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¿Cómo el Código de las Familias protege los derechos de las personas en situación de discapacidad? (+ Video)

Prestigiosos especialistas del Derecho que han participado en la elaboración del Código de las Familias debatieron en la Mesa Redonda de este miércoles sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad y el sistema de apoyo.
¿Qué es lo novedoso que establece el Código de las Familias en relación con las personas en situación de discapacidad? Con la respuesta a esta interrogante comenzó la intervención de la doctora Caridad Valdés Díaz, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, quien dijo que, un Código de las Familias que pretende ser inclusivo y amoldarse al mandato de la Constitución de la República, necesitaba contener cambios en el régimen de capacidad.
Por esta razón, en las disposiciones finales, una de las normas que modificaría –indicó– es lo relativo a la capacidad en el Código Civil. “La capacidad jurídica se prevé para todas las personas mayores de 18 años de manera absoluta con plena capacidad de obrar. Está marcada por una edad en la cual las personas están aptas para el ejercicio de sus derechos y actos jurídicos”.
Valdés Díaz acotó que para las personas que padecen determinadas enfermedades físicas o alguna situación de discapacidad en el ámbito sensorial o psíquico se ha establecido ciertas limitaciones.
La Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, de la cual Cuba es parte, plantea que todas las personas puedan ejercer sus derechos, que se respeten sus voluntades y preferencias. “Como está en las regulaciones actuales esto no resultaba posible, porque existían limitaciones por esas causas en el ejercicio de la capacidad”, refirió.
Por ejemplo, si una persona con un padecimiento mental acudía ante el notario, y este consideraba que no tenía aptitud suficiente para comprender el alcance de los actos que iba a realizar, se abstenía. Entonces la persona no podía actuar.
La profesora ejemplificó con otro posible escenario. Si la situación era más grave, el tribunal determinaba que la persona tenía la condición de incapacitada y necesitaba un representante. Se le nombra un tutor.
“Un tutor que siguiendo el modelo médico evaluaba la situación de la persona e informaba al tribunal. En dependencia de la decisión, este tutor sustituía la voluntad de la persona que era el titular del derecho, pero que no podía ejercerlo per se”, agregó.
¿Qué se pretende con las modificaciones que tiene el Código de las Familias? Valdés Díaz consideró que las personas en situación de discapacidad motora, sensorial y psíquica tengan la posibilidad de ejecutar sus derechos como cualquier otra persona, en absoluta igualdad.
Para esto –añadió– es necesario realizar ajustes razonables para que estas personas puedan ejercer sus derechos y también proveerlas de apoyo. “No solamente personas, sino también institucionales y tecnológicos muy importantes en el ejercicio de los derechos. De ellos es muy importante el apoyo personal”.
Otro tema importante es el establecimiento de la tutela. “Hoy el apoyo lo puede designar la propia persona que está en situación de discapacidad. Eso es relevante porque simboliza el reconocimiento implícito de su actitud de ser protagonista de su propia vida”.
Apuntó que el “apoyo” es quien se encarga de viabilizar los ajustes razonables que se necesitan para que la persona en situación de discapacidad pueda ejercer sus derechos. Propicia que pueda manifestar sus preferencias. “Existen situaciones en las cuales resulta necesaria la sustitución y que el apoyo sea intenso, porque incluye facultades de representación”, dijo.
La doctora Caridad Valdés manifestó que los sentimientos y la preferencia de la persona en situación de discapacidad son elementos muy importantes.
Sobre la salvaguardia, explicó que son medidas que se pueden tomar para que la persona que sirve de apoyo no se extralimite en su actuar y respete las preferencias y los derechos de las personas en situación de discapacidad.
Por su parte, el profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de La Habana, Leonardo Pérez Gallardo, reiteró que las personas en situación de discapacidad son uno de los temas centrales en el Código de las Familias, por esta razón se hace necesario una reforma al Código Civil para que incluya figuras como los apoyos, las salvaguardias, los ajustes razonables. “Todo esto permitiría ejercitar los derechos de estas personas en el entorno socio-familiar”.
“Los principios del Código establecen el respeto a la voluntad y preferencia de las personas en situación de discapacidad. La búsqueda del historial de vida para que puedan escribir su biografía en primera persona y no lo hagan mediante un modelo de sustitución que es el imperante en el Código Civil cubano”.
Pérez Gallardo explicó que la situación de discapacidad puede llevar a una vulnerabilidad social y económica.
En materia de matrimonio –indicó– la situación de discapacidad no debe ser un límite para poder ejercitar el derecho a ejercitar la unión. “El notario tendrá que controlar que cuando las personas acudan ante él, los apoyos no influyan o desnaturalicen la esencia de la voluntad a la hora de actuar”.
“No existe impedimento para el ejercicio de la acción de divorcio. Puede ser ejercida por las personas o por los apoyos intensos, que tengan la facultad sustitutiva”.
Al intervenir en la Mesa Redonda, el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales y Asesoría de la Asociación Nacional de Ciegos de Cuba (ANCI), Geudis Vega Pérez, señaló que está arraigado en la sociedad un lenguaje que identifica a las personas en situación de discapacidad como impedidos, incapacitados, entre otros términos.
En ese sentido, el abogado destacó que más que impedidos, las personas con discapacidad son individuos sujetos de derechos:
“Nosotros empleamos dos términos, uno es ‘personas con discapacidad’, y el otro es ‘personas en situación de discapacidad’, que es como lo nombra la Constitución”.
Vega Pérez subrayó que la ANCI pudo presentar propuestas para la elaboración del nuevo Código de las Familias, las cuales buscaban que se visibilizara la posibilidad de mostrar un enfoque de derecho sobre las personas en situación de discapacidad.
“Interactuamos con miembros de la comisión redactora del nuevo Código de las Familias, explicarles nuestras inquietudes y aclararnos dudas”, comentó.
Como resultado de las consultas especializadas –dijo– se incluyó el artículo 4.33, el cual se refiere al derecho a la habilitación y rehabilitación. “Buscamos el involucramiento de la familia en el proceso de rehabilitación porque el Código abarca el entorno socio-familiar”, agregó.
En ese sentido, Vega Pérez aseveró que los apoyos a las personas con discapacidad comienzan en la familia y se extienden al entorno escolar con el involucramiento de compañeros de clase, profesores: “El espectro de apoyo se amplía dentro del sistema educacional, incluso en la parte laboral, aunque en esta última aún deben romperse algunas barreras”.
En el Código –comentó– se incluye el concepto de apoyo y de ajuste razonable. Al referirse a este último, Vega Pérez subrayó que le permite a las personas en situación de discapacidad visual, por ejemplo, acceder al uso de tecnologías. En ese sentido, agregó que el nuevo Código de las Familias se distribuye en formato digital y en audio para las personas en situación de discapacidad.
Al finalizar el espacio televisivo, la profesora Caridad Valdés Díaz reiteró la importancia de que estas personas tengan una mayor facilidad para el ejercicio de sus derechos.
“Es un tema de muchísima sensibilidad y tiene que estar signado por el amor, por eso es significativo que en el Código de las Familias sea donde por primera vez se establezcan reglas para ajustes razonables, apoyo, salvaguardias”, añadió.
Por su parte, el profesor Leonardo Pérez Gallardo concluyó que el Código de las Familias tiene función pedagógica y hay un marcado interés en potenciar la inclusión de las personas en situación de discapacidad.
En video, Mesa Redonda
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¿Qué dice el Código de las Familias en materia de derecho sucesorio? (+ Video)

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¿Cómo protege el Código de las Familias los derechos de las personas en situación de discapacidad? (+ Video)

Prestigiosos especialistas del derecho que han participado en la elaboración del Código de las Familias debatieron en la Mesa Redonda de este miércoles sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad y el sistema de apoyo.
¿Qué es lo novedoso que establece el Código de las Familias en relación con las personas en situación de discapacidad? Con la respuesta a esta interrogante comenzó la intervención de la doctora Caridad Valdés Díaz, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, quien dijo que un Código de las Familias que pretende ser inclusivo y amoldarse al mandato de la Constitución de la República necesitaba contener cambios en el régimen de capacidad.
Por esa razón, en las disposiciones finales, una de las normas que modificaría es lo relativo a la capacidad en el Código Civil. “La capacidad jurídica se prevé para todas las personas mayores de 18 años de manera absoluta con plena capacidad de obrar. Está marcada por una edad en la cual las personas están aptas para el ejercicio de sus derechos y actos jurídicos”.
Valdés Díaz apuntó que para las personas que padecen determinadas enfermedades físicas o alguna situación de discapacidad en el ámbito sensorial o psíquico se ha establecido ciertas limitaciones.
La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual Cuba es parte, plantea que todas las personas puedan ejercer sus derechos, que se respeten sus voluntades y preferencias. “Como está en las regulaciones actuales esto no resultaba posible, porque existían limitaciones por esas causas en el ejercicio de la capacidad”, refirió.
Por ejemplo, si una persona con un padecimiento mental acudía ante el notario, y este consideraba que no tenía aptitud suficiente para comprender el alcance de los actos que iba a realizar, se abstenía. Entonces la persona no podía actuar.
La profesora mencionó con otro posible escenario. Si la situación era más grave, el tribunal determinaba que la persona tenía la condición de incapacitada y necesitaba un representante. Se le nombra un tutor.
“Un tutor que, siguiendo el modelo médico, evaluaba la situación de la persona e informaba al tribunal. En dependencia de la decisión, ese tutor sustituía la voluntad de la persona que era el titular del derecho, pero que no podía ejercerlo per se”, agregó.
¿Qué se pretende con las modificaciones que tiene el Código de las Familias? Valdés Díaz consideró que las personas en situación de discapacidad motora, sensorial y psíquica tengan la posibilidad de ejecutar sus derechos como cualquier otra persona, en absoluta igualdad.
Para esto –añadió– es necesario realizar ajustes razonables para que estas personas puedan ejercer sus derechos y también proveerlas de apoyo. “No solamente personas, sino también institucionales y tecnológicos muy importantes en el ejercicio de los derechos. De ellos es muy importante el apoyo personal”.
Otro tema importante es el establecimiento de la tutela. “Hoy, el apoyo lo puede designar la propia persona que está en situación de discapacidad. Eso es relevante porque simboliza el reconocimiento implícito de su actitud de ser protagonista de su propia vida”.
Precisó que el “apoyo” es quien se encarga de viabilizar los ajustes razonables que se necesitan para que la persona en situación de discapacidad pueda ejercer sus derechos. Propicia que pueda manifestar sus preferencias.
“Existen situaciones en las cuales resulta necesaria la sustitución y que el apoyo sea intenso, porque incluye facultades de representación”, dijo.
La doctora Caridad Valdés manifestó que los sentimientos y la preferencia de la persona en situación de discapacidad son elementos muy importantes.
Sobre la salvaguardia, explicó que son medidas que se pueden tomar para que la persona que sirve de apoyo no se extralimite en su actuar y respete las preferencias y los derechos de las personas en situación de discapacidad.
Por su parte, el profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de La Habana Leonardo Pérez Gallardo reiteró que las personas en situación de discapacidad son uno de los temas centrales en el Código de las Familias, por esta razón se hace necesario una reforma al Código Civil para que incluya figuras como los apoyos, las salvaguardias, los ajustes razonables. “Todo esto permitiría ejercitar los derechos de estas personas en el entorno socio-familiar”.
“Los principios del Código establecen el respeto a la voluntad y preferencia de las personas en situación de discapacidad. La búsqueda del historial de vida para que puedan escribir su biografía en primera persona y no lo hagan mediante un modelo de sustitución que es el imperante en el Código Civil cubano”.
Pérez Gallardo explicó que la situación de discapacidad puede llevar a una vulnerabilidad social y económica.
En materia de matrimonio –indicó– la situación de discapacidad no debe ser un límite para poder ejercitar el derecho a ejercitar la unión. “El notario tendrá que controlar que cuando las personas acudan ante él, los apoyos no influyan o desnaturalicen la esencia de la voluntad a la hora de actuar”.
“No existe impedimento para el ejercicio de la acción de divorcio. Puede ser ejercida por las personas o por los apoyos intensos, que tengan la facultad sustitutiva”.
Al intervenir en la Mesa Redonda, el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales y Asesoría de la Asociación Nacional de Ciegos de Cuba (ANCI), Geudis Vega Pérez, señaló que está arraigado en la sociedad un lenguaje que identifica a las personas en situación de discapacidad como impedidos, incapacitados, entre otros términos.
En ese sentido, el abogado destacó que más que impedidos, las personas con discapacidad son individuos sujetos de derechos. “Nosotros empleamos dos términos, uno es ‘personas con discapacidad’, y el otro es ‘personas en situación de discapacidad’, que es como lo nombra la Constitución”.
Vega Pérez subrayó que la ANCI pudo presentar propuestas para la elaboración del nuevo Código de las Familias, las cuales buscaban que se visibilizara la posibilidad de mostrar un enfoque de derecho sobre las personas en situación de discapacidad.
“Interactuamos con miembros de la comisión redactora del nuevo Código de las Familias, explicarles nuestras inquietudes y aclararnos dudas”, comentó.
Como resultado de las consultas especializadas –dijo– se incluyó el Artículo 4.33, el cual se refiere al derecho a la habilitación y rehabilitación. “Buscamos el involucramiento de la familia en el proceso de rehabilitación porque el Código abarca el entorno socio-familiar”, agregó.
En ese sentido, Vega Pérez aseveró que los apoyos a las personas con discapacidad comienzan en la familia y se extienden al entorno escolar con el involucramiento de compañeros de clase, profesores. “El espectro de apoyo se amplía dentro del sistema educacional, incluso en la parte laboral, aunque en esta última aún deben romperse algunas barreras”.
En el Código –comentó– se incluye el concepto de apoyo y de ajuste razonable. Al referirse a este último, Vega Pérez subrayó que le permite a las personas en situación de discapacidad visual, por ejemplo, acceder al uso de tecnologías. En ese sentido, agregó que el nuevo Código de las Familias se distribuye en formato digital y en audio para las personas en situación de discapacidad.
Al finalizar el espacio televisivo, la profesora Caridad Valdés Díaz reiteró la importancia de que estas personas tengan una mayor facilidad para el ejercicio de sus derechos.
“Es un tema de muchísima sensibilidad y tiene que estar signado por el amor, por eso es significativo que en el Código de las Familias sea donde por primera vez se establezcan reglas para ajustes razonables, apoyo, salvaguardias”, añadió.
Por su parte, el profesor Leonardo Pérez Gallardo concluyó que el Código de las Familias tiene función pedagógica y hay un marcado interés en potenciar la inclusión de las personas en situación de discapacidad.
En video, Mesa Redonda
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Diputados franceses instan a su gobierno a autorizar vacunas cubanas contra la covid-19

Foto: BioCubaFarma.Un grupo de 26 diputados franceses instó este miércoles al gobierno de su país a autorizar el uso de vacunas cubanas contra la covid-19, sobre todo en los territorios de ultramar que lo soliciten.
En una carta enviada al primer ministro Jean Castex, pidieron que se evalúe cuanto antes esa posibilidad, así como definir las modalidades de decisión en ese sentido.
De acuerdo con los parlamentarios firmantes, la imagen positiva que ofrece Cuba en materia de salud y la tecnología utilizada por la isla en sus vacunas Abdala y Soberana 02, diferente a la del ARN mensajero, “serían capaces de tranquilizar a una parte de nuestros compatriotas en territorios de ultramar”.
Al respecto, señalaron la desconfianza en esas regiones después del sufrimiento que ocasionaron a sus habitantes el escándalo de la clordecona y los ensayos nucleares, hechos a los que en parte atribuyeron el rechazo a vacunarse y las bajas tasas de inmunización.
Durante casi dos décadas a finales del siglo pasado, el insecticida clordecona fue utilizado en las plantaciones bananeras, con consecuencias fatales para los seres humanos y el medioambiente en Guadalupe y Martinica.
La misiva enviada a Castex la suscribieron 19 miembros de diversos partidos del Grupo de Amistad Francia Cuba de la Asamblea Nacional, encabezados por su presidente François-Michel Lambert, y siete diputados que no pertenecen al mismo, entre ellos el líder comunista y candidato presidencial Fabien Roussel.
En esta pandemia compartimos la idea de una estrategia de vacunación de los franceses lo más amplia posible con el objetivo de contener la covid-19, y el acceso a Abdala y Soberana 02, ambas en proceso de certificación de la Organización Mundial de la Salud, permitiría aumentar la tasa de protección de nuestra población, subrayaron.
El embajador cubano en Francia, Otto Vaillant, conversó este miércoles con varios de los diputados promotores de la iniciativa, a quienes agradeció su solidaridad con la isla, asediada durante más de 60 años de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
A mediados de este mes, Lambert propuso el acceso a las vacunas cubanas en una sesión de la Asamblea Nacional francesa.
Vea además:
Cuba presentará a la OMS expediente de vacunas contra la COVID-19

(Con información de Prensa Latina)

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Ministra de Finanzas y Precios: Transformar la gestión de los presupuestos, con mayor participación popular e innovación

