HAVANA CLIMA

Sobrepasa Cuba los 27 millones y medio de dosis anti-COVID-19 administradas

La Habana, 17 nov (ACN) Al cierre del 15 de noviembre se acumulan en Cuba 27 millones 568 mil 581 dosis administradas con las vacunas cubanas anti-COVID-19 Soberana 02, Soberana Plus y Abdala, informó hoy el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

De acuerdo con el reporte...

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Rubio sobre Otero en huelga: su crimen es soñar que Cuba no sea prisión

El senador de los Estados Unidos Marco Rubio se pronunció este miércoles sobre el artista y activista por los derechos humanos en Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre y sed en la prisión, según denunció el Movimiento San Isidro (MSI).“El clamor de Otero Alcántara siempre ha sido el mismo: libertad de expresión para los cubanos y cese de la dictadura”, escribió Rubio en Twitter.
“Ese ha sido su único crimen, soñar con una isla que no fuese una gran prisión”, concluyó el senador republicano, miembro de más Alto Rango del Subcomité sobre Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer.
El artista cubano, coordinador del MSI, inició este martes una  huelga de hambre y sed al ser “traslado a una celda de aislamiento”, y “se niega por su propia voluntad a recibir visitas, alimentos y llamadas”.
“El Gobierno ha convertido a Cuba en una gran prisión. Luis Manuel nuevamente expone su cuerpo por pensar diferente. Exigimos su libertad plena inmediatamente”, advirtió el MSI por redes sociales.
La curadora e integrante del MSI, Claudia Genlui, pareja del artista y preso político, precisó: “Acabo de tener la confirmación de que Luis Manuel Otero Alcántara está en huelga de hambre y sed (…) Su cuerpo no tolerará otra huelga. ¡Su vida se agota!”.
Otero Alcántara lleva seis meses encarcelado sin que las autoridades definan su situación legal.
En un comunicado compartido en redes este martes, Claudia Genlui, detalló que el artista “se niega por su propia voluntad a recibir visitas, alimentos y las llamadas”. También agregó que el artista opositor “está al límite” en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa.
El 10 de enero, las autoridades negaron un cambio de medida cautelar para Otero Álcantara, que solicitaba que esperara el juicio en reclusión domiciliaria. Según la Fiscalía, “no procede el cambio de medida porque Luis Manuel es un peligro social y por tanto debe permanecer en prisión provisional hasta el juicio”. 
Otero Alcántara está detenido desde el pasado 11 de julio de 2021, acusado de los supuestos delitos de “desacato agravado”, “desorden público” e “instigación a delinquir”. Además, tiene otro proceso penal abierto por el supuesto delito de “ultraje a los símbolos patrios”, por su obra “Le drapeau” de 2020.
Hasta el momento se desconoce la petición fiscal en su contra y no hay fecha de juicio.

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El lado rojo de la impunidad

