LA HABANA, Cuba. — “Yo también tengo curiosidad… Se está investigando, pero yo no conozco ese dato; no es un dato que esté disponible… Actualmente no contamos con un número exacto de personas detenidas o liberadas”, fue la inquietante respuesta de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, cuando, en conferencia de prensa celebrada en la mañana del pasado sábado, periodistas extranjeros preguntaron sobre cuántos detenidos había en Cuba por las manifestaciones del 11 de julio, de los que, según el magistrado, “a los tribunales” han llegado muy pocos, “19 casos con 59 personas”, dijo.
Coincidentemente, la tarde del pasado jueves 22 de julio, también en conferencia de prensa y preguntado igualmente por la prensa extranjera sobre cuántos manifestantes del 11J se encontraban detenidos, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que no era un asunto del que debía responder por ser competencia de la fiscalía y de los tribunales.
Ciertamente —y según dijo, “yo también tengo curiosidad… pero yo no conozco ese dato”— no es competencia de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, conocer o informar de cuántos detenidos hay en Cuba ni como consecuencia de las protestas del 11J ni por otros sucesos, por la sencilla razón de que su función es judicial y no acusatoria, como tampoco —salvo casos vinculados a la diplomacia— es tarea de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, conocer de personas encarceladas.
Pero junto a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, la mañana del pasado sábado en el Centro de Prensa Internacional se encontraba Yamila Peña Ojeda, fiscal jefa de la Fiscalía General de la República (FGR), a quien, por desconocimiento de las leyes cubanas, el corresponsal extranjero no preguntó, siendo ella persona indicada para responder: ¿Hasta el día de hoy cuántos acusados hay por las manifestaciones del 11 de julio y cuántas de esas personas permanecen detenidas?
Preguntada sobre cuántos presos hay en Cuba por el 11J, la fiscal general Peña Ojeda no podía decir “yo también tengo curiosidad… Se está investigando, pero yo no conozco ese dato; no es un dato que esté disponible… Actualmente no contamos con un número exacto de personas detenidas o liberadas”. No, de esa forma ambigua no podía responder Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la FGR, sin ir contra su encargo constitucional porque, a no ser que existan personas desaparecidas en Cuba (víctimas de delitos de privación de libertad por mantenerlas fuera de unidades policiales o de operaciones o dentro de ellas con la complicidad de sus jefaturas), la fiscal general Peña Ojeda sí conoce —o puede conocer de forma actualizada— cuántas personas se encuentran detenidas en el territorio nacional, por qué delitos se encuentran arrestadas, cuántas horas o días llevan en los calabozos, quién las mantiene tras las rejas y sujetas a medida cautelar de prisión provisional, solicitada por qué policía o instructor penal y autorizada por la fiscalía a solicitud de qué municipio, provincia, órgano operativo o un fiscal mismo.
Yamila Peña Ojeda, como fiscal general de la FGR de Cuba, por mandato constitucional, tiene como misión fundamental “ejercer el control de la investigación penal” y el “ejercicio de la acción penal pública” en representación del Estado. En el cumplimiento de esas misiones está obligada a cumplir estrictamente con la Constitución y con las leyes y hacer que así también cumplan todos los fiscales, todas las instituciones y todos los ciudadanos. En ese sentido, la ciudadana Peña Ojeda está subordinada únicamente al presidente de la República, en este caso, el ciudadano Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, quien, también por mandato constitucional, está obligado a “cumplir y velar por el respeto a la Constitución y las leyes”, digo, en el caso de ser Cuba un “Estado de derecho”.
Pero… ¿En realidad los cubanos vivimos en un Estado respetuoso de los derechos universales y de las leyes nacionales? Luego de una protesta social como la que estalló en Cuba el 11 de julio, criminalizar manifestantes —y no voy a citar muchos, sino sólo los “19 casos con 59 personas”, mencionados por el magistrado Ferro— parece de un país gobernado por sicarios en lugar de por personas que dicen ser solidarias.
Después del mediodía del 11 de julio, y hasta el día de hoy, fuerzas militares, policiales y paramilitares no cesan de patrullar pueblos y ciudades de Cuba, incluso aquellas zonas donde no hubo estallidos sociales o sólo hubo asomo de protestas. Mientras, “manifestaciones” de conducidos que ya alguien definió como “cuida-puestos” (empleados del Estado o trabajadores particulares llamados “cuentapropistas” contratados por el Estado) hacen de partidarios del régimen gritando ¡Viva Díaz-Canel! Y es cierto: el militarismo castrocomunista todavía mantiene el poder, pero es el poder basado en la fuerza y en la deformación de la información como arma psicológica, no en la razón; el silencio sobre los presos del 11J viene a demostrarlo según ya lo dijo Václav Havel: “el carácter del poder es la situación en la que estos `sin poder´ actúan”. Y ahora los “sin poder” están presos, pero “no es un dato que esté disponible”.
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