HAVANA CLIMA

2021: Derechos en la mira de Cuba

El proyecto de Código de las Familias ha estado en el centro del debate público que se ha dividido entre quienes defienden #TodosLosDerechosParaTodasLasPersonas y los sectores conservadores, fundamentalistas y antiderechos.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

La igualdad de derechos entre todas las personas marcó los debates públicos y buena parte del activismo ciudadano en 2021, un año que inició con los reclamos por el alza de tarifas de diferentes servicios estatales y estuvo caracterizado por grandes tensiones alrededor de los acontecimientos del 11 de julio y sus ecos en el tiempo.

Las manifestaciones en la capital y otras ciudades de Cuba, así como la respuesta oficial a las mismas, generó momentos de inseguridad sin precedentes en el siglo XXI, potenciados además por el contexto especial de la pandemia de la covid-19 y el impacto que tuvo la variante Delta del SARS-COV-2 en el alza de los contagios y las muertes.

Si en 2020 florecieron las iniciativas solidarias para la atención a grupos especialmente vulnerables, desde la entrega de nasobucos (mascarillas) hasta la facilitación del acceso a medicamentos y alimentos, 2021 colocó a la ciudad de Matanzas en el foco de atención y el destino de donaciones, desde otras regiones de Cuba y desde otros países.

La saturación de los servicios de salud y las carencias de medicamentos, oxígeno e insumos de todo tipo en un país que llegó a reportar más de 9400 casos diarios en agosto, generaron preocupaciones y descontentos entre la población y medidas gubernamentales a diversas escalas, aplicadas con mayor o menor éxito.

Mientras el gobierno debió enviar 200 integrantes de la brigada Henry Reeve para apoyar al personal de salud en Matanzas, el no gubernamental Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo (CCRD) fue declarado espacio de aislamiento y atención de pacientes pediátricos bajo sospecha en el municipio matancero de Cárdenas.

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Con mensajes como Matanzas no está sola y SOS Matanzas, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, emprendedores y emigrantes hicieron llegar sus donaciones y apoyo a la ciudad convertida en epicentro de la pandemia. Foto tomada de la página web de la Universidad de La Habana

Aunque el proceso de inmunización con las vacunas de producción nacional –Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus–, no logró desarrollarse según las proyecciones iniciales, al cierre del año 85,8 por ciento de la población tenía el esquema de vacunación completo y más de un millón de personas había recibido la dosis de refuerzo.

En octubre, un libro resumen de la experiencia de 17 psicogrupos virtuales surgidos durante la pandemia daba cuenta de manifestaciones de malestar subjetivo como depresión, ansiedad, ataque de pánico, claustrofobia, trastornos del sueño y daños en las relaciones interpersonales, con impacto en la familia y en las parejas.

Como se había pronosticado al inicio de la pandemia, las sesiones de los psicogrupos confirmaron el crecimiento de la sobrecarga doméstica y de cuidados sobre las mujeres, que se vieron más expuestas a la violencia sin acceso a redes de apoyo; y el aumento del maltrato a niñas y niños y la vulneración de derechos de las personas mayores.

En este contexto, el taller sobre “El rol de las organizaciones sociales, iniciativas socioeconómicas y proyectos comunitarios en el enfrentamiento a la pandemia”, organizado por el CCRD en diciembre, mapeó acciones e iniciativas durante la covid-19, identificando fortalezas, desafíos y requerimientos para trabajar en redes.

Representantes de iniciativas comunitarias, emprendimientos, universidades, programas de atención de diferentes denominaciones religiosas, entre otros actores sociales, coincidieron en la necesidad de pasar del accionar asistencialista a otro que empodere a los grupos desfavorecidos, incluyendo el enfoque de género y antidiscriminatorio.

Código de las familias: sociedad polarizada
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Desde Matanzas el proyecto de intervención cultural para el desarrollo AfroAtenAs mantuvo un fuerte activismo a favor del proyecto del Código de las Familias, incluyendo el envío de misivas al Parlamento y al gobierno provincial. Foto tomada de la página web de AfroAtenAs

¿Qué hubiera sucedido si a mediados de la década de los años 70 del siglo XX Cuba hubiera llevado a referéndum su proyecto de Código de Familia? Considerado avanzado para su época, el mismo texto que no pocas iglesias defienden hoy, hubiera sido rechazadodesde las tendencias más conservadoras de una sociedad patriarcal.