LA HABANA, Cuba.- Gran parte de la propaganda ideológica que busca satanizar a las sociedades capitalistas ha intentado convencer a la gente de que la impunidad es un privilegio de los grandes magnates, que en el capitalismo los poderosos aprovechan sus millones e influencia política para escapar de la justicia, incluso para cambiar las tornas en contra de sus acusadores, con el respaldo de autoridades no menos corruptas. El socialismo, por el contrario, y según la misma propaganda, es el paraíso de la igualdad, la justicia y la honradez de las instituciones públicas, que anteponen el bienestar de las víctimas a cualquier otro interés.
Durante años esa mentira pervivió en el imaginario de los cubanos, privados de información sobre lo que ocurría fuera de nuestras fronteras. El contacto estrecho con los emigrados y el acceso a Internet han posibilitado contrastar las versiones malintencionadas sobre fenómenos que ocurren en cualquier sociedad, más allá del sistema político o la militancia ideológica de sus dirigentes. Poder es poder, pero la impunidad está determinada, sobre todo, por el rol de la sociedad civil y los medios de comunicación.
En tal sentido, hace algunos días los diarios más importantes del mundo se hicieron eco de la caída en desgracia del príncipe Andrés del Reino Unido, acusado de abuso sexual contra una menor de edad en 2001. El duque de York se enfrenta a una demanda civil en un tribunal de New York, y su condición de miembro de la realeza más poderosa del mundo no ha sido suficiente para impedirlo.
Su propia madre, la reina Isabel II, le ha retirado sus cargos honoríficos a la cabeza de regimientos militares y asociaciones benéficas, dejando claro que el príncipe no podrá desempeñar ninguna función pública ni recibirá el trato de “alteza real” a título oficial. El escándalo derivado del supuesto abuso cometido por el duque de York y su amistad con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, implicado en una red de tráfico de menores con fines sexuales en complicidad con su pareja, Ghislaine Maxwell, ha provocado -según expertos- la peor crisis de imagen de la corona británica desde la muerte de la princesa Diana.
Ni el pedigrí, ni las influencias, ni los millones lograron mantener a los potentados a salvo de las denuncias y el consecuente linchamiento mediático. La campaña #MeToo, que ha aglutinado a miles de víctimas de acoso o abuso sexual por parte de renombradas figuras (empresarios, productores de cine, estrellas de Hollywood), puso fin al prolongado silencio de mujeres que en su momento prefirieron no apuntar a sus agresores por temor, confusión o vergüenza.
En ese capitalismo que según la propaganda castrista está plagado de componendas y el dinero todo lo puede, tanto la prensa como la sociedad civil no han dado tregua a los depredadores sexuales exponiéndolos, apoyando a las víctimas y cuestionando duramente las dinámicas socioeconómicas, legislativas y laborales que han favorecido la existencia reiterada de tales abusos.
Desde el productor cinematográfico Harvey Weinstein hasta Andrés de York, los poderosos han sufrido cuando menos el arrastre de su reputación por el fango, consecuencia que se ha hecho extensiva a sus respectivos marcos familiares y a las industrias o instituciones que representan.
Mientras soplan esos vientos en las “injustas sociedades capitalistas”, en Cuba ya nadie habla de Fernando Bécquer y la veintena de denuncias por abusos sexuales en su contra. La vertiginosa supervivencia de los cubanos, que no deja un minuto para analizarnos como sociedad, ha ido echando tierra sobre el asunto. Las víctimas hablaron, algunos colegas del trovador lo defendieron y otros se desmarcaron, la Federación de Mujeres Cubanas y el CENESEX emitieron comunicados muy protocolares… y eso fue todo.
La visión castrista sobre justicia y transparencia se ha mostrado sin el menor recato en los últimos tiempos, principalmente con los centenares de acusados tras las protestas del 11 de julio, muchos de ellos condenados a largas penas de cárcel por sus ideas políticas; y las recurrentes denuncias de la sociedad civil ante la pasividad con que la Policía Nacional Revolucionaria ha manejado casos de abuso sexual contra menores de edad.
No es de extrañar que Fernando Bécquer y sus vicios sean agua pasada. Tampoco lo es que a diferencia de los veteranos británicos que escribieron una carta abierta a la reina Isabel exigiendo se despojara al príncipe Andrés de sus títulos militares, el gremio de la trova cubana haya quedado reducido a dos o tres declaraciones de cantautores que conocían perfectamente los hábitos de Bécquer, y eligieron callar.
De acuerdo a los testimonios, una de las mujeres agredidas por Bécquer no superaba los 18 años, casi la misma edad que tenía Virginia Giuffre cuando el príncipe Andrés presuntamente abusó de ella. No hay nada demostrado aún, pero la reputación del royal está irremisiblemente dañada. En cambio, la sociedad más justa e igualitaria del mundo ha tendido un manto del silencio sobre el trovador libidinoso, el que no halló mejor argumento en defensa propia que reafirmar su fe en la Revolución; un mediocre intento de evasión que ilustra hasta qué punto puede llegar la impunidad en el lado rojo.
Mientras la prensa independiente y la sociedad civil están atentas a los atropellos que hoy cometen los tribunales populares contra los manifestantes del 11 de julio, el #MeToo cubano sigue en pausa. Con discursos trillados, supuestos compromisos e incesantes alusiones al “Programa de Adelanto de la Mujer”, el oficialismo le salió al paso al escándalo Bécquer; pero ninguna acción se ha concretado para llevarlo ante la justicia. El depredador sexual continúa libre, y cada día que pasa la deuda con sus víctimas se hace mayor.
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Violencia de género, un problema urgido de algo más que leyes

Una banderola con la imagen que identifica a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) junto a banderas cubanas acompañadas de la frase “mujeres en revolución”, decoran la fachada de la sede de esa organización de masas, en el barrio del Vedado, en el capitalino municipio Plaza de La Revolución, La Habana, Cuba. 08 de diciembre de 2020.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS

