VILLA CLARA, Cuba. ─ Por más de dos años, Yadira trabajó como empleada doméstica de dos hostales y un restaurante de Santa Clara. Con el cierre de fronteras en marzo del pasado año, los propietarios de estos establecimientos le comunicaron a la joven que prescindirían de sus servicios y que, en el caso del restaurante, se quedarían solamente con aquellos trabajadores encargados de la elaboración de alimentos. Al cuidado de una niña pequeña, Yadira trató de buscar empleo en algunos de los llamados “paladares” de la ciudad, pero no fue aceptada en ninguno porque sus propietarios alegaban que habían reducido el número de empleados, o bien no contaban con un respaldo económico para contratar a otros.
Para sobrevivir hasta esta fecha, la muchacha, graduada de Sociología, se ha dedicado a revender productos comprados por otros en la red de tiendas MLC sobre un canapé en la calle Amparo, situada en el Reparto Condado de Santa Clara. A diario, podía quedarse con un porciento bastante ínfimo de las ganancias.
“Fue la manera que encontré para ganarme la vida, porque el título está colgado en la pared”, confirma ella. “El trabajo de limpieza era algo que hacía sin licencia. En realidad, mi patente era de vendedora de artículos varios y la cerré hace años. Por eso, tampoco podía reclamar nada. Los trabajadores por cuenta propia que trabajan sin patente dependen de lo que los dueños de los negocios te quieran pagar y, cuando ya no te necesitan, te sacan a la calle sin explicación”.
El efecto de la pandemia sobre muchos negocios particulares trajo consigo el despido definitivo de trabajadores y otros que quedaron cesantes hasta nuevo aviso. Gran parte de los que ejercían en hostales o establecimientos estatales vinculados al turismo debieron dedicarse a otros menesteres para sobrevivir. El año pasado, según Cubadebate, más de 250 mil TCP pidieron la suspensión temporal de sus licencias, de una cifra de 600 mil que ejercían en la Isla. De estos, el 30 % se corresponde con jóvenes insertados en el sector y un 35 % lo integran las mujeres.
El caso de Yadira no resulta aislado en una provincia en la que muchas mujeres se encuentran empleadas en negocios particulares sin contar con un contrato que las legalice.
“Como yo hay muchísimas más. Puedo asegurarte que en los restaurantes y bares hay más mujeres que hombres trabajando. Igual sucede en la candonga, por ejemplo. No es que ellas sean las dueñas de esos puestos, es que los negociantes prefieren a las mujeres antes que los hombres. Sobre todo, mujeres jóvenes y sin hijos. Si me preguntas si eso es explotación, yo te aseguro que sí. Algunas trabajan muchas horas y les pagan solo por lo que han vendido ese día. O sea, no cuentan con un salario fijo, porque no hay papelito por medio”.
El pago de los impuestos en Cuba está concentrado en actividades de menor complejidad y existe otro más general al cual se afilian aquellos TCP que “aportan mayores ingresos”. En la Mesa Redonda sobre las nuevas disposiciones para el trabajo por cuenta propia en Cuba, la titular de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, aclaró en aquel momento: “Tiene que haber una correspondencia entre lo que se está ejerciendo y los impuestos que se están pagando”.
Sin embargo, para evadir la carga tributaria, muchos dueños de negocios subcontratan personal sin que medien tratados legales. Existen trabajadores en restaurantes, bares, peluquerías, panaderías o talleres de manufactura que realizan labores de menor visibilidad, como la limpieza de locales, fregado, jardinería o mensajería y que no poseen patente para ejercer como tal. Todo ello condiciona que estos obreros se expongan a bajos salarios o la posibilidad de un despido, en caso de que otra persona opte por estas labores y cobren menos por sus servicios.
Generalmente, el tipo de contrato que media entre empleadores y empleados en el sector cuentapropista se reconoce como “determinado”. Los trabajadores por cuenta propia se enfrentan a reiteradas violaciones de sus derechos laborales sin que el estado haga mucho hincapié en solucionar cuestiones tales como la discriminación por raza o sexo, así como los estereotipos de belleza establecidos para quienes trabajan de cara al público. Varias publicaciones en grupos de redes sociales, así como anuncios dispuestos en las puertas de algunos establecimientos, confirman que los propietarios de cafeterías y restaurantes buscan mujeres jóvenes cuyo aspecto sea “apropiado” para el trato directo con el cliente.
Durante el acopio de entrevistas para este reportaje se conoció el caso de Adriana, que pide no sea referenciado su nombre real y asume este para ofrecer su testimonio: “Cuando terminé el pre me puse a trabajar en un puestecito en el que se vendían galletas y otras chucherías, pero al dueño le empezó a entrar cerveza de botella y ron decano. En esos puestos no se pueden vender bebidas alcohólicas, pero como quedaba en un barrio alejado, ningún inspector se metía en eso”.
El lugar donde estaba empleada esta muchacha comenzó a ser frecuentado por grupos de hombres en estado de ebriedad. “El dueño me tenía trabajando desde temprano hasta por la noche cuando ya ellos se iban. Aquello era insoportable, se metían conmigo y me decían groserías. Llegó un momento en que el jefe me dijo por lo claro que, si me ponía ropa corta, más provocativa, o iba bien arregladita, me iba a pagar más por esas horas extras”.