Meisi Bolaños Weiss, titular de Finanzas y Precios. Foto: Roberto Garaycoa Martínez/Cubadebate/ Archivo.Las limitaciones que deberá enfrentar la economía este año, que mantiene las complejidades de la crisis mundial agravada por la pandemia, unida al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, son retos que también se reflejan en el presupuesto estatal. De los desafíos en la gestión de esos dineros en los municipios y el uso de la ciencia y la innovación en la actividad contable, habló en la Mesa Redonda la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss.
Al referirse a la Ley del Presupuesto del Estado para el actual año, aprobada por la Asamblea Nacional, la titular del MFP subrayó que respalda los programas y servicios básicos a la población, donde los presupuestos municipales juegan un papel fundamental.
Este 2022, dijo, tenemos que potenciar los ingresos, o lo que es lo mismo, incrementar la actividad productiva en los territorios, con la participación de todos los actores económicos.
El déficit fiscal proyectado asciende a 75 827 400 000 pesos, “que es necesario reducir, porque es alto”, acotó la ministra y reiteró la necesidad de aumentar los bienes y servicios en los municipios.
A juicio de Bolaños Weiss, el principal desafío en el perfeccionamiento del presupuesto es precisamente la gestión de los presupuestos locales, que deben ir atemperándose y actualizándose, en función de lograr la autonomía municipal refrendada en la Constitución.
En ese ejercicio, añadió, resulta clave el acompañamiento de la ciencia y la innovación, así como la participación popular. “Necesitamos un municipio que sea mucho más activo y propositivo, con el objetivo de que, desde su planificación, pueda definir cuál es el presupuesto que requiere”.
En ese sentido, la ministra reconoció que todavía hay insuficiencias y destacó la necesidad de que en los municipios haya una mayor participación popular en la gestión y control de los presupuestos, en la definición de los problemas, prioridades y destinos de los dineros. 
De acuerdo con Bolaños Weiss, como parte de ese proceso de transformación de la gestión de los presupuestos, hay que crear capacidades y habilidades en los municipios, de manera que puedan tener “recursos materiales y financieros para poder invertir en proyectos de desarrollo local”, así como para solucionar los problemas de la comunidad e incluso financiar los servicios básicos.
La ministra abundó que, a partir de la situación económica del país, la mayor parte de los presupuestos municipales es deficitaria y tiene que recibir transferencias del presupuesto central para poder dar cobertura a sus gastos sociales.
De ahí que, reiteró, se precisa incrementar la actividad económica de los municipios, aprovechando sus características y potencialidades, además de las medidas aprobadas como parte de la estrategia económica y social del país, entre ellas la descentralización de facultades.
Explicó que se estudia la posibilidad de que empresas cuya fuerza laboral y recursos naturales estén en la comunidad, dejen de ser de subordinación nacional y se conviertan en unidades de carácter municipal, aportando sus contribuciones al desarrollo de esa localidad. 
La ministra también se refirió a la importancia de fortalecer la gestión en el cobro de los tributos municipales.
Un presupuesto netamente social
Más adelante, la ministra explicó que la mayor parte de los gastos del presupuesto del Estado está destinada al sector social, siendo educación y salud los que concentran poco más del 50% de los mismos.
Otra cifra no poco significativa se dedica a los gastos de la seguridad social que garantizan las pensiones y jubilaciones con unos 37 000 millones de pesos. “Debemos recordar la situación demográfica del país donde cada día son más las personas que envejecen y eso tiene un costo en el presupuesto a pesar de ser una conquista”
En su intervención también señaló el trabajo que se desarrolla en los barrios, el cual debe sobrepasar la mera trasformación física, y abogar por el cambio espiritual y propiciar una incorporación de las personas a las actividades en la comunidad. “El presupuesto viene acompañando en esa intención para lograr el mejoramiento de los servicios a la población, el mejoramiento de las viviendas hasta donde se pueda. Estamos acompañando las principales políticas públicas”, dijo.
Por otro lado, advirtió la necesidad de ser más expeditos en la identificación de familias vulnerables, como son las madres con más de tres hijos. “Esas prioridades las define el municipio en su Asamblea Municipal, representante genuina de ese barrio”.
Igualmente se prioriza el otorgamiento de subsidios para la terminación de cédulas básicas para las personas de bajos ingresos.
En el caso del presupuesto central del Estado, abundó, también respalda otros programas como la canasta familiar normada o el costo de la electricidad, esta última con unos 21 500 millones de pesos en subsidios. “Para que la población no tenga que pagar por el verdadero gasto en que se incurre para generar electricidad”.
Bolaño Weiss explicó, además, que tenemos un presupuesto del Estado deficitario, pues son mucho más los egresos que los ingresos. Para reducirlo, hay que incrementar los ingresos y lograr mayor eficacia y eficiencia en el uso de esos presupuestos.
Igualmente señaló que el proceso de inflación que atraviesa el país no es privativo de la nación, y apuntó que es necesario reducir el déficit fiscal con mayor producción de bienes y con un mayor cumplimiento tributario.
En otro momento del programa destacó que, en cumplimiento de la política económica, el presupuesto disminuye su participación para cubrir gastos y pérdidas. “En el año 2021 se hizo porque había que acompañar la implementación de la Tarea Ordenamiento y el incremento de los costos.
“Ese apoyo del presupuesto a las empresas con pérdidas ha ido disminuyendo, y esto nos ha permitido redirigir nuestros recursos a los programas sociales”.
En este sentido, señaló, es vital que las empresas exploten las 43 medidas que se les han otorgado para su mejor desempeño, con una activa participación de los trabajadores. “Necesitamos empresas más creativas e innovadoras”.
En los minutos finales del programa, Meisi Bolaños se refirió a que era un objetivo de su ministerio implementar un efectivo sistema de gestión basado en ciencia e innovación.
“Que nos ayude a modernizar e innovar. Queremos que nuestras instituciones respondan más a los contextos actuales como son las políticas de precios. El presidente nos condujo a estudiar estos elementos desde el pensamiento marxista”.
En video, la Mesa Redonda
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Vea además:
Finanzas y Precios: ¿Qué respaldará el presupuesto estatal cubano en 2022?

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Esteban Lazo recorre la provincia de Villa Clara

Foto: Asamblea Nacional de Cuba/Twitter.El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, está en Villa Clara en una visita parlamentaria a este territorio.
A su llegada lo recibe Yudí Rodríguez Hernández, Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido en Villa Clara y Alberto López Díaz, Gobernador de Villa Clara.

Ahora | El Presidente de la Asamblea Nacional del #PoderPopular y del Consejo de Estado de la República de #Cuba🇨🇺, #EstebanLazo, está en #VillaClara en la última jornada de la #VisitaParlamentaria a este territorio.➡️A su llegada lo reciben @yudi_mercedes y @AlbertoLpzDiaz. pic.twitter.com/MdEIMZ7B84
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) January 21, 2022
Como primera parada, el también miembro del Buró Político, llegó hasta la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú . Recorrió la UBPC Albarrán, donde recibió una explicación por parte de Norberto González Pedraza, director  general de la empresa Agropecuaria, quien detalló el programa de desarrollo del polo productivo de 2 108 hectáreas cultivables, de las cuales tiene plantadas y en rotación 1739 hectáreas. Dentro de los cultivos se hallan el plátano, boniato, papa, frijoles.
Esteban Lazo en su estancia en la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú, llamó a aplicar de forma eficiente las 63 medidas de la agricultura para elevar las producciones como una forma de bajar los precios.
La Empresa Agropecuaria Yabú posee 36 casas de cultivo protegido de tomate, pimiento, pepino,  col china, y otras hortalizas. Laboran en ellas 73 trabajadores.
Esteban Lazo llegó a la minindustria Jesús Menéndez. Su director, Osmany Morales Almeida, explicó al Presidente de la Asamblea Nacional sobre los principales productos que comercializan.  Lazo dialogó con los trabajadores y los incentivó a aumentar las producciones.
Al observar una muestra de lo que se produce en la Casa de Cultivo de la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú el miembro del Buró Político, Esteban Lazo, resaltó que es un ejemplo de cuánto se puede hacer para sustituir importaciones e ingresar divisas al país.
En su paso por el Yabú, Esteban Lazo también compartió con los  pioneros de la escuela seminternado Antonio López. Hablaron sobre la importancia de la historia y de conceptos como unidad y continuidad.

El presidente de la @AsambleaCuba, Esteban Lazo Hernández, recorrió la UBPC Albarrán, donde recibió una explicación de Norberto González Pedraza, director general de la empresa Agropecuaria Valle del Yabú. Hay plantadas 1739 hectáreas de plátano, boniato, papa, frijoles. pic.twitter.com/YySLNXX8Gp
— Vanguardia de Cuba (@VanguardiaCuba) January 21, 2022

Foto: Carlos Torres Rodríguez
Recorrido por la Empresa el Yabú. Foto: Carlos Rodríguez Torres
(Con información de Vanguardia)

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Boric presenta la composición de su futuro gabinete

Gabriel Boric da una conferencia de prensa en el Palacio de La Moneda. Foto: Zuma Wire / Legion-MediaEl próximo presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este viernes la composición del futuro Gobierno, que lo acompañará en su administración a partir del 11 de marzo, cuando asuma su rol desde el Palacio de La Moneda.
En medio de una gran expectativa, el joven dirigente izquierdista confirmó los cargos de 24 futuros ministros: 14 son mujeres y diez son hombres. Además, el promedio de edad de aquellos funcionarios es de 49 años.
Los cargos
Para conducir el Ministerio de Hacienda, el dirigente de Apruebo Dignidad nombrará al ingeniero comercial Mario Marcel (62). A Defensa Nacional irá la bióloga Maya Fernández (50), mientras que el ingeniero civil Giorgio Jackson (34) se encargará de la Secretaría General de la Presidencia.
La lista sigue con la geógrafa Camila Vallejo (33), quien estará en la Secretaría General de Gobierno, y el ingeniero comercial Nicolás Grau (38), en las oficinas de Economía, Fomento y Turismo.

pic.twitter.com/BsNu9rJMdS
— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 21, 2022

La cartera de Desarrollo Social y Familia será liderado por la médica cirujana Jannette Vega (64), y el Ministerio de Educación tendrá la dirección del profesor Marco Ávila (44). Justicia y Derechos Humanos va a depender de la socióloga Marcela Ríos (55).
Por su parte, la abogada Jeanette Jara (47) ocupará el área de Trabajo y Previsión Social, el arquitecto Juan Carlos García (51) irá a Obras Públicas y la cirujana María Begoña Yarza (57) al Ministerio de Salud.
Vivienda y Urbanismo recibirá las órdenes del economista Carlos Montes (75), el periodista Esteban Valenzuela (57) comandará el sector de Agricultura y la doctora Marcela Hernando (61) la cartera de Minería.
El próximo Gabinete continúa con el ingeniero civil de industrias Juan Carlos Muñoz (51) en Transporte y Telecomunicaciones, la abogada Javiera Toro (34) en Bienes Nacionales y el ingeniero comercial Claudio Huepe (55) en Energía.
A Medio Ambiente irá la física Maisa Rojas (49), para el sector de Cultura, las Artes y el Patrimonio se colocará a la antropóloga Julieta Brodsky (38), mientras que la cartera de Deportes será para la educadora Alexandra Benado (45).
Asimismo, la reportera Antonia Orellana (32) será la máxima autoridad en el área de Mujer y la Equidad de Género, el biólogo Flavio Salazar (56) se ocupará de Ciencia y Tecnología y la médica Izkia Siches (35) de Interior y Seguridad Pública. Las designaciones terminan con la abogada Antonia Urrejola (53), quien será la próxima canciller de Chile.

pic.twitter.com/RjNWHfEEpK
— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 21, 2022

Muchos funcionarios independientes y de izquierda
De esta forma, Gabriel Boric formará un Ejecutivo con una mixtura de dirigentes: ocho son independientes, cinco pertenecen a Convergencia Social (CS), tres al Partido Comunista (PC), dos al Partido Socialista (PS), dos son de la Revolución Democrática (RD), uno del Partido Liberal (PL), otra de Comunes, uno de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y otra del Partido Radical (PR). Además, 15 pertenecen a la Región Metropolitana.
Por su parte, el joven presidente electo del país sudamericano expresó unas palabras: “Hemos conformado este equipo de trabajo con personas preparadas”. Además, le pidió a los políticos que “visiten los barrios y la gente de Chile”.
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(Con información de RT)

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¿Qué dice el Código de las Familias en materia de derecho sucesorio? (+ Video)

Prestigiosos juristas que colaboraron en la elaboración del proyecto del Código de las familias, dieron detalles este miércoles en la Mesa Redonda sobre el tratamiento al derecho sucesorio en dicho texto. El intercambio tuvo lugar cuando está próximo a comenzar el venidero mes y hasta abril la consulta popular del proyecto en su versión 24.
El proyecto del Código de las Familias no solo centra su atención en lo que es estrictamente familiar. Por la repercusión que tiene esta institución y las modalidades familiares que existen y se reconocen, esta norma va a irradiar en otras instituciones jurídicas contenidas en otros cuerpos normativos muy afines a dicho Código, apuntó al comenzar su intervención en la Mesa Redonda el presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, Leonardo Pérez Gallardo. 
Recordó que en Cuba tenemos un Código de Familia de 1975 y uno Civil de 1987. “En este último se regula la persona, la propiedad, el contrato y la herencia”. 
Pérez Gallardo señaló que es precisamente la herencia una de las temáticas que está más implicada y conectada con el derecho de las familias. “Uno de los tipos de sucesiones que se da cuando la persona no ha otorgado testamento se basa en los vínculos familiares, sean parentales o conyugales, los cuales generan efectos desde el punto de vista jurídico”. 
Por ello -continuó explicando- para que el Código de las Familias pueda aplicarse es necesario reformar ciertas instituciones del derecho de sucesiones, ya que la reforma al Código Civil no está prevista para esta legislatura, recordó. 
La reforma está contenida en las disposiciones finales del Código. “Se trata de adaptar esas instituciones desde el Código Civil a lo que supone un nuevo Código de las Familias”. 
El profesor puntualizó que el derecho de sucesiones es la parte del derecho civil que se dedica a regular la transmisión por razón de la muerte de las situaciones jurídicas patrimoniales y de otras existenciales. 
“Esta reforma es necesaria porque, por ejemplo, si yo reconozco en el Código de las Familias derechos a favor del sobreviviente de una unión de hecho, el Civil no reconoce al sobreviviente de dicha unión. Por eso es necesario reformarlo”, explicó. 
De igual modo ocurre con los cuidadores familiares, que el Código Civil no prevé desde el punto de vista sucesorio ningún privilegio a su favor, como sí lo hace el Código de las Familias. 
En otras palabras, dijo López Gallardo, “lo que estamos haciendo es una cirugía de mínimo acceso en el Código Civil, hasta que este se reforme en fechas que aún no están precisadas”. 

En un segundo momento del espacio, la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Joanna Pereira Pérez, también habló sobre el nexo entre las instituciones familiares y sucesorias. 
“Una de las instituciones sucesorias en la que se introduce un cambio no poco polémico es el tema de la capacidad de testar. ¿Quién puede hacer testamento?”, comenzó explicando. 
“Muchos asocian el testamento con la muerte y el final de la vida, pero el Código de las Familias introduce una edad específica para acceder a la posibilidad de otorgar testamento”. 
Recordó que la edad para realizar actos jurídicos en el Código Civil es de 18 años y “el proyecto de las Familias viene estableciendo que se reduzca esa edad y que la persona pueda realizar un acto jurídico testamentario a los 12 años”. 
“Es una reducción considerable y muy polémica”, reconoció. 
En este sentido, contó que antes de que estuviera vigente nuestro Código de la Familia de 1975, actuaba el Código Civil español que establecía 14 años para la edad de testar. “Es decir, no es una novedad que en materias sucesorias se establezcan edades diferentes para que las personas puedan acceder al acto jurídico testamentario”. 
Pereira Pérez apuntó que ya es tendencia en el mundo la reducción de dicha edad. “Hay muchas investigaciones que han demostrado que entre los 10 y 14 años las personas ya son capaces de comprender emocional y cognitivamente lo que significa la muerte y ello implica que puedan querer prepararse para lo que esto significa”. 
“Hay quien puede decir que una persona de 12 años no tiene muchos bienes, pero en la actualidad el derecho de sucesiones llega mucho más allá. Estamos hablando de que se pueda decidir sobre sus perfiles en redes sociales, cómo considera que se le deben dar tratamiento, o también el tema de los bienes digitales que se encuentran en la web o nube. 
“Esta reducción de la edad -resumió- viene aparejada a tendencias actuales. La sociedad evoluciona a un ritmo vertiginoso y el Código no está pensado solo para el momento actual, sino que es futurista y mira a los jóvenes, que cada día juegan un papel más importante en la sociedad”. 
La vicedecana también acotó que se ha reducido esta edad en correspondencia con un principio de la Convención Internacional de los Derechos del Niño relacionado con la autonomía progresiva, “es decir, que ellos cada día puedan decidir más sobre las cuestiones relacionadas consigo mismo y con su entorno”, añadió.
Por su parte, el doctor Leonardo Pérez recordó que el Código de las Familias dedica el título II a la discriminacion y a la violencia familiar. “Esto responde al reconocimiento de la violencia como una flagelo y las consecuencia que produce en el ámbito intrafamiliar y también queda recogido en la Constitución de la República”.
La violencia intrafamiliar-dijo- no solo va a tener efectos jurídicos esencialmente privativos de derechos en las instituciones familiares, sino también en las sucesorias. 
“La mayoría de los actos de conducta violatorios que se incorporan y se describen como causas cercernatorias del derecho hereditario -causas de incapacidad para suceder- van a estar vinculadas a la violencia de género, física, psicológica, contra los adultos mayores, contra las personas discapacitadas”, explicó.
Por ejemplo, en el caso que una persona haya abandonado en el orden afectivo a su padre, si el resto de los hermanos promueven un proceso ante los tribunales demostrando que no había un vínculo afectivo o había un despojo emocional, pudiera tener éxito una acción que le privara el derecho a la herencia. 
El presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia expuso otro ejemplo: si un hijo le niega la comunicación de los abuelos con el nieto, sin una causa que lo justifique, se puede privar del derecho a la herencia.
¿Qué se quiere con esta parte del Código? “Las actitudes que puedan ser constitutivas de actos de violencia intrafamiliar, en cualquiera de sus manifestaciones, no queden en solo en campo del derecho de las familias, sino que transgreda al campo del derecho de sucesiones. Así se blinda la protección a las familias y la coherencia y visión de sistema del ordenamiento jurídico”, indicó.
Pérez Gallardo informó que desde el punto de vista estadístico hay muchas más personas que mueren sin hacer testamento, aunque dijo “Cuba es un país con una cultura testamentaria”
En materia sucesoria -agregó- se prevé siempre el perdón y la rehabilitación. “Si el testamento se otorga con posterioridad al acto constitutivo del hecho de violencia, se puede entender que si se ha realizado un testamento o no se ha revocado uno existente entonces lo ha perdonado expresa o tácitamente.”
Ante la pregunta, ¿pueden los hermanos impugnar un testamento de un padre? El presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia dijo que si es posible, pero otra cosa es que tenga éxito el recurso. En su experiencia como notario, dijo que los testamentos son los actos que más suelen ser impugnados.
Por su parte, la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana al referirse a las novedades del derecho de sucesiones que recoge el Código es la amplitud y visibilidad dada a contenidos no patrimoniales del testamento.
Joanna Pereira Pérez recordó que el Código Civil existente es patrimonialista. “Existen posibilidades dentro de las instituciones familiares que si no tenían un correlato en el ámbito sucesorio quedaban en la virtualidad”.
Por ejemplo, establece la posibilidad que los padres decidan como parte del contenido del testamento quienes desean que sean los tutores de los hijos ante su fallecimiento, ya sea, porque tienen una edad avanzada, o una enfermedad. 
También relacionado con los hijos menores de edad -mencionó- el tema de la administración de los bienes. “Pueden decidir quienes desean que administre los bienes de sus hijos menores, ante el fallecimiento de los padres”.
Otra cuestión interesante es el tema de los hijos ultrapóstumos y la disposición sobre el material genético. Pereira Pérez explicó que puede existir el material genético, pero si no existe la manifestación de voluntad de que será su hijo, ya sea, porque esté nacido o por nacer.
El Código establece que “todas las personas menores de edad, con 12 años cumplidos, pueden otorgar válidamente testamento o cualquier acto de autoprotección”. De acuerdo con la vicedecana, esto quiere decir que los menores pueden alegar que no están conformes con la persona que sus padres han designado para ser su tutor.
“Esto constituirá un reto para los jueces, porque tendrán que decidir entre dos manifestaciones de voluntad. Igualmente los jueces intervendrán en el caso que los padres estén divorciados y cada uno teste a nombre de un tutor diferente para que sea el tutor de su hijo”, añadió.
El presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia dijo que el Código amplía el espectro de sujetos obligados a brindar atención. “Como el Código Civil vigente reconoce el derecho de los sobrinos a heredar de los tíos, por un principio de reciprocidad los tíos pueden heredar a los sobrinos”.
“Los parientes socioafectivos tendrán los mismos efectos jurídicos tendrán los mismos derechos  que el afecto consanguíneo”, indicó. Asimismo agregó que cómo el Código está hablando de la familia multiparental, se debe regular una sucesión de este mismo tipo. 
En video, Mesa Redonda
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Vea además:
Publican en Gaceta Oficial el proyecto del Código de las Familias para su consulta popular

¿Cómo será el proceso de consulta popular del nuevo Código de las Familias?