Así, el requisito de llevar a referéndum el nuevo proyecto de Código de las Familias se convirtió en 2021 en una oportunidad de expresión de sectores religiosos que, tras ganar fuerza durante la crisis económica de los años 90, defienden lo que llaman “original” y “voluntad de Dios” y, por ende, “inamovible”.

Un recorrido por perfiles y páginas en redes sociales muestra una sociedad polarizada. De un lado, representantes de la academia, feministas, activistas de diversas causas sociales y redes, integrantes de la comunidad LGBTQ+, medios de comunicación e incluso algunas iglesias y espacios ecuménicos, defienden la propuesta que colocaría a Cuba nuevamente en lo más avanzado del derecho de familia.

Del otro, líderes religiosos e iglesias que, con una alta manipulación del proyecto, han montado una campaña contra la “ideología de género” y los artículos relacionados con la violencia en la familia por género, orientación sexual e identidad de género, la adopción, la reproducción asistida, la gestación solidaria y el matrimonio igualitario.

Con resortes comunicativos bien pensados, el debate se llevó hacia el área de la eliminación de la patria potestad y su sustitución por responsabilidad parental, así como la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes, bajo el supuesto de que el Estado tendrá el derecho de imponer a padres y madres cómo criar a su descendencia.

Aunque apenas se menciona la eliminación del matrimonio antes de los 18 años con autorización de padres y madres, y su limitación a la decisión de un tribunal, genera rechazo entre familias que siguen imponiendo el matrimonio a sus hijas adolescentes en caso de embarazo o de conocer que ha tenido relaciones sexuales.

Al estilo de una declaración emitida en mayo por la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental, se repite hasta el cansancio la idea de que se quiere imponer una ley que va en contra de la opinión de la mayoría del pueblo como, supuestamente, “se demostró en el debate constitucional”.

El argumento ha sido desmentido en diversos espacios que, sin embargo, no se multiplican con igual eco: en una población de 11,2 millones de personas, siete millones participaron en las consultas previas al referéndum constitucional de 2019. De 1.706.872 intervenciones registradas, solo 24,5 por ciento versó sobre el matrimonio y de ellas, la mayoría defendió mantener la definición tradicional.

“¿Y el 75 por ciento que ni siquiera consideró necesario cuestionarse ese artículo no es pueblo? Me he cansado de oír en sucesivas declaraciones que la mayoría del pueblo cubano está en contra y no entiendo las cuentas. ¿Cuál es la mayoría? ¿El 25 o el 75 por ciento?”, comentó una ciudadana en su perfil de Facebook.

La alarma se disparó desde febrero cuando el Ministerio de Educación decidió aplazar el Programa de Educación Integral de la Sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos. Atribuida a la falta de recursos en las condiciones de la pandemia, la decisión fue recibida como “una concesión” a los grupos antiderechos.

Para noviembre organizaciones, redes y activistas mostraban su preocupación ante la creciente ola de reacciones conservadoras y llamaban a sus seguidores a mostrar su apoyo no solo en sus perfiles y en las casas sino escribiendo al correo electrónico habilitado por el Ministerio de Justicia.

En un gesto poco habitual, la oficina cubana del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Cuba (UNICEF) reconoció que el proyecto del Código de las Familias

asume estándares internacionales previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), justo en algunos de los temas que han generado más polémica.

Activismo LGBTIQ por el matrimonio igualitario
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La bandera multicolor tomó los espacios públicos durante las 14 Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, incluida la fachada del Ministerio de Salud Pública. Foto: Jorge Luis Baños_IPS

El matrimonio igualitario estuvo en el centro de las demandas del aún incipiente movimiento cubano LGBTIQ+ (lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, queers y otros), caracterizado por la multiplicidad de iniciativas con objetivos afines pero, por lo general, desarticuladas entre sí.

