período comprendido de 1989 a 2020. Entre 1990 y 1999 fue de -1,95%, desde 2000 hasta 2009 de 3,4% y entre 2010 y 2020 de -0,3%.(3) 
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba ha publicado recientemente el capítulo dedicado a la industria manufacturera del Anuario Estadístico 2021. El índice físico de producción de la industria no azucarera en 2021, respecto a 1989, es de 60,5, el más bajo del último lustro.
Ciertas industrias, como las de bebidas, productos del tabaco o fabricación de muebles, que en los últimos años habían logrado superar los niveles de 1989, volvieron a caer por debajo de la producción alcanzada en aquella fecha, que resultó previa al Período Especial pero que ya reflejaba una tendencia hacia el descenso. En algunos rubros, como equipos de transporte, aparatos eléctricos, papel y sus productos, cuero y sus productos, fertilizantes, productos textiles y prendas de vestir; los niveles de producción varían entre 0,1% y 8,8% del alcanzado a fines de los años ochenta.
El relanzamiento de la industria no azucarera cubana
La economía cubana en general y la industria en particular, enfrentan una grave crisis de la que no podrán salir si no se producen profundos cambios estructurales. El modelo de una industria estatal administrada centralmente probó su ineficacia porque la estatización de los medios de producción no condujo a su socialización, algo que ha lastrado toda la experiencia socialista contemporánea. No tiene sentido persistir en un modelo fracasado que lo único que hace es perpetuar y profundizar el subdesarrollo y agravar el deterioro del nivel de vida de la población.   
Con una economía esencialmente en manos del Estado, la inversión bruta fija ha sido de solo 8,28%(4) respecto al producto interno bruto entre 2000 y 2020, lo cual resulta a todas luces insuficiente para conducir a un proceso de crecimiento económico sostenido. Como es sabido, en los últimos años la prioridad inversionista del gobierno han sido los servicios empresariales, las actividades inmobiliarias y de alquiler, que incluyen todo el andamiaje de hoteles y servicios asociados al turismo; ello, a pesar de la persistencia de niveles insuficientes de ocupación hotelera.
Mientras, la industria, la agricultura, la educación y la salud han recibido muchos menos recursos de inversión. Entre 2017 y 2021, las actividades inmobiliarias y hoteleras atrajeron el 50,5% de la inversión del país, en tanto la industria no azucarera ha recibido el 11,3%, la azucarera 1,2%, agricultura 2,8%, educación 0,8% y salud 1,3%.
(Gráfico: Pedro Monreal)
Más allá de los insistentes cuestionamientos realizados por algunos economistas y otros profesionales sobre lo erróneo de esta política, la dirección del gobierno no ha sido conminada a explicar sus decisiones ante los organismos de control político —como debería ser la Asamblea Nacional— o de control fiscal —como debería ser la Contraloría General de la República—, a pesar de que los errores en política económica se traducen normalmente en deterioro del bienestar de la población.
Sin duda alguna se impone una reorientación de la política inversionista del gobierno hacia los sectores productivos y aquellos que tienen un mayor impacto en el bienestar material y social. Sin embargo, hasta ahora el reconocimiento público de sus errores y el enfrentamiento de sus responsabilidades no ha sido el punto fuerte de las autoridades cubanas.
Después de una larga sucesión de errores entre los cuales vale mencionar la Zafra de los Diez Millones que nunca se cumplió, la infructuosa siembra de café en el Cordón de La Habana, el desmonte de la mitad de las tierras sembradas de caña y el cierre de la mitad de los centrales azucareros, la dolarización parcial de la economía, unidos a los defectos de los mecanismos de dirección de la economía impuestos a contrapelo de la realidad; no quedan opciones diferentes al desmonte de una economía estatizada que no funciona.
La industria cubana no tiene futuro en manos de una burocracia incompetente. Sin embargo, entregarla a manos privadas sin la existencia de mecanismos democráticos transparentes, lo único que facilitará es que la supuesta propiedad del pueblo sea feriada a favor de intereses corruptos, no importa de dónde provengan. Por tanto, será necesario pensar en la combinación de alternativas verdaderamente socialistas con el estímulo a la inversión privada.
Ello podría lograrse, entre otras medidas, mediante la creación de  cooperativas obreras en ciertas empresas industriales; establecer el control democrático y directo de los trabajadores como representantes de la sociedad en aquellas que no se establezcan como cooperativas; «equitización» de empresas industriales, como ocurrió en Vietnam, donde se convierte a los trabajadores en propietarios de una parte considerable de las acciones emitidas por las empresas; arriendo mediante contratos a largo plazo de empresas estatales o de las partes que mantenga el Estado de las empresas «equitizadas» a inversionistas y gerentes privados para su gestión.
Finalmente, es imprescindible abrir la posibilidad al sector privado nacional y extranjero de crear empresas industriales privadas, eliminando las inmensas restricciones que pesan en la actualidad sobre las micros, pequeñas y medianas empresas.
Un proceso de esta naturaleza debe producirse en el contexto de la democratización de la sociedad, de forma tal que se evite la privatización corrupta de la propiedad que la Constitución define como «de todo el pueblo», pero que no lo es en realidad si el pueblo no puede decidir sobre ella.

