El Gobierno cubano publicó una batería de resoluciones para implementar reajustes tributarios que afectarán —de manera fundamental— a los actores del sector privado de la economía. Las normas aparecen en la Gaceta Oficial No. 5 del 16 de enero de 2024.
Una de las resoluciones —la 300/2023 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP)— establece nuevas fórmulas para el cálculo de las contribuciones a la Seguridad Social a la que están obligados los proyectos de desarrollo local (PDL).
¿Qué es un proyecto de desarrollo local?
El Gobierno cubano considera que un proyecto de desarrollo local es una forma de emprendimiento. Los PDL fueron regulados mediante el Decreto 33 del 11 de marzo de 2021. En sus Disposiciones Generales, la normativa estableció lo relativo a la “implementación de las estrategias y la gestión de los proyectos de desarrollo local con el objetivo de impulsar el desarrollo territorial en función del aprovechamiento de los recursos y posibilidades locales”.
De acuerdo con el Decreto 33, los proyectos de desarrollo local pueden convertirse en emprendimientos porque una de sus principales modalidades reconocidas legalmente es la “económica-productiva” (permite la generación de “bienes y servicios comercializables que se destinan al beneficio local y, de forma sostenible, [a] cualquier sector de la economía y servicios sociales”).
Los PDL están dirigidos a “potenciar la producción de alimentos con destino al consumo interno, a contribuir a las exportaciones, a la sustitución de importaciones y a los flujos monetario-mercantiles al interior del territorio; a fomentar la gestión del turismo local sostenible al aprovechar los recursos y atractivos turísticos de los municipios; y [a] generar encadenamientos productivos”.
Asimismo, el Decreto 33 reconoce que son varios los actores que pueden solicitar a las autoridades locales una autorización para constituir un PDL. Dentro de ellos destacan las entidades estatales, los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, las organizaciones de masas y sociales, las instituciones y formas asociativas reconocidas desde lo legal y otras personas naturales o jurídicas que se reconozcan legalmente.
La disposición permite que tanto trabajadores por cuenta propia como mipymes puedan solicitar la constitución de PDL al amparo del Decreto 33.
Al momento de regular los PDL, el Gobierno cubano introdujo la posibilidad de que los proyectos pudiesen constituirse mediante “asociaciones contractuales”. Las asociaciones contractuales son formas de colaboración entre dos o más empresas o sujetos económicos sin que se constituya una nueva persona jurídica independiente.
Las asociaciones contractuales —comunes a nivel mundial— permiten la colaboración entre empresas o sujetos económicos para que, de conjunto, lleven a cabo un negocio específico sin la necesidad de establecer una sociedad mercantil nueva o separada de los titulares del proyecto.
En muchos países no se requiere ni siquiera la aprobación de una autoridad ni su inscripción en el Registro Mercantil. Basta con formalizar un contrato en el que las partes (empresas, cooperativas o trabajadores por cuenta propia) detallen la participación de cada uno y especifiquen la contribución al capital común, así como la forma y proporción en que compartirán riesgos y beneficios.
Impacto del cambio de la política fiscal para los proyectos de desarrollo local
Un total de 183 actores económicos privados forman parte de PDL en todo el país, de acuerdo con declaraciones de la viceministra de Economía, Johana Odrizola —ofrecidas durante las sesiones de las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2023—.
Las especificidades y mayores libertades de la normativa de los PDL han permitido que algunos actores económicos cubanos apuesten por esa forma de organización para impulsar y burlar las limitaciones que la ley impone a las mipymes y a otros actores económicos.
Por ejemplo, Manuel Marrero Cruz, primer ministro cubano, durante una intervención en las sesiones de las comisiones del Parlamento cubano en diciembre de 2023, dijo que el Gobierno cubano corregiría “distorsiones” relacionadas con las micro, pequeñas y medianas empresas. Una de las distorsiones radica, según Marrero, en que varias personas utilizan los PDL para establecer negocios privados que burlaban el límite impuesto a las mipymes de 100 trabajadores contratados.
Ciertamente, la normativa vigente para los PDL no establece limitaciones en relación con el número de trabajadores que pueden ser contratados.
Marrero Cr
