LA HABANA, Cuba. – “No me van a callar mientras tengan a mi hijo Jonathan Torres Farrat preso”, ese fue el mensaje de Bárbara Farrat Guillén a la Seguridad del Estado tras las amenazas que le hicieran por entregar una carta con más de 150 firmas en las oficinas de Atención a la Población del Consejo de Estado.
La misiva estaba dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y en ella, familiares de presos políticos y de conciencia piden al régimen la inmediata liberación de los detenidos por las protestas del 11 de julio y de todos los presos políticos.
“No me van a callar, la voz de mi hijo soy yo. Me quieren meter [procesar] ahora por [el supuesto delito de] sedición y quieren hacerme un expediente, pero no me van a bloquear. Mi voz nadie la va a callar”, aseguró Farrat Guillén en entrevista con CubaNet.
La madre cubana, convertida en una activista por la liberación de su hijo y del resto de los niños y adolescentes encarcelados en la Isla, asegura que luego de entregar la carta en el Consejo de Estado recibió una llamada telefónica de un oficial que se hace llamar Robert, que la amenazó con silenciarla a las “buenas o a las malas”
“Este martes me llama diciéndome que si me callo a las buenas o me callo a las malas, porque me va hacer un expediente por sedición; y que si no es a mí va a ser a mi hijo. Ojo con esta historia: mi hijo lleva cuatro meses preso y siempre ha sido acusado de lo mismo: propagación de epidemias, desorden público y atentado”, alertó.
Jonathan Torres Farrat fue arrestado el pasado 13 de agosto por haber participado en las históricas manifestaciones del 11 de julio en el municipio Diez de Octubre. Según su madre, el adolescente de 17 años lanzó una piedra contra los oficiales que estaban disparando para “salvar” a su padre, que estaba en medio del tiroteo.
Una de las causas fundamentales que la motivaron a entregar la carta en el Consejo de Estado ―precisa Farrat Guillén― fue el hecho de que llevaran a su hijo al hospital esposado de pies y manos.
“Me dolió mucho enterarme que a mi hijo me lo llevaron [al hospital] con chaquiras [esposas en los pies y en las manos]. Él no quiere atenderse con el cardiólogo mientras esté preso porque dice que no es un asesino, y que si esas son las condiciones y las leyes para que lo lleven al hospital entonces no quiere ir a ninguna parte”, denunció la entrevistada.
Por su parte, Orlando Ramírez Cutiño, padre Jonathan, explica que otra de las causas que los animaron a redactar y entregar la carta en el Consejo de Estado fue la falta de respuestas sobre el caso de su hijo por parte de la Fiscalía, adonde ya habían enviado varias misivas.
“Nuestros hijos tienen derecho a ser perdonados como mismo fueron perdonados muchos por el gobierno de Batista antes del triunfo de la Revolución, que eso es parte de lo que le pusimos en la carta”, asegura.
Asimismo, recuerda que inicialmente hizo el comentario en un grupo de WhatsApp integrado por familiares de manifestantes detenidos por los sucesos del 11 de julio, y tras anunciar la iniciativa personal, madres, familiares y amigos se empezaron a sumar para firmar la carta.
“Nosotros no hicimos ninguna convocatoria en ningún medio, ni en internet, ni en Facebook. Estas madres se enteraron solas y vinieron. Nosotros sí las aceptamos, como a todo el que quiera dar apoyo, no solo a los del 11 de julio, sino también a los del 15 noviembre y a los que están presos desde mucho antes, como es el caso de Luis Roble”, resaltó.
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