LA HABANA, Cuba. – En el nuevo Código Penal, que debe aprobarse este año, el régimen cubano dispondrá de herramientas legales para reprimir punitivamente a quienes reciban fondos para usos no controlados por la Plaza de la Revolución. Con la ley como brazo represivo, el régimen busca someter a la sociedad civil al más puro estilo de los reyes medievales: cortando los suministros a la fortaleza sitiada.
A la espera de ser aprobado, el Artículo 143 del Anteproyecto de Código Penal es la figura delictiva con la que el Departamento de la Seguridad de Estado (DSI) espera reprimir, aún más, a activistas, periodistas independientes y demás voces contestatarias, quienes pudieran enfrentar hasta 10 años de cárcel si reciben “recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) es uno de los gremios no estatales que “encaja a la perfección” en esta política represiva, según trasladaron oficiales del Departamento de la Seguridad de Estado (DSE) a Julio César Álvarez López, Amarilis Cortina Rey y José Antonio Fornaris, miembros de la organización que a mediados de abril fueron interrogados por el cuerpo represivo.
En entrevista ofrecida a CubaNet, José Antonio Fornaris, quien desde 2006 es presidente de APLP, asevera que en los citatorios fueron amenazados con procesos judiciales por recibir ayuda económica del exterior. Y mientras aún no entra en vigor el nuevo Código Penal, no descarta que puedan sufrir acciones represivas como la de mayo de 2008, cuando la sede de la organización fue asaltada por efectivos del Ministerio del Interior (MININT).
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“El régimen sabe que para sobrevivir tiene que hacer cambios, pero esto ya no se trata de una cuestión de ideología, sino de intereses, y para realizar los cambios primero deben crear las condiciones para que esos intereses no se vean afectados”, comentó Fornaris.
Según refiere el entrevistado, la ayuda económica del exterior ha sido un factor determinante en el desarrollo logrado en los últimos años por las organizaciones de la sociedad civil cubana y el resto de actores que se oponen al sistema político.
“Lo que pasa es que, sin la ayuda económica del exterior, se limitaría mucho el trabajo de las organizaciones, ellos lo saben. Sin dinero no se puede hacer mucho porque la mayoría de las gestiones requieren gastos. Además, se necesita llevar el plato de comida a la mesa familiar para poder persistir en otras tareas; las personas necesitan tener algo con qué contar. Sobre todo porque el Gobierno se niega a dar empleo a las personas vinculadas a la oposición e impide que puedan desarrollarse como emprendedores”, comenta Fornaris.
Frente a la nueva escalada represiva, considera importante que los organismos internacionales incrementen su apoyo a la sociedad civil. En especial, que exijan al Gobierno de la Isla respetar el acuerdo adoptado por las Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1998, del cual Cuba es firmante, y que establece que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos, con el objetivo expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Fornaris asegura no llevar la cuenta de las citaciones, arrestos y días vividos en una celda del régimen, pero apunta que “han sido muchos”. Las nuevas amenazas, afirma, no constituyen una barrera para proseguir en la defensa de las libertades de prensa y opinión.
“Quieren cortarnos las alas, pero no queda de otra: tenemos que continuar bajo este asedio terrible que se nos impone. Al final creo que este tipo de cosas son buena señal, no sucederían si nuestro trabajo pasara desapercibido. Lo que hacemos rinde frutos”, concluye Fornaris.
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