HAVANA CLIMA

Juicios del 11J

Abogado independiente cubano denuncia ante la ONU caso de manifestante del 11J en Bayamo

MADRID, España.- El abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios presentó este lunes ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (OACDH) con sede en Ginebra, Suiza, una denuncia a favor de Rafael Cutiño Bazán, encarcelado por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba.
A través del perfil de Facebook de la plataforma Inteligencia Ciudadana, de la cual es director, el jurista explicó que Cutiño Bazán el 11J se incorporó a la manifestación pacífica que ocurría en el Parque Retablo de Héroes del municipio Bayamo, Granma.
“El joven, de 27 años, en su moto eléctrica se dirigió hacia la Avenida de los Mártires del municipio, donde se unieron cientos de personas, que gritaron consignas como `Díaz-Canel Singao´ y `Abajo los Comunistas´. El paso pacífico de los manifestantes de Bayamo fue cortado abruptamente por una barrera humana que se formó por personas vestidas de civiles muy violentas, que llegaron en un camión estatal del Ministerio del Interior (…) y que desataron una brutal represión contra los manifestantes, incluyendo golpes y estrangulaciones, lo cual está acreditado en un video doméstico tomado en un teléfono móvil”, expone Fernández Palacios.

Rafael Cutiño Bazán fue arrestado tres días después, sin que se le mostrara ninguna Orden de Detención ni fuera informado sobre sus derechos y garantías constitucionales.
Fue sometido a medida cautelar de Prisión Provisional durante la Fase Preparatoria del Juicio Oral. No se le permitió la visita de sus familiares durante alrededor de tres meses y fue sometido a interrogatorios policiales bajo coacción sin la presencia de su representación letrada.
“Privado de libertad ha sido víctima de maltratos. Debido a las pésimas condiciones de los colchones y ropa de cama en los calabozos se infestó como muchos de sarna”, denunció el abogado.
Entre los días 24 y 26 de mayo de 2022 fue celebrado el amañado juicio oral ante el Penal del Tribunal Municipal Popular de Bayamo. La Fiscalía Municipal pidió para Cutiño Bazán y el grupo de jóvenes junto al que fue juzgado penas de hasta 16 años de cárcel.
Junto a Bazán fueron juzgados Abel Quevedo Miranda, Ariel Axel López Ramírez, Bryan Eladio Vega Véliz, Carlos Rafael Ramírez Quiñones, Emmanuel López Martínez, Javier Rafael Paneque Oliva, Jenry Osmar Sánchez Aparicio, Jorge Iván Día Puig, Juan Alberto Matos Masó, Levys González Piedra, Luis Arnaldo Leyva Pérez, Maikol Fabián Figueredo Carbonell, Ricardo Fernández Osorio, Roberto Sosa Cabrera, Yoel Consuegra Ávila y Yoandris Gutiérrez Vargas.
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Ex primer teniente del MININT denuncia injusticias contra manifestantes del 11J

MADRID, España.- El ex primer teniente del Ministerio del Interior (MININT) Grober Quiala Estupiñán, denunció las injusticias y violaciones cometidas en el poblado de El Caney, Santiago de Cuba, durante y después de las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la Isla.
Varios miembros de su familia estuvieron involucrados, “de una manera inesperada”, en las manifestaciones del 11J en dicha localidad, dijo Quiala Estupiñán, pensionado desde el 1.º de noviembre de 2021.
“Minutos antes nos encontrábamos toda la familia reunidos en casa de mis padres donde compartíamos un buen rato pues era fin de semana, en el momento que mi sobrino Iván Arocha Quiala salió de la casa en busca de cigarros y una botella de ron donde se encontró con otros jóvenes que decidieron incorporarse a la manifestación. Rápidamente nos llegó la información y uno tras otro fuimos saliendo en busca de mi sobrino”, relató en su perfil de Facebook.
Cuando él llegó al lugar de la manifestación habían detenido a varios de sus familiares.
“Nos mantuvimos en una incertidumbre hasta que pasado unos 2 o 3 días fui citado por la Contrainteligencia Interna para analizarme por tener varios familiares involucrados en las manifestaciones; confieso que me sentí muy mal pues no podía creer que mis familiares habían salido unos en busca de otros y que terminaran en dichas manifestaciones; como no tenía comunicación alguna con ellos me dediqué a realizar mis propias investigaciones y contacté con varias personas que estuvieron presente cuando ocurrieron los hechos”, explicó.

Gracias a sus investigaciones supo del “exceso en las actuaciones de los policías” y de la “violación de los derechos constitucionales”.
“No se les dio atención médica a ninguno de los detenidos y todos estaban lesionados. Hasta las mujeres fueron golpeadas por oficiales como el Capitán Uber Tamayo Mengana que le dio una patada en el abdomen a mi sobrina Sheila y el oficial Asiel Estévez Frómeta quien luego de esposar a los detenidos a los tubos de los asientos, golpeó brutalmente hasta perforarle un oído a mi cuñado Iván Mauricio Arocha Arocha”, denunció Quiala Estupiñán, quien durante sus últimos cinco años de trabajo estuvo encargado de los atestados directos presentados en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba pertenecientes a la Estación #1 de dicha ciudad.
Reveló además que a los abogados de sus familiares detenidos no se les permitió tener contacto con ellos hasta pasados más de 18 días, privándolos así “de otro derecho constitucional como es el derecho a la defensa”.
Con respecto al juicio oral relató que se demostró el montaje y la manipulación entre el fiscal y los instructores, cuando la testigo de la fiscalía, Kiuri Romero de Moya, confesó no poder mentir.
“El fiscal y el instructor querían que dijera cosas que no había visto pero ella no estuvo de acuerdo”, precisó.
Tras manifestar que no confía en la prensa cubana ni en el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, pidió que fuera publicado el juicio de la causa 448/21 del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba y que una comisión de los Derechos Humanos perteneciente a la ONU tenga acceso a este expediente y, de ser posible, a todos los expedientes vinculados al 11J.
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Ex primer teniente del MININT denuncia injusticias contra manifestantes del 11J