Partiendo de la certeza de que “los derechos no se plebiscitan”, activistas de diversos grupos y redes se cuestionaron la decisión de llevar a referéndum el nuevo Código de las Familias y potenciaron las acciones en defensa del proyecto que ha sido fuertemente cuestionado desde el fundamentalismo religioso y la cultura patriarcal.

Mientras el proyecto AfroAtenAs ocupaba diferentes espacios públicos de la ciudad occidental de Matanzas con la iniciativa “Todos los derechos para todas las personas”, la plataforma Entre Diversidades Cuba impulsaba la campaña “Sí, Acepto” y AhoraSí distribuía pegatinas y folletos producidos de forma colaborativa por todo el país.

Cientos de historias de vida poblaron durante todo el año los perfiles de activistas y páginas en Facebook como Dame la mano, Por el matrimonio igualitario en Cuba, 11M Cuba, Q de Cuir , Abriendo brechas de colores, Hasta que el amor sea leyy la página del Movimiento Estudiantil Cristiano de Cuba con su campaña  “+amor +derechos”.

Con el mensaje Cristo ama mis colores, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Cuba  se declara como “primera iglesia cubana con un ministerio radicalmente inclusivo” y entre otras acciones similares ofició el 26 de noviembre “el matrimonio de Ada y Mercedes, dos mujeres que se aman desde hace 12 años”.

El proyecto de Código de Familias estuvo también en el centro de los paneles y debates que centraron la 14 Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y que, por segunda ocasión, se realizó en medio de las condiciones excepcionales de la covid-19.

La Red TransCuba y la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, que funcionan bajo la sombrilla del Cenesex con presencia en todo el país, celebraron los días de visibilidad lésbica y trans, aumentaron su incidencia social y, a finales de año, participaron activamente en la jornada cubana contra la violencia de género.

Entre los hitos anuales estuvo el encuentro del presidente Miguel Díaz-Canel con integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y funcionarios del Cenesex el 8 de octubre. Entre las preocupaciones actuales y viejas demandas que afloraron en la cita aparecen:

  • Necesidad de políticas públicas y leyes que protejan los derechos LGBTIQ+.
  • Necesidad de una Ley de Identidad de Género.
  • Acceso a la reproducción asistida para todas las personas.
  • Vulneraciones de derecho de personas LGBTIQ+ y su impacto en las migraciones internas.
  • Abandono escolar por bullying por orientación sexual e identidad de género.
  • Desacuerdo con el aplazamiento del Programa de Educación Integral de la Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos.
  • Formación en temas de diversidad sexual e identidad de género de los sectores jurídico, salud, educación, policial y de la comunicación, incluidas autoridades.
  • La negación a las personas LGBTIQ+ en privación de libertad del derecho a disfrutar de intimidad con su pareja como lo hacen las personas heterosexuales.

A pesar de los avances, el médico y activista Alberto Roque, considera que el movimiento LGBTIQ+ cubano no está en condiciones de contrarrestar el avance de los grupos religiosos reaccionarios, que cuentan con “un poderoso respaldo financiero y logístico internacional” y un discurso coherente “con el pensamiento conservador de algunos de nuestros decisores políticos”.

Violencia de género, cada vez más visible
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Entre las novedades de 2021 estuvo la Campaña Mídete, impulsada por Unicef para el abordaje de diversas formas de violencia hacia la niñez y adolescencia cubanas. Foto tomada de la página en Facebook del Programa Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana

En un país que durante décadas silenció o minimizó la violencia contra las mujeres por motivos de género, el reconocimiento social y la respuesta institucional siguieron ganando espacios sin precedentes en 2021, resultado sin dudas de un intenso camino recorrido iniciado en los años 90 del siglo XX.

El acceso cada vez mayor a la telefonía celular y a la conexión de datos y, por ende a  Internet y a las redes sociales, potenció la visualización de la violencia, el activismo e incluso la denuncia ciudadana de femicidios o, de casos puntuales, como fue la reacción a una publicación de la revista independiente El Estornudo del 8 de diciembre.

