Una nota del Ministerio de Salud Pública (Minsap) confirmó que la muerte de seis niños recién nacidos en la Sala de Cuidados Intensivos del Hospital Ginecobstétrico de Diez de Octubre se debió a violaciones de medidas higiénico-sanitarias, y problemas de aseguramiento de recursos que afectaron la calidad de la atención a pacientes.
De acuerdo con la comunicación, las violaciones y la falta de recursos provocaron un brote de infección que causó el fallecimiento de al menos seis de los diez niños que murieron en la instalación en igual período de tiempo.
Las conclusiones de la pesquisa señalan claramente la existencia de responsabilidad institucional e individual en la muerte de los seis recién nacidos. No obstante, las únicas medidas aplicadas son de carácter administrativo y están dirigidas al personal de salud que atendió a los menores de edad y a los directivos del hospital.
RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL VS. RESPONSABILIDAD ESTATAL
Una de las principales inquietudes expresadas en redes sociales luego de la nota del Minsap está relacionada con la ausencia de consecuencias penales para los responsables de los fallecimientos.
La solicitud de criminalizar al personal de salud vinculado con la muerte de los menores de edad amerita dos lecturas diferentes.
La primera tiene que ver con el estado de depauperación en el que se encuentra el sistema de salud cubano. La nota reconoce que no estaban asegurados los recursos para la prestación del servicio asistencial; sin embargo, unas semanas antes, el organismo había afirmado triunfalmente que sí lo estaban. Por ende, quienes abogan a priori por exigir responsabilidades penales al personal de salud, asumirían que es dable criminalizar a unos galenos que, es probable, no contaban con los recursos para cubrir el servicio médico.
Los protocolos y las vías de actuación —mucho más si tienen que ver con medidas higiénico-sanitarias— no solo dependen de la voluntad del médico, sino también de la disponibilidad de los recursos que le permitan acometerlas.
¿Acaso no se ha visto a los médicos cubanos lavando los guantes desechables para reutilizarlos?
Ante la falta de recursos, el personal sanitario se encuentra en una encrucijada: negarse a prestar el servicio —lo cual puede implicar consecuencias de otra índole— o prestarlo sin condiciones y asumir las consecuencias que se deriven de sus actos.
La segunda lectura que puede hacerse de la solicitud de criminalización está vinculada con la respuesta a otra pregunta: si se determinaron responsabilidades, ¿por qué solo se tomaron medidas administrativas?
La decisión de sancionar administrativamente al personal de salud responde a su vez a dos necesidades básicas. La primera, ofrecer la idea de que actos de este tipo no permanecen impunes, pero sin tomar medidas que puedan verse como señal de desprotección y alarma a un personal de salud que trabaja cada vez con menos deseos y recursos.
El procesamiento penal por violación de protocolos sanitarios a galenos cubanos que no han recibido los recursos necesarios para cumplirlos podría provocar la estampida del personal o, en el «mejor» de los casos, la negativa a prestar el servicio en las condiciones actuales.
¿Por qué prestar un servicio en condiciones no idóneas si, además, la responsabilidad —que puede implicar años de cárcel— recaerá solo sobre el personal de atención directa que no decide si los fondos estatales se destinan a la salud pública o a la construcción de hoteles?
La segunda necesidad que suple la imposición de medidas administrativas al personal de salud vinculado con la atención directa de los infantes, es la de desviar la atención de la responsabilidad estatal. Es el Estado quien debe garantizar los recursos indispensables para ofrecer servicios de salud de calidad.
Al trasladar la responsabilidad a actores individuales y mencionar de soslayo la falta de aseguramiento de recursos, se desvía la atención de lo que puede ser la causa fundamental de las muertes: el notable estado de depauperación de los servicios de salud en Cuba.
Para evitar que los médicos asuman por completo lo que pudiesen ser responsabilidades penales derivadas de sus errores y para permitir al sistema desviar la atención sobre sus responsabilidades, la ley cubana regula un proceso especial para determinar si el personal de salud pud
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