La Fiscalía Municipal de Placetas en Villa Clara pidió 10 años de privación de libertad a las hermanas Lisdany y Lidianis Rodríguez Isaac, detenidas en relación con el levantamiento popular del 11 de julio.
Las jóvenes de 22 años están inculpadas por los delitos de desorden público, desacato y dos atentados.
“Es completamente injusto, porque las acusan de cosas que no hicieron. Ellas si fueron a la marcha, pero su comportamiento fue pacífico, no hicieron ningún atentado a ninguna persona. En realidad, las están castigando por ir a las protestas ¡y dicen que aquí hay libertad de expresión!”, lamentó la hermana, Lismari Rodríguez Isaac.
Lisdany y Lidianis, arrestadas el 15 de julio, forman parte de un grupo de opositores placeteños a los que la Fiscalía está solicitando altas penas.
“El régimen cubano está ahora en esta fase, asegurándose que todos los que tienen un pensamiento disidente más asentado pasen en prisión muchos, muchos años. En el camino están cayendo grandes personalidades de la oposición, del mundo artístico y están cayendo civiles y jóvenes a los que quieren destruir la vida. El Estado de Cuba no es un Estado, ni hay gobierno en Cuba. Es una banda de criminales a las que todos, de la manera más efectiva y sin perjuicio para nadie, tenemos que poner fin”, señaló Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, asentada en Madrid.
Las hermanas se encuentran actualmente cumpliendo prisión preventiva, en la cárcel de Guamajal.
“Aquí en Placetas, las marchas fueron pacíficas. No hubo vandalismo, ni resistencia”, aseguró la madre de las prisioneras, Barbarita Isaac Rojo, quien escribió, inútilmente, al Tribunal Supremo y a la Asamblea Nacional para que intercedieran en el proceso contra sus hijas.
En los últimos diez días, las autoridades judiciales han comenzado a fijar las fechas de juicio o a celebrarlos a los manifestantes a los que la parte acusatoria pide altas condenas.
Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, las dos muchachas agredieron físicamente al oficial operativo de la Contrainteligencia, Ricardo González Abreu, y a dos ciudadanas, presuntamente, miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida.
La legitimidad de aplicar duras sanciones a personas que asistieron a las demostraciones del 11 de julio, pero no saquearon ni se enfrentaron con la policía, ha sido cuestionada por numerosos juristas y entidades internacionales defensoras de los derechos humanos.
“Es criminal ver a dos jovencitas fantásticas, llenas de vida, que han estudiado, que, por supuesto, no tienen antecedentes penales, a las que, por salir a una manifestación a expresar sus deseos de libertad de forma pacífica, de forma adecuada, un Estado las quiere meter en prisión diez años”, dijo Larrondo.
El presidente del Tribunal Supremo Rubén Remigio Ferro afirmó a finales de julio que la amnistía a los condenados por su participación en las protestas es una decisión que corresponde al Gobierno y que tiene su “momento”.