Con la sala judicial y sus alrededores totalmente militarizados, se desarrolló este martes en el Tribunal de 10 de Octubre el segundo día del juicio contra 33 personas, entre ellos seis menores de edad y otros con documentación legal de incapacidad mental, por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado.
La mayoría de los acusados son residentes del barrio La Güinera, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo.
Durante la vista fueron presentados los testigos de la Fiscalía, quienes ofrecieron “testimonios falsos y manipulados”, en complicidad con la Seguridad del Estado, aseguró a Radio Martí Yaila Prieto La Rosa, esposa del manifestante Juan Emilio Pérez Estrada, con petición fiscal de 25 años de cárcel.
“Se presentaron los testigos por parte de la Policía, todo manipulado, apenas dos o tres lograron identificar a uno que otro acusado. No se les entendió la declaración, incluso, la misma presidenta del tribunal les dijo a ellos que se coordinen, porque las declaraciones están todas mal”, detalló la mujer.
Según Prieto La Rosa, los testigos de la Fiscalía alegaron que los manifestantes “les tiraron piedras, y que ellos temieron por sus vidas”, sin embargo, ante el cuestionamiento de los abogados, muchos tuvieron que admitir “que ellos también lanzaron piedras, pero según ellos para defenderse”, y no mencionaron que también efectuaron disparos.
“Acusaron a mi esposo de barbaridades y pusieron en el papel lo que les dio la gana. Es increíble que hay personas discapacitadas mentalmente que están siendo procesadas en el juicio, que tienen incluso certificado médico”, señaló Prieto La Rosa.
La mujer dijo que todos los manifestantes estaban visiblemente indignados durante la audiencia. “Imagínate que muchos de ellos intentaron interrumpir el juicio para decir que no habían cometido los delitos que allí les estaban imputando los testigos de la Fiscalía”, añadió.
Durante la jornada no se les permitió a los familiares permanecer en las inmediaciones del parque Juan Delgado, en las cercanías del tribunal. Hubo un reforzamiento policial, dijo a Radio Martí la activista y madre de uno de los menores detenidos el 11J, Bárbara Farrat Guillén, a la que no se le permitió salir de su casa.
“Ayer no dejaban entrar a nadie al parque; yo amanecí sitiada, porque no se ha retirado de mi casa la patrulla que está vigilando al doblar la esquina. Ellos saben que yo quería ir para el tribunal”, subrayó.
Según la activista, logró hablar en horas de la noche con el padre de Lázaro Noel Urgellés Fajardo, de 16 años de edad, a quien piden 13 años de cárcel. “Me dijo que eso dentro de la sala se calentó y estuvo bastante fuerte”, señaló.
Mientras tanto, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) aumentó sustancialmente la presencia de agentes del orden en la barriada de La Güinera, advirtió el activista José Díaz Silva.
“Los ánimos en La Güinera están caldeados. Tú entras a la barriada y vas a ver cinco o seis policías en cada esquina, en los distintos lugares. Allí dentro está lleno de policías, porque saben que no hay momento fijo para que las familias de los presos del 11J se tiren para la calle”, concluyó Díaz Silva.
