El pasado jueves, la Asamblea de Madrid aprobó una resolución sobre las violaciones de los derechos civiles, políticos y sociales en Cuba, informó a Radio Martí Alejandro González Raga, presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) que tiene su sede en Madrid, España.
González Raga dijo que la propuesta fue presentada por el Partido Popular (PP) “a instancias de OCDH” y que “pretende ser un paraguas para las personas que en estos momentos en Cuba son víctimas de la represión y del acoso de las autoridades”.
En palabras del presidente de OCDH, esta acción va dirigida de manera especial para “aquellas que están en prisión desde el 11J y están siendo sometidas a unas peticiones fiscales tremendas, donde, incluso, ha llegado a solicitarse treinta años de prisión”.
González Raga, que fuera prisionero político durante la Primavera Negra de 2003, consideró además que para estas personas, que se han manifestado de manera pacífica “es importante en este momento que una resolución de este tipo, aunque no sea de Ley, salga a la luz pública, porque brinda una protección especial sobre esas personas que ahora mismo están siendo perseguidas en Cuba”.
La diputada del PP, Almudena Negro, defendió ante la Cámara regional la Proposición No de Ley (PNL) para acabar con la “sanguinaria dictadura” y pidió a los diputados de izquierda que “soliciten al Gobierno de España que abra las embajadas a los cubanos represaliados, condenen el crimen, reconozcan que Cuba es una cruel dictadura y defiendan la inmediata puesta en libertad de los presos políticos cubanos”.
Como resultado de las manifestaciones pacíficas que de manera espontánea se dieron en Cuba los días 11, 12 y 13 de julio, fueron detenidas más de mil personas, según los datos ofrecidos por diferentes organizaciones legales y de derechos humanos que actúan de manera independiente.
Entre los detenidos se encuentran dieciocho menores de edad a los cuales, a once se les acusa con la figura delictiva de “Sedición”, cuya condena incluye desde treinta años de cárcel, la pena máxima en prisión y la pena de muerte.
“Sedición” está considerado como el más grave delito en contra de la seguridad nacional, en igualdad con el de “Traición a la Patria”.