Los juicios a los manifestantes del 11 de julio en las ciudades de Holguín y Santa Clara continúan este jueves, con la atención puesta en ocho menores de edad que pudieran ser condenados a largas penas de prisión.
En Holguín, donde están siendo procesados 21 residentes, los ocho menores, en edades entre 16 y 18 años, enfrentan peticiones fiscales de hasta 18 años de cárcel, informó el activista Ramón Zamora.
“Estos son niños prácticamente, y miren lo que están pasando, sumado a todos los abusos que cometieron con ellos luego de su detención tras las manifestaciones del 11 de julio, que hasta los desnudaron y los vejaron, y los humillaron, y ahora serán sancionados aberrantemente por las leyes dictadas por el régimen”, recordó el activista.
Los nombres, edades y la petición fiscal de los menores son:
Keila Roxana Mulet Calderón (16), 15 años
Marcos Antonio Pintueles Marrero (18), 18 años
Jorge Luis Martínez García (18), 18 años
Samuel Torres Durán (17), 18 años
Yeral Michel Palacios Román (18), 15 años
Ernesto Abelardo Martínez Pérez (17), 15 años
Yoel Ricardo Sánchez Borjas (18), 15 años
Ayan Idalberto Jover Cardoza (17), 15 años.
Desde esta ciudad oriental Mailín Sánchez, esposa del cuentapropista Yosvany Rosell García, a quien le piden 30 años por el delito de sedición, resumió la vista celebrada el miércoles
“Ayer en la sesión de la tarde se presentó como testigo de la fiscalía, la Jefa de los Instructores del Departamento de Instrucción Penal, donde ella entró con un documento que leyó, donde inculpó a todos los encausados, calificándolos de violentos y agresivos, incluyendo a mi esposo, barbaridades de mentiras”, denunció la señora.
‘Luego los abogados de la defensa comenzaron a hacerle preguntas a la funcionaria, la cual no respondió ninguna de ellas, no sabía qué responder, claramente ella fue mandada a leer lo decía el documento”, señaló Mailín.
En Santa Clara …
En el juicio que se realiza en la ciudad de Santa Clara, contra 16 manifestantes, siguen las violaciones jurídicas, y en la jornada de este miércoles hubo hasta la retractación de un testigo clave de la fiscalía, cuenta Jonathan López, familiar de Andy García Lorenzo, uno de los que está siendo juzgados.
“Es un muchacho que también salió el 11 de julio y declaró allí en la sala penal que fue coaccionado por la Seguridad del Estado para que declarará en contra de los acusados, y dijo además que negoció con ellos para asistir a la vista a dar el testimonio que quería la fiscalía”, destacó López.
Varios activistas y familiares de los encausados han denunciado cortes deliberados en sus comunicaciones y servicios de Internet mientras ocurren los juicios. Pedro López, es uno de ellos.
El residente en Santa Clara dijo a Radio Martí que cuando ellos llegan a la cercanías del tribunal les interrumpen la comunicación telefónica.
López denunció que en esos juicios continúa el favoritismo de los jueces con la fiscalía, lo cual considera ‘demerita el actuar, no sólo del tribunal, sino también de los demás testigos”.
“Si en un aparato represivo como este, un testigo declara que fue coaccionado, quién me garantiza a mí que no podría ocurrir lo mismo con los demás. Sin embargo, el juicio continuó como si nada hubiese pasado”, apuntó.
López aseguró que la jueza “cuando ya no le conviene lo que están diciendo los testigo de la defensa, detiene el testimonio, y sin embargo los testigos de la fiscalía pueden hablar todo lo que quieran”.
La agrupación Justicia 11, que lleva un registro pormenorizado de las detenciones y los procesos penales en relación con el estallido social del 11 de julio, dijo esta semana que “ningún medio de propaganda de las autoridades cubanas ha informado hasta ahora de la ejecución de juicios ordinarios a al menos 223 manifestantes. Al menos otras 234 personas tienen peticiones fiscales en espera de juicio. Otras 98 personas han sido multadas y 9 han sido beneficiadas con el sobreseimiento de sus casos”.