Indira, de 30 años, también sufrió las consecuencias de la explotación laboral en el sector cuentapropista. Cuenta que trabajaba como dependienta de un bar de la ciudad hasta que el dueño decidió “moverla” hacia la cocina para freír croquetas o preparar “saladitos”. “Pienso que haya sido porque subí un poco de peso. Un buen día se apareció con otra muchacha más jovencita, con bastante cuerpo, como dicen por ahí. Me dijo que ya no podía trabajar sirviendo las mesas, que si quería seguir en el bar tenía que ser como cocinera. Tuve que hacerlo, porque el dinero hace falta. Me pagaban en dependencia de lo que se vendiera esa noche. Eran muchas horas de pie, casi siempre desde las seis de la tarde hasta la una o las dos de la madrugada”.
A pesar de que Indira se sintió discriminada por su empleador no ha pensado regresar a trabajar con el estado. “Realmente no sé si eso es explotación o no, pero antes, cuando trabajaba de recepcionista, también hacía cosas que no le correspondían a mi plaza y ganaba mucho menos. Las mujeres que trabajan por cuenta propia difícilmente dejarían sus trabajos, aunque se sientan explotadas, porque hay muchas otras pisándoles los calcañales para ocupar esos puestos. El trabajo fijo está difícil de conseguir”.
En 2019, el Observatorio de Derechos Económicos publicó un artículo en el que se afirma que la explotación de fuerza de trabajo no está reconocida como tal en el Código Penal, aunque constituye un fenómeno presentado constantemente en la vida diaria de la sociedad cubana actual. También se reconoce que, aunque existen cuestionamientos sobre el tema, estos se resumen exclusivamente al ámbito de las relaciones laborales en entidades estatales. En este mismo texto se hace referencia a la Ley 116 del Código de Trabajo, que establece que las relaciones entre el empleador y empleado en el sector no estatal se formaliza mediante contrato de trabajo, aunque este sea incumplido constantemente sin consecuencias jurídicas importantes para dichos empleadores.
En cuanto a la protección a la maternidad, las mujeres que trabajan con el estado cuentan con mayores garantías que aquellas vinculadas al sector privado. El Decreto Ley 278 del año 2010, del régimen especial de seguridad social para los trabajadores por cuenta propia, establece que “la trabajadora gestante tiene derecho a una licencia retribuida por maternidad al cumplir las treinta cuatro semanas de embarazo”. Ocurre, no obstante, que muchas mujeres deciden trabajar aun encontrándose en fecha término de su embarazo en empleos del sector privado que no conlleven demasiada carga física.
El Decreto Ley 240 del año 2017, mucho más escueto que el que protege al grupo del sector estatal, aporta que las madres trabajadoras cuentapropistas serán exoneradas de contribuir a la seguridad social durante el período de maternidad. Sin embargo, la mayoría de las mujeres que ejercen en la modalidad de TCP, pierden su empleo una vez que obtienen la licencia, aunque se afilien a este régimen especial de Seguridad Social. Además, hasta el momento, las trabajadoras no estatales deben contribuir a dicha seguridad social al menos los doce meses anteriores a la licencia de maternidad, a diferencia de las estatales, que solamente deben demostrar 75 días laborados en el año.
Lismari es otra mujer santaclareña que ha sido víctima de las decisiones arbitrarias de su empleador. “Trabajaba como dependienta en un lugar que no debo mencionar”, argumenta.
“Cuando salí embarazada, tanto la dueña como el dueño, me dijeron que podía seguir hasta que mi salud lo permitiera, pero tuve amenaza de aborto y dejé de trabajar. Cuando traté de incorporarme ya habían contratado a otra. Por supuesto, tenía un poco de miedo echar pelea con esas personas porque son bastantes influyentes, así que me conformé. En estos momentos tengo otro trabajo similar, pero tampoco siento que mi plaza está segura. Cuando se enferma el niño, por ejemplo, le pago a otra muchacha para que trabaje por mí y así mantengo el puesto”.
Hasta la fecha, todo apunta a que las mujeres vinculadas al sector estatal gozan de mayores garantías que las cuentapropistas, entre ellas, la reincorporación a su plaza laboral una vez que haya concluido su licencia. El pasado 13 de octubre fue aprobado por el Consejo de Estado un decreto ley que establece nuevas regulaciones relativas a la maternidad. Se espera que mediante esta actualización jurídica se equiparen los derechos para ambos sectores una vez que entre en vigor.
No obstante, mujeres cuentapropistas como Lismari afirman que de nada vale que se garanticen las leyes si los que tienen que velar por que se cumplan “se hacen los de la vista gorda”. “Habrá casos en los que sí lleguen a multar a un dueño de determinado negocio, pero habrá otros que seguirán pisoteando y disponiendo de sus empleadas porque tengan el dinero o las influencias para librarse de los inspectores. Por lo demás, habrá también mujeres como yo a las que les de miedo denunciar, por no poder luego encontrar otro empleo por cuenta propia. En esta ciudad, la mayoría de los cuentapropistas se conocen entre ellos y en pueblo chiquito, infierno grande”.
Nota: Para este reportaje ha sido respetada la decisión de las entrevistadas de no incluir sus apellidos para evitar referencias directas de sus empleadores y actuales trabajos.
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