LA HABANA, Cuba, 20 ene.- Agravada por dos años de pandemia, la violencia contra mujeres y niñas en América Latina no solo se combate con las leyes que facilitan las acciones penales, sino que requiere de políticas integrales de género que corrijan desigualdades y garanticen el acceso a derechos y a la inclusión social.
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) registra en su repositorio legal contra la violencia, 13 países con leyes integrales y otros 17 con cuerpos legales con la tipificación de femicidio o feminicidio, causantes de la muerte de 4.640 mujeres en la región en 2019.
A ello se suman de manera específica o como parte de las leyes mencionadas, diversas normativas sobre acoso sexual laboral, acoso callejero, delitos sexuales, sobre difusión de imágenes íntimas en el ciberespacio, sobre acoso y violencia política; se incluyen también leyes que tipifican y sancionan el tráfico y trata de personas, entre otras.
Se trata de una legislación “muy variada en nuestra región, con diferentes enfoques, contenidos y alcances y no se cuenta con verdaderos estudios de impacto de la misma”, advirtió en declaraciones a IPS desde Uruguay, vía correo electrónico, Carmen Beramendi, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en ese país.
“Todas las leyes han sido resultado de las luchas de las mujeres organizadas, de los feminismos en sus múltiples expresiones y diría que hoy podríamos establecer una genealogía de las mismas que va desde las que podemos denominar como leyes de primera generación, que fueron las de violencia intrafamiliar o doméstica, hasta las de protección integral”, abundó.
La también docente e investigadora en género y políticas de igualdad, precisó que la violencia de género tiene un carácter estructural, producto de relaciones de desigualdad y asimetrías de poder históricas entre varones y mujeres, resultado “de una de las expresiones culturales de la dominación más arraigadas, con la que convivimos y que precisamos desnaturalizar”.
“Desde esta perspectiva que establece una correlación entre las desigualdades de género y las violencias contra las mujeres se requiere de un proceso de construcción y deconstrucción de las centralidades que determinan la persistencia de las violencias; y la legislación es una contribución fundamental como lugar de enunciación”, señaló.
Beramendi llamó a pensar en lo que han significado las leyes de primera generación, con todas sus limitaciones, en “el proceso de reconocimiento de que las mujeres víctimas son personas en situación de desventaja en el ejercicio de sus derechos y que por lo tanto requieren que los Estados les garanticen estos”.
Encuentro Ecuménico “Jóvenes, Género y Religión” en el marco de La Jornada por la No violencia hacia las mujeres y niñas, campaña Eres Más en la Sede del Centro Oscar Arnulfo Romero, La Habana, Cuba. 22 de noviembre 2017.
En su opinión, “durante la pandemia, el incremento de la violencia contra las mujeres tiene directa relación con el cerco al que se vieron sometidas con muchas horas de confinamiento junto a los agresores, la pérdida de las redes de contención, pero al mismo tiempo porque los servicios públicos, las políticas públicas no contaron con la creatividad y los recursos para adecuar sus respuestas a esta situación”.
Por su parte, la abogada cubana residente en México, Alina Herrera, acotó:“Así se confirmó aún más que, si bien las leyes son imprescindibles para consolidar las políticas y estrategias de un país que trabaja por erradicar este grave problema, no son las únicas herramientas capaces de cerrar brechas de desigualdad y de disminuir índices de violencia”.
Desde su perspectiva, las consecuencias más visibles de las leyes que se han promulgado en torno a la violencia de género en la región apuntan a que han demostrado la capacidad movilizadora y política de las mujeres organizadas. También de colectivos como el LGBTIQ+ (lesbianas gays, bisexuales, transexuales, transgénero, queer y otros).
“Se ha colocado el problema en la arena de las instituciones y los gobiernos, ha proliferado y se ha expandido la discusión ciudadana sobre este flagelo (…) La violencia de género ha trascendido el espacio académico y los sectores netamente feministas o de mujeres, y las leyes han sido un resultado de esta lucha y a la vez un punto de partida para pensar e implementar la transformación social en base al género”, afirmó
Pese a los esfuerzos, los índices de violencia por razones de género no disminuyen a corto plazo como es lo deseable. Según un informe del Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal en 28 países de la región en 2020 hubo una disminución de 10,6 % de feminicidios con respecto a 2019.
Pero en el Caribe anglohablante, cuatro de nueve países y territorios con datos disponibles sobre muertes violentas por razones de género registraron un aumento de la tasa por cada 100.000 mujeres entre 2019 y 2020.
“Para que las leyes tengan eficacia transformadora es preciso trabajar las desigualdades reales, económicas, laborales y sociales de las mujeres y personas LGBTIQ+, y también trabajar respecto al desmontaje de estereotipos e imaginarios culturales, identitarios, que resultan ser dispositivos de control sobre los cuerpos de las mujeres y cuerpos no hegemónicos”, dijo la abogada y feminista cubana.
Entre las carencias u obstáculos en países de la región para avanzar en ese cometido, mencionó que no siempre se destina el presupuesto necesario para que los llamados Mecanismos de Adelanto para las Mujeres (MAM), que son las instituciones encargadas de desarrollar las agendas de género de los países, desarrollen su trabajo.
Al abundar en este tema, detalló que lo anterior se vincula también a la jerarquía institucional: algunos MAM son institutos (México), otros son ministerios (Argentina) que sería la jerarquía más alta y, por tanto, se le deben destinar mayores presupuestos. Y existen casos muy específicos como el de Cuba, donde la responsabilidad recae sobre una organización femenina.
La nación caribeña no cuenta con un instituto o ministerio especializado en igualdad de género, pero la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) integra el Consejo de Estado, máximo órgano de gobierno. La ONG tiene iniciativa legislativa y representa a Cuba en los mecanismos regionales e internacionales sobre igualdad de género y derechos de las mujeres.
Si bien aun carece de una ley específica de violencia de género, Cuba ha dado en los últimos años pasos importantes en esta materia, sobre todo a partir de la inclusión en la nueva Constitución de un artículo (43) que obliga al Estado a proteger a la mujer de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crear los mecanismos institucionales y legales para ello.
En ese sentido se prevén nuevas acciones en el ámbito jurídico como parte del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) y de la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar, vigente desde el 9 de diciembre y con carácter vinculante para ministerios e instituciones involucradas.
El parlamento cubano aprobó en octubre pasado cuatro leyes, tres de las cuales incluyen cuestiones vinculadas a la violencia de género, incluida la no revictimización.
Para la especialista cubana en derecho penal Arlín Pérez Duharte, “las leyes no son la llave mágica para resolver la violencia de género”. A juicio de la profesora de la Universidad de La Habana, se requiere sensibilizar y capacitar a los operadores del derecho, a las personas que implementarán las leyes y que se han formado también en una cultura patriarcal.

