El manotazo de Alpidio Alonso Grau —ministro de Cultura— a un periodista independiente inauguró el estándar de la respuesta oficial del Gobierno ante las protestas públicas de la sociedad civil cubana en 2021.
Era 27 de enero. El día fue escogido por Fernando Rojas, viceministro del ramo, para reunirse con tres voceros del 27N, con quienes había planeado un encuentro luego de la rotura del diálogo entre ambas partes, exactamente dos meses atrás. Era la víspera del natalicio de José Martí y, por ese motivo, algunos miembros de esta comunidad decidieron unirse para rendir homenaje al Apóstol. Antes de que pudieran llegar a los puntos de encuentro fueron detenidas las activistas Tania Bruguera y Katherine Bisquet, y la periodista Camila Acosta.
Ello propició que el resto del grupo decidiera congregarse una vez más en las afueras del Ministerio de Cultura, tanto para protestar por las detenciones arbitrarias de esa mañana como para exigir una respuesta pública y transparente de lo que hasta el momento sucedía. El desenlace fue violento y anticonstitucional —un atentado contra el derecho a la manifestación pacífica consagrado en la Constitución cubana—. Una decena de funcionarios públicos reprimieron a los artistas con puñetazos y empujones. Eran cerca de las 12:30 del mediodía.
Los manifestantes fueron conducidos en un ómnibus hasta una unidad policial. Allí los interrogaron y sobre las 5:20 de la tarde comenzaron a liberarlos.
La toma de los espacios públicos y la exigencia de respuestas al poder de manera directa fueron una de las características del accionar de la sociedad civil en este año; y que irían in crescendo para hacer más visible el descontento popular y la certeza de que era necesario exigir el respeto a los derechos fundamentales que pisotea el Gobierno cubano.
La actuación de Alonso Grau provocó que, en la mañana del 3 de febrero, varios artistas cubanos entregaran una petición al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado (CE), Esteban Lazo Hernández, para solicitar la revocación de Alpidio Alonso como diputado y ministro cubano.
El 3 de marzo de 2021, la ANPP comunicó que rechazaba la petición y decidía archivar la solicitud. Los argumentos se centraron en que el documento entregado “no [reunía] los requisitos legales previstos en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea y del Consejo de Estado, la Ley de Revocación y el propio texto constitucional” y que habían omitido algunos “datos legales”.
A pesar de la negativa, varios miembros de la sociedad civil continuaron presentando peticiones de revocación ante la Asamblea. Fue el caso, entre otros, de las entregadas por Camila Lobón y Aminta DʼCárdenas (11 de marzo); Danielito Tri Tri y Royma Cañas (25 de marzo); Yamilka Lafita (26 de marzo); Mytil Font y Mario Martín (1 de abril); y Eliezet Sesma (18 de mayo) —esta última contabilizaba la petición número 10 sin respuesta oficial—.
LA FIRMEZA DE LOS ANIMALISTAS
El 19 de febrero más de una veintena de activistas por los derechos de los animales se manifestaron frente al Ministerio de la Agricultura (Minag) vestidos de negro. Portaban carteles en los cuales se leía: “¿Dónde está la ley de bienestar animal?”.
Se referían al postergado decreto ley para proteger a los animales en Cuba que fue reprogramado desde noviembre de 2020 a febrero de 2021, pero que no fue aprobado en la sesión de ese mes del Consejo de Estado. Días antes (5 de febrero), más de un centenar de médicos veterinarios habían emitido una declaración pública que solicitaba modificar el Decreto 20/2020 y aprobar la práctica de la medicina veterinaria en formas no estatales.
Ese 19 de febrero, los animalistas consiguieron dialogar con altos funcionarios del Minag luego de que estos últimos los invitaran a acceder a sus oficinas. Como resultado del encuentro, la institución prometió a los protectores que antes de que finalizara el mes sería aprobado el decreto ley de bienestar animal. El 26 de ese mes, en efecto, se aprobó el decreto, pero los animalistas hubieron de esperar hasta el 10 de abril para que este —junto a su reglamento, el Decreto 38— se publicara en la Gaceta Oficial de la República; y otros 90 días para que entrara en vigor.
