La noticia es una discordia entre el representante cubano y activistas opositores en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU llevada a cabo este 26 marzo.
Yusnier Romero Puentes, representante adjunto del gobierno cubano ante las Naciones Unidas afirmó que «el gobierno de Cuba reafirma su compromiso de trabajar con los mecanismos de la ONU», también celebró el Examen Periódico Universal (EPU) como mecanismo para abordar, en igualdad, las problemáticas de derechos humanos en todos los países.
En relación al EPU y al 4to examen a Cuba, el funcionario indicó que el gobierno cubano aceptó el 81% de las recomendaciones, sobre las que se tomó nota, explicó que serían aplicadas cuando estuvieran dadas las condiciones, y sobre las rechazadas, afirmó que estaban «sesgadas políticamente y construidas sobre bases que no se apegan a la realidad», además que se negaban a «aceptar el derecho de libre determinación del pueblo cubano y la diversidad de sistemas políticos, económicos, sociales y culturales en el mundo».
Asimismo, Romero Puentes aprovechó para denunciar las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos como «una violación masiva, sistemática y flagrante de los derechos de nuestro pueblo». Más adelante afirmó que «desde abril de 2018 hasta febrero de 2023 el bloqueo causó a Cuba daños y perjuicios estimados conservadoramente en el orden de los 24 700 000 000 de dólares». También recalcó que este era la principal causa de cualquier carencia que afectara el pleno ejercicio de los derechos humanos en la Isla.
Otras organizaciones y países aliados al gobierno lo celebraron por sus resultados en el EPU y destacaron avances como el nuevo Código de las Familias.
Por su parte, la activista opositora Rosa María Payá compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través de un turno cedido por la ONG UNWatch. En el espacio volvió a acusar al gobierno cubano de haber asesinado a su padre Oswaldo Payá y al activista Harold Cepero, igualmente de facilitar el envío de jóvenes al ejército ruso y de reprimir a la ciudadanía cuando se manifiesta pacíficamente.
La también fundadora de la plataforma CubaDecide exigió expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos bajo el mismo precepto con el que se retiró a Rusia en 2022. Además hizo un llamado a la comunidad internacional a presionar al Estado cubano para que liberara de presos políticos y realizara «un plebiscito vinculante para cambiar el sistema e iniciar la transición a la democracia».
En adición, la activista Kirenia Núñez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, si bien celebró avances legislativos para combatir la violencia de género, cuestionó que el Estado no reconozca aún el feminicidio como término jurídico. También se opuso a la permanencia de la pena de muerte y denunció presuntas detenciones y «desapariciones forzadas» en la Isla cuando la ciudadanía enfrenta al gobierno.
Otras organizaciones internacionales disputaron aspectos relacionados con la libertad de creación y la falta de una estrategia educativa integral para minimizar la discriminación al colectivo LGBTIQ+, el tratamiento a los manifestantes del 11 de julio de 2021, entre otros.
En respuesta, el representante cubano calificó a UNWatch como «un peón del imperialismo» por apoyar «el genocidio que se comete actualmente contra la población palestina la Franja de Gaza» y cederle su espacio a quien consideró «una mercenaria», para que actúe «como oradora financiada por el gobierno de los Estados Unidos».
Sobre Rosa María Payá más adelante afirmó que «existen amplias evidencias de que esta oradora recibe de potencias extranjeras dinero y engorda sus arcas a expensas de lucrar con la causa de los derechos humanos, sus declaraciones a favor del bloqueo y de una intervención militar en Cuba solo le han procurado el absoluto desprecio de nuestro pueblo».
Esto significa que el tema de los derechos humanos sigue generando conflicto entre el Estado cubano y la oposición.
Cuba ha sido electa en seis ocasiones para integrar el Conejo de Derechos Humanos, el cual utiliza un mecanismo de votación directa y secreta por parte de los Estados miembros de Naciones Unidas. Si bien la elección implicaría un compromiso del Estado elegido a respetar los derechos humanos, lo cierto es que en la mayoría de los casos responde más a alianzas políticas que a garantías probadas sobre este eje.
La oposición a menudo exige la expulsión del Estado cubano del mencionado consejo, no obstante, Cu