MADRID, España.- El ex primer teniente del Ministerio del Interior (MININT) Grober Quiala Estupiñán, denunció las injusticias y violaciones cometidas en el poblado de El Caney, Santiago de Cuba, durante y después de las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la Isla.
Varios miembros de su familia estuvieron involucrados, “de una manera inesperada”, en las manifestaciones del 11J en dicha localidad, dijo Quiala Estupiñán, pensionado desde el 1.º de noviembre de 2021.
“Minutos antes nos encontrábamos toda la familia reunidos en casa de mis padres donde compartíamos un buen rato pues era fin de semana, en el momento que mi sobrino Iván Arocha Quiala salió de la casa en busca de cigarros y una botella de ron donde se encontró con otros jóvenes que decidieron incorporarse a la manifestación. Rápidamente nos llegó la información y uno tras otro fuimos saliendo en busca de mi sobrino”, relató en su perfil de Facebook.
Cuando él llegó al lugar de la manifestación habían detenido a varios de sus familiares.
“Nos mantuvimos en una incertidumbre hasta que pasado unos 2 o 3 días fui citado por la Contrainteligencia Interna para analizarme por tener varios familiares involucrados en las manifestaciones; confieso que me sentí muy mal pues no podía creer que mis familiares habían salido unos en busca de otros y que terminaran en dichas manifestaciones; como no tenía comunicación alguna con ellos me dediqué a realizar mis propias investigaciones y contacté con varias personas que estuvieron presente cuando ocurrieron los hechos”, explicó.

Gracias a sus investigaciones supo del “exceso en las actuaciones de los policías” y de la “violación de los derechos constitucionales”.
“No se les dio atención médica a ninguno de los detenidos y todos estaban lesionados. Hasta las mujeres fueron golpeadas por oficiales como el Capitán Uber Tamayo Mengana que le dio una patada en el abdomen a mi sobrina Sheila y el oficial Asiel Estévez Frómeta quien luego de esposar a los detenidos a los tubos de los asientos, golpeó brutalmente hasta perforarle un oído a mi cuñado Iván Mauricio Arocha Arocha”, denunció Quiala Estupiñán, quien durante sus últimos cinco años de trabajo estuvo encargado de los atestados directos presentados en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba pertenecientes a la Estación #1 de dicha ciudad.
Reveló además que a los abogados de sus familiares detenidos no se les permitió tener contacto con ellos hasta pasados más de 18 días, privándolos así “de otro derecho constitucional como es el derecho a la defensa”.
Con respecto al juicio oral relató que se demostró el montaje y la manipulación entre el fiscal y los instructores, cuando la testigo de la fiscalía, Kiuri Romero de Moya, confesó no poder mentir.
“El fiscal y el instructor querían que dijera cosas que no había visto pero ella no estuvo de acuerdo”, precisó.
Tras manifestar que no confía en la prensa cubana ni en el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, pidió que fuera publicado el juicio de la causa 448/21 del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba y que una comisión de los Derechos Humanos perteneciente a la ONU tenga acceso a este expediente y, de ser posible, a todos los expedientes vinculados al 11J.
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EE. UU.: “Opinar y compartir información pública no son delitos”

MADRID, España.- El Gobierno de Estados Unidos condenó este viernes las sentencias impuestas por el régimen cubano al joven Yoan de la Cruz y a otros participantes en las protestas populares del 11 de julio pasado en San Antonio de los Baños.
La Embajada de EE. UU. en La Habana señaló que Yoan de la Cruz, condenado a seis años de prisión de libertad, “simplemente transmitió en directo” las manifestaciones. 
“Opinar y compartir información pública no son delitos”, destacó la sede consular a través de Twitter. 
“El 11J los habitantes de San Antonio de los Baños salieron a las calles para protestar pacíficamente por mejores condiciones de vida y mayores libertades. Su protesta se hizo viral y pronto decenas de miles de cubanos se unieron a ella en todo el país”, recuerda la entidad.
“En lugar de responder a las necesidades legítimas del pueblo, el régimen castiga a San Antonio condenando a 17 de sus manifestantes a entre 4 y 10 años de prisión”, agregó.