EL DESTIERRO DE KARLA
A la periodista cubana Karla María Pérez le fue vetado el derecho de retorno a su país y se le colocó en un destierro de facto. El 18 de marzo, Karla M. regresaba desde Costa Rica a Cuba. Durante una escala aérea en Panamá, un agente migratorio no identificado notificó a Copa Airlines que la periodista no tenía permitido abordar el vuelo. Karla, luego de varias horas de limbo migratorio, regresó a Costa Rica donde tras unas semanas le fue concedido el refugio.
El suceso provocó que un activista y cuatro periodistas cubanos se dirigieran a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) para interrogar a los funcionarios correspondientes sobre la situación de Karla.
El embajador Gilberto Mazola, jefe de Atención a la Población del organismo, recibió a Maykel González Vivero, director de Tremenda Nota. “Fue bien amable —comentó el periodista después de su reunión con Mazola—; reconoció las irregularidades que ha habido en la historia de Karla M. Pérez (…). El embajador se comprometió con nosotros a dar respuesta sobre este incidente y a comunicarle además la situación de Karla a la Embajada cubana en Panamá”.
Un día después, Yaira Jiménez Roig, directora de Comunicación e Imagen de la cancillería cubana, en conferencia de prensa, refirió que el grupo de personas que acudió a la cancillería protagonizaba un “show mediático” y que estaría “usando a una emigrada cubana”, “directamente vinculada a planes y personeros” que la oficialidad acusa de intentar dar un “golpe blando” contra el Gobierno cubano.
“Ella es un instrumento —afirmó Jiménez—, no es la primera vez que es utilizada (…). Ahora sencillamente pretenden reinstalarla en el país en función de propósitos subversivos”.
HUELGA DE HAMBRE EN ALTAMIRA
El 20 de marzo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, junto a varios activistas comenzaron una huelga de hambre en la sede de esta organización en Santiago de Cuba.
Ferrer comunicó que la protesta se debía al incremento de la represión del Gobierno en contra de los activistas de la Unpacu, y al cerco policial y de vigilancia que mantenía la policía sobre el domicilio. Deseaban llamar la atención del mundo, dijo Ferrer, sobre lo que sucedía en Altamira, en el oriente del país.
Este suceso puso en tensión, una vez más, a las instancias gubernamentales cubanas; las que desplegaron campañas de descrédito en la televisión nacional para deslegitimar la protesta que sucedía en la Unión Patriótica de Cuba.
La huelga de hambre en la sede de la Unpacu se levantó luego de que las autoridades cubanas retiraran el cerco policial, a los 21 días de iniciada. Cerca de 70 personas se unieron a la protesta en el transcurso de esos días, aunque solo una decena permanecía en ayuno en el momento que se decidió finalizar la huelga.
OTRA VEZ SAN ISIDRO
El domingo 4 de abril, en la sede del Movimiento San Isidro (MSI), se organizó una manifestación de protesta, según declarara Luis Manuel Otero Alcántara, en apoyo a las personas que se mantenían en huelga de hambre en la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Decenas de vecinos apoyaron la iniciativa y corearon en plena calle temas musicales contestatarios, entre ellos “Patria y Vida”.
Más temprano, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) habían intentado apresar al rapero Maykel “Osorbo”; detención que fue frustrada gracias a la intervención de amigos y vecinos quienes lo ayudaron a escapar. Ese fue uno de los motivos principales por el cual el músico sería apresado el 18 de mayo. Desde entonces se encuentra en prisión.
