CIUDAD DE MÉXICO.- El 24 de septiembre de 2020, el doctor y residente en Neurocirugía Alexander Raúl Pupo llegó al Hospital Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna, en Las Tunas, para entrevistarse con el comité de ética encargado de evaluar su “caso”. Desde hacía meses, Pupo estaba en la mira de los “ideólogos” del centro por sus publicaciones en redes sociales con críticas a la realidad cubana. Ese día analizaron si alguien como él, buen profesional pero que se expresaba abiertamente, merecía cursar una especialización.
Allí estuvo presente la representante del sindicato del centro junto a otros dos trabajadores, mientras eran juzgadas las publicaciones de Pupo. Sin embargo, la sindicalista nada dijo o hizo en defensa del galeno que terminó siendo separado de su especialidad.
“Yo nunca esperé nada del Sindicato. Incluso esta no fue mi primera experiencia negativa con ellos”, explica Pupo. “Esa organización está pensada en Cuba para defender a los centros laborales que son propiedad del estado, no a los trabajadores. Creer que apoyarán al empleado es una fantasía, sobre todo si los problemas de ese empleado son políticos”.
Alexander Figueredo, Anamely Ramos, Manuel Guerra, Edel Carrero, Elvisley González, Hamet Fajardo, Omara Ruiz, David Alejandro Martínez son ciudadanos cubanos expulsados de sus empleos, al igual que Pupo, por motivos ideológicos. En ninguno de estos casos los sindicatos de sus centros interfirieron a su favor.
La separación definitiva, como reprimenda al disenso, es una de las principales violaciones de los derechos laborales en Cuba. A ello se suma que los trabajadores cubanos no pueden ir a huelga ni hacer negociaciones colectivas, y se persigue y hostiga a sindicalistas independientes. Además, el gobierno confirió a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) el monopolio sobre los sindicatos. Asociarse de modo independiente es imposible. El primer mandamiento para esta organización, desde el X Congreso en 1959, ha sido tomar partido activamente por la institución y no el empleado, incluso en casos administrativos. En los que tienen matices ideológicos es impensable que se posicionen contra el gobierno, incluso cuando sus acciones afecten a los sindicalistas.
En 2010 y 2011, por ejemplo, la CTC apoyó los despidos laborales en todo el país. Su declaración oficial fue: “Nuestro Estado no puede ni debe continuar manteniendo empresas, entidades productivas, de servicios y presupuestadas con plantillas infladas, y pérdidas que lastran la economía”. Las más de 500 mil familias afectadas con las medidas no importaron para la organización. El semanario Trabajadores, órgano de divulgación de la institución, acompañó la ola masiva de despidos con odas y eufemismos, llamando “disponibles” a las personas desempleadas.
Una revisión de los documentos y actas de los Congresos de la CTC en las últimas décadas denotan que la prioridad es y ha sido responder a los intereses del Estado. Demandas concretas de los trabajadores y planes para alcanzarlas no figuran. Pese a que los empleados padecen bajos salarios, precarias condiciones laborales y no pueden contratarse de modo independiente con empresas extranjeras o el exterior.
Hoy existen en Cuba 19 sindicatos nacionales que son parte de la Central de Trabajadores de Cuba. En cada centro en el que laboren más de 5 personas puede existir una sección sindical, pero siempre como una extensión de la CTC, nunca autónoma.
Más del 90 por ciento de los trabajadores cubanos están sindicalizados de esta manera. Sin embargo, su participación se reduce a ser miembro nominal, participar en las convocatorias y pagar la cotización; a cambio acreditarán su buen comportamiento. Aunque el ingreso a sus filas es voluntario, este es un requisito no escrito pero esencial para ascender laboralmente. Y en el caso de los empleados que desean contratarse en el exterior con mediación del estado, las llamadas misiones, una carta del sindicato es elemental para que se apruebe su “idoneidad”.
Violación de estándares internacionales y represión
Cuba ha firmado los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo que protegen el derecho a gozar de condiciones de empleo y remuneración satisfactoria para los trabajadores y sus familiares, la libre sindicación, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. “Todo ello se viola en la isla flagrantemente”, opina Iván Hernández Carrillo, presidente de la Asociación de Sindicalistas Independientes Cubanos (ASIC).
Por ejemplo, el texto “Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación” define que: “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones”. Además, establece que los estados miembros “están obligados a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación”. Cuba es estado fundador y parte.
Sin embargo, Carrillo explica que a la organización que dirige no le permiten personalidad jurídica. La respuesta oficial no solo ha sido prohibir el funcionamiento de la ASIC sino también hostigar a sus miembros.
Un reporte de dicha organización sistematiza que los riesgos que enfrentan sus miembros van desde las restricciones de movimiento dentro de la isla y de viajes al exterior, allanamiento de sus viviendas y decomiso de pertenencias; hasta arrestos arbitrarios, procesos judiciales y persecución.
Los miembros de la ASIC William Esmérido Cruz Delgado y Alexey Rodríguez Martínez fueron condenados por los supuestos delitos de desacato y desorden público, en represalia a su labor autónoma. Mientras que su director, Iván Hernández Carrillo, preso de conciencia del Grupo de los 75 de la Primavera Negra de Cuba, es sistemáticamente hostigado por la policía política.
Antes de 1959 en Cuba había una larga tradición de sindicalismo. En 1925 se creó la Confederación Obrera de Cuba, imprescindible para contar las huelgas contra Gerardo Machado en los años 30. Luego, la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), fundada en enero de 1939, impulsó la Constitución del 40 y recogió en la Carta Magna derechos como la jornada máxima de ocho horas y las semanas de 44 horas, el salario mínimo, el derecho a la huelga y el descanso retribuido. Por esos años, Cuba llegó a tener una de las organizaciones de este tipo más grandes de la región.
Cuando la CTC fue absorbida por el gobierno en el poder, fue perdiendo poco a poco su autonomía y esencia hasta convertirse en un apéndice del Partido que aprueba a los dirigentes sindicales. La CTC no funge como un apoyo a los trabajadores, pero sí es un eficiente aparato gubernamental para el control y vigilancia.
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