Tras conocerse el pasado martes la sentencia para Yoan de la Cruz, su madre, Maribel de la Cruz, manifestó: “Para que lo sepan toda mi familia y amistades, que siempre se han preocupado por Yoan. Hoy supimos su sentencia: 6 años le salieron. Como madre me siento morir, es muy triste y duro lo que se siente por tanta injusticia, pero Dios es grande y algún día se pagará tanta injusticia”.
Junto a Yoan de la Cruz fueron condenados: Rosa Jany Millo Espinosa (6 años de privación de libertad), Adrián Rodríguez Perera (3 años), Ariel Pérez Montesino (10 años), Carlos Manuel Pupo Rodríguez (6 años), Christian Reyes Pérez (7 años), Denis Hernández Ramírez (6 años), Julián Manuel Mazola Beltrán (5 años), Miguel Díaz Sosa (8 años), Miguel Díaz Zaldívar (4 años), Omar Hernández Calzadilla (5 años), Osdany Antonio Ricardo Aguilar (4 años), Rolando Yusef Pérez Morera (8 años), Rolando López Rodríguez (6 años), Yoel Díaz Hernández (5 años), Yordan Esteban Brook Amador (5 años) y Yunier Claro La Guardia (4 años).
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Juristas del régimen: “Por cada colega amenazado, lo multiplicaremos por decenas de miles”

MADRID, España.- Miembros de la Unión de Juristas de Cuba (UNJC) amenazaron con dejar “caer todo el peso de la ley” contra quienes “difamen” sobre sus colegas a cargo de los juicios contra los manifestantes de las protestas antigubernamentales de Cuba el 11 y 12 de julio 2021.
De acuerdo a un reporte del oficialista Cubadebate, durante la asamblea de balance realizada este domingo, juristas de La Habana presentaron una declaración en la que se refirieron a una “campaña de descrédito y amenazas contra especialistas del sector por su participación en estos procesos legales”.
“Los juristas de Cuba, en especial los de la capital, rechazamos categóricamente y enfrentamos cualquier intento de manipulación mediática y advertimos que, contra todo aquel que intente subvertir la justicia que en nombre del pueblo de Cuba se imparte, mediante amenazas o el descrédito, o simplemente facilitando la información, caerá todo el peso de la ley”, se lee en la declaración.
Así como advierte: “Por cada colega amenazado, lo multiplicaremos por decenas de miles a todo lo largo y ancho, dispuestos a cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por el fusil y la trinchera”.
“En estos días hemos estado observando cómo se articulan algoritmos y matrices de opinión subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces, mayoritariamente jóvenes, que enfrentan con profesionalidad el más estricto principio procesal de la tutela judicial efectiva y del debido proceso tras los hechos vandálicos que tuvieron lugar el pasado 11 de julio de 2021”, dijo Osmín Álvarez Bencomo, presidente de la Junta Directiva Provincial de la organización en La Habana.
Por su parte, la vicepresidenta del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Ludmila Collazo Rodríguez, manifestó que “tanto los jueces como los fiscales han cumplido cada una de las fases del procedimiento establecido, en las cuales se garantizan los principios básicos que postula la Constitución de la República de Cuba, que tienen que ver con el debido proceso y la tutela judicial efectiva”.
Mientras que Guillermo Rodríguez Gutiérrez, abogado del bufete colectivo de La Lisa, dijo que se ha cumplido con el debido proceso y aseguró que los acusados “tuvieron derecho a la representación letrada, se les dieron a conocer las acusaciones que se les imputaban y pudieron presentar todas las pruebas necesarias para su defensa. Además, pudieron expresarse libremente durante la vista oral”.
Desde finales de 2021, gracias a la información compartida en redes sociales y en los medios independientes, se ha podido conocer quiénes son los responsables de las condenas a los manifestantes del 11J.
En enero pasado, el periodista de YucaByte, Norges Rodríguez, reveló algunos de ellos, como es el caso de Yerandy Calzadilla Dávalos, del Departamento de Procesos Penales de Mayabeque; Fernando Sera Planas, quien pidió condenas de hasta 30 años para 21 manifestantes en la provincia de Holguín; Mabel Palacios Aties, que pidió sentencias de entre 15 y 27 años y Dagmaris Jaca Seco, quien pidió condenas de hasta 15 años de cárcel para manifestantes de San Antonio de los Baños, Artemisa.
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Comienza este lunes juicio contra manifestantes del 11J en Güira de Melena

MADRID, España.- Este lunes comienza el juicio contra participantes en las protestas del 11 de julio pasado en Güira de Melena, Artemisa.
Del 7 al 11 de marzo, en la sala de delitos contra la Seguridad del Estado del tribunal del municipio 10 de Octubre, serán juzgadas 33 personas por los supuestos delitos de “sabotaje con carácter continuado”, “sabotaje”, “desórdenes públicos”, “desacato”, “atentado” y “robo con fuerza”. 
Los acusados son: Carlos Manuel Fonseca Borges, Calos Raúl Perdomo Cancio, Claudia González Amarán, Daisel González Álvarez, Dariel Rosa Pérez, Elienay Maresma Mesa, Freddy Luis Díaz García, Gilberto Castillo Castillo, Hortensia Oceguera González, Ismael Rodríguez González, Jorge Bello Domínguez, Jorge Luis Lugones Lara, Joselin Orta Llorens, Juan Pablo Martínez Monterrery, Kevin Ángel Álvarez Echevarría, Lázaro Antonio Rodríguez Jerez, Lázaro Yeison Cecé Gálvez, Lizandra Góngora Espinosa, Marlon Noval Alonso, Mijaíl Sánchez de la Nuez, Orlado Valle Jorge, Yander Rodríguez Yglesias, Yandy Hernández Montes de Oca, Yanley López Basulto, Yasbelis Rodríguez León, Yasdanis Benítez Quesada, Yasel de Jesús Chinea Solano, Yasiel Hernández Márquez, Yendri Vidal Limonta, Yismel Alfonso Oliva, Yosnel Laferte Salazar, Yunalkis González Pérez y Yunior Pérez López. 
Según explicó a Radio Televisión Martí el abogado Julio Ferrer, muchos de los manifestantes del 11J, como es el caso de quienes se manifestaron en Güira de Melena, “han sido sometidos a la jurisdicción militar y juzgados por tribunales militares, especialmente aquellos que estuvieron o tomaron parte en los hechos acontecidos en relación a las Tiendas de Recuperación de Divisas (TRD)”, debido a que la ley “establece que los tribunales militares son competentes para conocer de los procesos penales por hechos cometidos en zonas militares, previamente establecidas por las autoridades facultadas para determinar y calificar qué zonas pueden ser consideradas como militares, con independencia de la condición de civiles de los que hayan participado en esos hechos”.
El jurista precisó que las TRD son consideradas como instalaciones militares, porque pertenecen o están subordinadas o patrocinadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
De acuerdo a la ley actual, “el artículo 437 precisa al fiscal en las conclusiones provisionales a consignar qué sanción pide. Por tanto, el acusado, mucho antes de llegar a juicio, sabe cuál es la petición en que está interesando el fiscal que le impongan”, pero, explica Ferrer, “cuando se produjeron los sucesos del 11 de julio del 2021, estaba vigente la Ley No. 6, que no exigía al fiscal hacerle saber al acusado qué sanción estaba pidiendo, por eso algunos de los imputados de Güira de Melena desconocen el castigo que está pidiendo la Fiscalía”. 
La existencia de las tiendas MLC, donde se venden la mayoría de los alimentos y productos básicos, fue uno de los factores que desataron las manifestaciones populares en Cuba, por el descontento general de la población que no tiene acceso a estas ya que no cobra sus salarios en dólares o euros. 
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Centro para una Cuba Libre califica de “campaña de terror” juicios contra manifestantes del 11J

