LA HABANA, Cuba. – La piel de Eddys Arias Batista tiene un matiz diferente. Con orgullo describe que está “bronca”, o sea, curtida por el sol de las canteras del occidente de la Isla. Las callosidades de sus manos también dan cuenta de sus 10 años al servicio de la Unidad Empresarial Básica (UEB) Occidente, perteneciente a la Empresa de Servicio Minero Geológico EXPLOMAT.
Según explica, nadie le anima o paga por denunciar los malos manejos de la dirección de la empresa. A cuatro años de alcanzar la edad de jubilación, lo mueve la necesidad de recuperar su empleo y percibir el pago retroactivo del salario correspondiente a los meses en que fue privado de trabajar, conforme a lo dictado por el Órgano de Justicia Laboral de Base.
“También quiero pedir que se limpie mi nombre, pido justicia contra ese déspota corrupto que se hace llamar ‘director’. Me mandó para la calle así como así y dice que no voy a regresar porque no le da la gana, aunque haya ganado la apelación”, contó a CubaNet Arias Batista.
La UEB Occidente de EXPLOMAT pertenece al Ministerio de la Construcción (MICONS) y radica en el Polvorín de Mayabeque, municipio Bejucal. Brinda servicios de barrenación, voladuras, fragmentación, desarrollo minero, topografía y almacenamiento de explosivos a otras empresas a lo largo del país. Además, aporta el rajón en metros cúbicos para las canteras de producción de áridos y otros materiales de la construcción.
En la legislación laboral cubana se prohíben los despidos súbitos, sin argumentos probatorios. Sin embargo, el 3 de octubre de 2020 Ramón Hernández Ávalo, director general de EXPLOMAT, arguyó que Arias Batista robaba combustible del camión que conducía y ordenó el cese inmediato de su contrato de trabajo. La plaza que ocupaba funcionaba por turnos, y el día del despido el afectado se encontraba de asueto.
La jornada quedó marcada por el despido masivo de otros ocho trabajadores que junto a Arias Batista laboraban en el Proyecto Mariel. A priori, una de las primeras contradicciones fue que Hernández Ávalo nunca pidió sancionar al segundo conductor del camión.
“El faltante se lo descubrieron a él, en su turno, pero me despidieron a mí junto a los demás incómodos”, dijo el entrevistado, refiriéndose a que los trabajadores despedidos desde hace años pedían mejores condiciones de trabajo a la dirección general. En 2019 formaron parte de los 58 empleados firmantes de una misiva enviada al Consejo de Estado para solicitar, entre otras cuestiones, una auditoría a la empresa.
El proceso de apelación comenzó en enero de 2021. La sección sindical se mostró evasiva en su supuesto deber de prestar asesoría legal a un afiliado, tanto para la confección y emisión del documento de reclamación como para exigir y recoger el veredicto del órgano de justicia. La sensación de Arias Batista es que existió alguna coordinación entre el Sindicato y el departamento de Recursos Humanos para hacer efectivo su despido.
Finalmente, tras nueve meses de espera, fue informado que el Órgano de Justicia Laboral de Base había dictado una sanción de tres meses de separación laboral, alegando que el día en cuestión no había llenado la hoja de ruta del camión. La resolución, de carácter irrevocable, indicaba la devolución de la plaza una vez cumplido el plazo de castigo.
“No hay ningún reglamento que diga que debo llenar la hoja de ruta el día de descanso. Es verdad que era el jefe del carro, pero es ilógico que la llene si no voy a manejar. ¿Y si pasa algo ese día, y si ocurre un robo o un accidente? Tendría que pagar por algo que no me corresponde”, explicó.
En busca de justicia
Aun en desacuerdo, Arias Batista decidió aceptar la sanción con la perspectiva de retornar a su antiguo trabajo. Sobre todo porque los tres meses de castigo se habían cumplido seis meses antes de que recibiera la notificación del Órgano de Justicia.
El Código de Trabajo de la República, en su artículo 44, refiere que la suspensión de la relación de trabajo se produce cuando por disposición legal, medida disciplinaria impuesta por autoridad competente o fuerza mayor, el trabajador no puede realizar la labor para la cual ha sido contratado.
En el segundo párrafo aclara que durante la suspensión de la relación de trabajo se interrumpen temporalmente algunos de los efectos del contrato, sin que por ello desaparezca el vínculo laboral entre las partes.
Por último, concluye que dicha relación se reanuda cuando el trabajador se reincorpora a su labor, por cesar la causa que dio origen a su suspensión, y se mantienen las condiciones de trabajo anterior a esta.
A pesar de la resolución a su favor, el director de la UEB Occidente, Ronaldo Matos Pelier, reiteró a Arias Batista la decisión de Hernández Ávalo de no restituirlo ni pagar la remuneración del salario atrasado. La plaza en disputa fue otorgada por contratación fija a un nuevo obrero.
No obstante, los nuevos reclamos de Arias Batista obligaron al departamento de Recursos Humanos a brindarle una opción de compensación: cobrar desde casa un primer mes de salario al 100% y otros tres al 60%, para luego firmar voluntariamente la baja laboral.
“No quise. Tienen que reintegrarme la plaza y pagarme lo que me deben. El director [Matos Pelier] dice que es imposible pagarme el salario retroactivo porque la empresa debe 7 millones de pesos”, refiere el entrevistado, quien explica además que entonces le extendieron una segunda oferta consistente en un cambio de plantilla, de conductor a agente de Seguridad y Protección.
