Familiares del líder opositor cubano José Daniel Ferrer García no pudieron verlo este martes en la prisión de Mar verde, en Santiago de Cuba, adonde se dirigieron para exigir fe de vida tras 17 días sin tener ningún tipo de información sobre su situación.
Las autoridades aseguran que Ferrer se ha negado a tener contacto con su familia, según dijeron a su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega.
“Supuestamente él no quiere saber de su familia, no quiere hablar con nosotros. Sabemos muy bien que cuando ocurrió eso, en Aguadores, mi esposo estaba en huelga de hambre y estaba siendo víctima de todo tipo de torturas físicas y psicológicas”, denunció.
Ortega dijo a Radio Martí que, primeramente, directivos del penal le mostraron dos videos donde apenas se podía identificar a Ferrer García.
“Se ve que es alguien blanco, delgado, alto, que parece que está en un calabozo, y que le preguntan que por qué no ha salido, que estaba su señora afuera con su hijo, y se escucha como la voz de mi esposo diciendo ‘dígale a mi esposa…’, y ahí mismo no se escucha más nada, es un murmullo que no se puede diferenciar lo que dice. Se ve que se va alejando la persona”, detalló.
Más tarde, y tras la insistencia de la esposa del líder opositor de permanecer plantada en la prisión del Mar verde con su pequeño hijo Daniel José, las autoridades le trajeron un tercer video que, en su opinión, fue editado.
La doctora Ortega aseguró a Radio Martí que continuará exigiendo fe de vida de su esposo, quien, hasta el último contacto con su familia, hace ya más de 15 días, se encontraba recluido bajo aislamiento en esa prisión santiaguera.
Ferrer García fue detenido el pasado 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar, en Santiago de Cuba, con la intención de sumarse al levantamiento popular ocurrido en la isla.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba, como parte de su campaña #PresosPorQué, se pregunta desde sus cuentas oficiales en Twitter por qué el régimen de Cuba le ha impedido “hablar con su familia durante 17 días, incluyendo el fin de semana del Día del Padre”.
La representación diplomática considera que José Daniel y todos los manifestantes de las protestas del 11 de julio que han sido detenidos “deben ser liberados y estar en casa con sus queridas familias”.
La organización Cuban Prisoners Defenders también ha mostrado preocupación por el célebre opositor, quien también fuera prisionero político durante la Primavera Negra de 2003.
Este grupo asegura que el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba está “DESAPARECIDO”.
También ha dicho que su familia está sumamente preocupada por el paradero del líder de la UNPACU.
“Es grave. Han estado meses asesinándolo con torturas de todo tipo
¿Dónde están los demócratas que se llenan la boca en su continente pero para otros callan?”, escribió Cuban Defenders.
Otras importantes organizaciones como el prestigioso Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OPDDH), que opera en unión con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Fundación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), han hecho campañas a favor del prisionero político y de conciencia cubano .
También la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, pidió la libertad de Ferrer y recordó que fue su interlocutor en 2016.
Desde su más reciente encarcelamiento tras participar en el levantamiento del 11 de julio, el prisionero político ha denunciado en múltiples ocasiones que lo mantienen bajo un régimen de severidad, incomunicado y que ha padecido severos y persistentes dolores de cabeza, escalofríos y temblores.
En agosto de 2021 fue divulgado una documento de la Fiscalía que indica que Ferrer deberá cumplir en prisión cuatro años y 14 días por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción impuesta previamente en 2020.
En febrero de ese año, el exprisionero de la Causa de los 75, tras estar seis meses encarcelado en la Prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, una sanción sustituida luego por prisión domiciliar.
Pero el juez de Control, Atención e Influencia del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, la Sala Tercera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular (TPP) revocó la decisión de mantenerlo en prisión domiciliar y dictaminó que ahora deberá cumplir la condena en la cárcel.
(Incluye reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)