MIAMI, Estados Unidos. — El Centro para una Cuba Libre (CFC, por sus siglas en inglés) aseguró que los juicios contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 forman parte de “una campaña de terror del gobierno cubano para silenciar la disidencia en Cuba”.
En un comunicado publicado este lunes, la organización condenó los procedimientos utilizados por el régimen cubano contra activistas, opositores y resto de ciudadanos procesados. También recordó que muchos de ellos enfrentan severas peticiones fiscales, mientras que otros ya han sido condenados a largas penas de cárcel.
“Estos no son solo juicios, sino parte de una campaña de terror del gobierno cubano para silenciar la disidencia en Cuba. Pido la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos cubanos y el fin de estos procedimientos falsos”, señaló John Suárez director ejecutivo de la entidad.
El Centro para una Cuba Libre llamó la atención sobre los juicios en desarrollo contra el líder opositor Félix Navarro Rodríguez, su hija, Sayli Navarro Álvarez, y otros activistas detenidos a raíz de la protestas del 11 de julio en el municipio matancero de Perico.
El  CFC advirtió, además, sobre la situación de José Ángel Cedeño Ávila, preso político recluido desde el 11 de julio en el Penal de Boniato de Santiago de Cuba. Cedeño Ávila y otros presos políticos esperan su sentencia tras ser juzgados sin garantías procesales a finales de diciembre de 2021 en la ciudad de Santiago de Cuba.
Con su denuncia, el Centro para una Cuba Libre se unió a más de 200 defensores de los derechos humanos, líderes religiosos, escritores, artistas, intelectuales, periodistas, empresarios, exdiplomáticos, académicos y activistas en un llamado tanto a la dictadura cubana como a las democracias del mundo para pedir el fin de la represión en la Isla.
La organización también exige al régimen cubano la eliminación de las restricciones a la distribución de ayuda humanitaria, permiso para  el ingreso de la Cruz Roja a las cárceles cubanas, así como la liberación de todos los presos políticos.
Otro de los objetivos de la denuncia es que la comunidad internacional  establezca un embargo global de armas contra la dictadura cubana, que las naciones suspendan los acuerdos de cooperación económica y militar con La Habana y aplicar las Sanciones Globales Magnitsky contra los represores del régimen.
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The Washington Post califica de “juicios farsa” procesos contra manifestantes del 11J

MIAMI, Estados Unidos. — El diario The Washington Post calificó este sábado de “juicios farsa” los procesos y condenas contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba.
El medio estadounidense denunció en un editorial las severas sentencias emitidas por tribunales de la Isla contra los acusados, con las que busca disuadir cualquier posibilidad de estallido social en el futuro.
“A través de arrestos generales y sentencias severas, el gobierno claramente busca intimidar y, por lo tanto, silenciar al segmento más amplio posible de su población. Al hacerlo en juicios cuyos resultados están esencialmente predeterminados, el gobierno espera cubrir su política con una pátina de legalidad”, señala The Washington Post.
El rotativo también advirtió a la opinión pública sobre el estado de indefensión en que se encuentran los manifestantes enjuiciados, quienes “carecen de las protecciones básicas del debido proceso”.
Al mismo tiempo, el diario reconoce las manifestaciones antigubernamentales del 11J como una expresión espontánea de la ciudadanía “para protestar contra la represión política y la miseria económica”.
“Inspirador como fue, el levantamiento, casi sin precedentes en los 62 años de historia del comunismo cubano, no pudo resistir la feroz represión que lanzó el régimen (…). Y ahora, en procedimientos judiciales estrictamente controlados en toda Cuba, el régimen está organizando lo que pretende ser el episodio final del drama que comenzó el 11 de julio: juicios para cientos de personas acusadas de supuestos delitos, a menudo punibles con largas penas de prisión.
En su editorial, The Washington Post hizo referencia a cifras difundidas por la organización no gubernamental Cubalex, que registró unas 1 377 detenciones en toda Cuba tras las protestas del 11 de julio.
Pese a la represión y el escenario adverso que han enfrentado los manifestantes acusados, el medio estadounidense destaca que “el mero hecho de que algunas familias de detenidos estén dispuestas a contar sus historias a los medios de comunicación internacionales es alentador”.
“Ahora es más evidente que nunca que los comunistas de Cuba gobiernan por la fuerza en lugar del consentimiento. Y no pueden encarcelar a todos”, concluyó el rotativo.
Según un reporte publicado este viernes por el grupo de trabajo Justicia 11J, se espera que otros 39 manifestantes del 11J sean enjuiciados entre el 24 y el 28 de enero próximo en las provincias de La Habana, Mayabeque y Matanzas, con los que sumarían 407 los ciudadanos que han sido enjuiciados en la Isla por haber protestado en esa histórica jornada.
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Otros 39 manifestantes del 11J serán enjuiciados la próxima semana