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Cuestión de tiempo

Dos grandes adversarios tiene ante sí la clase política que detenta el poder en Cuba: el tiempo malgastado y la pérdida del monopolio de la información y las comunicaciones. La hostilidad de los Estados Unidos, y el injusto bloqueo que es su secuela más evidente, influyen negativamente pero no representan el principal obstáculo; lejos de eso, han permitido justificar políticas erróneas e ineficacias internas de vieja data.

Cuando en abril del 2011, once años atrás —en medio del 6to Congreso del PCC—, los inf proclamaron al 2030 como meta hipotética o puerto de llegada a un socialismo «próspero y sostenible» (devenida utopía discursiva) ya el bloqueo estaba allí, era, por tanto, un miembro de la ecuación. Trump no estaba. Ni la pandemia. Otra cosa que estaba era una infraestructura básica en condiciones de franco deterioro.
¿Cómo fue posible entonces anunciar una transformación de la economía nacional sin haberse propuesto asimismo transformar previamente, o al menos en una fase inicial, la infraestructura básica? Esta pregunta es esencial. Nuestra burocracia política es muy dada a definir conceptos generales en pose grandilocuente, pero rara vez consigue operacionalizarlos en estrategias viables que se concreten en el corto, mediano y largo plazos.
Tampoco logra concebir las medidas en forma de sistema. De modo que la lentitud, estancamiento o no realización de proyectos se debe también a que se han aprobado decisiones imposibles de concretar, pues otras debieron ser tomadas antes o al mismo tiempo, y no después. O nunca.
En una isla estrecha y alargada debió haber sido más fácil mejorar el estado de carreteras, autopistas, calles, caminos, viales y ferrocarriles que en extensos territorios continentales. No lo ha sido. Hace pocos meses viajé desde Matanzas al poblado Los Palos, en la provincia de Mayabeque. Fueron necesarias más de dos horas para recorrer apenas setenta y cinco kilómetros por el estado de las carreteras, verdaderos caminos vecinales olvidados de Dios.
Una carretera central construida en tiempos de Gerardo Machado, durante la primera mitad del pasado siglo, y una autopista que llega solo hasta la provincia de Sancti Spiritus —ambas en muy mal estado y testigo de dramáticos accidentes—, son las vías más importantes del país. El resto, mientras más alejadas de la Carretera Central en peores condiciones están. Una excepción es la Vía Blanca que conecta La Habana y Matanzas, construida en tiempos de Batista cuando grupos mafiosos del Norte se interesaron en el turismo insular.  
(Foto: todocuba.org)
Los ferrocarriles, por su parte, presentan pésimo estado a pesar de que el nuestro fue el segundo país del hemisferio en estrenar el innovador medio de transporte en 1835, aun antes que la metrópoli española. Eso en cuanto al transporte interprovincial. Respecto al urbano, ni la capital ni ninguna ciudad importante cuenta con un metro que ayude a descongestionar la transportación citadina, que se convierte en lucha cotidiana de las personas para trasladarse a sus centros laborales.  
De la generación eléctrica, qué decir que no suframos cotidianamente. Cuba produce casi toda su electricidad mediante termoeléctricas que utilizan el petróleo nacional, muy pesado y rico en azufre, con el consiguiente desgaste técnico por mantenimientos y roturas. La más aportadora de todas, la planta matancera Antonio Guiteras, fue construida para producir electricidad con eficiencia por treinta años. Ya tiene treinta y cuatro. El socialismo sostenible requeriría una energía ídem que no parece haber estado entre las prioridades del diseño reformador.
En la época de gran afluencia de recursos provenientes del campo socialista, se comenzaron la autopista y una central electronuclear que quedaron inconclusas. Contamos igualmente con conductoras ineficientes y muy pocos centros de tratamiento de agua; redes telefónicas técnicamente antiguas; y limitado abastecimiento de gas, que se concentra en determinadas ciudades y zonas.    
No sin razón se le denomina infraestructura básica o crítica, pues describe bienes esenciales para el funcionamiento de una sociedad y economía sin los cuales es difícil sustentar otros procesos y cambios. Tal es así, que su estado es uno de los aspectos que tiene en cuenta la inversión extranjera antes de aventurarse en cualquier país. Algo que evidentemente no ha sido una preocupación para los que atienden ese ámbito en Cuba.
No creo que privatizar tales bienes sea la solución para su correcto manejo, ya que por su carácter estratégico deben ser de propiedad pública, o al menos mixta en determinados sectores. Pero su estatalización y la consiguiente falta de democracia en el manejo de lo público en Cuba, impidió a la ciudadanía intervenir en su proceso de administración y gestión, lo que incluye las inversiones necesarias para un adecuado funcionamiento.
Existen experiencias que documentan cómo la sociedad civil cubana funcionó en tanto mecanismo de presión sobre autoridades de gobierno para el manejo de infraestructura básica. Citaré como ejemplos al Comité Pro-calles de Cárdenas y al Patronato Pro-calles de Matanzas durante la República, hay muchos otros.
Este último actuó entre 1941 y julio de 1959 y se caracterizó por su aporte desinteresado y su honradez administrativa. Se financiaba en parte con fondos del gobierno municipal o provincial, y en parte con fondos particulares a través de una cuota mensual voluntaria de un peso, entregada por personas asociadas; escuelas públicas y privadas; negocios, industrias y comercios locales; asociaciones profesionales y obreras; sindicatos, logias masónicas, partidos políticos, medios de prensa, clubes, asociaciones… Su declive tuvo lugar durante el gobierno de Carlos Prío, cuando se prohibió inyectar fondos estatales a proyectos gestionados por particulares.
El prestigio de esa organización cívica fue tan grande, que cuando el 7 de enero de 1959 la Caravana de la Libertad pasó por Matanzas, el pueblo solicitó a Fidel Castro que el acueducto de la ciudad —subastado en 1958 por treinta años a la empresa Servicios Públicos Unificados, como parte de un turbio negocio—, fuera administrado por el Patronato Pro-calles, lo cual se aprobó, aunque por apenas dos meses. (1)
   
