El funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Cuba fue un asunto debatido en varias comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Las preocupaciones de los diputados se centraron fundamentalmente en los altos precios que ofrecen los negocios privados que se dedican a comercializar productos. Aunque ese grupo es apenas el 4.3 % de las más de 9 000 mipymes aprobadas, son las que más contacto directo tienen con la población.
En una presentación ante la Comisión de Servicios de la ANPP, la viceministra de Economía y Planificación Johana Odriozola presentó un informe sobre el funcionamiento de las formas de gestión no estatal (FGNE).
Entre los asuntos más relevantes del debate trascendieron los aspectos negativos que han provocado una serie de transformaciones para las mipymes en 2024.
Actualización de las normas
Durante el análisis parlamentario se cuestionó la eficacia de los mecanismos de supervisión y regulación del sistema de control gubernamental sobre el sector no estatal.
«Estos métodos no están alcanzando los resultados esperados», coincidieron varios diputados.
Según examinó el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el desarrollo de esos actores económicos ha permitido ampliar la oferta y la producción de bienes. Al cabo de dos años, tal y como lo establece el Decreto Ley 46 y las normas jurídicas, reconoció: «es lógico que revisemos y actualicemos».
«Hay mucha especulación. La actualización de las normas no está diseñada para prohibir. No hay paso atrás. Serán ampliados los actores económicos. Habrá regulación sobre cosas que por inexperiencia no quedaron precisas en las normas», aseguró Marrero.
Johana Odriozola informó que las propuestas de «mejora» abarcan desde la modernización de los procedimientos de supervisión hasta el fortalecimiento de los recursos y la capacitación de los funcionarios responsables de la regulación. También se sugirió la incorporación de tecnologías avanzadas y métodos más eficientes para garantizar un seguimiento adecuado de las actividades del sector no estatal.
Un especialista en el desarrollo de negocios consultado por elTOQUE comentó que en parte sí es necesario hacer modificaciones a las normas actuales. En ese sentido, ejemplificó que hay dueños de negocios que viven fuera de Cuba y que quieren hacer acciones que son multadas en sus países de residencia.
Sin embargo, también reconoció que el escenario cambiante en el que se desarrolla el sector privado en Cuba desmotiva la inversión a largo plazo.
«La incertidumbre del marco jurídico actual en algunos temas genera “riesgos” en los modelos de negocio», dijo.
De acuerdo con la intervención de Marrero, «la actualización de las normas será beneficioso para todo el proceso y ayudará a un mayor aporte a la economía».
No obstante, otro emprendedor criticó que muchas veces en los debates se hablara de la empresa estatal y la no estatal como si fueran y funcionaran de la misma forma.
«A veces creo que quieren que las mipymes salven la economía cubana, cuando ellos mismos dicen todo el tiempo que lo más importante es la empresa estatal socialista», reflexionó con escepticismo ante el anuncio de los nuevos cambios.
Encadenamientos con eslabones torcidos
Una de las transformaciones para el sector empresarial en 2024, explicadas por Alejandro Gil durante las sesiones de la ANPP, es el incentivo de las relaciones de las empresas estatales con los actores no estatales para aprovechar las capacidades productivas ociosas.
La propuesta responde a uno de los aspectos negativos informados sobre el funcionamiento de las mipymes, distorsiones en el encadenamiento con entidades del Estado.
Según se reconoció en el trabajo en comisiones, existen dificultades para que las empresas estatales y los actores no estatales trabajen juntos de manera eficiente. Las causas son varias y van desde trabas burocráticas hasta la falta de coordinación de actividades o la asignación de recursos.
La mayoría de las distorsiones, no obstante, parten de la empresa estatal, según reconoció el primer ministro. «Una mipyme no obliga a firmar contratos o a aprobar precios abusivos a las entidades estatales», dijo.
Según se supo hay entidades estatales que justifican el «encadenamiento» —por ejemplo— con el arriendo de sus locales. «Se han convertido en entidades inmobiliarias y viven solo