La aparición del reportaje Cinco denuncias de abusos sexuales contra Fernando Bécquer generó una especie de #MeToo cubano colocó en el centro del debate la situación específica que viven las víctimas de este tipo de violencia, en medio de intentos fallidos de politización del caso. Puso a prueba la capacidad de las entidades nacionales para facilitar la canalización legal de las denuncias y el apoyo a las denunciantes.

Lo que podría ser una verdadera “prueba de fuego” coincidió con la ya tradicional jornada por los 16 Días de Activismo (25 de noviembre-10 de diciembre). Los espacios, realizados de manera presencial y virtual en varias provincias, priorizaron la presentación de investigaciones y el análisis de desafíos.

Entre otras acciones destacó la IV Reunión de Investigadores/as sobre la violencia basada en género y la creación del capítulo cubano de la “Red regional de estudios sobre la violencia basada en género en el Caribe insular” (RREVG), que tuvo entre sus primeros resultados la organización del I Taller Nacional Virtual “Dialogando desde los territorios en torno a la violencia basada en género”.

Como un hito importante en la respuesta nacional, y con no pocos retos para su implementación, fue publicada el 9 de diciembre en la Gaceta Oficial la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar, que en ausencia de una ley integral aparece como norma vinculante para las entidades involucradas en su cumplimiento.

Acciones en el ámbito jurídico se prevén también en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) – decreto presidencial del 8 de marzo de 2021-, incluida la transversalización de género en las nuevas normas. Así, tanto la Ley de Proceso Penal como el Código de Procesos incluyeron la violencia de género de forma explícita.

La mayor protección legal a las víctimas se acompaña de una Guía teórico-práctica de aplicación del enfoque de género y prevención de la violencia en el ámbito jurídico, de una propuesta de estrategia de género para este sector, así como de los esfuerzos para lograr la capacitación de los recursos humanos para la implementación de protocolos de atención en sectores clave como la policía y salud pública.

EEn el ámbito de las investigaciones nacionales, trascendieron los hallazgos de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS 2019) sobre la inseguridad que sienten las cubanas al salir solas de noche; la actualización del estudio de imaginarios en adolescentes y jóvenes que sirvió de base para la campaña Evoluciona y los resultados de un monitoreo de medios de comunicación realizado entre 2019 y 2020.

Mientras las plataformas independientes #YoSíTeCreo y Alas Tensasdocumentaban la ocurrencia de 36 femicidios en 2021, la Federación de Mujeres Cubanas anunciaba la creación de un Observatorio de Género que, entre otros datos, incluirá los registros actualizados de muertes de mujeres por razón de género.

Racialidad: revisitando decenio afrodescendiente
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El rapero, estilista y emprendedor Roberto Álvarez lidera varios proyectos socioculturales por la igualdad racial y la no violencia.

Con un activismo que trascendió las fronteras nacionales y colocó el tema de la discriminación racial en no pocos espacios del debate nacional, la profesora Rosa Campoalegre cerró 2021 con un llamado a relanzar el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) y rescatar el programa de Durban.

Segura de que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no se puede cumplir sin atender de manera diferenciada y prioritaria la situación de los pueblos afrodescendientes, la coordinadora de la Cátedra de Estudios Afrodescendientes Nelson Mandela del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) articuló esfuerzos por una mayor visualización de las personas negras y mestizas en Cuba.

Entre las acciones de impacto desarrolladas por la cátedra estuvo la jornada que enlazó las celebraciones del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y del Día Mundial de lucha contra el racismo (21 de marzo), la creación del Núcleo de Estudios Afrofeministas y la aparición de los dos primeros números del boletín digital Cub@fro

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La Cátedra aspira a estimular los procesos de formación y discusión de conocimientos sobre las afrodescendencias, para en un segundo momento pasar a la investigación. Imagen tomada de la página de Rosa Campoalegre en Facebook

Mientras siguieron multiplicándose las iniciativas antirraciales e identitarias, el mayor aporte de los esfuerzos liderados por Campoalegre podría estar en la inserción de la racialidad en espacios diversos de incidencia a nivel nacional, en articulación con otros temas de la agenda pública como los cuidados y la violencia de género.