Los que gobiernan Cuba —devenidos clase política con el decursar de los años—, se adaptaron desde el inicio del proceso revolucionario a administrar mal y a no rendir cuentas. No debían temer nada y, efectivamente, durante décadas nada se les reclamó. No era posible. En buena medida por la confianza en ellos de gran parte de la ciudadanía, pero también porque no existía modo de confrontar decisiones erróneas en el uso de los fondos de inversión de las empresas, el manejo de créditos, inversiones y deudas; la concertación de negocios, licitaciones o contratación de servicios y, más recientemente, en la transferencia y/o disolución de la propiedad pública.
Desde la desaparición del campo socialista hasta hoy, han sido innumerables las estrategias, proyectos y planes anunciados para revertir la situación de la economía cubana. He aquí algunos de los más significativos en orden cronológico: proceso de Rectificación de errores y tendencias negativas, proceso de Perfeccionamiento empresarial, creación del holding Gaesa, desmontaje de la industria azucarera, Programa electro-energético nacional, proceso de Actualización de la economía cubana, experimento de Artemisa y Mayabeque, Zona Especial de Desarrollo Mariel, Tarea Ordenamiento.
A tenor con su costumbre de dilapidar el tiempo, quizás los decisores no se han percatado (¿o sí?) de que solo restan siete años y medio para el ansiado 2030. En ese breve plazo casi todo está por hacer, de modo que nuestra élite política empieza a reciclar expectativas en lugar de reciclarse a sí misma.
Veinte años después de su decisión de desmontar la industria azucarera, se nos informa que Raúl Castro convocó a salvarla. Dicha convocatoria llega justo a tiempo: la zafra del 2021 es la más baja desde 1959. En esa vuelta en círculos también se apela a la revitalización del ALBA. Nada que no hayamos visto antes.
No obstante tales dejavus, la realidad se muestra implacable, agravada asimismo por más de dos años de pandemia. La temporada turística fue decepcionante, lo que no se explica únicamente por la situación que generó la Covid-19, si se comparan los resultados del año con los de países del área turística caribeña.
Para Cuba, cuyo Estado ha destinado en el último lustro el mayor por ciento de sus inversiones a la construcción inmobiliaria asociada al turismo, esas cifras son elocuentes indicadores del fracaso en la concepción del modelo económico, que como bien ha demostrado el economista Mauricio de Miranda, solo ha conducido a la persistencia del subdesarrollo y al mantenimiento de la pobreza generalizada.
La necesidad de pagar la deuda externa contraída, más las escasas fuentes de financiamiento provenientes del exterior; retroalimentan una situación interna de crecimiento acelerado de la inflación, aumento sostenido de precios, escasez de alimentos y productos esenciales y enorme descontento ciudadano, que se expresó como estallido social hace casi un año.   
A fines de 2019 el presidente Miguel Díaz Canel exhortó a vivir «los próximos días y horas como si triunfara la Revolución otra vez». Su solicitud era congruente con la costumbre, descrita por Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, de las generaciones que:

