CIUDAD DE MÉXICO. – El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) exigió al Estado cubano que presentara a más tardar el 7 de febrero información sobre las desapariciones forzadas en el contexto de las protestas masivas del 11 de julio (11J).
En respuesta a una carta enviada en agosto por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Centro de Información Legal Cubalex, Artículo 19 y Freedom House sobre las violaciones de derechos humanos en la Isla, el organismo internacional solicitó a La Habana exponer el número de personas presuntamente desaparecidas, así como el número de quejas presentadas a las autoridades nacionales al respecto.
En la misiva firmada este 11 de noviembre, el CED también pide que se le informe de las medidas adoptadas para buscar a los presuntos desaparecidos, la cantidad de personas localizadas, las formas en que se investigarán tales hechos y qué reparaciones tendrán las víctimas.
El Estado cubano, como firmante de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, está obligado a responder al Comité y cumplir las disposiciones de dicha Convención. De no responder, Cuba quedaría marcada oficialmente como un país violador de DD. HH.
Según ha explicado la ONG Cubalex, se considera que una persona está en desaparición forzada en el mismo momento que es detenida por las autoridades y estas se niegan a informar sobre su paradero, lo que expone a las víctimas a la tortura, por ejemplo.
“Desde hace varios años el Estado cubano ha empleado la desaparición forzada como práctica generalizada y sistemática para reprimir a quienes considera ‘opositores’. Este patrón se da en el marco de las detenciones arbitrarias, donde instructores y fiscales les niegan a las personas privadas de libertad el acceso a información acerca de su situación procesal y el derecho a la comunicación inmediata con sus familiares, razón por lo que la persona se encuentra en paradero desconocido ―muchas veces― hasta el día del juicio, como sucedió con el músico y activista del Movimiento San Isidro, Denis Solís”, explicaron a la ONU las organizaciones firmantes de la solicitud.
“El Estado utiliza como táctica no anotar sus nombres en los registros de entrada a las estaciones policiales, contrariando los estándares internacionales de derechos humanos, como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Durante estas detenciones la persona privada de libertad no es informada de las acusaciones en su contra o de las investigaciones en curso”, agregan los firmantes.
En el marco de las protestas iniciadas el 11 de julio de 2021, esta práctica se ha recrudecido, pues el Gobierno ha empleado la desaparición forzada como represalia por el ejercicio de la libertad de expresión, asociación, reunión y protesta pacífica.
Durante las semanas posteriores al 11J, cientos de cubanas y cubanos fueron apresados sin que se informara su paradero a sus familiares. Incluso, los policías negaron intencionalmente información sobre el estado y lugar de reclusión de los manifestantes, como ocurrió con la activista Lisandra Góngora, entre muchos otros.
Cubalex, junto al grupo Justicia 11J, ha denunciado que al menos 1 270 personas fueron detenidas por manifestarse durante esas jornadas, incluidos más de 20 menores de edad.
La abogada Laritza Diversent explicó a CubaNet que el centro de información legal que dirige, ha trabajado con organizaciones homólogas para hacer incidencia internacional, denunciar las violaciones de Derechos Humanos en Cuba y visibilizar las arbitrariedades en los procesos contra los manifestantes.
“También hicimos una petición a la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachellet, para que incluyera en su agenda a Cuba como país donde preocupa la situación de los DD. HH. y enviamos cartas a embajadas de diferentes naciones para hacer un llamado sobre lo mismo”, explicó Diversent.
Cuba, al ser firmante del tratado del CED debe examinarse cada cuatro años y medio, y presentar un informe al organismo. El próximo examen de la Isla está previsto para 2022.
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