El 25 de abril, el líder del MSI, Luis Manuel Otero Alcántara, se declaró en huelga de hambre y sed. El artista había sido víctima, en días previos, de reclusión domiciliaria, vigilancia, cercos policiales, difamación en medios oficiales y de allanamiento y destrucción de varias de sus obras de arte por agentes de la Seguridad del Estado y la PNR. Ese catálogo de vejaciones resumía, para él, las justificaciones del inicio de su segunda huelga. El 2 de mayo, Luis Manuel sería incautado de su casa —acto que interrumpió la huelga— por autoridades gubernamentales y trasladado al Hospital Universitario “General Calixto García”. No sería liberado hasta luego de una extensa reclusión hospitalaria que duró 29 días.
La situación alrededor de Otero Alcántara, tras el 25 de abril, alcanzó nuevamente la atención y apoyo de sectores varios de la sociedad civil —tanto dentro como fuera del territorio nacional—. El 28 de abril, las artistas, activistas y miembros del 27N, Camila R. Lobón y Katherine Bisquet, llegaron hasta el bulevar San Rafael, en La Habana Vieja, para manifestarse de manera pacífica en apoyo a Luis Manuel. Ambas fueron detenidas, denunciadas por la comisión de un posible delito de desórdenes públicos, se abrieron expedientes investigativos en su contra y se les impuso la medida cautelar de reclusión domiciliaria —también a Yamilka Lafita, quien grababa los sucesos—.
OBISPO Y LOS SUCESOS DEL 30 DE ABRIL
Dos días después (30 de abril), varias personas reunidas en la intersección de la calle Obispo y Aguacate, en La Habana Vieja, exigieron acceso a la vivienda de Otero Alcántara para conocer sobre su estado de salud; lo exigieron de manera pacífica mientras se sentaron en el suelo, protegidos entre ellos para evitar los arrestos que ocurrieron de manera eventual.
El operativo y cerco policial que se mantenía activo en los alrededores de la sede del MSI posibilitó que estas personas fueron reprimidas, imposibilitadas de manifestarse y apresadas. Fueron detenidas un total de 13 personas relacionadas con la protesta; entre ellos el joven universitario Leonardo Romero Negrín quien portaba un cartel con la frase “socialismo sí, represión no”.
De esas 13 personas, 12 fueron instruidas de cargo y acusadas por el delito de desórdenes públicos o el de resistencia. Aún permanece en prisión Esteban L. Rodríguez, Inti Soto y Yuisan Cancio.
EL ESTADO CUBANO CONTRA HAMLET LAVASTIDA
El artista visual Hamlet Lavastida fue detenido por la Seguridad del Estado el 26 de junio —cinco días después de su arribo a Cuba— y conducido a Villa Marista. Allí sería investigado por el cargo de instigación a delinquir. El motivo del proceso tuvo como raíz la filtración y emisión pública en televisión nacional de un chat privado del artista en el grupo de Telegram del 27N. Lavastida proponía marcar billetes con cuños en alusión al MSI y al 27N. La propuesta del artista no se aprobó y nunca se llevó a cabo.
Al día siguiente del arresto de Hamlet, miembros de la sociedad civil lograron llegar hasta Villa Marista para conocer sobre la situación del artista. A partir de entonces se desplegaría una campaña consistente y de denuncia por la liberación de Lavastida, quien permanecería 90 días privado de libertad. Su excarcelación se produciría el 25 de septiembre a cambio de la imposición del exilio para él y su pareja Katherine Bisquet.
LA CHISPA DE SAN ANTONIO: EL 11J
Sin dudas, el hito superior —no solo de 2021, sino de la historia posrevolucionaria cubana— sucedió el 11 de julio: el estallido de las mayores protestas sociales en seis décadas y que tuvieron réplicas en más de 60 localidades del territorio nacional. Todo comenzó cerca del mediodía en San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana.