 «(…) aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria [que] es precisamente cuando conjuran temerosos en su exilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal».

En lugar de vivir «como si triunfara la Revolución» deberíamos lograr que triunfara una que nos libere de la «burocracia empoderada», como denomina el estudioso Mario Valdés Navia a esa clase política que ha enajenado para sí el poder al excluir a la ciudadanía de cualquier decisión. Bien la describe un fragmento del ensayo «Los excluidos», del profesor René Fidel González García:

Los que han manejado durante muchos años la información pertinente y objetiva de todas las ramas de la sociedad cubana, los que han podido incluso evaluar e intentar corregir a partir de datos y evidencias suficientes los errores y deformaciones que ellos suponen, los que han podido articular e instrumentar durante todo este tiempo propuestas y decisiones como políticas públicas en un orden de complejidad sistémico, los que han dominado en todo momento los umbrales de incertidumbre y los riesgos de cada escenario, nos han llevado, por la acumulación y calidad de sus actos de gobierno, por los propios límites y la soberbia presentes en sus aprendizajes y desenvolvimiento, por el goce inapelable de la impunidad y la imposibilidad de la exigencia de cualquier tipo de responsabilidad y control de sus actos, por la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas reales, a una situación de desastre estratégico, a una situación potencialmente inestable y catastrófica para futuras generaciones pero de seguro crítica y difícilmente reversible en el orden económico y social (…)   

Ese grupo cree que puede mantenerse exclusivamente mediante la coacción y la instrumentación de la ley a su favor. Se equivoca.
«Los perros metidos en el tabaco»
Con permiso de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, bautizo este epígrafe con una frase coloquial suya, eco de su natal Pinar del Río, que usara en una reunión del 2018 de la cual conocimos hace poco. El funcionario alertaba a sus pares de la Fiscalía y el Minint que con la nueva Constitución los abogados podrían intervenir desde el inicio en la fase de instrucción penal y serían tan incómodos como «perros metidos en el tabaco».
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En un modelo político como el de Cuba, una ciudadanía activa y dispuesta a participar en los asuntos públicos es, ni más ni menos, semejante a una enorme jauría. Sobre todo cuando tiene todos los motivos para estar molesta. Dicho modelo detenta, como condición sine qua non, el monopolio  de la información, las comunicaciones y la opinión pública.
En mi artículo anterior argumentaba que «Un partido único se puede mantener si existen estas condiciones: 1) control casi absoluto de la información y de la opinión pública y 2) ciertos niveles de consenso y prosperidad social, incluso en condiciones de austeridad. Puede fallar una de ellas, pero no ambas. Ninguna está presente en Cuba hoy».
El grupo de élite que determina la política insular parece convencido de que con mano dura (evidente en el Decreto-Ley 35, en la severidad de las penas a las personas detenidas el 11 de julio y en el nuevo Código Penal) solucionará el creciente disenso. Ya la propia Constitución, que crearon a su imagen y semejanza, les resulta incómoda y dejan muy claro que penalizarán la «práctica abusiva de derechos constitucionales». Pero es precisamente practicando tales derechos que se podrá influir en el presente y el futuro de la nación para que la burocracia empoderada no siga definiendo proyectos y estrategias que no está en sus manos, ni en su voluntad, cumplir.
Hace unos días se suscitó un interesante debate en Facebook a partir de la valoración de hipotéticas opciones de cambio político para Cuba sugeridas por José Gabriel Barrenechea. Una de ellas cuestionaba la definición de situación revolucionaria, al argüir que el modelo cubano ha demostrado que «los de arriba» pueden mantenerse siempre que «su aparato represivo funcione y la élite se mantenga unida».