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¿Qué dice el Código de las Familias en materia de derecho sucesorio? (+ Video)

Prestigiosos juristas que colaboraron en la elaboración del proyecto del Código de las familias, dieron detalles este miércoles en la Mesa Redonda sobre el tratamiento al derecho sucesorio en dicho texto. El intercambio tuvo lugar cuando está próximo a comenzar el venidero mes y hasta abril la consulta popular del proyecto en su versión 24.
El proyecto del Código de las Familias no solo centra su atención en lo que es estrictamente familiar. Por la repercusión que tiene esta institución y las modalidades familiares que existen y se reconocen, esta norma va a irradiar en otras instituciones jurídicas contenidas en otros cuerpos normativos muy afines a dicho Código, apuntó al comenzar su intervención en la Mesa Redonda el presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, Leonardo Pérez Gallardo. 
Recordó que en Cuba tenemos un Código de Familia de 1975 y uno Civil de 1987. “En este último se regula la persona, la propiedad, el contrato y la herencia”. 
Pérez Gallardo señaló que es precisamente la herencia una de las temáticas que está más implicada y conectada con el derecho de las familias. “Uno de los tipos de sucesiones que se da cuando la persona no ha otorgado testamento se basa en los vínculos familiares, sean parentales o conyugales, los cuales generan efectos desde el punto de vista jurídico”. 
Por ello -continuó explicando- para que el Código de las Familias pueda aplicarse es necesario reformar ciertas instituciones del derecho de sucesiones, ya que la reforma al Código Civil no está prevista para esta legislatura, recordó. 
La reforma está contenida en las disposiciones finales del Código. “Se trata de adaptar esas instituciones desde el Código Civil a lo que supone un nuevo Código de las Familias”. 
El profesor puntualizó que el derecho de sucesiones es la parte del derecho civil que se dedica a regular la transmisión por razón de la muerte de las situaciones jurídicas patrimoniales y de otras existenciales. 
“Esta reforma es necesaria porque, por ejemplo, si yo reconozco en el Código de las Familias derechos a favor del sobreviviente de una unión de hecho, el Civil no reconoce al sobreviviente de dicha unión. Por eso es necesario reformarlo”, explicó. 
De igual modo ocurre con los cuidadores familiares, que el Código Civil no prevé desde el punto de vista sucesorio ningún privilegio a su favor, como sí lo hace el Código de las Familias. 
En otras palabras, dijo López Gallardo, “lo que estamos haciendo es una cirugía de mínimo acceso en el Código Civil, hasta que este se reforme en fechas que aún no están precisadas”. 

