Por Aries M. Cañellas Cabrera y Ernesto Cañellas Hernández
El 24 de febrero de 1895 marca la fecha que agrietó, definitivamente, el nexo político que ejercía España sobre Cuba. Tras cuatrocientos años de dominación, La Siempre Fiel ponía nuevamente las armas de por medio para solventar la tensa situación económica, política y social en que estaba envuelta.
En la percepción tradicional de la historia prima un enfoque unilateral, que asume la guerra como una sorpresa para el gobierno colonial. Sin embargo, el alzamiento de los Sartorius en Cienfuegos —casi coincidente con el viaje de los infantes españoles en 1893—, el fracaso del Plan de la Fernandina y la penetración de la inteligencia española en las filas revolucionarias; mantenían alerta y en tensión a la Capitanía de la Isla. Incluso, el general Polavieja, desde su retiro, lanzó en julio de 1894 la advertencia de que en Cuba no se había dejado de conspirar nunca.
El caso de Cuba ¿política interna española o política internacional?
Las reivindicaciones de los cubanos eran extensibles a la situación de muchos españoles en la Península: bajos sueldos, una infraestructura atrasada, problemas sanitarios y sociales que asfixiaban a las clases bajas de la sociedad. Además de las contradicciones en el seno de la clase política, que enquistaban decisiones primordiales para la modernización del país, diferencias que se verían agravadas al finalizar la contienda bélica.
Sobre el fenómeno cubano se ejercían otros puntos de presión. El más evidente era la penetración norteamericana, primero económica y luego con pretensiones políticas.
Desde un ala del senado español se identificó esta postura norteamericana como un «conflicto internacional». Para contener los cantos de sirena norteños, los liberales propusieron medidas dinámicas cercanas a la autonomía, y sumar a la negociación a potencias europeas —Francia, Reino Unido y Países Bajos—, con intereses en el área del Caribe. No obstante el canovismo, sustentado por los integristas de la Gran Antilla, frenó cualquier flexibilidad del monopolio político-económico insular: «Cuba es española, no se negocia y punto».
La progresiva apertura a lo anglosajón —en general—, y a lo norteamericano —en particular—, dentro de la actualidad cubana, fue percibida como un peligro por algunos sectores, más conservadores y cercanos al poder colonial. Mientras, otros consideraban al gigante del norte como símbolo del progreso y la modernidad americana.
Solo algunas figuras públicas, marcadamente independentistas, se mostraban opuestas a la preponderancia que iba conquistando lo anglosajón en la Isla. Reconocían que la identidad cubana, por su conformación, tenía una base española, pero deseaba desprenderse del tutelaje al que la Metrópoli la sometía y le era imperativo obrar como nación independiente.
Estas preocupaciones están presentes en el ideario martiano, que reconoce el peligro latente dentro de la sociedad cubana —y de otras naciones del continente—, que se bamboleaba hacia extremos apasionados sin identificar un proyecto soberano de nación, difícilmente realizable sin el apoyo de una potencia exterior (1) como resultará al final de la guerra.
José Martí, la Guerra Necesaria y el desastre del 98
Si estas preocupaciones políticas, y sus repercusiones externas al límite geográfico cubano, persistían en el bando mambí antes del 24 de febrero de 1895, ¿era posible que el poder español desconociera la conspiración cubana y las intenciones norteamericanas?
No, la realidad demuestra que el sistema de espionaje y contrainteligencia español era eficiente, no así la burocracia oficial. El control que se ejerció sobre las acciones de los caudillos cubanos en Costa Rica, Jamaica, Santo Domingo y Nueva York, quedaba registrado con sorprendente profusión de detalles en los informes enviados a Madrid.
Entonces, ¿por qué el liberal Sagasta no actuó antes de la inminente sublevación?, ¿se permitió esta para realizar el mayor despliegue militar que cruzó el Atlántico, cuyos fines iban más allá de la propia Cuba? ¿Un hipotético nuevo conflicto bélico podría salvar a un imperio en decadencia, que había vivido en menos de un siglo varios de ellos?
La supuesta desidia de Sagasta supuso el cese de su mando frente al Consejo de Ministros —reemplazado por Cánovas, más cercano a la política de mano dura y con el respaldo del mando militar. Sin embargo, la situación política española y su débil condición de «imperio allende los mares» estaba echada, la falta de un proyecto de nación sólido en la Península era la causa real.
No se deben desconocer en el tema cubano los puntos de control e influencia que ejercían las élites económicas del País Vasco y, sobre todo, la burguesía catalana. El complejo entramado político insular se extendía, además, por el convulso hilo que unió a los Capitanes Generales con las élites del gobierno central desde los tiempos de Tacón —sustentado con botellas, prebendas, y todo tipo de negocios turbios que enriquecieron a un sector privilegiado.