No se interpretaba bien ahí el verdadero significado de la frase de Lenin: «que los de arriba no puedan». No se trata de que puedan porque posean la fuerza del aparato represivo; se trata de que puedan continuar en el poder usando los métodos tradicionales de gobierno. Lo cual, para el caso de un Partido y gobierno que se define de izquierda y popular, significaría no abandonar esa actitud para asumir cada vez más un cariz abiertamente anti-constitucional, violento y dictatorial.
Se trata de poder gobernar manejando ciertos niveles de legitimidad, pero esos niveles han disminuido peligrosamente en los últimos tiempos, sobre todo tras el 11 de julio. Si se acudiera única o esencialmente a la fuerza represiva para mantener el poder, ello ocasionaría (ya se está viendo) que el costo político y (no perder de vista) el económico sean tan elevados que no puedan pagarse sin que repercuta en un aumento consiguiente del disenso, que conduciría asimismo a mayor represión, en un proceso de alimentación recíproca o relación directamente proporcional.
Sin embargo, tal proceso no puede ser eterno, pues no existe posibilidad para el gobierno de mantenerse mucho tiempo sin recuperar legitimidad y aumentar el consenso en alguna medida. Eso si pretende continuar presentándose ante los ojos de la ciudadanía y de la comunidad internacional como popular y de izquierda, cosa cada vez menos creíble.  
En el artículo «Cuba, los árboles y el bosque», de finales del 2020 resalté la novedosa coexistencia de condiciones objetivas y subjetivas para una transformación sociopolítica del modelo cubano. Afirmé entonces: «La cuestión que está en juego ahora no es si hay que cambiar, sino cómo hacerlo».
Continúo pensando igual, creo que es una cuestión de tiempo y sigo defendiendo medios pacíficos para el cambio. La incógnita sería entonces: ¿Un cambio para construir un inexistente socialismo democrático o que apueste a una perspectiva pro-capitalista?  Pero eso será objeto de un próximo análisis.
***
(1) Caridad Contreras: El Patronato Pro Calles de Matanzas. Una respuesta ciudadana, Ediciones Matanzas, 2009.

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La agonía del extremismo económico estatal

Cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia en 1917, su objetivo no era la estatización inmediata de una economía que solo en los grandes núcleos urbanos mostraba algunas empresas con alto nivel de concentración capitalista. Fue la política coyuntural del Comunismo de Guerra (1918-1921), implantada a consecuencia de la guerra civil y la invasión extranjera, la que condujo al dogma de la absoluta centralización económica. Después, ya todo fue aplicar la «experiencia victoriosa de la Unión Soviética» en cualquier lugar del mundo donde los comunistas conquistaron el gobierno.
Tras la aparición del campo socialista se llegaron a establecer supuestas regularidades de la construcción del socialismo (1957), encabezadas por el establecimiento de la propiedad social socialista sobre los medios fundamentales de producción. En la práctica, se trataba de la imposición plena del dominio estatal sobre la inmensa mayoría de los medios de producción.
¿Es similar el caso cubano a lo acontecido en las economías socialistas europeas y la URSS? ¿Qué consecuencias trajo para la Isla estatizar al extremo la vida económica? ¿Cuál es el estado actual de la gestión económica estatal centralizada y su tendencia manifiesta?