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Vale-No vale: Venta de productos limitados, salideros en calles y Nauta Hogar

Cubadebate continúa con su sección Vale-No Vale para reconocer, una vez más gracias a los comentarios y correos de los lectores, todo aquello que vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país o nos hace mejores ciudadanos, y señalar también todo lo que No Vale y merece ser cambiado.
Frecuentemente haremos este recuento de experiencias, que puede ser ampliado con sus comentarios en esta entrada o sus envíos a nuestro correo: comentacubadebate@gmail.com
***
Ana dijo:
Vale: Que se mantengan las medidas del uso obligatorio del nasobuco y el distanciamiento social, regulado por los gobiernos locales.
No Vale: Que los gobiernos locales manden a pintar, pavimentar y chapear solo cuando el Presidente viene a la provincia.
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Valencia cf dijo:
Vale: Que arreglen los salideros en las calles.
No vale: Que dejen los huecos abiertos en las calles y aceras o peor que lo arreglen y se vuelva a romper hasta dos veces como pasó en la calle 222 y 15 en Playa, La Habana, que lo van a arreglar por tercera vez. Quien paga esto es el presupuesto del Estado.
***
Rodo dijo:
Vale: Que hace más de cuatro años se implantara, comenzando por Cayo Hueso, Centro Habana, el Nauta Hogar.
No Vale: Que estemos en el año 2022 y esto aún no sea una opción masiva de oferta a toda la población que la quiera.
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May dijo:
Vale: Que se puedan comprar en toda La Habana los productos limitados por la libreta de abastecimiento.
No vale: Que los que trabajamos a diario podamos comprar ahora menos que antes, a menos que faltemos varios días.

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Convocan a premio Cubadisco 2022

El Instituto Cubano de la Música y el Comité Académico Cubadisco convocaron al Premio Cubadisco 2022, que reconoce las mejores producciones musicales, fonográficas y audiovisuales en el país.
Según las bases, podrán participar instituciones cubanas y extranjeras o independientes afines al quehacer musical en la isla, siempre que estén avaladas por alguna entidad vinculada al ámbito cultural y las producciones inscritas fuesen editadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
El evento más importante de la industria discográfica cubana admitirá en su selección las obras concursantes en más de 20 categorías correspondientes a nueve áreas relevantes.
Estas son patrimonio, académica, jazz (instrumental), cancionística, fusión, música urbana, audiovisual, generales, sencillos.
Como cada año, el Premio Internacional será otorgará a fonogramas de autores e intérpretes extranjeros quienes reflejen, de manera creativa, los más auténticos valores musicales, en correspondencia con los presupuestos estéticos propugnados por Cubadisco.
Asimismo, el comité organizador concederá varios lauros colaterales y el esperado premio del público, a conocerse en la ceremonia organizada en el contexto de la Feria Internacional Cubadisco 2022, prevista del 14 al 23 de mayo.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2022.
(Tomado de Prensa Latina)

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Boric anuncia que su gabinete será intergeneracional y de diversidad social

Gabriel Boric, en el centro, durante el acto de proclamación oficial como presidente electo de Chile, el lunes 10 de enero de 2022 en Santiago. Foto: AFP.El presidente electo de Chile, Gabiel Boric, declaró este lunes que el gabinete que presentará antes de concluir enero será paritario, con representantes de varias generaciones “que están bregando por construir un país mejor” y con diversidad social.
“Estamos buscando una representación que sea paritaria, donde estén las personas capacitadas y las más preparadas para llevar adelante el liderazgo de las diferentes carteras”, dijo Boric durante el acto de proclamación oficial de su elección como nuevo presidente de Chile por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en la capital, Santiago.
El objetivo –explicó en una rueda de prensa luego del acto oficial– es “que haya una síntesis entre las diferentes generaciones que están hoy día bregando por construir un mejor país. Que tenga diversidad social me parece que también es relevante”.
Boric anunció que el gabinete completo será anunciado la penúltima semana de enero y aclaró que no adelantará ningún nombre de las personas elegidas para su conformación.
“Es importante que el gabinete represente un equilibrio, es un puzle complicado de armar”, dijo.
El Tribunal Calificador de Elecciones informó que Boric ganó oficialmente las elecciones presidenciales del pasado 19 de diciembre de 2021 con el 55.8% de los votos frente al candidato de ultraderecha José Antonio Kast (44.1%).
Los comicios fueron los más masivos en la historia de Chile desde que en 2012 se estableció el voto voluntario.
Según los datos preliminares del Servicio Electoral, más de 8.3 millones de personas acudieron a votar, de los más de 15 millones de ciudadanos convocados a las urnas, para un 55.6% de asistencia.
El izquierdista Boric asumirá su cargo el próximo 11 de marzo en sustitución del mandatario saliente, el conservador Sebastián Piñera.
(Con información de AFP)

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Gobierno de La Habana desmiente supuestas restricciones para la capital

MIAMI, Estados Unidos.- El Gobierno de La Habana denunció este jueves a través de su cuenta de Twitter que información falsa sobre nuevas restricciones en la capital del país a causa del coronavirus circula en la red sociales.
Según la publicación, “las decisiones adoptadas por las autoridades de la Capital serán debidamente divulgadas por los canales oficiales”. El Gobierno de La Habana acompaño la escueta declaración con una imagen de las supuestas restricciones, publicadas a su vez por el medio oficialista Cubadebate.
Captura de pantalla
Por su parte, el medio de prensa en cuestión aseguró en Facebook que “se trata de una publicación de hace un año, cuando el Consejo de Defensa Provincial de La Habana adoptó nuevas indicaciones para la Fase I en la que estaba la capital en ese momento”.
“Es una nueva publicación que busca generar incertidumbre ante la actual situación epidemiológica por la que atraviesa el país”, agregó el diario.
Captura de pantalla
En la declaración del Gobierno de La Habana fueron etiquetados Reinaldo García Zapata y Yanet Hernández, gobernador y vicegobernadora de la capital respectivamente.
Cuba, que había logrado disminuir considerablemente la incidencia del coronavirus en el país desde finales del recién finalizado año, ha experimentado en la primera semana de enero de 2022 un alza en los casos positivos diarios.
El pasado primero de enero los casos positivos de la COVID-19 en la isla no pasaban de 500, este jueves el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) informó que en las últimas 24 horas se reportaron poco menos de 1 500.
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Camagüey: Electrificarán con energía fotovoltaica 348 viviendas aisladas

Con la energía, no se trata de la simple “descarbonización” de los actuales modelos de generación, sino de cambios del entramado cultural de productores y consumidores. Foto: Cubasolar.
Como parte de un proyecto conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) serán electrificadas con paneles solares, en localidades de la provincia de Camagüey, 348 viviendas aisladas que resultaron afectadas por el huracán Irma, durante su azote al territorio en el 2017.
Los sistemas fotovoltaicos que se instalarán poseen una capacidad de dos mil watt (W), con una vida útil de cinco a ocho años, y admiten cargas inductivas, pues se pueden utilizar equipos electrodomésticos que funcionan con motores eléctricos, explicó Juan Carlos Lacaba Jofre, director de Fuentes Renovables de Energía en la Empresa Eléctrica Provincial (EPP).
Puntualizó que el montaje de ese equipamiento lo realizarán los propios especialistas y trabajadores de la EPP, con prioridad en las viviendas donde convivan mujeres, y en comunidades rurales de los municipios de Minas, Nuevitas, Sierra de Cubitas, y Esmeralda, todos ubicados en el norte de la provincia.
En este último territorio, se beneficiarán con el proyecto 16 hogares de la localidad La Veguita, sitio que hoy cuenta con un grupo electrógeno, el cual no cubre el servicio eléctrico las 24 horas.
Los actuales sistemas disponen de una tecnología superior respecto a los 1 928 instalados en Camagüey desde diciembre del 2016 hasta abril del 2018, indicó Lacaba Jofre, al señalar que estos poseen una capacidad de 250 W, con una vida útil de dos años, y no admiten cargas inductivas.
En correspondencia con los propósitos del país de acelerar el cumplimiento del programa de desarrollo de las Fuentes Renovables de Energía (FRE) y el uso eficiente de la misma, los trabajadores del sector ejecutarán esas obras para contribuir a la disminución del gasto de combustible en la generación eléctrica y la contaminación ambiental.
Hasta noviembre último en Camagüey se dejó de emitir a la atmósfera más de 13 420 toneladas de Dióxido de carbono, por el uso de la energía fotovoltaica, a partir del funcionamiento de los parques solares instalados en el territorio.
En Cuba se trabaja para que en 2030, el 24 por ciento de la matriz energética del país se obtenga a partir de las FRE, y además de la fotovoltaica también se explota la biomasa cañera, la energía eólica y la hidroenergía.
(Tomado de Cadena Agramonte)
Vea además:
Cuando Cuba apuesta por las fuentes renovables de energía (+ Video)

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Rey de Cambodia envía carta a presidente cubano

Norodom Sihamoni, Rey de Cambodia. Foto: Archivo.Norodom Sihamoni, Rey de Cambodia, en misiva dirigida a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, expresó su confianza en que los lazos entre ambas naciones se incrementarán en beneficio de sus respectivos pueblos.
En ocasión del 63 aniversario del Triunfo de la Revolución el monarca camboyano también compartió sus mejores deseos de progreso socieconómico para la mayor de las Antillas, señala Cubaminrex.
Con anterioridad, el primer ministro cambodiano Hun Sen remitió a su par cubano, Manuel Marrero, un mensaje de felicitación a propósito de la fecha y reiteró la voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales.
Asimismo, Prak Sokhonn, viceprimer ministro y titular de Relaciones Exteriores de la nación del sudeste asiático, también envió una misiva a Bruno Rodríguez, canciller de la nación caribeña.
(Con información de la ACN)
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Puente de Amor de Phnom Penh a La Habana (+Video)

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Hojas de ruta para enfrentar el abuso