Durante 2021 se conoció también de la inclusión del Programa Nacional contra el racismo y la discriminación racial en el macroprograma 6 de Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social del gobierno cubano, así como de la creación el 15 de julio – de manera simultánea en todo el país- de las comisiones provinciales para el trabajo a nivel territorial con “acciones, indicadores y metas concretas”.

Aunque no se han brindado detalles exactos de la labor que se pretende realizar bajo la responsabilidad de los gobiernos locales, la prioridad otorgada a un tema silenciado durante décadas ya es en sí mismo un paso de avance. En ese camino, destaca el reconocimiento de brechas raciales en el primer informe voluntario de Cuba sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (2021).

Al atribuir las desigualdades a “patrones culturales aún no superados y condiciones de partida” para la realización de proyectos de vida de personas negras o mestizas distintos a los de personas blancas, el documento oficial ejemplifica en nota al pie con “algunos de los elementos identificados en el diagnóstico”:

  • Insuficiente toma de conciencia acerca del arrastre de prejuicios y percepciones distorsionadas sobre la realidad de la etnología cubana.
  • La persistencia de patrones históricamente heredados que gravitan sobre la psicología social con efectos duraderos y latentes.
  • Las distorsiones del prejuicio racial en el mercado laboral.
  • Las desventajas históricamente acumuladas asociadas al origen étnico y el color de la piel, traducidas en asimetrías económicas y sociales y vulnerabilidades.

Mientras la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Cuba siguió realizando aportes en la investigación sobre las condiciones de vida de las personas afrodescendientes en el país, siguió en aumento la visibilidad de diversos proyectos antirracistas y en defensa de la identidad afro.

Entre múltiples iniciativas y emprendimientos aparecen Lo llevamos rizo, El Club del Espendrú, Afrocubanas. La Revista, BarbarAs Power, Barbers Streets Cuban Hip Hop c4, AfroStetica, Azabache, Turban Queen, Afrodiverso, Afroarte, AfroStetica, Beyond Roots, Mi rinconcito, MasKlasic, Oshun So Confecciones y Wenilere Cardenense.

Otros espacios, otros debates
Animalistas celebran la aprobación de la ley de Bienestar Animal, mientras se mantienen insatisfacciones por la ausencia de mecanismos para su implementación, vacíos legislativos y las medidas poco severas contra maltratadores. Imagen tomada de la página en Facebook de CEDA

La reforma legal en curso se mantuvo en el centro del debate público y generó la creación de espacios e iniciativas a favor o en contra de proyectos y anteproyectos e, incluso, de las normas que van apareciendo. Tal fue el caso de la polémica que sucedió a la publicación en agosto de los decretos-ley 35 y 41 para las telecomunicaciones y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

La inclusión de las personas discapacitadas en el desarrollo, la defensa de los derechos de la población mayor de 60 años y su protección de la violencia, el matrimonio infantil y el embarazo a edades tempranas, ocuparon entre otros temas la atención de no pocas iniciativas y grupos, incluidas las tendencias o movimientos más visibles.

Feministas aumentan visibilidad y articulan espacios: en un año marcado por el intenso debate alrededor del Código de las Familias y ataques a la mal llamada “ideología de género”, aumentó significativamente el número de activistas, especialistas y personalidades que se reconocen feministas.

Grupos, iniciativas y proyectos, autoproclamados feministas, pueblan el universo digital y social, se insertan en los más diversos temas del debate público y múltiples causas a favor de los derechos de todas las personas, sin que eso signifique que pueda hablarse de un movimiento articulado a nivel de país.

Para la feminista Zaida Capote Cruz, se necesitan “acciones colectivas y visibles”, así como impulsar una agenda feminista nacional que promueva un debate público amplio sobre la condición de las mujeres o la diseminación de una ideología conservadora sobre el lugar que ocupan en la familia y la sociedad.

En entrevista con la periodista Liriams Gordillo, la ensayista consideró que existe “una reticencia muy profunda a tener una discusión “abierta” sobre serios problemas como las agresiones sexistas, el empobrecimiento y el regreso de muchas mujeres a lo doméstico, la discriminación racial, la salud y el envejecimiento saludable.