LA HABANA, Cuba. — Al menos 39 manifestantes del 11 de julio (11J) de 2021 serán enjuiciados entre el 24 y el 28 de enero próximo en las provincias de La Habana, Mayabeque y Matanzas, según reportó el grupo de trabajo Justicia 11J. Con ello, sumarán 407 los manifestantes que han sido enjuiciados en la Isla, la mayoría de ellos entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
Los delitos imputados a los 39 acusados son: sedición, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y ultraje sexual. Las peticiones fiscales oscilan entre los cinco y 26 años de privación de libertad. Entre los acusados se encuentran dos menores de 21 años, ambos de Mayabeque: Raúl Xavier Díaz Pérez (17) y Livan Viel de la Peña (19), con petición fiscal de cinco y siete años de privación de libertad, respectivamente.
Justo la pasada semana el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), en denuncia presentada ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), denunció la existencia de al menos 39 ciudadanos cubanos menores de 21 años que se encuentran bajo “medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional”, a la espera de ratificación de condenas de hasta 23 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11J.
Félix Navarro Rodríguez (68), presidente del del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, y su hija Saily Navarro Álvarez (35), serán igualmente procesados en el Tribunal  Municipal Popular de Jovellanos, en Matanzas. El primero, ex preso político del grupo de los 75, permanece en la prisión Agüica (Matanzas) y enfrenta una petición fiscal de 15 años de privación de libertad; su hija se halla cumpliendo medida cautelar de reclusión domiciliaria y tiene una petición fiscal de 11 años.
En los juicios desarrollados hasta la fecha, Justicia 11J ha identificado los mismos patrones: “operativos policiales en las sedes de los tribunales donde se realizan las audiencias y celebración a puertas cerradas de las mismas, en franca violación de las normas que rigen el proceso judicial. Lo anterior constituye una violación de las garantías del debido proceso, y atenta contra la transparencia de los actos judiciales. Las autoridades solo permiten la presencia en los juicios de un familiar por acusado”.
El grupo de trabajo insiste en el rol y la responsabilidad de los fiscales y jueces en estas violaciones del debido proceso, y hace un llamado a que actúen con independencia e imparcialidad.
“Están a tiempo de garantizar justicia a más de un millar de personas que resultaron detenidas arbitrariamente y que son sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por ejercer su derecho a las protestas”, agregan.
Entre los mecanismos legales que existen para restituir a los acusados de sus derechos y garantizar que no ocurran más hechos como esos, Justicia 11J cita: “retirar la acusación por falta de evidencia probatoria; sobreseer los casos iniciados contra los manifestantes que aún no tienen petición fiscal y emitir un fallo absolutorio de aquellos que han sido juzgados, pero contra los cuales no se ha dictado sentencia; en el caso de los que han sido sancionados, pero la sentencia no se ha hecho firme, promover de oficio los recursos de casación donde se declare la absolución de los manifestantes; en los casos en los que la sentencia se ha hecho firme, promover de oficio procesos de revisión, anulando las actuaciones realizadas y retrotrayendo el proceso penal a la fase investigativa donde se archiven los casos contra ellos; así como iniciar procesos de investigación contra los agentes del Ministerio del interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que usaron indebidamente la fuerza, violencia y armas de fuego contra los manifestantes pacíficos, incluido el jefe de estas dos instituciones armadas, el presidente de la República”.

Al menos cinco de los manifestantes del 11J encarcelados se hallan actualmente en huelga de hambre: Luis Manuel Otero Alcántara, William Manuel Leyva Pupo, Yosvany Rosell García, Cruz García Domínguez y Chadrián Vila Sequin.
Según detalla Justicia 11J, de un total de 1 379 personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio, al menos 727 continúan en centros de reclusión, de ellos, 15 son menores de 18 años. De las 613 personas que han sido excarceladas, muchas están en espera de juicio bajo medida cautelar de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria. Un total de 158 personas están siendo o han sido ya procesadas por cargos de sedición y 40 de sabotaje.
Asimismo, de las 93 personas detenidas en relación con la Marcha Cívica por el Cambio (15 de noviembre), continúan en detención nueve; la organización ha confirmado igualmente la ejecución de dos juicios sumarios, una revocación de libertad y que seis personas permanecen pendientes a juicio.
Esta semana Human Rights Watch (HRW), en su Informe Mundial 2022, resaltó la “represión brutal” desatada por el gobierno cubano tras las protestas del 11J, cuando resultaron detenidas más de mil personas, “en su mayoría manifestantes pacíficos o transeúntes (…). Los agentes impidieron que las personas protestaran o informaran sobre las protestas, detuvieron a críticos y periodistas mientras se dirigían a manifestaciones o limitaron su posibilidad de salir de sus casas. Muchos estuvieron incomunicados durante días o semanas, fueron arrestados con violencia o golpeados, y recibieron maltratos durante la detención”.
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Manifestante del 11J condenado a 10 años denunció brutalidad policial durante protestas en Camagüey

