El proyecto Inventario denunció este sábado 25 de junio que la Oficina Territorial de Control (OTC) de La Habana violó el Decreto Ley 370 al incumplir con el plazo para responder a los Recursos de Apelación de las periodistas independientes Yadiris Luis Fuentes y Cynthia de la Cantera.
“El Artículo 79 del Decreto Ley 370 establece un límite de 60 días hábiles para responder a estas apelaciones que Yadiris Luis Fuentes y Cynthia de la Cantera entregaron el 28/2/2022 y el 1/3/2022 respectivamente, en el plazo pertinente de 15 días hábiles después de ser multadas”, explicó el proyecto en un hilo abierto en Twitter.
Según las estimaciones, la OTC de La Habana debía haberle respondido a Luis Fuentes antes del 26 de mayo, y a Cantera, antes del 27 de mayo
Inventario aseguró que el hecho de que ni los propios directores de OTC respeten lo establecido por el DL370 “pone más de relieve que se trata de un instrumento represivo, del que se hace cumplir selectivamente el Art.68 i) (el que sirve para poner multas) y los demás muchas veces se ignoran a conveniencia”.
En el sitio web del proyecto están a disposición de los internautas los recursos de apelación de las periodistas y de otros multados, algunas respuestas dadas por otras OTC y otros tipos de documentos relacionados con estas multas.
A inicios de mayo, la periodista independiente cubana Cynthia de la Cantera denunció el acoso al que ha sido sometida en los últimos meses por parte del agente ‘Manuel’ de la Seguridad del Estado, encargado de reprimir también a otros reporteros de La Habana.
Según contó en su perfil de Facebook, durante el último interrogatorio, el pasado 21 de abril, el Primer Teniente ‘Manuel’ la presionó para que dijera públicamente que dejaría de ejercer el periodismo y ella se negó.
Por su parte, la periodista cubana Yadiris Luis Fuentes ha sido amenazada por oficiales de la Seguridad del Estado con ser condenada por el Artículo 143 del nuevo Código Penal.
El abogado Eloy Viera opinó en una ocasión en redes sociales que “si algo hemos aprendido los cubanos es que acciones contra el estado en Cuba es cualquier cosa que la clase política que disfruta de privilegios entienda como un riesgo para ella y su hegemonía”.
“Este es un paso más en el apertrechamiento del régimen cubano. En la búsqueda de nuevas herramientas para defenderse de su ciudadanía”, añadió Viera.
Uno de los gremios más amenazados por la nueva legislación sería el periodismo independiente. En diciembre pasado, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) incluyó a Cuba en la lista del 2021 de los gobiernos que encarcelan a reporteros.
Cuba fue ubicada por el CPJ en el puesto 19 del ranking mundial, con los casos de los periodistas independientes Camila Acosta, Mary Karla Ares y Lázaro Yuri Valle Roca.