La familia Beirut pasó la peor Navidad de su vida. Enojados por la detención de su primogénito Exeynt durante las manifestaciones de julio pasado en Cuba, su padre y hermana se lanzaron a protestar, sin pensar que acabarían sentenciados en diciembre a 20 años de cárcel.
Fredy Beirut, de 64 años, y su hija Katia, de 36, forman parte del grupo de al menos 158 manifestantes acusados por el delito de sedición en Cuba, según la ONG de derechos humanos Cubalex. Esta semana 57 de ellos han sido juzgados en las provincias de La Habana, Holguín y Santa Clara.
La pesadilla para los Beirut comenzó cuando Exeynt, de 41 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 en Guantánamo (este) acusado de desorden público y sentenciado a cuatro años de prisión.
Al enterarse, el resto de la familia, que reside en el populoso barrio de La Güinera, en la periferia de La Habana, enfureció. Un día después Fredy y Katia salieron a marchar cerca de su casa, cuenta Zoila Rodríguez, de 59 años y madre de este clan.
La protesta de la Güinera se tornó en la más violenta de las jornadas del 11 y 12 de julio. Ahí fue abatido el único fallecido de las manifestaciones históricas que estallaron en cerca de 50 ciudades cubanas al grito de “Libertad” y “Tenemos hambre”.
De acuerdo con Cubalex, quedaron además decenas de heridos y 1.355 detenidos, de los cuales 719 siguen en prisión.
“A mi hija y a mi esposo empezaron (a juzgarlos) por un delito de desorden público, los cuales terminaron con un delito de sedición”, dice Zoila atemorizada por ellos, pese a estar separada de Fredy desde hace años.
Fredy fue detenido el mismo 12 de julio, cuando regresaba a su casa en moto. Siete días después agentes de seguridad llamaron a Katia, que se presentó creyendo que no tenía nada que temer.
La fiscalía dice por su parte que Katia grabó con su teléfono para “publicar todo lo que estaba ocurriendo y así lograr que más personas se les unieran”, transmitiendo en vivo, indica el expediente al que AFP tuvo acceso.
Ambos caminaron con otros acusados, “gritando consignas contrarrevolucionarias” y “se les fueron sumando indistintamente más personas”, indica la fiscalía. “Expresaban frases denigrantes en contra de la dirección del país” de tal forma “que se mostrara un clima de intranquilidad y violencia”, agrega.
Pero también la fiscalía reconoce que no participaron en hechos violentos. “Conformes, satisfechos y habiendo logrado su objetivo de lograr de que toda esta turba se tornara agresiva, se retiraron hacia sus respectivos inmuebles”, sostiene el documento.
Luego de tres días de juicio con 15 acusados más, el 23 de diciembre ambos fueron sentenciados a 20 años de cárcel.
“Me tiene muy enojada a mí, a toda la familia, a todas las personas que están pasando por esto, no es concebible que en un pueblo, en un país donde las personas salgan a la calle y se manifiesten pacíficamente le hayan echado 20 años”, dice Zoila, que divide su tiempo atendiendo al hijo de nueve años de Katia y visitas a las prisiones.
“Me han acabado la vida”
Más grave es el caso de Dayron Martín Rodríguez, detenido igual en la Güinera y sentenciado a 30 años.
Dayron, de 36 años, salió aquella tarde a comprar comida para sus palomas cuando se topó con la concentración. “Se puso a grabar para mandar a su padre el vídeo” y al sentir las pedradas encima se cayó y perdió el teléfono, narra su madre Esmeralda Rodríguez, de 63 años, que dice haber sufrido un preinfarto al enterarse en Ecuador, a donde emigró ocho años atrás.
La fiscalía señala que Dayron y más personas “se armaron con piedras y botellas tomadas del suelo”, avanzando “con una multitud y a la vez las lanzaron contra los agentes del orden público” para tratar de llegar a la estación de policía de la zona, en una trifulca que duró cuatro horas.
Esmeralda cuenta que cuando su hijo la llama le dice: “Me han acabado la vida, yo tengo 36 años y me echaron 30, ya no me pueden hacer más nada”.
Para Laritza Diversent, directora de Cubalex, “las sanciones han sido ejemplarizantes”, considerando que cada vez más las personas quieran organizarse para protestar.
Los casos han estado plagados de violaciones al debido proceso, sin abogados defensores independientes y con juicios a puerta cerrada, denuncia.
“La mayoría de las evidencias que tienen son testimonios de los propios agentes del Estado que ejercieron violencia con los manifestantes”, alega al precisar que en los videos de prueba nunca aparecen agresiones de los policías.
Todo esto generó un fuerte impacto en las familias de los detenidos que han empezado a actuar. Es el caso de la familia de Andy Dunier García Lorenzo, dedicado al modelaje y de 34 años, detenido el 11 de julio en la central ciudad de Santa Clara.
Su familia lanzó una campaña para recaudar alimentos de apoyo a presos y dirigió una carta a embajadas acreditadas en Cuba, pidiendo observadores en el juicio esta semana de Andy, para quien solicitan siete años por desorden público y desacato, dice su hermana Roxana, una manicurista de 20 años, aguardando afuera del tribunal donde lo enjuiciaban.