LA HABANA, Cuba. — Jorge Alexis Agüero Gómez, manifestante del 11J confinado en la prisión Kilo 8, en la provincia de Camagüey, denunció ante CubaNet la brutalidad policial con que fueron reprimidos él y otros ciudadanos durante el levantamiento popular de julio del pasado año.
El recluso, residente en la ciudad de Camagüey, refiere que el 11 de julio de 2021 salió a la calle a protestar pacíficamente. Ese día se encontró con otros manifestantes y logró documentar la marcha a través de una transmisión en vivo. Sin embargo, el grupo en que se encontraba fue reprimido violentamente por las fuerzas del orden.
En ese escenario, Jorge Alexis Agüero Gómez logró escabullirse hacia el reparto Saratoga, donde se unió a otros manifestantes, pero estos también fueron agredidos brutalmente por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de Tropas Especiales, quienes los atacaban con palos de marabú, bastones, piedras y hasta con perros.
Agüero Gómez relata a este diario que logró escapar nuevamente y se escondió en la casa de una tía ubicada en Calle A entre Ríos y Quiñones, en el propio reparto Saratoga. No obstante, ya había sido reconocido por los represores, que procedieron a arrestarlo cinco días después, el 16 de julio.
Para el arresto de Agüero Gómez se llevó a cabo un fuerte despliegue que incluyó perseguidoras, una motocicleta y agentes de la brigada especial.
El recluso precisa que al comenzar el operativo los miembros del aparato represivo se equivocaron de casa y le rompieron la puerta a una vecina. Cuando un delator de la cuadra les indicó la dirección correcta, los agentes irrumpieron en su inmueble, destrozándolo todo a su paso.
Jorge Alexis Agüero Gómez tiene 32 años. Antes de participar en las protestas del 11J e ingresar en prisión se desempeñaba como artesano y joyero por cuenta propia. El 14 de diciembre de 2021 fue condenado a 10 años de cárcel en una vista oral donde apenas se le permitió el acceso a un familiar por acusado, una medida aplicada por el régimen de la Isla para evitar la propagación de la COVID-19, pero que no ha impedido la asistencia masiva de militares y agentes del orden.
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Juicios en dictadura: ni ley ni debido proceso