El marco de estos sucesos fue el de una severa crisis multifactorial, y entre los puntos más destacados resaltaba la depauperación sanitaria y el impacto económico de la pandemia de la COVID-19, la dolarización de la economía —que incrementó la pobreza y la desigualdad—, el efecto de las sanciones norteamericanas, una nueva crisis energética y un férreo control punitivo de las autoridades gubernamentales que venía en escalada desde noviembre de 2020.
Las protestas fueron en su mayoría pacíficas. Se gritaron consignas de variado contenido social y político. Alrededor de las 4 de la tarde, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en alocución televisiva, indujo al enfrentamiento entre cubanos a quienes llamó “revolucionarios” y “contrarrevolucionarios” o “confundidos”.
Luego de esa hora se produjeron los enfrentamientos más violentos entre las fuerzas del orden, las Brigadas de Respuesta Rápida y los manifestantes; y se desató la represión más descarnada contra quienes pedían reformas al poder. Los agentes policiales reprimieron en exceso y vulneraron los derechos de los detenidos; sucesos que fueron negados por la oficialidad gubernamental y que se reprodujeron en las cárceles en las cuales fueron detenidos los manifestantes.
El ciudadano Diubis Laurencio Tejada, residente en la Güinera, resultó herido de muerte el 12 de julio.
De acuerdo con un subregistro conformado por el colectivo Justicia 11J, un total de 1 316 personas fueron detenidas como resultado de las protestas; de ellas, 40 eran niños menores de edad.
ARCHIPIÉLAGO: PLATAFORMA CIUDADANA Y EL 15N
El 9 de agosto se lanzó en redes sociales la plataforma ciudadana que lleva por nombre Archipiélago. Su pretensión radicó en articular y llegar a unos mínimos de entendimiento con la sociedad civil para lograr una transición democrática en Cuba.
La acción más notoria que impulsó Archipiélago fue la convocatoria a una manifestación antigubernamental, para la cual presentaron solicitudes formales —a partir del 21 de septiembre— en nueve provincias del país (Holguín, Santa Clara, La Habana, Guantánamo, Cienfuegos, Las Tunas, Camagüey y Pinar del Río). La fecha inicial elegida para la protesta fue el 20 de noviembre, cinco días después de la reapertura del país al turismo internacional.
El 8 de octubre Archipiélago presentó una nueva solicitud ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en la cual notificaron un cambio de fecha para realizar la marcha pública. El 15 de noviembre fue el día elegido ante el anuncio estatal de la ejecución del Ejercicio Moncada (18 y 19) y Día Nacional de la Defensa el 20 del penúltimo mes del año. El 12 de octubre el Gobierno cubano negó el permiso para la marcha. Siete días después (19 de octubre) Miryorly García Prieto presentaba una demanda administrativa contra el intendente de La Habana Vieja, Alexis Acosta Silva, y la Intendencia que dirige.
Los miembros de Archipiélago fueron sometidos, desde la aparición de la plataforma, a diversas formas de represión, castigo y abusos.
En fechas previas y durante el 15N fueron desplegados los más variados métodos de hostigamiento y represión estatal para impedir las manifestaciones previstas. A ello le siguió la sorpresiva salida del país de Yunior García Aguilera, propulsor de Archipiélago, que ha terminado por desmantelar, de una forma u otra, la unidad y futuro de la plataforma.
La sociedad civil, como apuntaba el filósofo alemán Jürgen Habermas, se concibe como contrapuesta al poder público o al Gobierno como esfera privada en su totalidad. De manera principal, afirma uno de sus principales estudiosos, John Keane, la sociedad civil se convirtió en “una estrofa en la poesía de la resistencia práctica y no violenta al poder total del Estado”; y cambió el pensamiento convencional sobre cómo alcanzar la democracia allí donde no la hubiere.
La Cuba posrevolucionaria secuestró a la sociedad civil para la causa de la ideología en el poder y la despojó de las elementales formas para fortalecerse y ejercitar su papel y su derecho. Esa realidad dio un vuelco significativo el 11 de julio de 2021. El camino que resta no es del todo predecible y de seguro le esperan retos.
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