“Todas las personas que han sido detenidas por ejercitar esos derechos [reunión y protesta pacífica en Cuba] deben ser liberadas inmediatamente”, declaró en conferencia de prensa en Ginebra este 16 de noviembre de 2021 Elizabeth Throssell, funcionaria encargada de Medios y Comunicación de la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La periodista mexicana Gabriela Sotomayor fue quien interrogó a Throssell sobre la posición de la oficina respecto a la situación que atraviesa Cuba a raíz de la convocatoria de Archipiélago para realizar una marcha pacífica el 15 de noviembre.
Throssell comunicó, además, que los derechos a la libertad de expresión y opinión y a la libertad de asociación y reunión “son absolutamente fundamentales y básicos en cualquier sociedad, las restricciones que se impongan a los derechos de reunión y asociación, así como a los derechos de libertad de expresión y opinión deben cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad y tienen que estar establecidos en la ley”; aspecto este último ausente de la legislación cubana.
Mencionó en sus declaraciones la preocupación de la oficina de la alta comisionada por la detención de personas que ejercen “sus derechos a la reunión y protesta pacífica”, y abogó por el respeto al debido proceso de los detenidos para que estos cuenten con acceso a un habeas corpus, defensa y comunicación con sus familiares.
“Básicamente, podríamos decir que el Estado tiene la obligación de crear y garantizar un ambiente que favorezca la protección de los derechos humanos”, concluyó Throssell.
Las agresiones a activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil cubana que apoyan o son miembros de Archipiélago continuaron y se intensificaron el 15N. El Estado cubano, en lugar de proteger el derecho a la libre manifestación de sus ciudadanos, impidió que lo ejercieran y reprimió cualquier intento de disenso.
Actos de repudio, interrogatorios, detenciones arbitrarias, estados de sitio, acoso en redes junto a otros hechos de hostigamiento y la militarización de las calles integraron la estrategia de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria para impedir manifestaciones en el país.
La organización sin fines de lucro Cubalex registró 53 incidentes donde los derechos humanos de los cubanos fueron vulnerados por el Gobierno a lo largo de la jornada. Hasta el momento ha reportado 56 detenciones relacionadas con el 15N. De ese total 25 han sido excarcelados y 9 se encuentran en desaparición forzada, entre ellos Daniela Rojo, una de las moderadoras de Archipiélago. Usuarios en redes detectaron la desaparición del perfil de Facebook de Rojo.
El pasado 11 de noviembre Clément Nyaletsossi Voule, relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación le recordó al Gobierno cubano que acosar e intimidar a los organizadores de la manifestación era una violación de sus obligaciones como Estado.
La oficina de Michelle Bachelet afirmó que velaría de forma remota “la situación de los derechos humanos en Cuba”; porque su organismo no tiene potestad para monitorear en vivo eventos en territorio cubano.
Dos meses antes, el 14 de septiembre, Bachelet había presentado su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos. La alta comisionada hizo silencio sobre las violaciones a los derechos humanos que comete el Gobierno cubano.
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