HARRISONBURG, Estados Unidos. — Los juicios a los cubanos que protestaron públicamente el pasado 11 de julio han estado ocupando espacios en la prensa independiente cubana mientras que importantes medios de prensa asentados en la Isla y —por supuesto— la prensa oficialista guardan absoluto silencio sobre ellos.
En medio de la indecencia política que permea al mundo muchos gobiernos se han adherido a un silencio cómplice. Otros continúan ofreciendo regalías a la dictadura para programas de supuesto beneficio popular cuyo cumplimiento jamás se verifica, así que nada tiene de novedosa la sospecha de que el dinero donado para construir una infraestructura de abastecimiento de agua potable sea desviado para beneficiar a los principales dirigentes de la dictadura, sus familiares y los perritos que recogen sus migajas.
Injusticias hay en todo el mundo. Ningún gobierno puede alegar que no las comete. Pero uno de los rasgos que distingue a las sociedades libres de aquellas que no lo son es la existencia de una prensa libre, una sociedad civil vigorosa y, sobre todo, un sistema judicial independiente sometido al escrutinio del pueblo.
Allí donde existe un sistema judicial independiente que cumple eficazmente su función social el ciudadano todavía puede creer en la justicia humana y aunque exista la posibilidad del error judicial jamás tendrá que lidiar desde una posición desigual contra la fuerza descomunal del estado, de otras instituciones o personas poderosas. Si eso llegara a ocurrir siempre habrá un periodista honesto que brinde cobertura al acontecimiento y existirán las posibilidades para que la sociedad se pronuncie públicamente sin temor a represalias, circunstancias que no concurren en la sociedad cubana.
Lamentablemente, el entramado sobre el que se erige el sistema judicial cubano no es independiente, democrático ni justo —mucho menos transparente— y de ello dan fe las noticias que desde el mes de noviembre ha estado ofreciendo la prensa independiente cubana.
La publicidad de estos procesos se ha vulnerado sin recato al impedirse no ya la asistencia de la prensa independiente, sino también de la oficialista y de la prensa extranjera. También se han militarizado los alrededores de los tribunales y se ha impedido el acceso de los familiares de los acusados a los juicios.
Pudiera pensarse que esa medida se toma para evitar la propagación de la pandemia de COVID-19, pero se trata de algo que por décadas ha impuesto la Seguridad del Estado, la mano ejecutora de los procesos y de su puesta en escena. No contentas con esto, las autoridades cubanas también se han dedicado a intimidar a los padres y familiares de los acusados que se han atrevido a reclamar justicia en las redes sociales y a denunciar la falta de equidad existente en esos juicios, en donde el rostro del debido proceso ha estado personificado en los agentes de la Seguridad del Estado y en los fiscales y jueces que sirven de cómplices a la dictadura.
No se necesita tener conocimientos jurídicos y mucho menos ser un profesional del derecho para saber que los enjuiciados por lo ocurrido el pasado 11 de julio se enfrentan a los intereses de la claque gobernante desde una posición de desigualdad en la que el debido proceso ha sido hecho añicos, aunque sí se necesita tener un alma buena para no convertirse en ejecutor de una política despiadada como la que practica la dictadura contra todo cubano que la enfrenta.
Y en esto creo que todos los cubanos que aman la libertad coincidirán en que hoy todo el que forma parte del partido comunista, el ejército, la policía, la seguridad del Estado, los tribunales y la fiscalía —por citar a las instituciones más íntimamente vinculadas al poder comunista—  es un traidor a la patria y, en el momento propicio, deberá ser juzgado de acuerdo con sus actos y omisiones.
El 24 de julio de 2021 varios medios de prensa reflejaron la conferencia de prensa ofrecida en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), en la que comparecieron Rubén Remigio Ferro,  Presidente del Tribunal Supremo Popular, Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República, y Lilia María Hernández Doejo, presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Remigio Ferro aseguró que todos los detenidos en las protestas ocurridas el 11 de julio estaban siendo investigados conforme a las normas del debido proceso (due process of law) y que se actuaba en congruencia con lo establecido en la Ley de Procedimiento Penal.
Pero muy pronto comenzaron a circular los testimonios sobre las golpizas y maltratos sufridos por los manifestantes en las unidades policiales y se supo de la permanencia en prisión de decenas de menores de edad, algunos de ellos actualmente condenados a penas extremadamente severas. A muchos de esos manifestantes los “imparciales y justos tribunales revolucionarios” les han impedido presentar pruebas documentales y testimoniales para refutar los argumentos de la fiscalía, colocándolos en un plano de indefensión total.
Si el señor Rubén Remigio Ferro fuera una persona honesta habría investigado esas denuncias, pero no lo hizo ni lo hará, todo lo contrario: seguramente continuará afirmando con total cinismo —como lo hizo en la mencionada conferencia de prensa— que en Cuba no es delito protestar ni expresar públicamente sus ideas, algo que constantemente reiteran los medios oficialistas como fieles polichinelas del Partido Comunista (PCC).
Pero dada día que pasa los cubanos creen menos en los dirigentes de la dictadura y hoy muchos saben que el señor Remigio Ferro mintió y continúa mintiendo, como lo hizo por estos días en Guantánamo al asegurar que los tribunales respetan la legalidad en su proceder.
Para demostrar la mendacidad de este sujeto execrable bastaría recordar el caso del joven Luis Robles, quien ha permanecido por más de un año preso por haber salido al bulevar de La Habana con un cartel en el que pedía libertad. También podría citarse el caso del ciudadano que fue severamente sancionado por romper una foto de Fidel Castro en la vía pública, o el de la joven que va a ser enjuiciada por filmar las protestas y enviar lo filmado a las redes sociales.
Si el señor Rubén Remigio Ferro fuera un hombre honesto y congruente con lo que por años ha estado afirmando, hace bastante tiempo habría renunciado a su cargo. Pero no lo es. Remigio Ferro es otro cínico aupado por la cúspide de la dictadura, otro represor de cuello blanco.
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Concluso para sentencia juicio contra manifestantes del 11J en Diez de Octubre

MIAMI, Estados Unidos. – Las autoridades judiciales del municipio habanero de Diez de Octubre declararon concluso para sentencia el juicio realizado entre ayer y hoy a los manifestantes del EFP-145C, informó este martes en redes sociales Camila Rodríguez, integrante de la plataforma Justicia 11J.
Según dio a conocer la activista, “los abogados de los manifestantes solicitaron, en posición común, la sustitución del delito de sedición por otros, como atentado, desórdenes públicos y propagación de epidemias, sobre la base de la falta de elementos que puedan demostrar la realización de un hecho de naturaleza sediciosa”.
En la vista oral, celebrada en la sede del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, se dio a conocer que la edad podría ser un atenuante en la probable sanción de los menores que están siendo procesados.
“Para los menores, la Fiscalía pidió la consideración de la edad como un factor para la reducción de la sentencia, en el caso de algunos de los menores de 20 años (según los dispuesto en el artículo 17.1 del Código Penal), en virtud de lo cual la sanción de los manifestantes pudiese quedar en siete años de privación de libertad. Uno de los abogados, que prefirió mantener el anonimato, refiere que en todos los casos no fue valorado este elemento, con lo cual sería arbitraria la aplicación del artículo citado”, añadió Camila Rodríguez.
(Captura de pantalla/Facebook)
El reporte de la activista precisa que en el juicio “no se fijó fecha exacta para la entrega de la sentencia”.
Como mismo ha ocurrido en otros territorios, las dos sesiones del juicio a los manifestantes del 11J contaron con fuerte presencia de efectivos militares.
“Las afueras del Tribunal estuvieron militarizadas, sobre todo en el momento de la salida de los manifestantes, cuando cerca de 20 policías no solo impedían el paso a los familiares hacia el camión que transportarían a los manifestantes en detención, sino también la vista hacia ellos. Al menos una docena de agentes de la Seguridad del Estado rondaron a los familiares que permanecían a la espera”.
Rodríguez apuntó que, durante la tarde de ayer, los defensores de derechos humanos Gerardo Lazcano y Ariel González Cuevas, quienes acompañaban a los familiares de los manifestantes y esperaban noticias sobre Roberto Ferrer Gener, fueron detenidos arbitrariamente.
“Ambos permanecieron hasta la noche en la oncena unidad, donde coincidieron con los activistas Daniel Triana, Carolina Barrero y Arián Cruz”, precisó la activista, quien destacó, además, que la vista oral no fue cubierta  por medios de prensa internacionales ni estatales ni independientes.
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EE. UU. denuncia juicios contra niños que participaron en protestas del 11J

