MIAMI, Estados Unidos. — Hubo una vez, no hace mucho, un abogado y auditor ruso, residente en Moscú, llamado Sergei Magnitsky. Era especialista en finanzas internacionales, corrupción y evasión de impuestos. Por los años 2000 se lanzó a investigar y documentar los ultrajes que sucedían en la Unión Soviética en este campo, desde el mismísimo Kremlin de Vladimir Putin.
En 2007, Magnitsky pudo comprobar la complicidad de tres oficiales del Ministerio del Interior ruso en un esquema fraudulento que utilizaba a la compañía Heritage Capital Management para desfalcar al propio Estado ruso por la cantidad de US$230 millones. No sorprenderá al lector saber que un buen día de 2007, Magnitsky fue arrestado por la policía política, por el mismo Ministerio del Interior —heredero de la KGB— que Magnitsky estaba investigando. En la cárcel lo golpearon constantemente y lo torturaron, le prohibieron toda visita familiar, y le negaron asistencia médica. Sergei Magnitsky moriría en prisión en 2009; tenía apenas 37 años.
Fue gracias a la intensa campaña internacional del presidente de Heritage Capital, el norteamericano Bill Browder —quien fuera amigo de Sergei Magnitsky—, que las Leyes Magnitsky llegaron a formularse y adoptarse unos años después. Convencido de que la corrupción en Rusia era tal que jamás se llevaría ante los tribunales a los responsables de la muerte del joven abogado, Browder inició una cruzada en Estados Unidos que pudiera lograr un mecanismo legal para sancionar a los asesinos desde el exterior de Rusia. La estrategia de Browder llevó el castigo a un contexto sin precedentes: congelar los activos y cuentas bancarias de estos criminales, bloquear el acceso a las finanzas que mantenían en el exterior y prohibirle la entrada en países ejecutores de dichas sanciones. En otras palabras: interferir con los privilegios del mal-habido dinero. Si Bill Browder hubiese sido cubano, le hubiera llamado a su estrategia “Operación Bolsillo”.
En 2012, bajo la administración del presidente Barack Obama, el Congreso de los Estados Unidos adoptó la Ley Magnitsky. Su primera aplicación fue contra los varios oficiales corruptos del Ministerio del Interior del Kremlin. La respuesta de un enfurecido Vladimir Putin fue prohibir en adelante que ciudadanos estadounidenses pudiesen adoptar niños o niñas huérfanos rusos y excluir a medio centenar de oficiales de EE. UU. de participación y entrada en Rusia.
Washington ha ampliado desde 2012 el radio de sanciones, a incluir no solo los asesinatos políticos, sino también a oficiales gubernamentales y empresarios internacionales corruptos y a los violadores de derechos humanos y culpables de violencia sexual.
Hoy por hoy, en su lista Magnitsky, además de Rusia, se encuentran oficiales y políticos de Irak, Myanmar, Sudán del Sur, Corea del Norte, Eslovaquia, República Dominicana, Chechenia, Camboya, Uganda, Israel, Serbia, Siria, Libia, Arabia Saudita, Turquía, Bulgaria, Pakistán, Gambia, Eritrea, Etiopía, México, Venezuela, Nicaragua y Cuba. También se incluye a oficiales de China Comunista por sus violaciones genocidas de derechos humanos en contra de la etnia musulmana Uyghur, y por su represión y maltrato en contra de activistas de oposición en Hong Kong.
Otros países también han adoptado su propia Ley Magnitsky desde 2012: Letonia, Lituania, Estonia, Canadá, Reino Unido, Kosovo y la Unión Europea. En Australia se sigue debatiendo si adoptar o no una Ley Magnitsky; se sabe que China Comunista ha puesto sobre aviso a los australianos de no hacerlo, lo que puede explicar el por qué Australia está obrando con tanta cautela.
Respecto a Cuba, la Ley Magnitsky se le ha aplicado al ministro del Interior, General Lázaro Alberto Álvarez Casas, y al Ministerio del Interior como entidad. También le ha sido aplicada al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, y a las fuerzas especiales del MININT conocidas como “Boinas Negras”, recientemente vistas por televisión, video y en redes sociales en su despliegue armado contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio.
El pasado 24 de septiembre, el Centro para una Cuba Libre (CFC) y la Fundación Víctimas del Comunismo (VOCF), ambas organizaciones no-gubernamentales radicadas en Washington, D.C., le pidieron a la administración del presidente Joe Biden que le fuera aplicada la Ley Magnitsky al presidente-dictador de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, como violador principal de los derechos humanos en Cuba, y muy especialmente por su convocatoria a la violencia contra manifestantes pacíficos durante las demostraciones del pasado 11 de julio en la Isla.
“Estamos pidiendo a todos los gobiernos que tienen Leyes Magnitsky vigentes, y a la Unión Europea, que sancionen al jefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel, por los abusos cometidos bajo sus órdenes”, dijo Carlos Ponce, a nombre de la Fundación VOCF.
“Esta petición documenta que, desde el principio de su presidencia en 2018, Díaz-Canel ha incrementado las medidas represivas en contra del pueblo cubano mediante el Decreto-Ley 349 de 2018, los Decretos-Ley 370 y 389 de 2019, y el Decreto-Ley 35 de 2021”, declaró John Suárez, director ejecutivo del CFC.
Quién sabe si a la administración Biden, o a las de Letonia, Lituania, Estonia, Canadá, Reino Unido, Kosovo y también a la Unión Europea, les dé por aplicar sanciones bajo sus Leyes Magnitsky a todos los integrantes del Consejo de Estado de Cuba, del Consejo de Ministros, del Comité Central y del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, a todos los oficiales del MINFAR y del MININT, a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y a la dirigencia de GAESA. No hay duda de que tanto bolsillo privilegiado en crisis causaría mayores disgustos e inconvenientes.
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