Hace algunas semanas, un ladronzuelo poco talentoso se metió en nuestro patio. Escogió qué llevarse, pero la curiosidad fue más fuerte que su pragmatismo y se asomó a la ventana tras la cual yo estaba sentado. Huyó, lo perseguimos y escapó. Esa madrugada alivió el dolor de su derrota con el éxito en otros patios vecinos. Ninguna de las víctimas formuló denuncia, aunque todos conocíamos su identidad.
«Solo en Tras la huella detienen a los delincuentes. ¡Ah, pero si en lugar de un robo, el “delito” fuera gritar alguna consigna contra el gobierno, ahí sí lo buscan hasta debajo de la tierra!», me dijo alguien con quien comenté el suceso, quizás haciendo gala de un pesimismo exacerbado.
Mientras en el programa referido —cuya última temporada nos ha traído actuaciones pésimas y situaciones inverosímiles—, todos son informantes, y los delincuentes confiesan tras una mirada de los uniformados; en la vida cotidiana se han vuelto peligrosamente frecuentes los asaltos, robos y hechos violentos de mayor calado.
Un texto publicado hace pocos días en Cubadebate, bajo el título «Cibermentiras en motorinas», arroja algo de luz sobre las denuncias de actos delictivos vinculados a esos populares medios de transporte. Según el autor, que cita a «fuentes oficiales» nunca referenciadas —el link remite a una nota del Ministerio del Interior en la que no hay datos concretos—, entre enero y noviembre de 2021 fueron resueltas 281 denuncias de robo de motorinas. Párrafo seguido, asegura que «el país tiene esclarecido el 60% de los hechos violentos con intenciones de apoderarse ilegalmente de motos eléctricas».
A partir de estos números podemos conjeturar la cantidad de denuncias totales relacionadas a robos de ciclomotores eléctricos: 468, más de una por día. Suponiendo que esa cifra se traduzca además en unidades robadas, las autoridades han recuperado y devuelto a sus propietarios el 40% de ellas —186 de esos medios, dice el texto.
De los datos, señalo algo importante: remiten exclusivamente a denuncias formuladas en torno a hechos delictivos con ciclomotores eléctricos, por tanto, constituyen una pequeña parte. ¿Cuántos crímenes de otra índole se cometen anualmente en Cuba? ¿Cuántos se solucionan? ¿Qué condenas reciben sus perpetradores? ¿Qué cantidad de delitos no llegan nunca a una estación de policía?
Para un brasileño, un mexicano o un ecuatoriano, tales números parecerán irrisorios, comparados con los niveles de violencia habituales en esos y otros países de Latinoamérica. Sin embargo, a los cubanos nos alarma constatar cómo en nuestro entorno la inseguridad ha aumentado en los últimos meses, en proporción directa al agravamiento de la crisis económica —algo que asimismo sucedió en los noventa, durante la primera temporada del Período Especial— y derivada de la incapacidad, desinterés y/o falta de recursos de las autoridades para resolver delitos comunes.
Ejemplo de esto último es el hecho de que en muchos pueblos y barrios cubanos no exista prácticamente presencia policial que custodie las calles. En contraste, otros sitios, considerados políticamente estratégicos, son lugares de reunión permanente de los agentes del orden.
El Parque de la Libertad, en el corazón de Matanzas, es de esos puntos a los que se les tiene especial cariño. Cada noche, cuando las calles de la urbe quedan vacías —más temprano que en otras localidades, no olvidemos que a la bella Atenas de Cuba le apodan también la ciudad dormida—, decenas de policías, militares y agentes de la Seguridad del Estado ocupan ese y otros espacios del centro con fines protectores/disuasorios; mientras locaciones más alejadas, como el Parque René Fraga, son el reino de atracadores y otros delincuentes.
A ello se suma el que nuestra justicia tiende con frecuencia a ser en exceso benévola con los autores de delitos comunes, a quienes, mediante este o aquel vericueto legal, se les rebajan las condenas casi hasta lo risible. Situación que contrasta, por ejemplo, con las exorbitantes sanciones solicitadas para algunos manifestantes del 11 de julio de 2021, superiores en muchos casos a los quince años a los que, en 1953, un tribunal de Santiago de Cuba condenara a Fidel Castro por el asalto al Cuartel Moncada.
Por otro lado, la nota del MININT, y sobre todo el aludido texto de Cubadebate, muestran una tendencia preocupante, tanto o más que la creciente inseguridad: la politización de cualquier denuncia ciudadana y la negativa de su validez, por tratarse, supuestamente, de campañas contra el gobierno (casi siempre usan los términos Revolución o Socialismo) lanzadas desde «sitios cibermercenarios».
El propio Ministerio del Interior reconoce que «en algunos casos, se demuestra que son sucesos ocurridos en años anteriores o noticias falsas», lo que implica que una parte de ellos son ciertos. Las fake news no constituyen un problema que atañe únicamente a Cuba, pero la mejor manera de cortarles el paso es con información suficiente, veraz y transparente, un bien no común por estos lares.
Podemos conjeturar la cantidad de denuncias totales relacionadas a robos de ciclomotores eléctricos: 468, más de una por día. (Foto: Archivo CN360)
Catalogar cualquier noticia como campaña enemiga y falaz —conste que no soy ingenuo: sé que las hay— es, no solo un recurso ideológico gastado ante el cual la mayoría de nosotros pasa página, sino un desconocimiento de las capacidades que adquiere la ciudadanía gracias a las redes sociales y de las funciones del periodismo en la sociedad.
Que las realidades pueden construirse por los medios es algo sabido, pero es imprescindible que tengan su base en la vida de la gente. Un danés no protestará por la carencia de medicamentos o por la suciedad en Copenhague, de la que leyó, si cuando llega a su farmacia puede comprar cuanto necesita y la ciudad se muestra a sus ojos tan limpia y radiante como de costumbre.
Ver enemigos en lugar de un ejercicio de ciudadanía o periodismo —bien o mal intencionado, pero periodismo al fin—, es como lanzarse contra molinos pensando que son gigantes: un acto de locura y, en el caso de un Estado, de soberana torpeza e ineptitud.
La seguridad y la tranquilidad no son recursos de marketing para vender a los turistas, sino preciadas garantías de las que los ciudadanos disfrutamos. La educación y el buen trabajo de las fuerzas del orden —cuya función es velar porque las leyes se cumplan— son los caminos para mantener a raya ese animal que amenaza con desbocarse.
En este largo bregar por aguas turbulentas, con timoneles no siempre diestros, hemos perdido cosas muy valiosas. Ojalá sentirnos seguros en nuestras casas y calles no sea una de ellas.