-I-
La revolución democrática que en 1959 derrocó a la tiranía de Batista, inició el tránsito al socialismo con la adopción de medidas favorables a las mayorías que tenían un carácter redistributivo, o de ampliación de la pequeña y mediana propiedad a cuenta de los grandes propietarios nacionales y extranjeros.
Entre las primeras estuvieron: confiscación en beneficio público de bienes malversados, reducción de las tarifas eléctrica y telefónica, planes de becas, incremento de presupuestos e inversiones en salud y educación. Entre las segundas: leyes de reforma urbana y agraria, acordes con la Constitución del 40. Nada que ver aún con la nacionalización socialista al estilo soviético.
La afectación a los monopolios estadounidenses y los oligarcas cubanos originó los primeros choques con los Estados Unidos, que fueron in crescendo en la medida en que se incrementaba el apoyo del Norte a acciones terroristas y alzamientos contra la reforma agraria. El inicio de ese conflicto, en plena Guerra Fría, abrió las puertas a la alianza y colaboración geopolítica con la otra antagonista: la URSS.
Los acontecimientos se precipitaron y la inicial «revolución democrática y socialista» se radicalizó, al punto de tornarse más papista que el Papa. Apenas un lustro después, a partir del nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas en el capitalismo republicano, Fidel planteaba la posibilidad de pasar directamente al comunismo a través del entusiasmo productivo y el desarrollo de la conciencia de las masas populares.
Para ello sería preciso establecer el dominio absoluto de la propiedad estatal y poner toda la mano de obra a su disposición, con o sin retribución, lo cual exigía  liquidar abruptamente las demás formas de propiedad mediante diversas vías. Una de ellas fue la Ofensiva Revolucionaria en 1968, que estatizó 57.600 pequeñas propiedades en la ciudad y el campo; pero incluía también la estatización forzosa de fincas privadas, una ley contra la Vagancia (1965) y la creación de asentamientos semiurbanos de campesinos enajenados de sus tierras. De esa forma, Cuba sobrepasaría al resto de los países socialistas, incluyendo a la URSS, en la extensión de la propiedad bajo control del Estado.
A partir de entonces, el Gobierno/Partido/Estado pudo emplear todas las potencialidades del país en realizar cuanto experimento se le ocurría, muchos de ellos descabellados. La guinda del pastel fue la Zafra de los Diez Millones (1969-1970). En función de ese designio colosal se tensaron todas las fuerzas durante dos años. Su fracaso daría al traste con el proyecto de un socialismo/comunismo cubano independiente de la URSS.