El artículo 42 del Código de Trabajo, en su segundo párrafo, establece que cuando se modifican por parte de la entidad las condiciones establecidas en el contrato, esta se encuentra obligada a mostrar los fundamentos de su decisión. Si el trabajador no está de acuerdo puede no suscribir el suplemento y presentar reclamación ante el Órgano de Justicia Laboral que corresponda.
“Yo no hago guardia para nadie; además sería darles la razón y perder el veredicto favorable de la apelación”, apunta Arias Batista.
Ante las reiteradas violaciones de lo dispuesto por el Órgano de Justicia, así como sus vacilaciones para hacer valer la sentencia y la displicencia del Sindicato, el trabajador acudió a la Fiscalía de Bejucal para interponer una denuncia contra Hernández Ávalo por difamación, tráfico de influencias y abuso de poder. Dicha acción la emprendió en representación de otros cuatro trabajadores despedidos.
“No quisieron aceptar la denuncia, de ninguna manera. Lo más llamativo es que me percaté de que conocían el caso; me trataron como a un delincuente, como si ya supieran algo, como si el acusado fuera yo. Me dijeron que, si quería, fuera a hacer la denuncia a Artemisa, pero se estaban riendo como si supieran que también iba a ir por gusto”, comentó.
En consecuencia, hace 15 meses que Arias Batista permanece desempleado. Se gana la vida reparando fosforeras a domicilio, sin una licencia operativa. Sabe que de un momento a otro puede ser descubierto y multado, pero la responsabilidad de tener que conseguir el plato de comida para su esposa, hija y nieta lo obliga a la odisea diaria de jugar al gato y el ratón con los inspectores.
“Tengo fe en que alguien bien arriba, donde el director no pueda meter las manos, escuche de mi caso y haga justicia. Mi único deseo es jubilarme y tener una vejez medianamente tranquila. Me lo merezco, tengo más de 25 años trabajando para el Gobierno sin una sola mancha. No es justo que todo termine así; ya no sé a dónde más recurrir”, lamentó.
Trabajadores critican el funcionamiento de la empresa
Son varios los trabajadores que, al igual que Arias Batista, se quejan de los malos manejos de la dirección de la empresa y su reticencia para resolver los planteamientos del colectivo.
Alfredo Oliva Pérez, miembro de la Brigada de Voladura, se queja de la disminución de la producción por factores concernientes a la entidad, como la reparación de los equipos, la transportación de los obreros y la distribución de combustible en el terreno, entre otros motivos. La disminución de la producción repercute de manera directa en los ingresos de los trabajadores.
“Hay falta de control y sistematicidad por parte de la dirección, que no supervisa el trabajo de los barreneros antes de las voladuras y luego desconoce el volumen real de las facturas. Tiene que aceptar lo que determinen los técnicos de las canteras, lo que trae consigo que se pierdan metros, dinero y explosivos. Hace un tiempo se producían 300 metros cúbicos al día, pero ahora malamente podemos llegar a 80 y estamos hablando de materiales de la construcción, que en estos tiempos están perdidos”, acotó Oliva.
Durante mucho tiempo se han acumulado sobre la mesa señalamientos por los continuos retrasos en el pago de los salarios, el cual se consuma después del día 15 e incluso del 20, cuando debía efectuarse los días 10 de cada mes. Según Oliva, el problema es de dominio del Sindicato a nivel municipal, provincial y del secretario nacional del MICONS.
“La defensa es que la empresa está en números rojos ―explica Oliva― y que le debe un quilo a cada virgen y un peso a cada santo. No piensan en que la gente trabaja porque necesita el dinero, y más ahora que los precios andan por el cielo”.
Por su parte, Alfonso Martínez Pérez enumeró varias violaciones a las normas de seguridad en la UEB: áreas enyerbadas, ausencia de una pipa de agua para extinguir un posible incendio, falta de comunicación con el mundo exterior para alertar en caso de incendio, de una actividad delictiva o de un accidente laboral.
“Con una chispa, con la seca que hay, coge candela todo. En lo que se logra avisar a los bomberos, puedes estar seguro que revienta el polvorín y desaparece La Habana entera con la mitad de Mayabeque”, apuntó Martínez. “Estamos cansados de reclamar por la mala calidad de las calles que conducen a la empresa, porque por ahí transitan camiones cargados de explosivos y en cualquier momento se vuelca uno. El desastre va a ser bíblico”.
Del mismo modo, los trabajadores destacan la falta de condiciones en que viven los albergados, quienes no tienen acceso a una alimentación adecuada y recurrentemente se quejan de no recibir las dietas estipuladas. Además, no cuentan con agua para el aseo personal y deben bañarse a la intemperie.
“Todavía estamos pagando una factura por la supuesta compra de materiales de la construcción para la reparación de las instalaciones. Y por aquí nunca pasó una bolsa de cemento, ni se ha reparado nada, pero el dinero desapareció como por arte de magia y se está reponiendo con el sudor de nuestro trabajo”, dijo Miguel Quintana Ávila, quien recuerda que en 2020 los trabajadores del área productiva tuvieron que generar un fondo de 30 000 pesos destinados a la contratación de un mecánico particular, para la reparación de una camioneta asignada al director general de la empresa.
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