Un artículo del anteproyecto del Código Penal cubano invalida los resquicios para ejercer la libertad de expresión y conseguir la democracia, por vía pacífica, que deja la Constitución aprobada en febrero de 201
El Artículo 120 de la normativa, prevista para ser aprobada próximamente, establece que:
“Quien, con cualquiera de las finalidades expresadas en el apartado 1 del artículo anterior, ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República y ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y el Gobierno cubano, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.
El apartado 1 del Artículo 119 plantea que “incurre en sanción de privación de libertad de diez a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte quien se alce en armas para conseguir por la fuerza, alguno de los fines siguientes: a) Cambiar, total o parcialmente, la Constitución de la República o la forma de Gobierno por ella establecida y b) impedir en todo o en parte, aunque sea temporalmente, al presidente, vicepresidente de la República o a los órganos superiores del Estado y del Gobierno, el ejercicio de sus funciones”.
Al respecto, el activista y analista político Manuel Cuesta Morúa considera que el propósito de sancionar por rebelión militar con altas condenas o con la pena de muerte, “casi no tiene significado para una sociedad que está desmilitarizada totalmente; es un Estado militarizado, pero una sociedad que no tiene acceso a comprar, acceder o a usar ningún tipo de arma”.
Nadie podrá ejercer ningún derecho constitucional contra el Estado, el Gobierno y el Partido Comunista y quien lo practique podría ser penado con la cárcel, indicó Cuesta Morúa a Radio Televisión Martí.
“A la corta todos estamos presos. Este Código Penal es, básicamente, draconiano y es una especie de declaración de guerra del gobierno cubano contra toda la sociedad. Pero ante las fallas absolutas del gobierno y su incapacidad para gobernar como se debe gobernar, lo que se les ocurre ahora es castigar a la gente que actúa como consecuencia de las malas políticas acumuladas y también acentuadas y aceleradas por un gobierno totalmente incompetente como el gobierno actual”, agregó el opositor, uno de los principales promotores de la Iniciativa 2020, que trabaja en la recogida de firmas para exigir la pluralidad, el “No” al partido único y otros cambios constitucionales en la isla.
El referido postulado de la propuesta normativa penal obvia a la propia Constitución, que estipula que puede ser modificada si se reuniesen argumentos y 50 mil firmas.
“Pero, por otro lado, sucede lo que sucede con códigos draconianos, casi medievales, que no especifica los posibles delitos. Eso de, digamos, acciones que sean ilícitas y al mismo tiempo el uso del concepto arbitrariedad para el ejercicio de los derechos cuando los derechos, justamente, son amplios, imaginativos y diversos, refleja que nos encontramos ante el derecho que se abroga el gobierno de interpretar la ley a su antojo y sobre todo, interpretar las acciones cívicas y políticas que tengamos”, recalcó el activista.
“La Constitución es mucho más específica que el mismo Código Penal. La pregunta es si este último va a pesar más para regular las relaciones y las posibilidades de la sociedad cubana y de los actores”.
“Especialmente, en un momento en que está muy claro el divorcio que hay entre la sociedad cubana y el gobierno y, por lo tanto, una mayor agitación social y agitación ciudadana en torno a la necesidad de los cambios”, subrayó Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
En este sentido, el abogado Hildebrando Chaviano señaló que “se ve a las claras que el gobierno cubano intenta atrincherarse”.
“Puesto que no puede dar soluciones a sus problemas, está abocado a una crisis más profunda, social, política y económica. Y lo único que le queda es esto: preparar el terreno para ganar tiempo, evitar que las personas se unan, que las personas puedan apoyar cualquier cambio, aunque sea pacífico y democrático en Cuba”.
“Sin embargo, no creo que el Gobierno vaya a ganar absolutamente nada con estas leyes. Hasta ahora no lo ha hecho. Cada vez tiene menos apoyo popular y por eso, lo único que saben hacer es reprimir y amenazar”, concluyó Chaviano.
