Texto y fotos de Brooke Anderson
Una mañana fría en el bosque en Cazadero, California, Nikola Alexandre carga nafta en su generador Predator 2000. Prende el botón y tira de la cuerda. El generador comienza a hacer un ruido que se establece rápidamente en un zumbido.
“Nuestra conexión con el mundo exterior es por satélite: si no hay electricidad, no hay internet”, explica Alexandre. Él y otros miembros del Shelterwood Collective se quedaron sin electricidad durante dos semanas a principios de 2023, cuando las tormentas azotaron California. “Poníamos en marcha el generador dos o tres horas al día para comunicarnos con el mundo exterior y que la gente supiera que estábamos bien”.
“Bromeamos diciendo que fue la peor-mejor tormenta de nuestras vidas. Los desastres sólo van a empeorar, pero nuestra autonomía y capacidad de respuesta sólo van a mejorar”, afirma Alexandre. “Esperamos que, a medida que construyamos esta microrred, no dependamos tanto de Pacific Gas and Electric (PG&E), en verano, cuando cortan la luz por los incendios, ni en invierno, cuando los árboles caen sobre las líneas eléctricas. Pasaremos de ser una comunidad vulnerable a una más independiente y soberana en la forma de producir y utilizar nuestra energía”.
Shelterwood Collective es un colectivo indígena, negro y queer de protectores de la tierra y defensores culturales que administra 364.218 hectáreas de bosque en el norte de California. Forma parte de un creciente número de organizaciones y localidades que intentan quitarles el control de su futuro energético a empresas gigantescas, sucias y peligrosas como PG&E, la mayor empresa de servicios públicos de Estados Unidos, y poner las decisiones sobre la producción, distribución y uso de la energía en manos de las comunidades más afectadas. Para Shelterwood y otros, una forma de hacerlo es construyendo microrredes solares gestionadas por la comunidad.
PG&E es propiedad de sus inversores. Presta servicio a unos 16 millones de personas a lo largo de 181.300 kilómetros cuadrados en el centro y norte de California. Como entidad privada con fines lucrativos, cuyos accionistas tienen garantizada una tasa específica de rendimiento de la inversión, PG&E suele renunciar a gastar en medidas esenciales para proteger la salud humana y del ecosistema. Esto ha provocado incendios forestales catastróficos, explosiones mortales, cortes de electricidad a millones de personas, una escalada de los precios, la expansión de proyectos de energía sucia y una vehemente oposición al movimiento de ir hacia energías renovables controladas por las comunidades, que cada vez es más popular.
Sus consecuencias han sido especialmente devastadoras para las comunidades indígenas, negras y marrones, discapacitadas, ancianas, pobres, trabajadoras y rurales.
En 2010, la negligencia de PG&E provocó una explosión en San Bruno, California, que abrió un agujero en una gran ciudad y mató a ocho personas. En 2018, la red eléctrica en ruinas de PG&E provocó un incendio que arrasó Paradise, también en California, matando a 85 personas y quemando 14.000 hogares. Año tras año, los megaincendios masivos ―los incendios de Dixie, Tubbs, Zogg y Mosquito, cada uno de los 10 incendios más importantes de la historia de California― han sido causados por PG&E, o PG&E ha estado en el centro de las investigaciones y los acuerdos que rodean los incendios. La empresa ha admitido cierta culpabilidad, hay investigaciones en curso, se han llegado a acuerdos sin admisión de culpabilidad y el reloj sigue corriendo en algunos procedimientos judiciales.
La empresa ha recuperado sus pérdidas de estos incendios aumentando los gastos de los contribuyentes, que ya pagan unas de las tarifas más altas del país. Además, en lugar de llevar a cabo las reparaciones de infraestructuras pendientes desde hace tiempo para minimizar los incendios forestales, PG&E ha tratado de limitar su responsabilidad en futuros incendios mediante la institución de apagones durante la temporada de incendios forestales, dejando a millones de personas en todo el estado sin electricidad, con poca planificación para proteger a las comunidades que dependen de la energía para vivir.
Acceder a un servicio ininterrumpido es especialmente importante para personas con discapacidades.
“Esta semana en la bahía hay personas mayores y con discapacidades con problemas para respirar, moverse, comer y mantenerse vivas”, dijo la activista con discapacidad ya fallecida Stacey Park Milbern en una marcha en la puerta de PG&E durante un apagón en 2019. “Un amigo está sin nebulizarse, una vecina no tiene dónde poner la insulina, otra está encerrada en la casa porque requiere de electricidad para abrir su garage”, enumeró. “Hay gente tirando comida sin saber cuándo van a tener dinero para volver a comprarla, hay gente ciega cruzando la calle sin señales audibles, hay gente manejándose en lenguaje de señas sin luz, algo muy difícil”.
“Requiero equipo médico de soporte vital,” siguió. “Por 16 horas al día. Mi médico completó un extenso papeleo explicando a PG&E por qué necesito de energía para vivir. Cuando llamé a PG&E estuve en espera durante dos horas. No había recibido ningún aviso de PG&E pero mi casa aparecía en cuatro mapas diferentes como sin suministro eléctrico. Mi vida no importa para ellos”.
A pesar de estar abandonados por PG&E durante los incendios forestales y los cortes de electricidad programados, los activistas con discapacidad formaron redes de ayuda mutua para sobrevivir: fabricaron filtros para ventiladores, distribuyeron máscaras KN95, consiguieron generadores y hielo y contrataron habitaciones de hotel para quienes necesitaban electricidad.
Aunque las consecuencias son especialmente duras para las personas con discapacidad, que durante mucho tiempo han sido marginadas en las conversaciones sobre política energética, las comunidades de todo el mundo están reconociendo que si necesitamos energía para vivir, esa energía no puede estar controlada por una empresa monopolística con ánimo de lucro.
Por el contrario, las decisiones sobre la producción, distribución y uso de la energía deben ser tomadas por las personas que más se juegan en ellas.
La democracia energética es la lucha para que la energía deje de ser un recurso centralizado y mercantilizado por las empresas y se convierta en un recurso compartido, descentralizado y democratizado, resistente y redundante, en consonancia con la salud de los ecosistemas locales y que satisfaga las necesidades de los trabajadores y las comunidades. Es un pilar clave de una plataforma de transición justa más amplia.
“Todo el mundo teme que una empresa de Wall Street pulse un botón rojo para apagar o encender la luz”, afirma Pete Woiwode, codirector de la campaña Reclaim Our Power: Campaña por la Justicia en los Servicios Públ