En un segundo momento del espacio, la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Joanna Pereira Pérez, también habló sobre el nexo entre las instituciones familiares y sucesorias. 
“Una de las instituciones sucesorias en la que se introduce un cambio no poco polémico es el tema de la capacidad de testar. ¿Quién puede hacer testamento?”, comenzó explicando. 
“Muchos asocian el testamento con la muerte y el final de la vida, pero el Código de las Familias introduce una edad específica para acceder a la posibilidad de otorgar testamento”. 
Recordó que la edad para realizar actos jurídicos en el Código Civil es de 18 años y “el proyecto de las Familias viene estableciendo que se reduzca esa edad y que la persona pueda realizar un acto jurídico testamentario a los 12 años”. 
“Es una reducción considerable y muy polémica”, reconoció. 
En este sentido, contó que antes de que estuviera vigente nuestro Código de la Familia de 1975, actuaba el Código Civil español que establecía 14 años para la edad de testar. “Es decir, no es una novedad que en materias sucesorias se establezcan edades diferentes para que las personas puedan acceder al acto jurídico testamentario”. 
Pereira Pérez apuntó que ya es tendencia en el mundo la reducción de dicha edad. “Hay muchas investigaciones que han demostrado que entre los 10 y 14 años las personas ya son capaces de comprender emocional y cognitivamente lo que significa la muerte y ello implica que puedan querer prepararse para lo que esto significa”. 
“Hay quien puede decir que una persona de 12 años no tiene muchos bienes, pero en la actualidad el derecho de sucesiones llega mucho más allá. Estamos hablando de que se pueda decidir sobre sus perfiles en redes sociales, cómo considera que se le deben dar tratamiento, o también el tema de los bienes digitales que se encuentran en la web o nube. 
“Esta reducción de la edad -resumió- viene aparejada a tendencias actuales. La sociedad evoluciona a un ritmo vertiginoso y el Código no está pensado solo para el momento actual, sino que es futurista y mira a los jóvenes, que cada día juegan un papel más importante en la sociedad”. 
La vicedecana también acotó que se ha reducido esta edad en correspondencia con un principio de la Convención Internacional de los Derechos del Niño relacionado con la autonomía progresiva, “es decir, que ellos cada día puedan decidir más sobre las cuestiones relacionadas consigo mismo y con su entorno”, añadió.
Por su parte, el doctor Leonardo Pérez recordó que el Código de las Familias dedica el título II a la discriminacion y a la violencia familiar. “Esto responde al reconocimiento de la violencia como una flagelo y las consecuencia que produce en el ámbito intrafamiliar y también queda recogido en la Constitución de la República”.
La violencia intrafamiliar-dijo- no solo va a tener efectos jurídicos esencialmente privativos de derechos en las instituciones familiares, sino también en las sucesorias. 
“La mayoría de los actos de conducta violatorios que se incorporan y se describen como causas cercernatorias del derecho hereditario -causas de incapacidad para suceder- van a estar vinculadas a la violencia de género, física, psicológica, contra los adultos mayores, contra las personas discapacitadas”, explicó.
Por ejemplo, en el caso que una persona haya abandonado en el orden afectivo a su padre, si el resto de los hermanos promueven un proceso ante los tribunales demostrando que no había un vínculo afectivo o había un despojo emocional, pudiera tener éxito una acción que le privara el derecho a la herencia. 
El presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia expuso otro ejemplo: si un hijo le niega la comunicación de los abuelos con el nieto, sin una causa que lo justifique, se puede privar del derecho a la herencia.
¿Qué se quiere con esta parte del Código? “Las actitudes que puedan ser constitutivas de actos de violencia intrafamiliar, en cualquiera de sus manifestaciones, no queden en solo en campo del derecho de las familias, sino que transgreda al campo del derecho de sucesiones. Así se blinda la protección a las familias y la coherencia y visión de sistema del ordenamiento jurídico”, indicó.
Pérez Gallardo informó que desde el punto de vista estadístico hay muchas más personas que mueren sin hacer testamento, aunque dijo “Cuba es un país con una cultura testamentaria”
En materia sucesoria -agregó- se prevé siempre el perdón y la rehabilitación. “Si el testamento se otorga con posterioridad al acto constitutivo del hecho de violencia, se puede entender que si se ha realizado un testamento o no se ha revocado uno existente entonces lo ha perdonado expresa o tácitamente.”
Ante la pregunta, ¿pueden los hermanos impugnar un testamento de un padre? El presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia dijo que si es posible, pero otra cosa es que tenga éxito el recurso. En su experiencia como notario, dijo que los testamentos son los actos que más suelen ser impugnados.
Por su parte, la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana al referirse a las novedades del derecho de sucesiones que recoge el Código es la amplitud y visibilidad dada a contenidos no patrimoniales del testamento.
Joanna Pereira Pérez recordó que el Código Civil existente es patrimonialista. “Existen posibilidades dentro de las instituciones familiares que si no tenían un correlato en el ámbito sucesorio quedaban en la virtualidad”.
Por ejemplo, establece la posibilidad que los padres decidan como parte del contenido del testamento quienes desean que sean los tutores de los hijos ante su fallecimiento, ya sea, porque tienen una edad avanzada, o una enfermedad. 
También relacionado con los hijos menores de edad -mencionó- el tema de la administración de los bienes. “Pueden decidir quienes desean que administre los bienes de sus hijos menores, ante el fallecimiento de los padres”.
Otra cuestión interesante es el tema de los hijos ultrapóstumos y la disposición sobre el material genético. Pereira Pérez explicó que puede existir el material genético, pero si no existe la manifestación de voluntad de que será su hijo, ya sea, porque esté nacido o por nacer.
El Código establece que “todas las personas menores de edad, con 12 años cumplidos, pueden otorgar válidamente testamento o cualquier acto de autoprotección”. De acuerdo con la vicedecana, esto quiere decir que los menores pueden alegar que no están conformes con la persona que sus padres han designado para ser su tutor.
“Esto constituirá un reto para los jueces, porque tendrán que decidir entre dos manifestaciones de voluntad. Igualmente los jueces intervendrán en el caso que los padres estén divorciados y cada uno teste a nombre de un tutor diferente para que sea el tutor de su hijo”, añadió.
El presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia dijo que el Código amplía el espectro de sujetos obligados a brindar atención. “Como el Código Civil vigente reconoce el derecho de los sobrinos a heredar de los tíos, por un principio de reciprocidad los tíos pueden heredar a los sobrinos”.
“Los parientes socioafectivos tendrán los mismos efectos jurídicos tendrán los mismos derechos  que el afecto consanguíneo”, indicó. Asimismo agregó que cómo el Código está hablando de la familia multiparental, se debe regular una sucesión de este mismo tipo. 
En video, Mesa Redonda
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Vea además:
Publican en Gaceta Oficial el proyecto del Código de las Familias para su consulta popular