En consecuencia, desde 1971 se estableció en la Isla una versión extremista del modelo soviético de socialismo de Estado. Este se presentó como monopolio único —patrono, comerciante y empleador— en manos de un grupo burocrático-militar que hegemoniza la economía, la sociedad y la política mediante una planificación verticalista centralizada y con el empleo de todos los aparatos de control, físico y simbólico, de que dispone.
-II-
Medio siglo después, los resultados catastróficos de la estatización extrema saltan a la vista. Más allá de las consecuencias perniciosas del bloqueo estadounidense y los efectos de la situación pandémica, la economía insular sufre una crisis estructural y de gestión debido a sucesivas decisiones erróneas en política económica. Muchas de ellas no tienen que ver con el modelo tradicional del socialismo de Estado soviético, sino con medidas ineficaces aplicadas en las últimas dos décadas.
Desde 1994, en plena crisis del Período Especial, se adoptaron medidas descentralizadoras que incluían una elevada autonomía empresarial, autorización del uso del USD en el mercado interno, fomento de la inversión extranjera asociada al Estado y promoción del trabajo por cuenta propia (TCP). Sin embargo, no se fue más allá en pos de conservar —o retornar en cuanto se pudiera— el tradicional modelo socialista estatizado, ya desaparecido en Europa y que aquí hacía aguas desde mediados de los años ochenta.
Tras el establecimiento de la Venezuela bolivariana y la creación del ALBA, con la propensión del gobierno de Chávez a canalizar petrodólares hacia Cuba, la mayoría de aquellas medidas flexibilizadoras fueron eliminadas y sustituidas por la centralización absoluta de los ingresos en divisas y su utilización desde una cuenta única del Estado.
Poco duró esta nueva gallina de los huevos de oro. La crisis mundial de 2008, la enfermedad y muerte de Chávez y los problemas socio-económicos y políticos de la era Maduro, frustraron la aspiración de convertir a Cuba en un exportador de derivados del petróleo e impidieron seguir disfrutando de los ingresos millonarios provenientes de las Misiones Sociales de profesionales cubanos en Venezuela.  La crisis del progresismo latinoamericano y la sustitución por gobiernos derechistas, acabaron por hundir los ingresos devenidos mediante convenios gubernamentales.
Con la propensión del gobierno de Chávez a canalizar petrodólares hacia Cuba, la mayoría de las medidas flexibilizadoras fueron eliminadas. (Foto: Radio Ángulo)
El incremento de fondos públicos durante la referida bonanza, lejos de canalizarse hacia una fuerte inversión en sectores productivos internos (agro, industria, minería, transporte, infraestructura, ciencia y tecnología), se dilapidó en los proyectos ilusorios, inconexos y voluntaristas de la denominada Batalla de Ideas.
La quimera de una economía de servicios llegó a tal punto que se desmontaron sectores claves de la economía y se vendieron como chatarra, entre ellos la agroindustria azucarera —uno de los pilares de la identidad nacional—, y las flotas mercante y de pesca. Al unísono, dejó de respetarse la paridad CUC/USD y se fomentó la voluntad importadora mediante una falsa tasa de convertibilidad de 1×1, que arruinaba a los productores nacionales y beneficiaba a las empresas monopólicas de comercio exterior.
Las reformas iniciadas por Raúl Castro en 2008 disminuyeron los gastos sociales del Estado en beneficio de la inversión inmobiliaria para GAESA, y el subsidio a irrentables empresas estatales y sus sacrosantas burocracias. Al unísono, ampliaron con reticencias y vaivenes el sector no estatal, pero siempre preservando asideros con empresas estatales que garanticen la subordinación de los nuevos actores mediante el plan nacional y contratos obligatorios. 
No es en el discurso oficial, sino en la competencia con los demás sectores económicos —privado, cooperativo, inversión extranjera y mixta—, donde el sistema empresarial estatal tiene que demostrar que es «la forma de gestión dominante en la economía». La broma pesada, y divisa del super-monopolio ETECSA: «¡Gracias por elegirnos!», ha de ceder paso a un mercado de bienes y servicios libre y competitivo, en el que cada sector despliegue su potencial en las áreas donde sea idóneo.
Después del trienio terrible 2019-2021, con su espiral descendente de  Coyuntura/Pandemia/Ordenamiento, las opciones de salida a la agonía del modelo estatizado-burocrático parecen confiarse a milagros futuros: crecimiento de la producción sin inversión, nuevos gobiernos izquierdistas en Latinoamérica con la bolsa abierta, o un cambio de actitud de Biden que nos regrese a la época de Obama.
Las conocidas reformas liberalizadoras, que se recomiendan desde hace décadas por investigadores y productores, se sustituyen sistemáticamente por nuevas formas de control de GAESA, devenida especie de senescal del Gobierno/Partido/Estado para atender todo lo relacionado con los ingresos en divisas; mientras, el resto de la economía y la sociedad yacen en la inopia.
Lástima que en esta agonía los que menos sufran sean precisamente los que durante años se hicieron pasar por los que saben. Ahora, cuando la renta nacional —fuente principal de su enriquecimiento ilícito—, disminuye a niveles mínimos, también sus familiares y acólitos invierten en el sector no estatal y/o abandonan el país. Pero no para fomentar emprendimientos internos, o buscarse la vida en otros lugares y ayudar a los viejos que dejaron atrás, sino para abrir negocios familiares trasnacionales donde lavar sus fondos mal habidos y garantizar la continuidad de su buen vivir, dentro y fuera del país.
A decir verdad, cosas como las que sufre Cuba actualmente no pueden achacarse a influencias de Lenin, Stalin o Breznhev. La falsa utopía insular de la estatización absoluta para llegar más rápido al comunismo, está terminando en la estafa de la reconversión de propiedades públicas y fondos enajenados al erario público en negocios de familias de la burocracia y sus prestanombres.
Aún existen posibilidades en Cuba para un diálogo nacional inclusivo que impulse las reformas necesarias a fin de encauzar sus destinos de manera próspera y sostenible. Los intereses mezquinos, que lucran con las dificultades y carencias del momento actual, no pueden ser más fuertes que la voluntad general del pueblo. No serán los oligarcas y demagogos los que prevalezcan cuando obreros, campesinos, intelectuales, estudiantes, artistas, militares, empresarios, empleados y TCP alcen su voz y decidan hacer cumplir sus más caros derechos y aspiraciones. 

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