Una resolución que denuncia la situación de derechos humanos en Cuba y pide sanciones para el presidente Miguel Díaz-Canel fue aprobada el 29 de febrero de 2024 en el Parlamento Europeo (PE).
El documento, con 285 votos a favor, 172 en contra y 46 abstenciones, resalta que en la isla existe una fuerte escalada de represión contra disidentes por parte del Gobierno.
Entre las exigencias de los eurodiputados está que el Consejo Europeo active el régimen de sanciones globales de la Unión Europea (UE) para castigar al presidente Miguel Díaz-Canel y a otros altos cargos responsables de las violaciones de derechos humanos y del encarcelamiento de presos políticos.
«Reitera su llamamiento al Consejo para que aplique el régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos (la denominada “Ley Magnitski de la UE”) y [para que] adopte sanciones contra los responsables de las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba», señala la resolución.
También exige «el fin inmediato» de la represión y «la liberación inmediata de (…) las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos».
La Eurocámara se posiciona del lado de la oposición democrática en la isla y declara su «apoyo firme e incondicional» al pueblo cubano y a los activistas que luchan contra la dictadura.
Uno de los principales focos de preocupación que esgrime el documento es la escalada en la persecución de disidentes, con más de 1 000 presos políticos, según cifras de la organización Prisoners Defenders.
La resolución señala que el número de presos políticos se ha multiplicado por más de ocho desde 2018, «lo que convierte a Cuba en la mayor prisión de activistas políticos y disidentes de América Latina».
El texto condena, además, la persecución de líderes religiosos y muestra preocupación por el incremento de feminicidios y la situación de colectivos vulnerables (mujeres, minorías étnicas y la comunidad LGBTIQ+).
La resolución menciona «el trabajo forzoso promovido por el Estado cubano, en particular en las brigadas médicas, pero que también afecta a profesores, marineros, ingenieros, artistas, deportistas y otras personas». Recuerda que relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas han acusado a Cuba de esclavitud moderna y le han reclamado que ponga fin a los programas obligatorios de cooperación profesional.
¿Qué dice sobre el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea?
En 2017 entró en vigor el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea (UE) y Cuba.
El ADPC incluye una cláusula que permite su suspensión en caso de violación grave de los derechos humanos, considerada una «infracción importante» y «caso de especial urgencia».
Sobre el ADPC, la reciente resolución subraya que tras su implementación «la situación de falta de democracia y libertades en Cuba» no ha mejorado, sino que existe «un mayor deterioro y agravamiento de los derechos humanos en la isla».
Reitera su llamamiento a la Unión para que active el artículo 85, apartado 3, letra b, del ADPC UE-Cuba para solicitar una reunión inmediata del Comité Conjunto ante las infracciones del Acuerdo por parte del Gobierno cubano.
El documento advierte que debería suspenderse el acuerdo debido a las infracciones relacionadas con el respeto a