Imagen: Naciones Unidas.Si un grupo de mujeres, sean quienes sean y estén donde estén, cuenta historias de abuso sexual perpetrado por la misma persona con evidentes puntos de similitud, les creemos. Si un grupo de mujeres, haya pasado poco o mucho tiempo, reúne el valor suficiente para enfrentarse a la inevitable revictimización de quienes las juzgarán, les creemos. O al menos, les damos el beneficio de la duda, abrimos una investigación para confirmar sus historias y si procede, sancionar al agresor. Pero nunca, bajo ningún concepto, las atacamos, juzgamos o ridiculizamos. Nos las tomamos en serio, a ellas y a sus relatos, porque son la evidencia de un problema sistémico, cultural: la naturalización de la violencia de género.
Desde nuestra perspectiva, este no es el país caótico que algunos intentan contar, donde las mujeres estamos desprotegidas y a nadie le importa que nos maten o nos violen. Existe un esfuerzo consciente de académicos, activistas, investigadores e instituciones que durante años han visibilizado las múltiples manifestaciones de la violencia de género en Cuba y han exigido soluciones. Además, discursos diversos, también del presidente Miguel Díaz-Canel, han confirmado una vocación gubernamental de legislar sobre el conflicto y generar otras estrategias para enfrentarlo.
Los primeros pasos están ahí. Un recorrido a vuelo de pájaro por la cronología del año que termina puede dar fe: echó a andar un Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres que reconoce el enfrentamiento y la prevención de la violencia como prioridad y desde fines de 2020, ha crecido el alcance en una Línea 103 y otras alternativas -muy pequeñas todavía- de acompañamiento a víctimas. Finalmente, la publicación en la Gaceta Oficial de la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar, con carácter vinculante, articula la respuesta nacional a través de ejes diversos.
En paralelo, puede enumerarse la transversalización de la perspectiva de género al nuevo Código de Procesos, al de las Familias que entra en consulta popular y también a la nueva Ley Penal, que aún está por llegar. Queda mucho por hacer, por supuesto. Urge perfeccionar aún más las leyes. Pero ignorar todos esos esfuerzos es ver una nación sin matices, en blanco y negro.
No obstante, sabemos -porque lo vivimos en carne propia- que esta es una sociedad profundamente machista; que los prejuicios y sexismos sobreviven en todas partes, también en las instituciones; que cuesta muchísimo trabajo entender que la violencia no es solo el golpe o la violación, sino que empieza en las formas más sutiles.
Es este un país donde muchísimos hombres aún consideran que gritarte en la calle está bien; donde adolescentes de ambos sexos aseguran que no hay nada de malo en controlar los celulares y la ropa de sus parejas; donde las figuras de poder pueden acosar, agredir; donde hay mujeres que mueren por el hecho de serlo. Y no queremos vivir en un país así. Por tanto, la lucha continúa. Desmontar mitos sigue siendo un desafío.
El conflicto
Durante las últimas semanas, varias mujeres relataron haber sido víctimas de acoso o abusos sexuales por parte del trovador cubano Fernando Bécker. Algunas de ellas lo denunciaron ante las autoridades policiales pertinentes y ya avanza un proceso investigativo que implica a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Fiscalía General de la República (FGR) y los tribunales correspondientes.
En paralelo, especialistas e integrantes del secretariado nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), del grupo asesor para la atención a la violencia de género de esta organización y del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) acompañaron a las denunciantes durante el complejo y agotador proceso legal, prestándoles asesoramiento psicológico y jurídico.
“La Federación de Mujeres Cubanas y su red de casas de orientación a la mujer y la familia condenan todo tipo de violencia y, ante estas manifestaciones delictivas, brinda a las víctimas apoyo, acompañamiento y orientación. La FMC no juzga ni sanciona: educa y trabaja por una sociedad más justa”, declaró la organización femenina en respuesta a los hechos.
La joven escritora Elaine Vilar Madruga, primera mujer que levantó una denuncia policial contra el músico, opinó que hay un deber legal de trascender la noticia; “un deber de llevar estos hechos a manos de la justicia para que se cumpla por todas las personas que durante más de 10 años, casi 20 por lo que estoy viendo en algunos de los testimonios, han sufrido desmanes de este hombre”.
“Confío extremadamente en la justicia, así me enseñaron y estoy segura de que aunque este sea un proceso penal largo, moroso, doloroso y triste, es un proceso penal necesario”, dijo durante una entrevista con la revista Alma Mater, en la que también reconoció el acompañamiento de diversas instituciones e insistió en los desafíos de capacitación para que operadores de la PNR y otros organismos estén mejor preparados a la hora de recibir víctimas de este tipo de casos.
Las historias levantadas no estuvieron exentas, tampoco, de una acalorada polémica en las redes. Con las muestras de apoyo a las víctimas y las exigencias de un proceso legal para investigar las denuncias, se mezclaron reclamos de quienes pusieron en duda la gravedad y veracidad de los hechos contados o cuestionaron hasta qué punto no era culpa de las propias mujeres por “provocarlo” o “permitirlo”.
Una vez más los prejuicios machistas fueron parte de la agenda y también, por supuesto, los reclamos oportunistas que, de un lado y de otro, priorizaron posibles lecturas políticas e ideológicas antes que la solución del conflicto. En realidad, ni las orientaciones políticas deben ser excusa ante acusaciones de violencia, ni las agresiones sexuales deben ser burdamente utilizadas como cartas en la baraja para desacreditar al país.
“Diversas son las personas que, desde instituciones y la sociedad civil, se han pronunciado en contra de sucesos como estos, lo cual demuestra que en nuestra sociedad crece la conciencia en contra de esos hechos. Mientras, los órganos correspondientes cumplen su función para esclarecer este y otros hechos, la Federación de Mujeres Cubanas mantiene sus puertas abiertas a todas aquellas personas que, siendo víctimas de la violencia de género, necesitan ser escuchadas y acompañadas en ese proceso”, agregó la FMC en su declaración.
Especialistas de todo el mundo sostienen que es difícil llegar a la ley con este tipo de violencias, en primer lugar porque suelen silenciarse, ocultarse, por parte de las propias víctimas, quienes justamente evitan verse en medio de una polémica pública, entre otros demonios.
A juicio de la socióloga Clotilde Proveyer, “la mujer es parte de ese proceso de legitimación patriarcal de la masculinidad hegemónica que la coloca en la condición de objeto sexual y, por consiguiente, cuando se produce este tipo de violencia se le culpabiliza, se asume que ella es la que provoca, que es la responsable”.
Para la especialista de la Universidad de La Habana, quien además coordina el equipo asesor del grupo nacional de la FMC, esa herencia cultural que responsabiliza a las mujeres de la violencia que reciben, es la que hace que se naturalice, se minimice y se normalice.
“Es la que impide que las víctimas busquen ayuda, denuncien, que se gestione a nivel social un proceso de apoyo, de acompañamiento y de no revictimización. Precisamente esa carga de los estereotipos que es tanto cultural como estructural, está en la base de todas las demás manifestaciones de la violencia de género y es lo que las hace posible”.
En ese camino, otras interrogantes calientan el debate: ¿Por qué clasifican como violencia de género estas historias? ¿Ante qué desafíos nos pone como sociedad? ¿Están las leyes cubanas diseñadas para castigar este tipo de conductas? ¿Cómo podemos acompañar a las víctimas sin revictimizarlas? En busca de algunas respuestas, nuestra columna conversó con expertas de diversos campos que integran el grupo asesor de la FMC para la atención a la violencia de género.
Visibilizar el desequilibrio de poder: el primer paso
Para la socióloga Iyamira Hernández, las diferencias de poder, incluidas las simbólicas -un asunto que tiene mucho que ver con las historias que nos motivan hoy- están en el origen mismo de la violencia de género.
“Existe un vínculo muy estrecho con la representatividad que tiene el dominio, el poder masculino y androcéntrico todavía en nuestra sociedad. El hombre, desde el discurso simbólico y patriarcal, se siente en todo el derecho y con todo el poder, de ejercer este tipo de conducta que, además, muchas veces no son sancionables desde los imaginarios colectivos. Por eso se considera violencia basada en género, porque se ejerce hacia la mujer, por su condición de mujer”.
Para Proveyer, en tanto, “si somos conscientes de que la violencia de género es patriarcal y viene de la dominación masculina, sexista, machista, entonces no caben dudas de que responde a un objetivo de mantener un orden de género inequitativo, en el que las mujeres ocupen una posición de subordinación para garantizar el dominio masculino”.
Según la experta, se trata de subordinación porque no estamos hablando de una violencia cualquiera, como la que se ejerce cuando alguien agrede para robar o en una riña tumultuaria.
“Su objetivo es de género, hay un desequilibrio de poder porque quien lo ejerce es generalmente un hombre en posición de superioridad respecto a una mujer en posición de vulnerabilidad. Por tanto, es un tipo de violencia que se ejerce por motivos de género, es una forma extrema de discriminación, en tanto garantiza la perdurabilidad de la dominación masculina”, detalla la también doctora en Ciencias Sociológicas.
Estas violencias, acota Hernández, atentan contra la integridad personal de las mujeres y están relacionadas con la representación social del cuerpo femenino, en todas las lecturas simbólicas y de construcción de significados como objeto de deseo y placer del hombre.
Las violencias de género generan malestares físicos y psicológicos, violan los derechos de esas mujeres o personas de otras identidades que por motivos de género están siendo violentadas, porque las deja en una situación de indefensión.
En el caso del acoso, el hostigamiento sexual o las violaciones, las especialistas entrevistadas para este espacio coinciden en que ponen a las mujeres en una situación en la cual se afecta su dignidad y su intimidad.
“Genera mucho miedo -detalla Proveyer- porque es un delito que casi siempre se produce en soledad y, como quien ejerce esa violencia suele estar en una posición de superioridad, las mujeres se sienten culpables, amenazadas”.
Los caminos de la ley
A juicio de Iyamira Hernández Pita y Clotilde Proveyer, Cuba se encuentra ahora mismo en un mejor momento para atender y sancionar este tipo de conductas. Aunque, advierte Hernández, “todo lo que tiene que ver con cambios en las subjetividades necesita de un proceso de deconstrucción y aprendizaje”.
“Creo que estamos en un punto de culminación de todo una serie de esfuerzos, llevados durante años, para garantizar que como país tengamos un trabajo más fortalecido y efectivo en esta materia”, apunta Proveyer.
Destaca, en particular, cómo la FMC ha potenciado la interlocución con los organismos del Estado, con otras organizaciones y con activistas de todo el país en un proceso de consultas y acciones que culminó con la aprobación de la Estrategia Integral.
“La nueva normativa tiene carácter vinculante, es de obligatorio cumplimiento para los organismos e instituciones involucrados en su implementación. Además, es integral porque abarca todas las áreas que tienen que ver con la prevención y la atención de la violencia, desde el ámbito nacional en los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y otras instituciones y organizaciones, hasta el local comunitario, donde están las víctimas que son, digamos, el foco, el objetivo central de nuestro trabajo”.
En ese camino, agrega, también es muy importante la labor que ha venido haciendo la FMC en el diálogo con legisladores, con el Tribunal Supremo, para garantizar que las nuevas leyes en el país incluyan la prevención y la atención a la violencia, y tengan una mirada de género.
Igualmente doctora en Ciencias Sociológicas, Hernández coincide, pero mira más allá. “Aunque no exista todavía una Ley Integral, ya contamos con la estrategia. Falta ahora implementarla y requiere de toda una capacitación, que las personas comprendan de qué va el asunto y se comprometan”.
Existe una pauta, un mandato mayor, que marca el camino de toda la legislación de ahora en adelante.
“En la Constitución de la República están bien claras las sanciones hacia todo tipo de violencia y discriminación por motivos de género, así como todo el trabajo en pos de la igualdad, la equidad y la justicia social. Todos estos aspectos nos permiten impedir la impunidad como país, aunque no esté todo dispuesto. Tenemos ya la voluntad y el carácter vinculante de la atención y prevención de esta problemática con el Estado, que es fundamental”, precisa Hernández.
“Para estos casos en Cuba no existe, ni existirá tolerancia. Los diversos instrumentos jurídicos vigentes en el país permiten enfrentar la violencia de género y otras conductas asociadas a esta”, respaldó la FMC en su declaración
¿Cómo funcionan los procesos legales para delitos sexuales en Cuba?
Desde el punto de vista jurídico, aclara la jurista especializada en derecho penal Arlin Pérez Duharte, las leyes marcan diferencias entre el acoso sexual, los abusos lascivos y otras conducta relacionadas. El abuso sexual es un termino empleado coloquialmente, pero no existe como figura jurídica en las normas penales. Allí suele hablarse de agresiones sexuales, violación, abusos lascivos, entre otros.
En tanto, explica la también profesora de la Universidad de La Habana, el acoso sí se incluye y puede ser sexual o no. Implica una actuación intencional, permanente, progresiva y, en este caso, bajo el componente sexo-erótico. Se produce cuando una persona manifiesta de manera sostenida un interés sexual que no llega a ser violento en el plano físico, pero sí deja señas de invasión al espacio de la libertad de una persona.
En las leyes cubanas, agrega Pérez, se establecen varias modalidades de delitos sexuales como el ultraje sexual, “que regula el requerimiento hacia otra persona de conductas sexuales y es un delito de menor envergadura”.
También se encuentran delitos más graves como la violación, la pederastia con violencia y el abuso lascivo. “Lógicamente, las escalas sancionadoras pueden llegar a ser extremadamente graves en dependencia de lo que se ha transgredido, de la manera en que se ha hecho y de las consecuencias que ha traído para las víctimas”.
No obstante, el Código Penal que se elabora para presentar al Parlamento en abril del próximo año tendrá un perfeccionamiento importante en los delitos sexuales, que incluso cambiarán su denominación.
“No como están actualmente que son delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales; sino ampliando la protección al entenderlos como delitos contra la integridad y libertad sexual. Desde ahí, hay una mirada mucho más clara al cumplimiento sobre la protección de los derechos plasmados en la Constitución y una mirada más intensa al castigo que deben tener estas conductas”, reflexiona la jurista.
Hernández, por su parte, advierte que este tipo de procesos puede demorar. “Siempre recuerdo el caso del médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos que abusaba de sus alumnas, y al cabo de los años una abrió la caja de Pandora. Se lograron reunir los testimonios de esas víctimas y ese hombre fue sancionado”.
Añade que fue un proceso complicado reunir todas las evidencias porque cuando en un hecho pasan más de cinco años, a veces pierden efectividad. “No quiere decir que no puede llegar a sanciones efectivas para impedir la impunidad del agresor, pero es necesario un trabajo muy cuidadoso y respetuoso hacia la víctima y en materia de instrucción penal”, explica.
Mapas de ayuda
¿Hacia dónde acudir? ¿Cómo pedir ayuda? ¿Qué hacer para denunciar? Esas y otras interrogantes se han repetido durante las últimas semanas que han coincidido, también, con los debates teóricos y las actividades de los 16 días de activismo por la No violencia de género.
Para Arlin Pérez Duharte, acompañar a las víctimas “implica siempre una mirada de integralidad con los recursos que tiene la parte legal, pero también las instituciones comunitarias y la sociedad civil”, apunta.
En este acompañamiento deben integrarse los medios médicos y los medios legales. “Justamente una de las novedades de la Ley de Proceso Penal, aprobada en octubre de este año, es la posibilidad de que las víctimas de delitos sexuales o de cualquier violencia de género tengan representación letrada. Es decir, la posibilidad de convertirse en parte y por tanto, tener un abogado que las asista, las represente y haga valer sus derechos”, detalla Pérez.
Iyamira Hernández Pita, por su parte, enumeró como recursos ya disponibles la Línea 103, que brinda orientación, asesoría y derivación a las personas que llaman demandando atención para este tipo de maltratos; y la Fiscalía General de la República, con su línea de atención telefónica.
“Hay un acompañamiento reconocido como parte del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y de la Estrategia Integral, para cuando ocurre violencia de género. También están las Casas de Orientación de la Mujer y la Familia (COMF) de la FMC, complementa Pérez.
Además, existen servicios de asesoría legal como los que brinda el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) o el Cenesex, que cuentan con equipos multidisciplinarios de consejería y atención a los abusos sexuales y a los casos de violencia en general.
Sin embargo, las miradas de las especialistas entrevistadas convergen en un punto: el desafío mayor está relacionado con la capacitación y la sensibilización; en paralelo con lo que todavía queda por andar en nuestra sociedad en materia de comunicación y de educación en derechos y alternativas legales.
“La FMC está preparada para asumir procesos de acompañamiento a las víctimas, lo está haciendo, pero eso no quiere decir que no se cometan errores. Nos falta capacitación. Por supuesto, hay un proceso de continuidad en la capacitación que será continúo hasta 2030 o hasta que sea necesario”, explica Hernández.
“Tenemos que capacitar a nuestros oficiales para recibir casos así, tenemos que lograr que las víctimas de abusos sean acompañadas por una mujer, así sea una mujer oficial, en las investigaciones, en las declaratorias. El hecho de que haya una mujer presente aporta un grado de confort diferente”, reconoce, por su parte, Elaine Vilar en su entrevista con Alma Mater.
Hernández sostiene que cuando se habla de que estamos ante un asunto que está instalado en la subjetividad de las personas, no se trata de algo menor. “Esas mismas personas que aún no visibilizan estas violencias están insertadas en las instituciones y en los sistemas encargados de prevenirlas y atenderlas, sobre todo en el caso de las denuncias”, explica.
Para ella resulta necesario, además, un proceso de instrucción consecuente con los hechos, en sintonía con la ley vigente y con la Constitución de la República, donde no se quede ningún tipo de pesquisa suelta. Hace falta reunir elementos suficientes para, ante un Tribunal, lograr enjuiciar e impedir la impunidad del agresor.
Por su parte, Pérez Duharte insiste en la importancia de la denuncia como forma de prevenir casos posteriores de violencia y llama a generar estrategias educativas y campañas de comunicación, “de modo que niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan identificar en el comportamiento de las personas que normalmente les rodean actos que puedan implicar acoso o abuso”.
Para Clotilde Proveyer el desafío principal pasa por lograr una cultura de derechos en las víctimas, en las personas y en la población en general. Es importante que se conozca que es ilegítimo, que nadie tiene el derecho de violentarte por ningún motivo, y que las víctimas, en general, sepan que pueden denunciar; pero que al hacer la denuncia no reciban revictimización.
“Por tanto, tenemos que lograr que los protocolos que se están actualizando, reelaborando, vayan acompañados de capacitación y de apropiación, por parte de quienes tienen que administrar la justicia, de esa mirada de género y de ese compromiso que está contenido en la voluntad política del país. Ese es un desafío enorme que tenemos como nación, porque la cultura patriarcal sigue siendo muy fuerte”, insiste.
Al fin y al cabo, la prioridad deben ser todas esas mujeres violentadas que reunieron el valor para denunciar. La prioridad es no ridiculizarlas o culparlas, sino gestionar un proceso legal y ayudar a otras víctimas. Mientras, generar alianzas con quienes ya gestan el cambio, exigir una y otra vez todo lo que falta, buscar soluciones de conjunto y contar estas historias en nuestra prensa puede ser parte del camino. Así, serán muchas más las que se salven.

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¿Para qué sirve el gobierno?

MONTANA, Estados Unidos. – El reconocido periodista y académico Nicholas Lemann formula en su último libro American Democracy cinco preguntas fundamentales sobre nuestra democracia. La tercera pregunta es especialmente sugerente en el contexto sociopolítico actual: ¿Para qué sirve el gobierno? Es una pregunta a la que respondemos indirectamente de acuerdo con nuestras afiliaciones políticas, ya sea como demócratas, republicanos o libertarios. Cada partido ofrece una respuesta diferente a la pregunta.
El profesor Lemann nos recuerda que “la democracia estadounidense es dinámica, no estática”. Con el transcurso del tiempo nuestra democracia ha cambiado, y seguirá cambiando. Pero lo más importante es que el autor nos lleva a apreciar que la democracia estadounidense fue diseñada por personas que veían al gobierno centralizado con gran recelo y ansiedad.
De hecho, un tema fundamental en la filosofía política gira en torno a cuál es, o debería ser, la relación adecuada del Estado con el individuo. ¿Cuál debe ser el papel del gobierno en nuestras vidas?
Para algunos, el gobierno debe desempeñar un papel amplio y activo, utilizando su poder coercitivo para lograr una sociedad más igualitaria. Para otros, el papel del gobierno debe estar anclado en la conceptualización de los Padres Fundadores: gobierno limitado, preocupado principalmente por proteger nuestras vidas, nuestra libertad y nuestra propiedad. Así que ¿para qué sirve el gobierno?
Volvamos a los inicios de nuestro gobierno. Alexander Hamilton, John Jay y James Madison, en los Federalist Papers, que abogaban por la ratificación de la Constitución, trataron de convencer a un público desconfiado de que el nuevo gobierno no los subyugaría. En el Federalista nº 51, Madison sostiene que el gobierno es necesario como reflejo de nuestra naturaleza humana:
“Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios los controles externos ni internos del gobierno. La mayor dificultad para crear un gobierno administrado por los hombres sobre otros hombres radica en esto: Primero hay que capacitar al gobierno para que controle a los gobernados; y luego, obligarlo a controlarse a sí mismo”.
Este pasaje de Madison se hace eco de los pensadores de la Ilustración y, en particular, del Tractatus Theologico-Politicus (1670) de Baruch Spinoza, donde el filósofo describe que el fin último del Estado “no es dominar o controlar a las personas mediante el miedo ni someterlas a la autoridad de otros. Por el contrario, su objetivo es liberar a todos del miedo, para que puedan vivir con seguridad (…) para que puedan conservar en el mayor grado posible su derecho natural a vivir y actuar sin dañarse a sí mismos ni a los demás (…) Por lo tanto, el verdadero objetivo del Estado es, la libertad”. (Citado en The History of Philosophy de A.C. Grayling).
Debo señalar que aunque el pensamiento de Spinoza influyó en los documentos de los Fundadores, rara vez se le reconoce directamente. Spinoza desarrolló ideas muy debatidas sobre la autenticidad de la Biblia hebrea, y fue rechazado y expulsado de la sociedad judía. A pesar de que las autoridades religiosas judías se han negado repetidamente a levantar el herem (la prohibición) contra él, la influencia de Spinoza ha sido reconocida por prodigios como Albert Einstein, Jorge Luis Borges, Isaac Bashevis Singer y otros. Una vez, cuando le preguntaron si creía en Dios, Einstein respondió: “Creo en el Dios de Spinoza que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se ocupa de los destinos y las acciones de los seres humanos”.
Spinoza nos proporciona una respuesta sucinta y poderosa a la pregunta de para qué sirve el gobierno: “…el verdadero propósito del Estado es, de hecho, la libertad”.
Si el verdadero propósito del gobierno es promover y defender nuestra libertad, hemos perdido el rumbo. El concepto de gobierno de los Fundadores era el de un gobierno limitado que dejara a los ciudadanos libres para perseguir su idea de la felicidad sin interferencia del Estado.  En la sociedad contemporánea hemos redefinido el propósito del gobierno para incluir la provisión de múltiples servicios sociales y más. Hoy en día no entendemos que un aumento del gobierno entrañe una disminución de la libertad.
ARTÍCULO DE OPINIÓNLas opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.
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¿Para qué sirve el gobierno?