Reconocimiento social de los cuidados: el fortalecimiento desde inicios del 2021 de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados, bajo la coordinación de la socióloga Magela Romero, visualizó como nunca antes la necesidad del reconocimiento y valoración de los cuidados y el fomento de la corresponsabilidad al interior de la familia y a nivel de la sociedad.

La ofensiva llegó a las redes sociales en marzo a través de una serie de postales, ilustraciones e infografías realizadas de manera conjunta por la Universidad de la Habana, la Federación de Mujeres Cubanas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Fundación Friedrich Ebert.

Además de colocar el tema en diversos espacios de intercambio e incidencia y socializar los resultados de estudios especializados, la red contribuyó a la elaboración del proyecto «Trabajo no Remunerado», aprobado el 1 de diciembre por el Consejo de Ministros como parte del Programa Nacional Trabajo Digno.

Presentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la iniciativa incluye la medición del aporte del trabajo no remunerado al producto interno bruto; la capacitación a personas cuidadoras; la certificación de quienes prestan estos servicios; el diseño de nuevos servicios y la revitalización de los existentes; e incentivos para quienes desarrollen estas iniciativas.

Ley de Bienestar Animal aún insuficiente: demandado por más de 30 años y muy celebrado por el movimiento animalista en el momento de su aprobación, en febrero de 2021, el Decreto-Ley 31 de Bienestar Animal regula la responsabilidad de personas naturales y jurídicas y, entre otras novedades, establece la creación regulada de entidades y centros para la atención y acogida de animales abandonados.

Sin embargo, hacia finales del año emergían las denuncias de actos graves de maltrato animal y las preocupaciones por las insuficientes medidas y el bajo monto de las multas previstas para estos casos. Ante las crueldades crecientes, aumenta el reclamo de incluir el zoocidio y el maltrato animal extremo como delitos en la reforma en curso del Código Penal.

Asimismo, se mantenía la insatisfacción por la aprobación legal de las lidias de gallos que organiza el Grupo Empresarial de Flora y Fauna y la ausencia de respuestas a viejas demandas: eliminación del uso de animales en circos; prohibición de la caza deportiva y regulación del sacrificio de animales por motivos religiosos para que este transcurra de forma humanitaria.

Agroecología, reciclaje y emprendimientos ecosostenibles se multiplican: con propuestas en redes sociales como el Grupo de Agricultura Ecológica y la página Valor agroecológico agregado, 2021 se caracterizó por el impacto de proyectos como Redes Irma que, con presencia en cinco municipios cubanos, impulsó el conocimiento agroecológico para la resiliencia ante el cambio climático.

Las iniciativas ciudadanas que en las últimas décadas han apostado por la limpieza de las costas, la denuncia de la tala indiscriminada de árboles en las ciudades y la regulación de los transgénicos, se amplían ahora hacia el universo de los emprendimientos ecosostenibles, con fuerte presencia de mujeres y personas jóvenes.

Un momento de especial visibilidad fue la feria Reciclatón Cuba #01, organizada de conjunto por el negocio privado CicloEcopapel y la iniciativa La Mina de la Embajada Rebirth/Tercer Paraíso Cuba. Unos 25 emprendimientos y activistas que visibilizan el valor social y económico del reciclaje en sus diversas variantes participaron en el espacio que promovió una visión holística del reciclado.

 

2022: otro año difícil

Con la variante Omicrón haciendo de las suyas, el año 2022 se inició en Cuba con muestras evidentes de cansancio o fatiga pandémica. En la medida en que disminuyen los casos graves y se lamentan menos muertes, la población deja a un lado prevenciones y empieza a sustituir el saludo a distancia con el abrazo.

Mientras se mantienen las tensiones por el alza constante de los precios y el descontento con la proliferación de tiendas y servicios en divisa, la propuesta del Código de las Familias sigue en el centro de los debates ciudadanos que acompañan la ya iniciada consulta popular previa al referéndum.

¿Qué pasará con los derechos consagrados en la Constitución del 2019 de no ser aprobado el proyecto? La pregunta flota en el aire en la medida en que se acerca el momento definitorio. (2022)

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