Diez meses después de su inicio, el Gobierno cubano ha reconocido que la más reciente etapa de la reforma económica no ocurrió como lo tenían planificado.
“Los precios minoristas iban a crecer mucho menos que los ingresos. Bajo esa premisa se aprobaron la Tarea Ordenamiento y la reforma salarial”, evocó Marino Murillo en la Asamblea Nacional del Poder Popular la semana pasada. Sin embargo, “la gente está viviendo precios siete, diez veces más grandes”, admitió sobre la desmedida inflación vigente desde su puesto al frente de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, poco antes de que fuera desmantelada.
Para el cierre de la semana las responsabilidades de ese ente habían sido transferidas al Ministerio de Economía y Planificación. Respecto al otrora “zar de las reformas en Cuba” no se ha anticipado un destino.
¿Qué salió mal? ¿Pudieron evitarse algunas consecuencias negativas de la reforma? elTOQUE acude a expertos en economía que, antes de enero de 2021, hicieron públicas algunas advertencias y recomendaciones. Estas no fueron tenidas en cuenta en la aplicación de medidas que, contrario a la promesa oficial, han terminado por hacer un poco más pobres a la mayoría de los cubanos.
Necesaria, pero inoportuna
A la mañana siguiente de su anuncio, en diciembre de 2020, la unificación monetaria y el resto de las medidas que entrarían en vigor desde el 1 de enero fueron unánimemente aplaudidas por economistas de dentro y fuera de la Isla. Pero muchos insistieron en la conveniencia de ir un paso más allá e impulsar cambios radicales en las formas de gestión no estatal y sectores como el agropecuario.
Los alimentos representan la partida de gastos más importante dentro de los presupuestos familiares cubanos; de su disponibilidad depende el éxito de cualquier reforma, alertó en septiembre de 2020 un prestigioso tándem de académicos. Su propuesta de “programa agropecuario en el corto y mediano plazo” apuntaba a “‘devolver’ los rendimientos al menos al nivel que tuvieron en 2014-2015”, de la mano de una mayor autonomía para las cooperativas y pequeños agricultores, el uso “de los limitados recursos en divisas para facilitar insumos y equipamiento”, y la autorización a todos los productores agropecuarios para exportar e importar directamente. En cuanto a precios, lo recomendable era conjugar topes selectivos con cotizaciones de referencia para el comercio mayorista, razonaban.
Casi un año más tarde, el economista Pedro Monreal, uno de los firmantes, lamentaba que la eliminación de precios máximos “no se hubiera hecho con la secuencia adecuada”. Será necesario “ofrecer protección social, especialmente en el corto plazo cuando es razonable esperar incrementos de precios, hasta que surtan efecto las medidas para estimular la oferta”, advirtió tras el restablecimiento del principio de oferta y demanda, en agosto de 2021.
Los tiempos resultan fundamentales para entender qué falló en la “mecánica” del Ordenamiento. No fue hasta abril de este año que el Gobierno aprobó sus “63 medidas para incrementar la producción de alimentos”; y hasta agosto, que se publicaron los decretos-ley abriendo el campo legal para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y cooperativas no agropecuarias (CNA).
“La Tarea Ordenamiento fue una decisión correcta, pero no se hizo en el momento ni con la secuencia adecuados”, consideró hace pocos días el economista y profesor universitario Omar Everleny. “Si antes del ‘Día Cero’ hubiese entrado en vigor la nueva legislación sobre las mipymes y las CNA, por ejemplo, se habría evitado incorporar a la circulación la gran masa de efectivo que se distribuyó desde entonces sin equivalencia en cuanto a bienes y servicios”.
Más dinero en manos de los consumidores sin aumentar ni diversificar la oferta y sin incentivar con fuerza la producción, solo podía tener un resultado: una inflación de una magnitud y características tales que ha obligado al Gobierno a reconstruir sus bases de datos. Y para el caso de Cuba, donde el abastecimiento familiar depende en buena medida de la moneda libremente convertible, significó la caída en barrena de la cotización del peso cubano frente al dólar y otras monedas extranjeras de referencia.
Incluso en el mejor escenario, los objetivos del Ordenamiento se avizoraban como difíciles de cumplir. Solo con la devaluación diseñada para la nueva política, el “CUP empresarial” perdía unas diez veces su valor, ha reflexionado el también economista y profesor Pavel Vidal. “Con un proceso de tal magnitud, los impactos inflacionarios son altos”.
En su discurso, Murillo insistió en que los precios mayoristas habían crecido menos de lo planificado, pero concedió que en las ventas minoristas la tendencia se inclinó al extremo contrario, al punto de que en el mercado informal la inflación (del 6 900 %) quintuplica la prevista inicialmente. “Se han tomado medidas antiinflacionarias, pero no han tenido los resultados previstos”, lamentó.
Entre posibilidad y voluntarismo
“El problema principal radica en el modelo de economía centralmente dirigida en el que se empeña la dirección del país y que ha demostrado su ineficacia en la historia económica del socialismo”, señala el economista Mauricio de Miranda en un texto publicado cinco días antes del anuncio de la Tarea Ordenamiento. “El Gobierno utiliza la fuerza del Estado para decidir qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce (y casi siempre cuando no se cumple el cuánto se encuentran miles de justificaciones, entre ellas la de que los trabajadores no se están esforzando lo suficiente)”.
El voluntarismo fue el “pecado original” con el que tuvo que lidiar el Ordenamiento desde su diseño. Entre proyectos y realidad media una distancia sobre la que Monreal llamaba la atención en un artículo que esta semana rescató de la hemeroteca, para complementar uno de sus hilos en Twitter. “Se concibe el precio como una especie de quimera de la planificación centralizada: una habilidosa invención burocrática que permite controlar el intercambio de bienes y productos […] esa concepción es equivocada precisamente porque no toma en cuenta la realidad de la oferta y la demanda, desconociendo que el precio es un proceso de mercado”. El punto ameritaría una “conversación para la que algunos no parecen estar preparados”, qanticipa desde el título de la nota.
Las convulsiones de la economía han colocado a una parte significativa de la población en condición de vulnerabilidad. Sobre las circunstancias a que deben hacer frente grupos como los jubilados y pensionados –al que pertenecen 2,5 millones de personas– ponía el énfasis Everleny en un reciente espacio acogido por elTOQUE. Para cuentapropistas y empleadores estatales, la volatilidad de los precios y el desplome de la paridad frente al dólar ha representado, además, un encarecimiento de la mano de obra y los insumos. En la práctica, esos sobrecostos se han cargado al consumidor, profundizando la espiral alcista.
En un fragmento de su informe a la Asamblea Nacional, Murillo detalló que el salario medio en Cuba alcanza los 3 838 CUP. Luego de diez meses de Ordenamiento, y con la economía en coma inducido, pareciera un monto aceptable; en definitiva, no se aleja demasiado de lo que se calculaba en los esquemas prerreforma. Pero él mismo colocó en contexto esos ingresos, y aún los de quienes llevan a casa nóminas o chequeras más reducidas. A comienzos de año la canasta mensual “de bienes y servicios de referencia”, valuada en 1 528 CUP por persona, ya se consideraba cara. Qué decir ahora, cuando su costo es más del doble en La Habana y buena parte del país.
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