MONTANA, Estados Unidos. ─ El reconocido periodista y académico Nicholas Lemann formula en su último libro, American Democracy, cinco preguntas fundamentales sobre nuestra democracia. La tercera pregunta es especialmente sugerente en el contexto sociopolítico actual: ¿Para qué sirve el gobierno? Es una interrogante a la que respondemos indirectamente de acuerdo con nuestras afiliaciones políticas, ya sea como demócratas, republicanos o libertarios. Cada partido ofrece una respuesta diferente a la misma.
El profesor Lemann nos recuerda que “la democracia estadounidense es dinámica, no estática”. Con el transcurso del tiempo nuestra democracia ha cambiado, y seguirá cambiando. Pero lo más importante es que el autor nos lleva a apreciar que la democracia estadounidense fue diseñada por personas que veían al gobierno centralizado con gran recelo y ansiedad.
De hecho, un tema fundamental en la filosofía política gira en torno a cuál es, o debería ser, la relación adecuada del Estado con el individuo. ¿Cuál debe ser el papel del gobierno en nuestras vidas? Para algunos, el gobierno debe desempeñar un papel amplio y activo, utilizando su poder coercitivo para lograr una sociedad más igualitaria. Para otros, el papel del gobierno debe estar anclado en la conceptualización de los Padres Fundadores: gobierno limitado, preocupado principalmente por proteger nuestras vidas, nuestra libertad y nuestra propiedad. Así que ¿para qué sirve el gobierno?
Volvamos a los inicios de nuestro gobierno. Alexander Hamilton, John Jay y James Madison, en los Federalist Papers, que abogaban por la ratificación de la Constitución, trataron de convencer a un público desconfiado de que el nuevo gobierno no los subyugaría. En el Federalista nº 51, Madison sostiene que el gobierno es necesario como reflejo de nuestra naturaleza humana:
”Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios los controles externos ni internos del gobierno. La mayor dificultad para crear un gobierno administrado por los hombres sobre otros hombres radica en esto: Primero hay que capacitar al gobierno para que controle a los gobernados; y luego, obligarlo a controlarse a sí mismo”.
Este pasaje de Madison se hace eco de los pensadores de la Ilustración y, en particular, del Tractatus Theologico-Politicus (1670) de Baruch Spinoza, donde el filósofo describe que el fin último del Estado ”no es dominar o controlar a las personas mediante el miedo ni someterlas a la autoridad de otros. Por el contrario, su objetivo es liberar a todos del miedo, para que puedan vivir con seguridad (…) para que puedan conservar en el mayor grado posible su derecho natural a vivir y actuar sin dañarse a sí mismos ni a los demás (…) Por lo tanto, el verdadero objetivo del Estado es, la libertad”. (Citado en The History of Philosophy de A.C. Grayling).
Debo señalar que aunque el pensamiento de Spinoza influyó en los documentos de los Fundadores, rara vez se le reconoce directamente. Spinoza desarrolló ideas muy debatidas sobre la autenticidad de la Biblia hebrea y fue rechazado y expulsado de la sociedad judía.
A pesar de que las autoridades religiosas judías se han negado repetidamente a levantar el herem (la prohibición) contra él, la influencia de Spinoza ha sido reconocida por prodigios como Albert Einstein, Jorge Luis Borges, Isaac Bashevis Singer y otros. Una vez, cuando le preguntaron si creía en Dios, Einstein respondió: ”Creo en el Dios de Spinoza que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se ocupa de los destinos y las acciones de los seres humanos”.
Spinoza nos proporciona una respuesta sucinta y poderosa a la pregunta de para qué sirve el gobierno: ”…el verdadero propósito del Estado es, de hecho, la libertad”.
Si el verdadero propósito del gobierno es promover y defender nuestra libertad, hemos perdido el rumbo. El concepto de gobierno de los Fundadores era el de un gobierno limitado que dejara a los ciudadanos libres para perseguir su idea de la felicidad sin interferencia del Estado. En la sociedad contemporánea hemos redefinido el propósito del gobierno para incluir la provisión de múltiples servicios sociales y más. Hoy en día no entendemos que un aumento del gobierno entrañe una disminución de la libertad.
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Más del 50 por ciento de los ecuatorianos desaprueban gestión del presidente Guillermo Lasso

Guillermo Lasso. Foto: Archivo.La encuestadora Clima Social publicó este jueves que el 56.5% de los ciudadanos de Ecuador desaprueban la gestión de su presidente, Guillermo Lasso, tras siete meses de que el mandatario se ubicara al frente del Ejecutivo.
Según esta empresa de consultoría e investigación, el 42.5% de la muestra catalogó como mala la administración de Lasso, en tanto que 14% la valoró de muy mala.
La aprobación a la labor del mandatario se ubica en estos momentos en 37.6%, y cayó 24.2% desde septiembre pasado, cuando se cifraba en 61.8%.
Entre quienes consideran como positiva la gestión presidencial, un 34.3% la percibe como buena y 3.3 como muy buena.
De acuerdo con medios de prensa, Clima Social también se interesó por el estado de ánimo de la población en la recta final del año 2021. Al respecto, el 55.1% reportó sentimientos de miedo, tristeza e ira, mientras que el 29.5 expresó alegría, satisfacción o esperanza.

¿Cómo se califican estos 7 meses del Gobierno de Guillermo Lasso? pic.twitter.com/FVfpTvYw1Z
— Clima Social EC (@ClimaSocialEc) December 22, 2021

Además, analizó cómo se percibe la labor de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Al respecto, el estudio arrojó que el 45.4% de la muestra la valoró como mala o muy mala, mientras que es positiva para 29.2 de los sondeados.
El estudio se aplicó a través de entrevistas directas en los hogares de 1 670 personas mayores de 16 años, residentes en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cayambe, Latacunga, el resto de la provincia Pichincha (donde está ubicada la capital ecuatoriana) y otras urbes.
Vea, además
Asamblea Nacional de Ecuador cita a Guillermo Lasso por su presunta vinculación a paraísos fiscales

(Con información de teleSUR)

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Sancti Spíritus informa sobre su gestión de gobierno ante la Asamblea Nacional

Teresita Romero Rodríguez, Gobernadora de Sancti Spíritus. Foto: Ismael Francisco/Cubadebate.El Gobierno de Sancti Spíritus rinde cuentas a la Asamblea Nacional del Poder Popular durante el Octavo Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano, tras un proceso de recogida de criterios de los ciudadanos de esa provincia.
El informe, presentado al Legislativo por Teresita Romero Rodríguez, gobernadora de Sancti Spíritus, recoge los resultados económicos del territorio, con énfasis en el programa alimentario, los servicios a la población y el uso eficiente del presupuesto, la implementación de la estrategia socioeconómica a nivel local y la atención a planteamientos, quejas y peticiones de la población.
Asimismo, refleja el enfrentamiento a las ilegalidades y el cumplimiento del plan de medidas para enfrentar la covid-19.
Al referirse a los resultados económicos de la provincia, Romero Rodríguez informó que, al concluir el 2020, el déficit del presupuesto fue de 354 300 000 pesos, inferior al planificado en 179 400 000 pesos.
Si bien todos los municipios mejoraron este indicador, tendencia que se mantuvo este año, la gobernadora reconoció la existencia de reservas productivas y mayores potencialidades en las que se requiere trabajar de manera más eficiente.
Entre los principales retos, mencionó el de continuar con la implementación de la Tarea Ordenamiento, fortalecer la empresa estatal socialista ‒a través de encadenamientos productivos‒ y elevar la calidad de los servicios que se brindan a la población.
La promoción de proyectos de desarrollo local y el fortalecimiento del control interno en las entidades son también prioridades para el Gobierno espirituano. Otro tema medular en la provincia es avanzar en la informatización de los procesos y canales digitales de comunicación. con el fin de lograr una mayor interacción entre ciudadanos y Gobierno.
Descargue: Informe de rendición de cuentas del Gobierno de Sancti Spíritus (540 Kb)

En PDF, dictamen de rendición de cuenta del Gobierno de Sancti Spíritus a la Asamblea Nacional

Cubadebate comparte el dictamen de rendición de cuenta del Gobierno de Sancti Spíritus a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Descarga: Dictamen (410 Kb)

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Cronograma legislativo para 2022: Parlamento cubano aprobará 27 nuevas leyes

Asamblea Nacional del Poder Popular. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.El Código Penal y el de las Familias y las leyes de Empresas, de Salud Pública y de Protección a los Derechos del Consumidor son algunas de las 27 normativas que se prevé aprobar en Cuba el próximo año, según el cronograma legislativo actualizado este martes por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
De acuerdo con el documento presentado por el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, de las 27 leyes, 15 responden a la Constitución, 10 a lo estipulado en los lineamientos y dos a propuestas de organismos de la Administración Central del Estado (OACE). 
Hay 15 normativas que estaban previstas inicialmente en el cronograma legislativo para 2022: 

Ley del Sistema de Protección de la Creación Literaria y Artística
Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural
Código Penal
Ley de Ejecución Penal
Ley Tributaria
Ley de Empresas
Ley de Sociedades Mercantiles
Ley de Patrimonio Estatal
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Código de Contravenciones
Ley de la Fiscalía General de la República
Ley de la Contraloría General de la República
Ley de la Administración Central del Estado
Ley de Salud Pública
Ley de Formas Asociativas

En el caso de las leyes de Empresas y de Sociedades Mercantiles, se explicó que se planifican para diciembre de 2022, y no para julio de ese año, como estaba previsto, “atendiendo a que en 2021 se dictaron varias normas jurídicas encaminadas a lograr autonomía del sector empresarial y otras relacionadas con las mipymes, lo que hace necesario disponer de un tiempo prudencial para consolidar y evaluar los resultados que se obtengan”.
Para el cronograma legislativo de 2022 también se proponen cinco leyes que no se aprobaron este año:

Ley de Seguridad Alimentaria y Soberanía Nutricional
Ley de Protección de Datos Personales
Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales
Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente
Ley de la Vivienda

De igual modo, para 2022 se incluyen otras seis leyes que no estaban incluidas inicialmente en el cronograma legislativo:

Ley de Ganadería
Ley de Expropiación Forzosa
Ley de Atención a la Población
Ley de los Delitos Militares
Ley de Protección a los Derechos del Consumidor (prevista inicialmente como un decreto ley, pero se decidió elevar su rango normativo por desarrollar derechos constitucionales).
Ley del Proceso Administrativo Interno

Como resultado del proceso de consulta popular, se incluyen en el cronograma, además, la aprobación del Código de las Familias y 14 decretos leyes, de los cuales uno responde a la Constitución, cinco a lineamientos y ocho a propuestas de los OACE. 
Estos 14 decretos leyes se desglosan en: 
Nueve previstos inicialmente en el cronograma legislativo de 2022:

Sobre la Comunicación Social
Sobre los Contratos Bancarios y Financieros
Modelo de Gestión del Sector Agropecuario
De la Criptografía
Sobre la Protección de la Información Oficial
Régimen Laboral de los Internos Incorporados al Trabajo
Generalización de las Unidades de Servicios y Trámites
De Costas
Seguridad y Protección Física

Dos decretos leyes que no fueron aprobados en 2021, sobre la Migración Interna y de Perfeccionamiento del Ministerio de Comercio Interior, quedan incluidos en la actividad legislativa del próximo año. 
De igual modo, tres nuevos decretos leyes: 

Sobre la Mediación
Sobre los Regímenes Laborales Especiales
Sobre la Administración Financiera del Estado

En el caso del Decreto Ley sobre Comercialización de Insumos, Equipamiento y Servicios Agropecuarios, previsto originalmente para febrero de 2022, se determinó que no es necesaria su presentación “dado que se han aprobado diferentes medidas que permiten consolidar este proceso”.
La última actualización del cronograma legislativo, en 2020, contenía 26 leyes (10 para 2021 y 16 en 2022) y 29 decretos leyes (18 de 2021 y 11 para 2022). 
El nuevo documento precisa que, aunque la compleja situación por la covid-19 impuso medidas sanitarias de distanciamiento físico, los grupos de trabajo temporal lograron avanzar en la elaboración de los anteproyectos de leyes y decretos leyes.
De esta forma, de las 10 leyes planificadas, siete fueron aprobadas (de ellas, dos no se encontraban previstas en el cronograma legislativo).

Presentadas a la Asamblea Nacional sin aprobarse: Ley de Protección de Datos Personales y Ley de Seguridad Alimentaria y Soberanía Nutricional, previstas para abril de 2022.
Pendientes de presentación a la Asamblea Nacional: Ley de la Vivienda, prevista para julio de 2022; Ley del Sistema de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y Ley de Amparo Constitucional, programadas para abril de 2022.

Las leyes previstas para julio se presentaron en el término establecido, pero al no ser posible realizar esa sesión de la Asamblea Nacional, debido a la situación higiénico-epidemiológica, fueron aprobadas en octubre de 2021:

Ley de los Tribunales de Justicia
Ley del Proceso Administrativo
Ley del Proceso Penal
Código de los Procesos

Asimismo, entre los días finales de agosto y septiembre de 2021 se presentaron al Parlamento los anteproyectos previstos en el cronograma para su aprobación en octubre de 2021:

Ley de Ordenamiento Territorial y Urbanístico
Ley de Seguridad Alimentaria
Ley de Protección de Datos Personales

Durante esta etapa se elaboraron y presentaron a la Asamblea Nacional los anteproyectos de la Ley de los Tribunales Militares y la Ley del Proceso Penal Militar.
“También se logró el cumplimiento del intenso, complejo y necesario cronograma de trabajo para la presentación del proyecto de Código de las Familias”, se subraya en el nuevo cronograma.
Se destaca, además, el trabajo realizado por la comisión encargada de la elaboración del código y el amplio proceso de consultas especializadas y de opiniones de la población, “lo que permitió una amplia participación ciudadana y mayor calidad de las propuestas”.
En diciembre de este año, y como resultado del reajuste de las sesiones de la Asamblea Nacional y la complejidad de las normas que debían analizar los diputados, fueron aprobados:

Ley de Ordenamiento Territorial y Urbanístico
Ley de los Tribunales Militares
Ley del Proceso Penal Militar
Proyecto del Código de las Familias

Están pendientes de presentación los anteproyectos previstos en el cronograma para diciembre de 2021, y que tienen la situación siguiente:

Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales (Artículo 99 de la Constitución): se han cumplido todos los trámites de elaboración y aprobación del anteproyecto. Aunque el Tribunal Supremo Popular ejercerá la iniciativa legislativa, se decidió que el anteproyecto se circulará a los miembros del Consejo de Ministros ante la especial trascendencia de esta norma jurídica. El proceso está concluido y permitirá en los próximos días la presentación del anteproyecto al Parlamento.
Ley de Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente: está concluido el anteproyecto y en proceso de consulta especializada previa a su presentación a la Asamblea Nacional.
Ley de la Vivienda: el anteproyecto fue sometido en dos ocasiones a análisis por el Grupo Ejecutivo de Capacidad Legislativa. Se decidió reforzar el grupo de trabajo temporal para lograr una norma jurídica novedosa y abarcadora de las problemáticas que con relación a este tema se manifiestan en la sociedad.

Con respecto a los decretos leyes, este año el Consejo de Estado aprobó 31. De los 18 previstos en el cronograma legislativo, fueron aprobados 15:

Bienestar Animal
Servicios Postales
Sobre Tipología de las Instituciones de la Educación Superior y Conceptualización del Centro Rector
Sobre las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información, la Comunicación y el Uso del Espectro Radioelectrónico
Del Sistema Empresarial Estatal Cubano
Modificativo de la Ley 105, De la Seguridad Social
Sobre las Infracciones Electorales
Perfeccionamiento del Ministerio de Cultura
Creación del Organismo de la Administración Central del Estado encargado de la Comunicación Social
De los Registros Públicos de Bienes Inmuebles
Sobre la Conservación, Mejoramiento y Manejo Sostenible de los Suelos y el Uso de los Fertilizantes
De la Maternidad de la Trabajadora y la Responsabilidad de las Familias
Del Sistema de Ayudas a la Navegación del Servicio Hidrográfico y Geodésico de la República de Cuba
Del Banco Exterior de Cuba
Del Banco Popular de Ahorro

De igual modo, se informó sobre aquellos decretos leyes que no fueron aprobados en la fecha prevista:

Migración Interna: ante la complejidad del tema, se decidió ampliar la fase de estudio y aprobación de esta política. El anteproyecto de norma jurídica se encuentra en estado avanzado de preparación y se propone su aprobación para abril de 2022.
Perfeccionamiento del Ministerio de Comercio Interior: se determinó posponer su aprobación en atención a precisiones organizativas para la implementación de las prioridades del organismo y se propone su aprobación para noviembre de 2022.
Sistema de Control de la Masa Ganadera al Servicio Veterinario, la Producción de Medicamentos y la Biotecnología: por la trascendencia y el impacto de la norma jurídica, se modificó su rango a ley y se propone su aprobación para octubre de 2022 como Ley de Ganadería.
Perfeccionamiento del Sistema Empresarial de Azcuba: luego de analizar las normas jurídicas que regulan la materia, se consideró que no era necesaria la aprobación de un decreto ley.

Se aprobaron, además, 16 decretos leyes que no estaban previstos en el cronograma legislativo:

Sobre los Consejos Técnicos Asesores
Sobre la Medalla Conmemorativa por el 60 aniversario del Ministerio del Interior
Modificativo del Decreto Ley 202, Sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción
Modificativo del Decreto Ley 17, Sobre la Implementación del Proceso de Ordenamiento Monetario
Modificativo del Decreto Ley 102, Sobre la Seguridad Social de los Combatientes del Ministerio del Interior
De la Reorganización del Sistema de Planificación Física y la Creación del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanístico
De la Misión del Ministerio de Educación Superior
Del Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores por Cuenta Propia, los Socios de las Cooperativas No Agropecuarias y de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Privadas
De las Cooperativas No Agropecuarias
Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Sobre el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia. 
De las Contravenciones Personales en el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia
Modificativo de la Ley 113, Del Sistema Tributario de 23 de julio de 2012
De la Condición Laboral y el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Creativos en la Esfera de la Comunicación Social
Modificativo de la Ley 1307 de 29 de julio de 1976
Modificativo del Decreto Ley 13, Del Sistema de Trabajo con los Cuadros

A modo de resumen, desde la proclamación y publicación de la Constitución de la República, el 10 de abril de 2019, hasta la actual sesión de la Asamblea Nacional, se han aprobado 19 leyes (incluido el proyecto del Código de las Familias) y 74 decretos leyes.
A partir del avance en los estudios y solicitudes de los organismos ponentes, en esta propuesta también se actualizan las denominaciones de las siguientes normas jurídicas:
Leyes:

Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, por Ley de Seguridad Alimentaria y Soberanía Nutricional.
Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, por Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales.
Ley de Medio Ambiente, por Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. 
Ley de Derechos de Autor y Conexos, por Ley del Sistema de Protección de la Creación Literaria y Artística.
Ley del Patrimonio Cultural y de Monumentos, por Ley del Patrimonio Cultural y Natural.
Ley de Ejecución de Sentencias Penales, por Ley de Ejecución Penal.
Ley de Asociaciones, por Ley de Formas Asociativas.

