CIUDAD DE MÉXICO. – El precio de cinco candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19 han sido miles de muertes evitables en la Isla. Hasta ahora, y luego de dos años de pandemia y aplicación de estas “vacunas” a la población, ninguna ha sido certificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La dilación para presentar la documentación necesaria parece deberse a que los protocolos sanitarios y los ensayos clínicos pertinentes no se aplicaron según los estándares internacionales. Solo la documentación correspondiente a la “vacuna” Abdala será presentada este mes ante la OMS, según el Gobierno.
Todavía las autoridades cubanas no han publicado el Anuario Estadístico de 2021, pero en ese registro deberían aparecer los efectos trágicos de una política sanitaria errática.
Por una parte, las inversiones del presupuesto que más crecieron en 2020 y hasta junio de 2021 son las dedicadas a los servicios empresariales, la actividad inmobiliaria y el alquiler (un 45.6% en el 2020 y un 45.5% en el 2021). Mientras, en el mismo período se dedicó a la Salud Pública y la Asistencia Social un 0.9%, en el 2020, y un 0.8%, de enero a junio del 2021.
El estado de indigencia de los hospitales, la ausencia de insumos médicos, medicinas y ambulancias ―una realidad que se mantiene hasta hoy― no justifican que se privilegie un renglón como la construcción de hoteles por encima de la vida y la sobrevivencia cotidiana de más de 11 millones de habitantes.
Por otra parte, la dirigencia del país ha resaltado que todos los recursos dedicados a la Salud Pública se habían concentrado en la producción de los cinco candidatos vacunales. Esta política errática de dirección de los recursos ha producido muchas muertes evitables y un sufrimiento suplementario a las familias cubanas, muestra de un menosprecio de la dirección del país hacia las condiciones de vida mínima de la población en medio de la pandemia mundial de COVID-19.
Durante el segundo semestre de 2021, los hospitales cubanos carecieron de oxígeno medicinal por tres meses consecutivos, y durante el mismo período desaparecieron las pruebas de PCR.
Numerosos médicos, enfermeros y ciudadanos denunciaron en las redes sociales el colapso de los hospitales así como muertes acaecidas en los pasillos de los hospitales o en casas propias de personas que no habían podido acceder a la atención médica por la falta de ambulancias, la escasez de medicamentos para las enfermedades crónicas, así como de antibióticos y medicinas elementales para aliviar el dolor.
Este desvío de recursos al margen de la ciudadanía parece ser un estilo de dirección errático que se repite. El dictador Fidel Castro desvió todos los recursos del país para lograr la zafra azucarera de 1970, luego de la cual el país quedó paralizado y con una crisis nacional que hoy calificaría como crisis humanitaria. El desvío de los pocos recursos que se dedican a la Salud Pública hacia la creación de los cinco candidatos vacunales tiene hoy similares consecuencia de crisis humanitaria, que nada tiene que ver con el embargo y la falta de recursos, sino con los intereses de quienes se benefician de la inversión estatal, en este caso el consorcio militar GAESA, que monopoliza la construcción de hoteles para el turismo extranjero.
Lo que ha demostrado esta crisis de la COVID-19 en Cuba es que la cobertura universal de salud y educación no garantizan los derechos sustantivos de los cubanos a esos servicios. Una cobertura territorial no implica que los derechos a la salud y la educación, dos pilares de la propaganda oficial cubana, sean de acceso real ni que cuenten con la mínima infraestructura necesaria para ser derechos adquiridos por los cubanos.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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