La noticia es que el Gobierno cubano ha hecho llegar una lista de personas consideradas terroristas a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que previamente había sido publicada en la Gaceta Oficial, y cuyos integrantes se encuentran bajo investigación.
La lista mezcla activistas con un reconocido y confeso historial violento —incluyendo la explosión de bombas en la Isla—, con activistas que utilizan las redes como plataformas para su mensaje político.
El documento también incluye a activistas influencers que se insertan en el escenario mediático utilizando las redes sociales llamando a la violencia y han mantenido un discurso de odio hacia simpatizantes del Gobierno cubano, o incluso contra figuras públicas radicadas en la Florida que se han negado a criticarlo. Entre ellos, hay quien ha convocado al derramamiento de sangre, como única forma de derrocar a la «dictadura».
Estas últimas acciones relatadas han sucedido desde la Florida y con la pasividad complaciente de las autoridades norteamericanas encargadas de controlar el discurso de odio y la desinformación. Asimismo, muchos de sus protagonistas han sido beneficiados por fondos de programas para «promover la democracia» en Cuba mediante un cambio de régimen, a pesar de que sus valores democráticos ya de por sí son sumamente cuestionables.
Resaltan los nombres de activistas como el de Ninoska Pérez, una antaña voz contra el gobierno cubano y acusada por este de organizar actos terroristas cometidos en La Habana durante la segunda mitad de la década del 90. También llama la atención el del influencer Alexander Otaola, quien ha multiplicado sus vistas en YouTube con un discurso que fomenta el extremismo político violento, y ha impulsado campañas de descrédito contra cualquiera que no coincida plenamente con sus posiciones políticas. También incluye a un hombre que disparó a la Embajada cubana en Washington, por lo que se encuentra bajo investigación en Estados Unidos.
La televisión cubana en un largo programa que puso al aire para explicar el sentido de las acusaciones, ante la pregunta a las autoridades invitadas de si los activistas están solo utilizando su libertad de expresión, los funcionarios respondieron que violan los derechos de otros al promover el odio y llamar abiertamente a la violencia.
Esto significa que el Gobierno de Cuba intenta oficializar y pedir ayuda a los organismos internacionales para hacer frente al discurso de odio, y de paso dar evidencia de que la Isla ha recibido agresiones consideradas terroristas, y además, que existe un significativo número de voces en Miami que reciben fondos federales para promover la violencia y la desestabilización en su país natal.
El alcance de esta denuncia internacional está por definirse aún. No obstante, como mismo Estados Unidos utiliza elementos vinculados o no al terrorismo para justificar la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, Cuba ofrece una información sistematizada sobre quienes considera que hayan ejecutado acciones violentas o las hayan promovido por cualquier vía.
Nuestra opinión es que la redacción de esta lista es un intento por hacerle frente a una ofensiva comunicacional de las fuerzas que apuestan y trabajan por derrocar al Gobierno cubano. Estos grupos que operan desde Estados Unidos utilizan grandes recursos accesibles para ser efectivos comun