Decretos leyes:

Sobre empleo de Videovigilancia, por Seguridad y Protección Física.
De la Criptografía, por Para el Desarrollo, Aplicación y Uso de Dispositivos de Protección Criptográfica y Servicios en la Esfera de la Criptografía en la República de Cuba.
Sobre los Espacios Públicos, Playas y Costas, por De Costas.

Para cada una de estas normas jurídicas están constituidos los grupos de trabajo temporales y definidos los cronogramas de tareas. 
De igual forma, a partir de los intercambios ocurridos el 9 de agosto y el 3 de diciembre del presente año, entre Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, y una amplia representación de profesionales y estudiantes del sector jurídico, se tomaron los siguientes acuerdos, respecto a los cuales ya se han realizado acciones para su cumplimiento:
1- Potenciar el acompañamiento de la academia desde el comienzo del proceso de elaboración de las normas jurídicas.
2- Incluir, de manera más activa, a representantes de todos los organismos que inciden en la materia objeto de regulación para que, desde el primer momento, las normas tengan la coherencia y robustez requeridas.
3- Lograr una mayor cantidad de canales de participación ciudadana, lo que le brindaría un carácter más transparente y democrático al proceso legislativo.

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Rechaza Cuba inclusión en lista de países patrocinadores del terrorismo

Bruno Rodriguez, canciller cubano. Foto: Ismael Francisco/AP.“Estados Unidos no es capaz de mostrar evidencia creíble que justifique la inclusión de Cuba en la unilateral lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo”, afirmó este viernes el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.
En su cuenta en la red social Twitter, Rodríguez Parrilla dijo que la politiquería barata y el oportunismo dictan las posiciones de política exterior estadounidense.

EEUU no es capaz de mostrar evidencia creíble que justifique la inclusión de #Cuba en la lista unilateral del Dpto de Estado sobre Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. La politiquería barata y el oportunismo dictan las posiciones de política exterior estadounidense
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) December 17, 2021
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló este jueves a Cuba por mantener vínculos con Irán y Corea del Norte, e informó que Washington aún está revisando la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
John T. Godfrey, coordinador en funciones del Departamento de Estado de EE. UU. para el terrorismo, aseguró en una conferencia de prensa que la política sobre Cuba y esa designación siguen bajo revisión.
En enero de este año, Estados Unidos incluyó nuevamente a la nación caribeña en esa lista, de la cual estuvo ausente desde 2015, retirada bajo la administración del demócrata Barack Obama.
(Con información de ACN)
Vea además:
Inclusión de Cuba en lista de países patrocinadores del terrorismo daña los intercambios familiares entre cubanos, señala Bruno Rodríguez

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Fiscalía de la República: Cómo se protegen los derechos y garantías de los menores de edad

Amigos. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.La protección integral de la infancia ha sido, desde el triunfo de la Revolución, voluntad permanente del Estado y Gobierno cubanos, lo cual se expresa en políticas sociales concretas encaminadas a garantizar que los más pequeños tengan asegurado el ejercicio y la protección de todos sus derechos.
Precisamente, como “sujetos de derechos” son reconocidos los menores de edad por la Convención sobre los Derechos del Niño, establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. De ahí que se le reconozcan sus derechos y responsabilidades ajustadas a su edad y madurez.
“Son seres humanos cuya dignidad debe ser reconocida y respetada, al tiempo que se les garantice su supervivencia, protección, desarrollo y participación”.
En Cuba, la Constitución de la República establece en su artículo 86 la obligación del Estado, la sociedad y las familias de brindar especial protección a las niñas, niños y adolescentes y garantizar su desarrollo armónico e integral. Son considerados plenos sujetos de derechos y gozan de aquellos refrendados en la Carta Magna, al tiempo que están protegidos contra todo tipo de violencia.
Múltiples esfuerzos realiza el Estado cubano para garantizar el cumplimiento de ese propósito. Por ejemplo, para los menores de edad con trastornos de conducta o que cometen hechos que la Ley tipifica como delito para los adultos, se ofrece un tratamiento administrativo, que incluye la labor preventiva de formación de valores y de reorientación de su conducta, hasta los 16 años de edad cumplidos y se extiende a los 18 años de edad, con la incorporación de los organismos y organizaciones de la comunidad en que se desarrollan. (aquí hay que explicar en qué sentido)
Aunque en nuestro país la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad cumplidos en el momento de cometer un hecho delictivo, según establece el artículo 16.2 del Código Penal, el ordenamiento jurídico cubano prevé un tratamiento diferenciado a los procesados y sancionados en las edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, lo que se extiende hasta los 20 años, e incluso a otros jóvenes que no hayan arribado a los 30 años de edad.
Es válido apuntar que los instrumentos internacionales no ofrecen fórmulas rígidas en cuanto a la fijación de la edad penal, pero sí refuerzan la autodeterminación de los estados de definirla en correspondencia con las características propias en el ámbito social, cultural e histórico del país y sobre la base de la capacidad intelectual que se estime tenga el menor para infringir o no las normas penales.
La Convención sobre los Derechos del Niño invita a los estados partes a adoptar las medidas para establecer las leyes y procedimientos, así como las autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes se alegue que han infringido las normas penales, se les acuse o declare culpables.
En estudios sobre los sistemas utilizados en la última década por varios países[1] respecto al tratamiento a los menores de edad que cometen hechos considerados delitos para los adultos, se aprecia que estos han ido evolucionando para ofrecer más garantías y lograr la reorientación de su conducta.
En la mayoría, la edad para ser considerados penalmente responsables se encuentra entre los 16[2] y los 18 años, estableciéndose edades mínimas que oscilan entre los 13 y los 14 años, e incluso menos, para responder ante tribunales o cortes juveniles, o mediante procedimientos administrativos, donde se imponen medidas para la reorientación de la conducta, unas de orden terapéutico, de formación de valores, trabajos sociales, y el internamiento en centros especializados o establecimientos penitenciarios, usados de manera excepcional y como última medida sancionatoria.
En nuestro país, la responsabilidad penal se mantiene fijada a los 16 años, con tratamientos diferenciados para los que no han alcanzado los 18 años.
Para estos casos, apunta el Código Penal en su artículo 17, los límites mínimos y máximos de la sanción pueden ser reducidos hasta la mitad, mientras hasta un tercio para los de 18 a 20 años. En ambos casos “predominará el propósito de reeducar al sancionado, adiestrarlo en una profesión u oficio e inculcarle respeto al orden legal”.
Se establece en el artículo 30 de la propia ley, que los menores de 20 años de edad cumplen la sanción en establecimientos especialmente destinados a ellos o en secciones separadas de los mayores de esa edad. Así mismo se ofrece la posibilidad de otorgar libertad condicional -regulada en el artículo 58- una vez cumplida la tercera parte de la sanción.
Nuevas garantías y derechos
Como parte de la voluntad del Estado de seguir fortaleciendo las garantías a los menores de edad, enfrentar de forma adecuada las conductas socialmente reprobables y lograr la reinserción social de los sancionados, se introdujeron modificaciones importantes en la nueva Ley del Proceso Penal, que comienza a regir en enero del próximo año.
Lo incorporado posibilita brindar una mejor respuesta jurídico-penal a hechos delictivos de connotación y gravedad que actualmente cometen personas en este rango de edades, con  un efecto preventivo y de control sobre el comportamiento social de jóvenes que en edades tempranas se vinculan a hechos delictivos.
Lo normado permite realizar un proceso educativo particularizado con el propósito de inculcarles los principios de actitud honesta hacia el trabajo, de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de convivencia socialista, así como prevenir la comisión de nuevos delitos.
 Se incorporaron como derechos esenciales:

La información inmediata de su detención a los padres o representantes legales.
Posibilidad de declarar en la fase preparatoria o acudir al acto del juicio oral acompañados de estos.
Tener asistencia letrada desde la detención.
El carácter excepcional de la imposición de la medida cautelar de prisión provisional para aquellos casos de hechos delictivos graves que revisten connotación social o económica, o afecten el orden constitucional del país, representen un elevado riesgo social, demuestren notorio irrespeto a los derechos de los demás o reiteren en comisión de hechos delictivos.

Para el desarrollo de esta sensible labor, la Fiscalía General de la República mantiene estrechos vínculos de trabajo con los ministerios de Educación, del Interior y de Salud Pública, así como con la Federación de Mujeres Cubanas, con la cual se ha firmado un convenio de colaboración.
En aras de seguir perfeccionando la atención a niños, niñas y adolescentes, se han creado nuevas estructuras para el apoyo a la gestión fiscal, con especialistas de otras ciencias como psicólogos y comunicadores, los que se vinculan a la ejecución de estas actividades a lo largo del territorio nacional.
Actualmente se trabaja en la elaboración de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República que perfeccionará las funciones de los fiscales y se incrementan las acciones de superación profesional de todos los implicados -fiscales y personal de apoyo- en función de la prevención y el control de la legalidad.
Para la representación y defensa de los menores de edad que carezcan de representante legal o cuando los intereses de ambos sean contrapuestos -función que la ley ha encomendado a la Fiscalía- se realizan las acciones judiciales o administrativas necesarias, conforme a la legislación vigente.
Los fiscales también tienen el deber de comprobar la observancia de las leyes, reglamentos y disposiciones sobre el tratamiento a menores de edad acogidos en instituciones asistenciales y el que se brinda a los que presenten trastornos de conducta o cometan hechos que la ley tipifica como delito para los adultos.
El cumplimiento y control de estas actividades está en manos, dentro de la Fiscalía General, de la dirección de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, especializada, entre otras tareas, en la defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, y particularmente de los menores de edad.
En cada una de las fiscalías municipales y provinciales laboran fiscales protectores de menores -en su mayoría son mujeres, que constituyen el 80% de los fiscales-, designados para esta importante misión, la que requiere de sensibilidad y amor.
Atención a menores con trastornos de conducta
El sistema de atención a menores con trastornos de conducta, establecido en el Decreto-Ley No. 64/1982, es rectorado por los consejos de atención a menores de los ministerios de Educación y del Interior, cuando se identifican en los niños, niñas y adolescentes manifestaciones de indisciplinas y trastornos en el comportamiento.
Este sistema tiene el propósito de brindar atención especializada a partir de lograr su formación integral y multifacética, y la reorientación de su comportamiento, conforme a las normas de convivencia social, proceso en el que intervienen los organismos y organizaciones que influyen en la labor de prevención social.
El tratamiento que se ofrece a esos infantes está en correspondencia con las manifestaciones que presentan, para lo cual se realizan, de forma preventiva, acciones por los referidos consejos a partir de la identificación de carencias educativas y sociales, y en busca de potenciar la responsabilidad y el control familiar, en lo que interviene la Fiscalía, según corresponda.
El tratamiento administrativo, descrito en el Decreto-Ley No. 64 de 1982, se dispone para aquellos que incurren en indisciplinas graves o trastornos permanentes de la conducta y los que cometen hechos que la ley tipifica como delitos para los adultos.
En estos casos, los menores no son llevados ante tribunales de justicia, sino ante un órgano administrativo (Consejo de Atención a Menores), integrado por psicólogos, juristas y pedagogos que deciden de manera colegiada las medidas educativas a adoptar, para lo cual tienen en cuenta el dictamen especializado previo emitido por centros de evaluación y de diagnóstico, donde tiene lugar el estudio de la personalidad del menor, así como su situación familiar, escolar y social.
Cuando un menor de 16 años de edad es objeto de denuncia, por presumirse su participación en un hecho tipificado por la ley como delito para los adultos, constituye una garantía de primer orden desarrollar, en un término breve, las acciones que resulten necesarias para comprobar su participación en el mismo y mientras tanto se asume su inocencia.
El propio Decreto-Ley concibió una amplia gama de medidas en función de la atención, tratamiento y protección de los derechos de los menores de edad, en correspondencia con las manifestaciones identificadas en el proceso de evaluación. Las más utilizadas son las que se cumplen desde las propias escuelas y la comunidad:

Tratamiento médico ambulatorio; y cuando así lo requieren según el criterio de los facultativos, el internamiento en un establecimiento asistencial de la red de centros bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública.
Vigilancia reforzada de los padres, tutores o representantes legales que tengan a su cargo al joven o adolescente.
Atención individualizada en las escuelas del sistema nacional de Educación, encaminada a la corrección de la conducta sin necesidad de internamiento en escuelas especializadas.
Atención por trabajadoras sociales de la Federación de Mujeres Cubanas.
Ubicación del joven o adolescente como aprendiz de oficio, en una unidad laboral, previa coordinación, incluida la organización sindical de base y de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral vigente.
Vigilancia y atención por el Ministerio del Interior, en los que intervienen los oficiales de Prevención de Menores y jefes de sectores.
Internamiento o asistencia en una escuela de conducta dirigida por el Ministerio de Educación o internamiento en una Escuela de Formación Integral del Ministerio del Interior.

Labor de control
La actual Ley de la Fiscalía General de la República faculta a los fiscales para controlar la labor que se realiza con esos niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de vigilar que se protejan sus derechos. En ese sentido se ha constatado que, al imponerse las medidas, éstas se adecúan a la situación de cada uno, y se evalúa la progresividad en su comportamiento, imponiéndose de forma general medidas que se cumplen en la comunidad y las propias escuelas del Sistema Nacional de Educación, cuando se detectan las primeras desviaciones, que son menos graves.
Las medidas de internamiento se utilizan excepcionalmente, cuando los adolescentes experimentan trastornos de la conducta o comenten hechos que la ley tipifica como delitos, ambos de carácter muy graves, o cuando no evolucionan favorablemente al tratamiento preventivo y agravan su comportamiento, cuando ya se ha dispuesto el cumplimiento de medidas externas.
Entre las acciones a desarrollar por la Fiscalía sobresalen la realización de visitas de control de la legalidad en las unidades de la Policía Nacional Revolucionaria, para verificar el cumplimiento de lo establecido en la atención de los que han incurrido en conductas infractoras o hechos tipificados como delitos.
De igual forma revisa los expedientes y el proceso de evaluación de la conducta para verificar el cumplimiento de las garantías y derechos de adolescentes y jóvenes, así como, la calidad del mismo.
Igualmente visita los centros de atención especializada y de formación integral, para comprobar el cumplimiento de los derechos y las normas establecidas para la permanencia y tratamiento de los que se encuentran en estos. Ante violaciones de lo establecido, la Fiscalía exige su inmediato restablecimiento.
Como podemos apreciar, el quehacer de los fiscales sobrepasa los aspectos estrictamente formales y técnicos y se extiende hasta las escuelas y comunidades donde estudian y residen los adolescentes y jóvenes con problemas de comportamiento. A la Fiscalía corresponde velar por el cumplimiento de la legalidad en la ejecución de las medidas a ellos impuestas, y alertar y exigir porque todos los implicados con su atención y cuidados desempeñen debidamente sus obligaciones.
Para ello verifica, mediante visitas a las comunidades y entrevistas con los factores de la comunidad, vecinos y familiares de los menores de edad y sus familias, el comportamiento de estos, y el cumplimiento por los representantes legales de sus obligaciones en el ejercicio de la responsabilidad parental.
Igualmente intercambia con los médicos de la familia y especialistas de las áreas de salud mental para conocer sobre la evolución y atención a las situaciones de salud; comprueba las acciones diseñadas por las escuelas para la modificación del comportamiento de los niños, niñas y adolescentes; y acciona con los organismos responsables, en caso de incumplimientos o violaciones de lo legalmente establecido, para lograr, a través de los Consejos de Atención a Menores, la efectividad en la labor preventiva que se ejecuta.
Se brinda atención especial a la medida de vigilancia reforzada de los padres o tutores, para lo cual se realizan intercambios y entrevistas sistemáticas[3] con vistas a evaluar su cumplimiento y los niveles de progresión de los menores controlados, que incluye el control y atención sobre las actividades de estos, el apoyo que requieren para realizarlas adecuadamente y la colaboración con el resto de los organismos y organizaciones que cumplen otras medidas para garantizar la reorientación de su conducta.
En caso de incumplimientos de las obligaciones en el ejercicio de la responsabilidad parental, se realizan los apercibimientos[4] necesarios con carácter preventivo.
Con respecto a la medida de internamiento, el menor de edad debe asistir a una escuela de formación integral o centro de atención especializada (a partir de la modificación de las escuelas de conducta).
En estas instituciones los adolescentes continúan sus estudios, y el proceso docente-educativo se rige por el sistema nacional de enseñanza; practican deportes, actividades culturales y de esparcimiento, reciben atención médico-estomatológica, psicológica, psiquiátrica y logopédica, entre otras.
En estas escuelas los menores son visitados por sus representantes legales y sostienen con ellos comunicación telefónica, además de realizar visitas al hogar y participar en actividades extraescolares o en la propia escuela.
Los centros de atención especializada y de formación integral son inspeccionados[5] periódicamente por los fiscales, comprobándose la observancia de las normas creadas para legalizar la permanencia y el tratamiento de los que se encuentran en esos centros, que comprende la atención a su salud, la continuación de sus estudios, el aprendizaje de oficios, la práctica de actividades de esparcimiento, la comunicación con sus familiares, entre otros derechos.
Notas:
[1] En Estados Unidos, país no signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, cada Estado considera edades propias en su legislación, y en algunos, esta no se especifica. La mayoría considera al menor responsable entre los 17 y los 18 años. Los que se encuentran por debajo de esa edad pueden estar sujetos a cortes juveniles donde no se regulan sanciones privativas de libertad; cuando se determina que el menor de edad no es susceptible de este tratamiento por ser peligroso para otros jóvenes del sistema, puede ser transferido para ser juzgado por cortes para adultos, donde son considerados como tal y sujetos a las penas establecidas para ellos.
En los países europeos la edad para responder penalmente se establece en muchos de ellos a los 18 años, y a partir de los 13 y 14 años se aplican procedimientos en correspondencia con las edades y el nivel de madurez alcanzado, sujetos al derecho penal juvenil que se implementa a lo interno de cada país, en unos casos son tribunales y otros no contemplan el juicio penal.
En los países del área, según fuentes consultadas sobre análisis efectuados en la última década, la edad para responder penalmente oscila igualmente entre los 16 y 18 años, y se establecen edades mínimas para el tratamiento a los adolescentes y jóvenes, similares a las antes mencionadas, con presencia igualmente de tribunales especializados y de procedimientos administrativos (Argentina y Cuba) para imponer las medidas requeridas, que pueden llegar hasta el internamiento en centros especializados.
[2] La mantienen en esta edad países como Argentina, Bolivia, Chile y Portugal.
[3] Se realizaron en el 2018 un total de 6 831 entrevistas; en el 2019 fueron 10 227; en el 2020, 8 133; y en lo que va de año 6 157.
[4] Se realizaron apercibimientos a los representantes legales por identificarse incumplimientos de determinadas obligaciones: en 2018, 3 014; en 2019, 3 078, en 2020, 2 837 y hasta la fecha del 2021 se han realizado 2 032.
[5] En el 2018 se ejecutaron 204 visitas a escuelas de conducta y 101 a las de Formación Integral; en el 2019, 136 y 97, respectivamente; en el 2020 fueron 77 y 73; y en lo que va de año se acumulan 56 a las escuelas de conducta -las que permanecieron sin funcionar a partir de las medidas dispuestas para el enfrentamiento a la covid-19-, y 77 a las escuelas de formación integral.

