Esta prohibición es extensiva además para los regímenes de Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria para el año fiscal 2022 “hasta que dichos gobiernos cumplan con los estándares mínimos de la Ley (de protección de víctimas de trata) o hagan esfuerzos significativos para lograr el cumplimiento con los estándares mínimos”.
De acuerdo con el gobierno estadounidense dichos países no hacen esfuerzos suficientes para evitar la trata de personas. En el caso de Cuba señalan el modelo de contratación de las misiones médicas internacionales y lo ubican en el nivel 3 de incumplimiento en esta materia.
El pasado 1 de julio el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, condenó las violaciones de derechos en las “misiones médicas” que vende el régimen de Cuba a otros países, y las definió como ejemplo de “trata de personas”, durante la presentación del Informe sobre el Tráfico Humano para el 2021.
Por su parte, la embajada de Washington en La Habana, publicó en Twitter una parte del documento, y reafirmó que “Estados Unidos sigue preocupado por las prácticas explotadoras y de trabajos forzados en las misiones médicas internacionales del gobierno cubano. Los derechos humanos y laborales de los médicos cubanos son esenciales”.
La sección sobre Cuba del informe afirma que hay ‘fuertes indicios de trabajo forzado’ por parte del gobierno cubano en “su programa de misiones médicas en el extranjero”.
Desde esa fecha el Departamento de Estado emitió la recomendación de que el país “examine a los profesionales médicos cubanos y los remita a servicios apropiados”, dadas las “preocupaciones significativas sobre los indicadores de trabajo forzoso en las misiones médicas cubanas”.
Tras el posicionamiento de Washington, el canciller del régimen cubano Bruno Rodríguez Parrilla arremetió contra el gobierno de Estados Unidos por el señalamiento de la trata de personas mediante las ‘misiones médicas’.
“Las acusaciones del Secretario de Estado Blinken contra Cuba en materia de trata de personas son deshonestas y ofenden al personal cubano de la salud. Repiten sin pudor las mentiras fabricadas durante el Gob. de Trump para justificar la agresión. Muestra de la corrupción política”, tuiteó Rodríguez Parrilla.
Según la organización Prisoners Defenders (PD) entre 50.000 y 100.000 cubanos trabajan en el exterior de Cuba para empresas del régimen de la Isla en el marco de las llamadas ‘misiones internacionalistas’, bajo condiciones de explotación y esclavitud.
Sobre los salarios expusieron que el régimen cubano obtiene de las misiones unos ingresos anuales de 8.500 millones de dólares, un monto que triplica “lo que gana por el turismo, que son unos 2.900 millones de dólares”, y supera “cuatro veces lo que gana por las remesas, de 2.000 a 3.000 millones”.
Si una persona abandona la misión o decide no regresar a Cuba, es penada con entre tres y ocho años de prisión por el artículo 135 del Código Penal, una condena que en la práctica se traduce en ocho años sin poder regresar a la Isla ni para ver a familiares.