Por desgracia para los intereses coloniales, el caso cubano no se detenía ahí, pues el tinglado de patriotismo plañidero, que reivindicaba la unidad nacional desde el interés de su bolsillo, estaba matizado por la base monárquica criolla, que había sido clave en la restauración de la monarquía borbónica. Entre los intereses concretos de los políticos y militares de un lado y otro del Atlántico, estaba involucrada la no menos poderosa compañía de Antonio López (posteriormente Compañía Transatlántica S.A), que movía todo lo relacionado con la guerra, incluyendo soldados, oficiales, pertrechos y familiares.
Con tantas manos, tantos jefes y tantas pretensiones políticas que defender; la respuesta a las reivindicaciones cubanas solo podría ser de carácter militar: la guerra beneficiaba a todos los elementos enumerados.
En Cuba se defendió, más que la permanencia del estatus de isla-española, el propio modelo colonial, con su monarquía, sus círculos de poder y el sui generis sistema de alternancia canovista. Para ello, el gobierno central no se detuvo a pensar en la conveniencia de enviar cerca de 220 mil hombres hacia la Isla entre los años 1895-1898, una cifra que desde 1868 arroja un total que supera el medio millón de soldados. A finales del año 1900 la población española apenas superaba los dieciocho millones de habitantes. El porcentaje de recursos humanos usados para mantener una Cuba española muestra la verdadera importancia de la isla para el sistema político peninsular.
Los costes económicos que suponía mantener la guerra de desgaste planteada por los mambises, las protestas que levantó el servicio militar obligatorio y el sistema de quintas, junto con la entrada norteamericana en el conflicto, hicieron insostenibles la guerra de Ultramar (Cuba y Filipinas) y el propio sistema de gobierno.
La nación española sufrió por Cuba. Fueron tres años de penurias para la clase pobre peninsular, que además de perder a muchos de sus jóvenes (con edades entre veintiuno y treinta y cinco años), debió sostener en gran medida las necesidades básicas de la colonia, totalmente incapaz de hacerse cargo con los fondos de Hacienda de los cuantiosos gastos que supuso el conflicto.
Historiadores más optimistas matizan sobre el desastre del 98, cuando plantean que «se perdió Cuba, pero se ganó España». La realidad demuestra que los conflictos que generó la guerra cubana siguen latentes, en el eterno enfrentamiento que sostienen los piquetes anárquicos y los movimientos independentistas vasco y catalán, con los legisladores del resto del reino.
La guerra de Cuba, ¿causa o excepción?
El fin del siglo XIX español quedó sellado aquel 24 de febrero de 1895, aunque no fue consumado técnicamente hasta el 3 de julio de 1898 y finalmente suscrito el 10 de diciembre de ese año con la firma del Tratado de París. Se dejaba al otrora orgulloso «imperio monárquico» con una deuda de más de 40 mil millones de pesetas y más de 100 mil muertos a sus espaldas. Y lo peor, con el sentimiento de fracaso y agotamiento del sistema.
La guerra de Cuba sigue siendo uno de los episodios de mayor conflicto en la historiografía española. Su pérdida es ampliamente analizada en la prensa peninsular, antes, durante y después de 1898. Si existía cierto optimismo hasta enero de ese año, con la entrada en vigor de la autonomía —más amplia de la que había exigido desde la década anterior por el partido reformista cubano—, los corresponsales en el terreno marcaban el ambiente abiertamente separatista que emanara tras las políticas de Weyler, eficientes en el campo militar pero terribles para la sociedad y la política.
La prensa española sentenció: «hemos lanzado a la guerra a los pacíficos» y quedó impreso el espíritu derrotista que la propia infanta Eulalia de Borbón, única integrante de la familia real que pisó tierra cubana en visita oficial, reseñó en sus memorias años después: «La revolución latía en la entraña cubana, aunque he de reconocer que en mis siete días de estancia (mayo de 1893), cruzando entre los que poco después se lanzan al campo, solo escuché palabras de respeto, de simpatía y de homenaje. Pero vi que en Cuba, nuestra causa estaba perdida definitivamente».(2)
De la decadencia absoluta con que se percibió el fin del siglo XIX español emergieron los valores que sirvieron para modernizar a una sociedad aletargada en el sueño de la grandeza venida a menos.
El desastre consumado, a diferencia de las independencias americanas de la primera mitad del XIX, quedó enraizado en el espíritu español. La guerra de Cuba sirvió para acuñar el fin de un sistema y, cómo no, el nacimiento de una de las frases más irónicas del lenguaje castellano para designar males mayores: «más se perdió en Cuba y vinieron cantando».
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(1) Carta a Gerardo Castellanos (4 de agosto de 1892) y Carta al director del The New York Herald (2 de mayo de 1895).
(2) Memorias de la Infanta Doña Eulalia de Borbón, p. 187.
