LA HABANA, Cuba.- En menos de una semana tres jóvenes en la Isla de la Juventud, pertenecientes al opositor Partido Autónomo Pinero (PAP), han sido víctimas de registros en sus viviendas, confiscaciones y multas por parte de los órganos represivos cubanos como represalia por su apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre (15N).
La ola de registros comenzó el 29 de octubre con el activista Hayro Laborí Pelegrín, quien fuera detenido posteriormente, llegando a caerse en la escalera de su casa luego de ser empujado por uno de los oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). En declaraciones a la prensa independiente, Laborí identificó a al menos uno de los agentes de la Seguridad del Estado a cargo de la represión a los opositores en el territorio, se trata de Wilmer Anniel Martínez Góngora; también nombró a Leduán.
Al día siguiente, la casa de Juan Michel López Mora sería el foco de un nuevo registro y confiscaciones. En la orden de registro se explica que el motivo es “ocupar medios cómputos y materiales subversivos en contra del proceso revolucionario cubano”.
Cinco días más tarde, la Seguridad del Estado irrumpía en la vivienda de David Gómez Sánchez, activista del PAP y periodista independiente pinero que dirige una página y varios grupos de Facebook llamados “Periódico Pinero”.
Entre las pertenencias confiscadas a los jóvenes se hallan: teléfonos, laptop, USB, impresora, documentos, cámara fotográfica, e incluso una bandera cubana.
Los tres fueron conducidos a la estación de policía del territorio en donde fueron interrogados y amenazados por su activismo y apoyo a la manifestación pacífica convocada para el 15N.
“Se acerca el día 15 y la dictadura está tratando por todos los medios de intimidar a todas las personas que sean capaces de manifestarse (…). Solamente me queda decir que somos la resistencia, que realmente queremos un cambio y vamos a luchar por ello, y que estas cosas, a los que creemos y estamos totalmente convencidos, no nos amilanan. Abajo la dictadura”, dijo Hayro Laborí mediante un video difundido en redes sociales.
A Laborí y a Gómez les impusieron además una multa de 3 000 pesos y confiscaron sus teléfonos celulares en virtud del Decreto-Ley 370, por sus publicaciones en redes sociales críticas con el régimen cubano. En el caso de López Mora, asegura que ese día mandaron a llamar al inspector del Ministerio de Comunicaciones que debía imponerle la multa pero que este no llegó al lugar por problemas personales. “El oficial de la Seguridad me dijo que por eso me había salvado de la multa, yo le constesté que total, ellos ya estaban robando mi teléfono y las demás cosas”.
El Decreto-Ley 370, también conocido como “ley azote”, entró en vigor el 4 de julio de 2019 y, desde entonces, según datos reunidos por el Proyecto Inventario, ha sido utilizado para sancionar a 41 personas, fundamentalmente opositores, activistas y periodistas independientes que divulgan “a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas constumbres y la integridad del las personas” (Artículo 68, inciso i), Decreto-Ley 370), o sea, opiniones e informaciones que el gobierno cubano considera negativas o demasiado críticas.
El PAP, mediante un comunicado oficial, calificó estas acciones como “actos vandálicos represivos accionados por el régimen dictatorial cubano”, que evidencian el irrespeto a la libertad de expresión, de pensamiento y manifestación pacífica.
Para David Gómez, “todo este conflicto solo me ha servido para consolidar mis convicciones políticas e ideológicas, creo firmemente en expresar lo que pienso, lejos de constituir un delito”; asimismo, el joven sostuvo su decisión de marchar el 15N.
Aunque la muestra no evidencia la totalidad de los casos, según el segundo informe sobre represión en Cuba de la Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de noviembre, perteneciente al grupo Archipiélago, entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre se registraron un mínimo de 45 denuncias por acciones represivas, “en la mayoría de los casos conteniendo violaciones a varios derechos humanos reconocidos internacionalmente”.
Entre las variantes represivas más significativas se hallan: actos de repudio, expulsiones de centros de trabajo, citaciones, interrogatorios y amenazas, aumento de operativos policiales para vigilar a los coordinadores del grupo y sus familiares y amigos, detenciones arbitrarias, y difamación e intimidación en la televisión nacional y medios de prensa oficiales.
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