MIAMI, Estados Unidos. – La Embajada de Estados Unidos en Cuba condenó este martes los juicios contra los niños cubanos que participaron en las protestas del pasado 11 de julio de 2021.
La sede diplomática denunció en Twitter el caso de cinco menores cubanos de la provincia de Holguín que enfrentaban peticiones fiscales de hasta 18 años de prisión por manifestarse el 11J.
“Vergonzoso. Cinco menores cubanos de Holguín enfrentan hasta 18 años de prisión por protestar el 11J. El régimen de Cuba condena a los niños a cumplir media vida en prisión por expresar una opinión. Pedimos al régimen que libere a todos los manifestantes”.
(Captura de pantalla/Twitter)
De acuerdo con el portal digital Cibercuba, el pronunciamiento de la Embajada se produjo después de que la Fiscalía de Holguín retirara los cargos de Sedición a los cinco menores de edad.
Ahora, los acusados podrían enfrentar penas de entre cinco años sin internamiento y siete de privación de libertad.
Cibercuba añade que el fiscal encargado de acusar a los menores de edad en Holguín responde a que “se decidió darles una segunda oportunidad”.
Desde que iniciaran los juicios contra los manifestantes del 11J en Cuba, representantes del gobierno de EE. UU. han criticado públicamente los procedimientos empleados por el régimen de la Isla para juzgar a los procesados.
El pasado 23 de diciembre, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian A. Nichols, criticó los juicios y las sentencias contra los participantes del 11J en Cuba.
En esa ocasión, el diplomático recordó que desde el 13 de diciembre de 2021 el régimen cubano había juzgado a más de 90 protestantes.
“El mundo ve la magnitud de estas injusticias: sentencias de hasta 25 años, cargos fraudulentos para silenciar y condiciones de prisión atroces para los manifestantes pacíficos”, escribió Nichols en Twitter.
Ese mismo día, la Embajada de Estados Unidos en Cuba se pronunció en favor de Jany Millo Espinosa, “acusada de falta de respeto por protestar el 11J” en el municipio de San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa.
“En vez de encerrar a manifestantes por falta de respeto, el gobierno de Cuba debería escuchar al pueblo y liberar a los manifestantes”, sostuvo la sede diplomática.
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Juicio contra manifestantes del 11J en Santa Clara: “Los policías están diciendo mentiras, una detrás de la otra”

MIAMI, Estados Unidos. – Familiares de los manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J) de Santa Clara calificaron como “paripé” y “payasada” el juicio del régimen contra 16 de las personas ―14 hombres y dos mujeres― procesadas en esa ciudad por salir a las calles el 11J.
El juicio se inició este lunes y se espera que continúe a lo largo de la semana, cuando debería quedar concluso para sentencia.
Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García Lorenzo, aseguró en una directa de CubaNet que los familiares de las 16 personas procesadas habían salido de la primera sesión del día “diferente” a ayer. “Fue un cambio muy brutal”, dijo la joven. “Ayer todos salieron emocionados porque los abogados habían hecho una buena defensa, habían mostrado la parte positiva; y hoy fue todo lo contrario. Las familias incluso salieron llorando, salieron lamentándose porque es increíble la cantidad de mentiras que están diciendo [los testigos de la Fiscalía]”.
La joven santaclareña, que se ha convertido en una activista por la liberación de su hermano y del resto de los presos políticos del 11J, también detalló que antes de iniciarse el juicio esta semana los testigos de la Fiscalía habían accedido a las celdas donde se encontraban los manifestantes, para supuestamente identificarlos y preparar su versión de los hechos.
Aun así, “el juicio fue un paripé. La jueza tenía que estar anotando las cosas que se decían y se veía que no estaba anotando prácticamente nada”, detalló Roxana.
“En el caso de mi hermano en particular se ve en todos los videos que su marcha fue pacífica y ahí [en el juicio] estaban diciendo que él utilizó la violencia. Todos los testigos, como ya se esperaba, son oficiales de la Policía quienes están leyendo todo por un manual. Cuando el abogado les pregunta algo ellos no saben responder. Dicen que no se acuerdan; se contradicen unos con otros”, lamentó.
Por su parte, Tayrí Lorenzo Prado, la madre de Andy y Roxana y el único miembro de la familia que ha podido acceder a las sesiones del juicio, aseguró que en ninguno de los videos usados por la Fiscalía como supuestas pruebas de los delitos cometidos existe violencia.
“Solo se ve que dicen ‘Díaz-Canel singao’, la protesta del pueblo. Dicen ‘Queremos medicina’, ‘Tenemos hambre’, ‘Queremos comida’. Hay ofensas al presidente, es verdad, pero no hay más nada”, aseveró.
“Dicen que hay violencia, que se tiraron piedras. En ningún momento los videos lo han mostrado”, agregó.
Asimismo, Lorenzo Prado indicó que la Fiscalía ha usado como testigos a “policías que están diciendo mentiras, una detrás de la otra”. “¿Dónde están las piedras? ¿Dónde están los videos?”, preguntó.
Esta semana, al menos 66 personas serán juzgadas en Villa Clara, La Habana, Holguín y Mayabeque por participar en las manifestaciones del 11J, según informó el grupo de trabajo Justicia 11J. En el caso de Santa Clara, está siendo juzgado(a) un(a) adolescente menor de 19 años. Más de la mitad de los procesados tienen menos de 35 años.
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