¿Cómo será el proceso de consulta popular del nuevo Código de las Familias?

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Modifican inscripción de MIPYMES y CNA en Oficina Nacional de Estadística e Información

La Habana, 19 ene (ACN) La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) anunció hoy que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipimes) y Cooperativas no Agropecuarias (CNA), ya no deberán presentarse en las unidades de la ONEI para inscribir a sus entidades.

Según el reporte del Canal de Actores Económicos en la plataforma digital Telegram, a partir de las ventajas que ofrece esa red social, la ONEI inscribirá de oficio a las nuevas Mipimes y CNA

Informó, además, que no emitirá Constancia de Inscripción, por lo que ninguna institución o entidad deberá exigir la presentación a las Mipimes de este documento para trámite o acto de cualquier índole.

De acuerdo con la nota, una vez concluido el proceso en la Plataforma de Actores Económicos, la Mipimes o CNA tienen hasta 60 días naturales para contactar con la Oficina Municipal de Estadística e Información que le corresponda, según su domicilio social, para firmar el Convenio Informativo y comenzar a rendir información.

Para verificar que la entidad está inscrita en la ONEI, los interesados pueden consultar el Directorio de Unidades Institucionales (DUINE), que publica la propia oficina en http://www.onei.gob.cu/node/15066.

En él pueden verificarse datos como el domicilio social y la clasificación de la actividad principal de acuerdo a la clase del Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

A partir del 1ro de febrero de 2022, la ONEI emitirá el código en el DUINE para la identificación de las MIPYMES y las nuevas CNA, cifra que coincidirá con el Número de Identificación Tributaria (NIT),

Los códigos asignados antes de la puesta en vigor de esta medida continuarán sin variación, manteniendo los cinco dígitos, refiere la nota.

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