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Positivo impacto de la exención de aranceles de productos de primera necesidad importados

Desde el 16 de julio pasado se implementó esa medida . Foto: Archivo.Un impacto muy positivo ha tenido en la población el no pago de aranceles por los viajeros que arriben al país con alimentos, medicamentos y productos de aseo en su equipaje de acompañamiento, y sin carácter comercial, afirmaron hoy autoridades cubanas.
Desde el 16 de julio pasado se implementó esa medida y ahora, con su prórroga para todo el primer semestre del 2022, debe favorecer a un mayor número de personas tras la reapertura de los vuelos internacionales con el paso de Cuba a la normalidad, dijeron a la prensa Vladimir Regueiro, viceministro primero del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), y José Luis Muñoz Toca, vicejefe de la Aduana General de la República (AGR).
Regueiro destacó que la continuidad de ese régimen excepcional de exención de impuestos aduanales responde a que no han cambiado las condiciones provocadas por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, el impacto de la crisis económica mundial y de la pandemia, con la paralización de sectores como el turismo, todo lo cual coadyuvó al desabastecimiento de bienes y servicios, al encarecimiento de fletes y del precio de las mercancías, entre otros fenómenos.
Ante tal situación se acaba de publicar en la Gaceta Oficial No. 102, Extraordinaria, las resoluciones 466, del MFP, y 369, de la AGR; las cuales entrarán en vigor el primero de enero del venidero año, en tanto la primera de ellas prorroga la importación de alimentos, aseo y medicamentos por las personas naturales en su condición de pasajeras, y en su equipaje acompañante.
También la normativa exonera del pago de similar impuesto a las entidades estatales y asociaciones económicas internacionales que agrupan a las empresas mixtas, contratos de asociación económica internacional y otros contratos de asociaciones al amparo de la Ley 118 (de Inversión Extranjera), todo lo cual debe reducir los costos e influir en la disminución de los precios de comercialización.
El vicetitular primero del MFP subrayó que se benefician además, las entidades autorizadas a prestar a las formas de gestión no estatales el servicio de importación de insumos y materias primas, y así continuar estimulando la producción de bienes y servicios.
Respecto a la Resolución 369, de la Aduana, el vicejefe de este organismo precisó que establece el carácter no comercial de las importaciones antes mencionadas y prorroga excepcionalmente la medida adoptada el 15 de julio de 2021, que tuvo un positivo impacto en la población pues posibilitó la entrada al país de alimentos, aseos y medicamentos en un momento tan adverso como el de enfrentamiento a la COVID-19 y del incremento del bloqueo.
Muñoz Toca aclaró que no hay límites en las cantidades que el pasajero pueda traer, y recomendó a la población buscar mayor información al respecto en las páginas oficiales de los organismos competentes, incluyendo los medicamentos que se admiten importar de acuerdo con el sitio web del Ministerio de Salud Pública, o aquellos autorizados por Sanidad Vegetal o Animal, del Ministerio de la Agricultura.
Asimismo sugirió que los productos exonerados de impuestos vengan en equipajes separados, en aras de agilizar los trámites aduaneros y que el viajero fluya directamente por el llamado Canal Verde, de las instalaciones aeroportuarias.
(Con información de la ACN)

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Cuba: Publican nuevo decreto y resolución para impulsar el desarrollo industrial

El desarrollo innovador, la sustitución de importaciones y la orientación a la exportación son elementos que priorizan la política y las nuevas normativas que la implementan. Foto: Germán Veloz Placencia/GranmaCon la aprobación, en octubre de 2020, de la Política de Desarrollo Industrial, se concretaron muchos años de trabajo integral e intersectorial para proveer con una guía de acción a los tipos de industrias y sus actores, por el papel decisivo que juegan en la economía cubana.
Mas, para implementarla como el mandato gubernamental que es, y de estricto cumplimiento, se necesita de una herramienta jurídica como el Decreto 59 sobre el Desarrollo Industrial y la Resolución 95, que establece las prioridades de cada tipo de industria para ese propósito, publicados en la Gaceta Oficial No. 142 Ordinaria de 9 de diciembre de 2021.
Ernesto Cedeño Rodríguez, viceministro de Industrias, explicó este jueves en encuentro con autoridades del ramo y la prensa, que las normas se encuentran en consonancia con la estrategia económico-social del país, la conceptualización del modelo económico además de los Lineamientos, ideas y directrices del Octavo Congreso del Partido.
El desarrollo industrial en los últimos años, subrayó, ha sido afectado por el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla, la obsolescencia tecnológica en el sector y la propia situación financiera que atraviesa el país, de ahí la importancia de este paquete jurídico para encaminar al ramo y que cumpla su papel en la estrategia de recuperación económica del territorio nacional.
El principal objetivo del decreto, con la política que lo abraza, es transformar la industria y modernizarla de forma gradual, en función de la demanda de los sectores estratégicos, priorizar las inversiones de los productos de mayor impacto, incorporar tecnologías, entre otros aspectos, advirtió el vicetitular.
En específico, dijo Grisel Tristá Arbesú, experta de la política e innovación tecnológica del Mindus, el decreto define objetivos, metas y responsabilidades, en virtud de solucionar las brechas que se identificaron con el trabajo previo, tales como las de impacto en el Producto Interno Bruto (PIB), las tecnológicas, las de innovación, etcétera.
El desarrollo innovador, la sustitución de importaciones y la orientación a la exportación, así como el necesario vínculo con la academia para la preparación y superación del capital humano, son elementos que acompañan a este texto jurídico, subrayó la experta.
Al mismo tiempo, agregó, se definen como objetivos del desarrollo industrial, contribuir al incremento de la soberanía industrial, acortar las brechas que obstaculizan el desarrollo, favorecer el incremento de la riqueza nacional y la sostenibilidad, pero sobresale la importancia de separación de las funciones estatales de las empresariales y la función rectora del Ministerio de Industrias, del cual también detalla acciones.
Por otro lado, la normativa define a los actores industriales como sujetos que ejecuten actividades de producción de bienes o servicios, con independencia del tipo de propiedad y el nivel de subordinación, e identifica sus responsabilidades.
En cuanto al financiamiento, la experta destacó que se crea el Fondo de Asistencia al Desarrollo Industrial, con el objetivo de proveer préstamos para inversiones a mediano y largo plazos; priorizar actividades industriales estratégicas, proyectos seleccionados; promover y diversificar las exportaciones, las cadenas productivas, así como tributar a la diversificación y modernización de la industria y promover la generación e incremento del valor agregado manufacturero.
Para que se otorgue parte del fondo, argumentó, las empresas tienen que haber aportado a este y defender el proyecto ante una comisión creada con este fin.
Entre los resultados que se esperan alcanzar, concluyó la especialista, lograr una mayor participación e impacto de la industria manufacturera en el PIB, acortar las brechas de importación y de niveles per cápita de consumo por tipo de producto, con respecto a los estándares internacionales, e incluso, disminuir la fluctuación laboral e incrementar la permanencia y nivel de capacitación de los trabajadores de la industria.
(Tomado de Granma)
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Cuba apuesta por el desarrollo industrial, afirma ministro de Industrias en la Mesa Redonda (+ Video)

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Arte y festejos en Día Internacional de los Derechos Humanos en Cuba (+ Fotos y Video)

Arte y festejos en Día Internacional de los Derechos Humanos en Cuba, en explanada de la bandera, ubicada en el malecón habanero. Foto: Twitter/@CubaMINREX.Desde el arte diversas generaciones en Cuba celebraron este viernes el Día Internacional de los Derechos Humanos, con un grupo de actividades cuyo preámbulo fue una caminata hasta la explanada de la bandera, ubicada en el malecón habanero.
Música, poesía y bailes conformaron los festejos que se erigieron tributo a los médicos cubanos por el enfrentamiento a la pandemia de la covid-19, y a los científicos encargados del desarrollo de las vacunas de la nación antillana contra la enfermedad.
Niños de la escuela primaria Juan Triana, jóvenes de la Asociación Hermanos Saiz y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, así como trabajadores de Casa de las Américas, el Ministerio de Turismo y la cancillería, entre otras instituciones, participaron de las acciones que tendrán lugar durante toda esta jornada.
Celebrar la garantía de los derechos humanos en la isla caribeña –firmante de 44 tratados internacionales sobre esta materia- y el control sostenido de la pandemia están entre los motivos de la celebración, a la cual asistieron también la viceministra primera de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, y la titular de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó.
En diálogo con Prensa Latina, la estudiante de sexto grado Katerine Pérez detalló en las prerrogativas concretas de que disfruta, entre ellas el acceso a la educación, a recibir asistencia médica, la recreación, decir lo que piensa y gozar de la compañía y amor de sus padres y familia.
Con ella coincidieron los pequeños José Rolando Pérez y Amalia Casas, para quienes sentirse libres, poder estudiar y ser felices, constituyen las más importantes oportunidades para los niños en la isla caribeña.
Canciones emblemáticas de la trova como Para Bárbara, de Santiago Feliú; A mí me gusta compay, de Eduardo Sosa, y Ojalá, de Silvio Rodríguez, se escucharon en la explanada de la bandera, donde también acontecieron ventas de libros y proyección de audiovisuales.
Los festejos suceden en Cuba en medio del desarrollo de una profunda reforma procesal, que coloca al país entre los de legislaciones más avanzadas en el mundo, según dijo recientemente Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular.
Por su parte, la presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional, Mayda Goite Pierre afirmó que la Carta Magna en la nación caribeña es protectora de las garantías de los ciudadanos de este país.
La Constitución de la República refrenda los principales derechos humanos de que disfrutan los habitantes de la nación antillana, entre ellos el acceso a la información; el arte y la cultura; la igualdad; la libertad de opinión, expresión y prensa y la libertad religiosa.
En el año 2020 la mayor de las Antillas fue incluida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2021-2023, con una gestión centrada en asegurar un orden internacional basado en inclusión, cooperación, justicia social, dignidad humana y respeto de la diversidad.
Arte y festejos en Día Internacional de los Derechos Humanos en Cuba, en explanada de la bandera, ubicada en el malecón habanero. Foto: Twitter/@CubaMINREX.
Arte y festejos en Día Internacional de los Derechos Humanos en Cuba, en explanada de la bandera, ubicada en el malecón habanero. Foto: Twitter/@CubaMINREX.
Arte y festejos en Día Internacional de los Derechos Humanos en Cuba, en explanada de la bandera, ubicada en el malecón habanero. Foto: Twitter/@CubaMINREX.
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Arte y festejos en Día Internacional de los Derechos Humanos en Cuba, en explanada de la bandera, ubicada en el malecón habanero. Foto: Twitter/@CubaMINREX.
Arte y festejos en Día Internacional de los Derechos Humanos en Cuba, en explanada de la bandera, ubicada en el malecón habanero. Foto: Twitter/@CubaMINREX.

La juventud protagonizó hoy las celebraciones en #Cuba 🇨🇺 por el Día Internacional de los Derechos Humanos.#CubanosConDerechos#DDHHCuba pic.twitter.com/bMeu1ao0qU
— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) December 10, 2021

La obra de la Revolución es la principal garantía para los derechos humanos. #CubanosConDerechos 🇨🇺#DDHHCuba pic.twitter.com/CI6wjXCPVw
— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) December 10, 2021

(Con información de Prensa Latina)
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Los derechos humanos, las leyes y la paz en Cuba

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Los derechos humanos, las leyes y la paz en Cuba

Año 1948, diciembre, día 10. En las mentes de los asistentes al Palacio de Chaillot, en París aún quedaba la conmoción generada por los horrores de la segunda guerra mundial y los aislados intentos, de algunas naciones, por redactar un documento que proporcionaba garantías a los individuos ante los poderes públicos. Era el 10 de diciembre y se hacía historia, 48 países dieron el sí y nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Entre los firmantes estaba una nación geográficamente pequeña, una isla caribeña, Cuba. Un  país que en materia de derechos humanos dejó muy claro, cuando redactaba el anteproyecto de la Constitución de 1976 que “la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”. No eran necesarias más palabras, así en pocos reglones se recoge la esencia de una nación dicha por uno de sus grandes, José Martí.
En materia de derechos, Cuba tiene mucho que mostrar. El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro refirió que la Constitución de la República del 2019 y la reforma procesal en desarrollo colocan al país entre las naciones de avanzada en cuanto a garantía de los derechos humanos, en comparación con las legislaciones más modernas. “La robusta reforma judicial y procesal en la nación a partir de varias leyes que desarrollan los preceptos y principios recogidos en la Carta Magna demuestran el lugar protagónico de los derechos y garantías de los seres humanos”, subrayó.
Ya lo decía Nelson Mandela “privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”, es por esta razón que la reforma en el ámbito de la justicia cubana abarca varios leyes que refuerzan la protección hacia la ciudadanía. Entre ellas, la Ley de los Tribunales de Justicia, la Ley del proceso penal, la de los procesos administrativos y el código de procesos.
Para el miembro de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional, Yuri Pérez Martínez estas leyes complementarias a la Constitución dinamizan el estado socialista de derecho.  Asimismo nos habla de un término peculiar, la corresponsabilidad, ¿qué es?, “es un elemento vital desde el punto  de vista de la protección a los derechos en el país. Se debe lograr una direccionalidad del  individuo con el estado, a partir de los aportes mutuos”.
Al referirse al estado socialista de derecho –dijo- , no solo se debe hablar de la responsabilidad de los individuos, sino también de los órganos del Estado, de los funcionarios, sus dirigentes. El también administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba destacó que otro elemento a tener en cuenta es la diferenciación de funciones estatales “por ejemplo, la función judicial tiene un rol importante como garante de los derechos humanos, pues se establecen como órganos imparciales”, advirtió Pérez Martínez.
Uno de estos principios refrendados en la Carta Magna es la dignidad. En el artículo 40 queda claro que “la dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, los tratados y las leyes.” El abogado Yuri Pérez Martínez expuso que esta se constituye como un principio por lo que debe realizarse en la mayor medida posible.
El modelo de la protección de los derechos que establece la Constitución cubana hay que canalizarlo a través del artículo 7 que establece que la Carta Magna “es una norma de aplicación directa”, “los jueces y magistrados tienen el deber constitucional de administrar justicia en nombre del pueblo”, y esto se puede decir en pocas líneas, pero es un elemento contundente en materia de derechos.
***

Cada paso del análisis nos lleva de regreso a la Constitución. Al referirse al tema la presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional, Mayda Goite Pierre afirmó que la Carta Magna es protectora de los derechos y las garantías de los ciudadanos en este país.
Al entrar en el tema del proceso penal,  explicó, que es considerado el más duro dentro de una sociedad, y por eso debe ser el “más protector de los derechos humanos”. La ley de proceso penal que entrará en vigor el 1ro de enero del 2022 “es una transformación holística e importante, porque no fue desarrollada no solo para los acusados, sino que protege a toda aquella persona que por alguna razón se encuentra vinculada a un proceso penal”, indicó.

Goite Pierre destacó que la nueva ley da una sustancial protección a las víctimas “las personas que han sido objeto de la acción de un hecho delictivo eran representadas por el fiscal, sin embargo, al escuchar a los ciudadanos y para dotarlas de mayores derechos se decidió permitirles participar en los procesos desde el primer momento”. Tienen derecho a un abogado, coadyuvan en el proceso penal, pueden establecer recursos, hacer valer su derecho humano a ser debidamente protegidas “esto tiene un valor importante para la paz y para la solución de los conflictos”.

Sabio fue el Dalai Lama al decir que “La paz sólo puede durar cuando se respetan los derechos humanos”. En esta misma línea de mantener la paz social, la ley de proceso penal protege de otros fenómenos, como es la violencia. En el caso de una persona que sea víctima de violencia doméstica, de género o por situación de vulnerabilidad, se pueden aplicar medidas cautelares “ante un evento de esta magnitud se puede utilizar el alejamiento del agresor mientras transcurra el proceso penal”, indicó la abogada.
“La manera en la que se diseñó esta ley está siendo protectora para todos”, afirmó. Otro  elemento significante es el derecho de los jóvenes. La también administrativa de la Unión Nacional de Juristas de Cuba comentó que los 16 años es la edad establecida para la responsabilidad penal. Sin embargo se propone que los acusados entre los 16 y 18 años de edad que se encuentren en un proceso penal como acusados tengan un tratamiento diferenciado. “Podrán contar con el acompañamiento de sus padres y representantes legales, la participación de instituciones especializadas y el dictamen de disposiciones alternativas”, sistematizó la letrada.
Ante la pregunta de por qué se hacen estas acciones con los jóvenes acusados, la abogada responde de forma sucinta “son varios los factores que influyen en ellos para la comisión de un delito, por esto el Estado cubano como estado socialista de derecho tiene la vocación de proteger a estos jóvenes”. Sentenció igualmente que los derechos humanos de este grupo etario en Cuba están protegidos por la Ley de proceso penal.
Al hablar del acusado, la ley, establece un catálogo de derechos y garantías que vienen desde la Constitución. Goite Pierre recordó que siempre ha existido el derecho a la defensa, “ahora se refuerza, las personas involucradas en un  proceso penal desde las 24 horas de su detención se pueden hacer acompañar de un abogado de su elección capaz de representarlo; sino puede tener un abogado de oficia para que esté presente en los actos procesales que se vayan a realizar”, explicó.
De igual forma, añadió que también se hace referencia a la libertad como bien jurídico transcendente en el proceso penal. La Carta Magna del 2019, recoge al habías corpus como garantía constitucionalizada y esto es una expresión de la vocación de las leyes cubanas hacia la protección de los derechos fundamentales que tienen las personas.
“La trasparencia es otro de los derechos, por esta razón los juicios son orales, públicos, contradictorios, para que se  puedan hacer un control judicial a la impartición de justicia”, destacó.
Entre las leyes que se están desarrollando – informó- se encuentra la de ejecución de sanciones que brinda una mirada a la protección de los derechos de las personas que cumplen penas porque “nuestras prisiones son lugares donde se cumplen con los derechos humanos. Además se brindan un  importante tratamiento educativo y el adelantamiento del cumplimiento de las sanciones para insertarlos en la sociedad”.
Si un país desde la Ley del proceso penal decide proteger no solo a los que vulneran la ley, sino a todo aquel se pueda ver involucrado en el proceso, dice mucho de la protección de los derechos humanos en la sociedad.
Para el profesor Juan Mendoza Díaz, el derecho procesal en el país está de fiesta. Una fiesta extendida que tuvo su germen en la aprobación de la Constitución del 2019.  El presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de la Unión Nacional de Juristas de Cuba dice sin reservas que la divisa más significativa de los derechos humanos en el país está expresada en las páginas de la Carta Magna. Otra razón más para comprender los motivos de la celebración.
En Cuba cada día, los órganos que imparten justicia y aquellos encargados de dictar las leyes trabajan para que no quede en letra muerta lo estipulado en la Constitución. Para cumplir el precepto de que “Patria es humanidad”.

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Europa: Herramientas tecnológicas desplegadas en la pandemia podrían consolidar y normalizar vigilancia cotidiana

Durante la pandemia se multiplicaron las apps de rastreo de contactos. Foto: Getty Images.Tecnologías de vigilancia desplegadas por los Gobiernos de países europeos para combatir la covid-19, como apps de rastreo y sistemas de inteligencia artificial, no tuvieron un papel clave en el freno a la pandemia y podrían normalizar la vigilancia y el monitoreo de cada vez más actividades cotidianas, advirtió una organización independiente.
AlgorithmWatch, una organización de investigación y defensoría sin fines de lucro, con sede en Berlín, señaló que a menudo las tecnologías de vigilancia de salud desplegadas por muchos países europeos tras el estallido de la pandemia, en 2020, fueron adoptadas sin suficiente transparencia, salvaguardas o debate democrático.
En un informe publicado este jueves, la entidad recuerda que las autoridades se apresuraron a desarrollar nuevas tecnologías o utilizar otras existentes para combatir los contagios. Crearon apps de rastreo de contactos para localizar a la gente que había estado cerca de personas infectadas, y después desarrollaron pasaportes de vacunación para verificar que la gente había recibido vacunas contra la covid antes de permitirles viajar o acceder a conciertos, restaurantes y otros recintos.
Además, algunos Estados emplearon drones y otros dispositivos para vigilar el cumplimiento de las normas de distanciamiento social.
“Muchos de estos sistemas utilizaron tecnología de toma automática de decisiones, lo que redujo los complejos desafíos sociales que planteaba la covid-19 a una serie de problemas tecnológicos que requerían soluciones tecnológicas”, indicó la organización, que se dedica a evaluar y el esclarecer procesos algorítmicos de toma de decisiones que tienen una relevancia social.
AlgorithmWatch admitió que la tecnología ha jugado un papel a la hora de salvar vidas durante la pandemia, por ejemplo, al emplear inteligencia artificial para distribuir las vacunas con eficiencia.
Sin embargo, los autores del reporte apuntaron que la tendencia más preocupante fue cómo se utilizó la pandemia para “consolidar y normalizar la vigilancia, el monitoreo, la medición y la predicción de cada vez más actividades cotidianas, que ahora básicamente incluyen propósitos de salud pública y personal”.
El problema es aún mayor si se consideran los “fallos, falsificaciones, filtraciones de datos” que existen en esas herramientas, así como el creciente número de usos para la información obtenida de la tecnología contra la covid en distintos lugares del mundo, subrayó el grupo de expertos que elaboró el informe.
Una de las recomendaciones del grupo es emplear una estrategia “basada en pruebas” a la hora de utilizar tecnología automatizada de toma de decisiones, y limitar con claridad su uso para evitar “aplicaciones masivas opacas”, que son perjudiciales para la democracia.
El reporte, centrado sobre todo en países europeos, documentó las salidas en falso y los errores derivados de acelerar tecnología nueva y no probada, y expone varios ejemplos.
En los primeros días de su cuarentena inicial en 2020, la policía belga previó utilizar drones para controlar el distanciamiento social, pero abandonó la idea tras una reacción pública negativa.
También hubo una iniciativa para utilizar cámaras de seguridad, instaladas en un principio para combatir los delitos graves y el terrorismo, en un ejemplo de usurpación de funciones, cuando se emplea tecnología con un propósito distinto al declarado en un principio. Eso aumentó el riesgo de llegar a una “sociedad vigilada”, indicó el reporte.
Pronto se multiplicaron las apps de rastreo de contactos. La mayoría se basaban en tecnología desarrollada de forma conjunta por Apple y Google y utilizaban las señales Bluetooth para registrar de forma anónima los smartphones que habían permanecido en contacto cercano y prolongado con los de quienes dieran positivo en una prueba de diagnóstico.
(Con información de AP)

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Publican en Gaceta Oficial “Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar” (+ PDF)

El Acuerdo 9231 del Consejo de Ministros que aprueba la “Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar” fue publicado este jueves en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Con ello, adquieren vigor las acciones diseñadas para atender y prevenir este conflicto social.
Según han explicado expertas encargadas de su elaboración, el punto de partida fundamental del nuevo instrumento es su carácter integral e integrador; su capacidad para transversalizar el enfoque de género a todas las áreas y organismos que inciden directa o indirectamente en la supervivencia de este fenómeno.
Las acciones definidas abarcan desde lo nacional hasta lo local-comunitario y parten de un enfoque multisectorial, interseccional e interinstitucional que aborda no solo la atención de la violencia una vez ocurrida, sino también su prevención..
Además, el documento vincula a los organismos de la administración central del estado, a las organizaciones sociales y de masas, a la sociedad civil y a los gobiernos municipales y provinciales, a partir de la definición de asuntos concretos a los que deben dar respuestas.
La Estrategia Integral se organiza a partir de diez componentes que incluyen la comunicación social, la educación y formación continua, la prevención, las acciones locales y comunitarias, la atención, la protección, el desarrollo legislativo, la información y estadísticas, la investigación y el seguimiento y evaluación.
Para cada una de esas áreas, define no sólo objetivos generales y específicos, sino también acciones concretas a desarrollar, las entidades encargadas y los resultados esperados. Ahí, probablemente, radica una de sus principales fortalezas: no deja nada al azar, establece claramente los desafíos, cómo enfrentarlo y quiénes deben hacerlo.

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Estrategia integral, un mapa contra la violencia de género

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Se prorroga temporalmente la flexibilización en la importación de alimentos, aseo y medicamentos

Aeropuerto Internacional José Martí. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.El pasado 16 de julio de 2021 el Ministerio de Finanzas y Precios, emitió la Resolución 309 publicada en la Gaceta Oficial No. 62 Extraordinaria, que flexibiliza hasta el 31 de diciembre del 2021, la importación de alimentos, aseo y medicamentos en equipajes acompañados de los pasajeros que arriben al país, medida que ha tenido un impacto favorable en la población.
Considerando que persisten las limitaciones de ofertas de estos productos motivadas, entre otras causas, por el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país y el impacto de la crisis económica mundial provocada por la COVID-19, y con el objetivo de continuar aplicando medidas que contribuyan a enfrentar esta compleja situación, se ha decidido lo siguiente:
Prorrogar a partir del 1ero de enero del 2022 y con carácter temporal hasta el 30 de junio de ese propio año, la importación sin carácter comercial de alimentos, aseo y medicamentos, por la vía de pasajeros como equipaje acompañado, sin límites en valor y cantidades, y libre del pago de los aranceles.
Se reitera que para el disfrute de este beneficio, es requisito que dichos productos estén diferenciados, en el equipaje acompañado, de los artículos de otra naturaleza.
Se prorrogan igualmente hasta el 30 de junio del 2022, los beneficios arancelarios otorgados mediante las resoluciones 318 y 321 de julio de 2021 por el Ministerio de Finanzas y Precios, relacionados con la importación de estos productos por las entidades estatales y asociaciones económicas internacionales, así como para los insumos y materias primas que entidades estatales le importen a las formas de gestión no estatales.
Se continuará brindando información a la población en los próximos días, a través de los medios de comunicación nacionales, los sitios web y perfiles institucionales en las redes sociales del Ministerio de Finanzas y Precios y la Aduana General de la República.
(Con información de la Aduana General de la República)

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Matanzas: Bandec entrega tarjetas magnéticas al sector agrícola

Imagen: ACN.Con el objetivo de desarrollar el proceso de bancarización en el sector de la agricultura, en correspondencia con la implementación este año de 63 nuevas medidas en el sector agrícola, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) de Matanzas avanza en la entrega de tarjetas magnéticas del Producto 26.
Yanetsy Chávez Camaraza, subdirectora comercial de Bandec en el territorio, explicó durante encuentro reciente con productores de la provincia que hasta la fecha un total de 476 constituyen las tarjetas del Producto 26 confeccionadas, las cuales se entregan a trabajadores pecuarios comprometidos con el aporte de leche.
Al contar con estas tarjetas, los campesinos que superen sus metas productivas reciben un porciento de los ingresos en moneda libremente convertible (MLC) que les permite emplear esos ingresos en la adquisición de recursos necesarios para desarrollar el trabajo.
En la actualidad el Bandec trabaja en conjunto con el Ministerio de la Agricultura en Matanzas en la personalización masiva de los trabajadores mediante un fichero que contenga todos los datos del productor, en correspondencia con la estrategia de agilizar la entrega de este documento, dijo.
Chávez Camaraza comentó además que progresivamente el banco elimina una serie de documentos en aras de viabilizar el proceso y salvo excepciones, se exigen cuatro fundamentales, ellos son contrato, ficha de costo, seguro y modelo de solicitud.
La subdirectora comercial señaló que se labora en la capacitación de los campesinos sobre el manejo de las tarjetas bancarias, existe un plegable que aborda entre otras aristas las 63 medidas aprobadas por el país en abril último para incentivar la producción en el sector y la banca de fomento agrícola.
En medio de la implementación del ordenamiento monetario, el Banco de Crédito y Comercio ofrece tasas de interés atractivas y flexibilización de las garantías como parte de importantes misiones encaminadas a contribuir al desarrollo de la producción de alimentos.
(Con información de ACN)

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“Prevenir la violencia de género que nos toca”, una batalla que empieza

Imagen: Naciones Unidas.Por suerte, cada vez hay menos dudas sobre la persistencia de la violencia de género en la sociedad cubana, sobre la necesidad de prevenirla. Son tiempos de activismo, de investigación académica, de abordajes más frecuentes en los medios y también de una voluntad política, que brinda oportunidades a las mujeres para el logro de la equidad plena.
Tenemos avances indiscutibles, una visibilización mayor de las múltiples caras del conflicto y estrategias para enfrentarlo. No es poca cosa que la violencia de género esté reconocida como problema de responsabilidad estatal en el Artículo 43 de la Constitución y en los Lineamientos del Partido; o que se haya publicado el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) como Decreto Presidencial.
Pero aún no es suficiente, la batalla contra este fenómeno apenas comienza. Los retos van desde el desmontaje de prejuicios grabados en las venas de esta sociedad machista hasta la modificación de la división sexual del trabajo, que implica una subordinación económica de las mujeres, y la articulación coherente de las diversas instituciones implicadas en su enfrentamiento. 
Así lo confirmó la socióloga Clotilde Proveyer, coordinadora del equipo asesor del grupo nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), durante la jornada “Violencia de género: respuesta nacional y desafíos para la comunicación”, convocada por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí (IIPJM) en alianza con Oxfam, el pasado 30 de noviembre.
“Lamentablemente, la voluntad política por sí sola no puede desmontar un patriarcado de siglos, pero esa intención hay que aprovecharla para ser más proactivos en las acciones a favor de la equidad”.
Entre los desafíos identificados, comentó, se encuentra una comunicación aún mayor de las acciones de atención y prevención sistemáticas de la violencia, tanto desde la academia como desde las instituciones con ese encargo social.
Además, es imprescindible perfeccionar las leyes al respecto, crear servicios especializados que brinden una atención integral a las víctimas y ampliar las investigaciones en entornos donde existe poca información. Destacó particularmente la necesidad de contar con una actualización sistemática de  estudios de prevalencia y encuestas como la de Igualdad de Género, realizada en 2016.
Según la también profesora de la Universidad de La Habana, urge “que los profesionales de la atención social, sanitaria, de emergencia, policial o jurídica posean los conocimientos, herramientas teórico-metodológicas y perspectiva de género”.
Muchos de estos desafíos, dijo, están definidos en la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado julio. 
La funcionaria de la FMC Mayra Díaz García comentó que este documento es consecuencia de una labor desarrollada durante años, también por esa organización. Destacan como acciones previas la revisión de protocolos y planes de acción de ministerios, organismos y organizaciones y la creación de un Grupo Experto Asesor en temas de Violencia.
Además, se diseñó un servicio especializado de atención a víctimas de violencia de género a partir de la extensión de la Línea 103, que contó con una estrategia de capacitación a operadores en línea, una Guía Básica, una mapa de servicios telefónicos y una aplicación para víctimas.
“Creo que el mayor logro de todo este período de trabajo coordinado por la FMC ha sido la aprobación de una estrategia integral, que los investigadores y activistas llevamos mucho tiempo pidiendo. Porque la violencia de género no puede ser entendida mediante compartimentos aislados, requiere de una coordinación institucional”, confirmó Proveyer.
Estrategia integral, más allá de las leyes
Imagen: IIPJM.
Para Arlín Pérez Duharte, profesora de la Universidad de La Habana y especialista en temas penales, el punto de partida fundamental del nuevo instrumento es su carácter integral e integrador; su capacidad para transversalizar el enfoque de género a todas las áreas y organismos que inciden directa o indirectamente en la supervivencia de este fenómeno.
“Las acciones propuestas como parte de ella permitirán la detección, identificación, prevención, atención y reparación de daños a víctimas y/o sobrevivientes, así como el tratamiento a los agresores, de manera coordinada y oportuna”.
Durante el panel desarrollado en el IIPJM, explicó que su ejecución se prevé en dos fases, con una evaluación de mediano término en 2026 que permitirá una actualización de las acciones previstas, según las necesidades identificadas durante su implementación.
El documento, próximo a publicarse en la Gaceta Oficial de la República, se organiza en diez componentes centrales, alineados con las áreas de interés especial del PAM: prevención, formación- capacitación, atención, protección, legislativo, investigación, información, comunicación social, local-comunitario y, seguimiento y evaluación.
Las acciones definidas en cada uno de ellos abarcan desde lo nacional hasta lo local-comunitario y parten de un enfoque multisectorial, interseccional e interinstitucional, que vincula a los organismos de la administración central del estado, a las organizaciones sociales y de masas, a la sociedad civil y a los gobiernos municipales y provinciales, a partir de la definición de asuntos concretos a los que deben dar respuestas.
Sobre el eje legislativo, uno de los más debatidos en la agenda pública, Pérez Duharte señaló que la estrategia contempla la necesidad de perfeccionar el marco jurídico nacional. “Es muy importante transversalizar la perspectiva de género en las normas jurídicas, procesos civiles, familiares y laborales, y en los procedimientos de investigación, juicio y sanción de situaciones de violencia de género y violencia en el escenario familiar”.
Este objetivo, destacó, ya empieza a cumplirse. De las cuatro leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en octubre, tres están dedicadas a los procesos. “Se aprobó el Código de Procesos, donde están establecidos los procesos familiares, civiles, laborales y mercantiles; en cada uno de ellos hay una mirada hacia las cuestiones vinculadas a la violencia de género”. 
Además, la Ley de Proceso Penal plantea de manera taxativa medidas cautelares como las órdenes de alejamiento, y que “cuando el policía llega al lugar del hecho y allí se haya cometido un delito con características de violencia de género o familiar, tiene que adoptar medidas inmediatas para atender a las víctimas y a los niños involucrados; no queda a la inferencia de los involucrados”. 
No obstante, “las leyes no son la llave mágica para resolver este conflicto. Las soluciones son las que vienen pasando: una articulación normativa, coherente, sistémica que de tratamiento y atención a esa compleja realidad que es la violencia de género y en espacios familiares”, insistió la también jueza.
En ese camino, no es casual que la comunicación y la educación estén entre los primeros aspectos destacados en la estrategia; son acciones impostergables para articular el enfrentamiento a la violencia.
Resulta imprescindible diseñar una estrategia de comunicación integral transversal a la estrategia nacional, que amplíe los escenarios de comunicación social con mensajes dirigidos al logro de la equidad de género y cultura de derechos. 
Urge, además, incluir en los programas de pregrado y posgrado de las universidades los sistemas de contenidos que posibiliten la formación y educación continua de los docentes, estudiantes y personas egresadas en materia de prevención y atención a la violencia; así como generar espacios de sensibilización y capacitación sistemáticos destinados a decisores de los gobiernos provinciales y locales y personal de los sectores encargados de brindar una respuesta integral.
“Ganar esta batalla pasa porque todos, desde nuestros espacios, nos involucremos con el tratamiento y prevención de la violencia que nos toca, la que tenemos posibilidad de cambiar. De lo contrario tendremos excelentes leyes, tendremos la nueva estrategia que es una excelente norma, tendremos la Constitución de la República, el PAM y otros recursos, pero la violencia sobrevivirá”, concluyó Pérez Duharte.
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