Uno de los acontecimientos más funestos y debatidos en la historia de Cuba fue la aceptación de la Enmienda Platt por los constituyentes de 1901, hace hoy 120 años. Para comprender lo sucedido entonces es preciso volver a los hechos históricos y despojarnos de etiquetas y estereotipos en torno a la actuación de aquellos hombres que, en su inmensa mayoría, habían dedicado sus vidas a la lucha por la independencia; de ahí que fueran electos por el pueblo para redactar la primera constitución de la república por la que se había inmolado la quinta parte de la población del país.
Al concluir la guerra Hispano-Cubanoamericana, con el armisticio entre España y EEUU el 16 de agosto de 1898, España renunció a la soberanía de Cuba y EEUU no la reclamó; pero la agonía final por alcanzar la república soñada apenas comenzaba. Las grandes interrogantes políticas del período que iniciaba eran: ¿de veras se irán los yanquis?, y su secuela lógica, conociendo el carácter norteño: ¿qué precio tendremos que pagar para que lo hagan de una vez?
Estas preocupaciones tenían como trasfondo económico la reconstrucción del país, tarea ardua para un pueblo carente de recursos materiales y financieros, diezmado en su población y fuentes de riqueza. No obstante, el trienio 1899-1901 fue testigo del primero de los milagros económicos del siglo XX: el cubano, generalmente olvidado dentro y fuera de la Isla.
En ese breve período, los trabajadores rurales y urbanos, mediante un despliegue intensísimo de trabajo vivo y el uso eficiente de los escasos capitales inyectados por un puñado de inversionistas, nativos y foráneos, lograron recuperar los altos niveles de producción de la economía anteriores a la guerra, y hasta superarlos en algunos sectores.
El Generalísimo Máximo Gómez abandonando la Asamblea del Cerro, marzo de 1899
Mientras los políticos cubanos se liaban en agrias discusiones entre el poder civil —Asamblea de Representantes de la Revolución Cubana instalada en el Cerro— y el militar —General en Jefe Máximo Gómez—, y los interventores continuaban enviando tropas de ocupación hasta casi triplicar los efectivos de la fuerza expedicionaria; la situación material del mambisado era terrible, pues sus vías de suministro logístico: expediciones, impuestos de guerra y expropiaciones violentas eran inoperantes en la paz. Los heroicos guerreros, que peleaban sin paga, no tenían dinero y vivían de la caridad pública.
De ahí la urgencia de Gómez por resolver la cuestión de los haberes del Ejército Libertador y su aceptación del donativo que «amablemente» le hiciera el presidente Mckinley para licenciar la masa de excombatientes. Entre tanto, la Asamblea del Cerro, que trataba de obtener el reconocimiento estadounidense mediante un empréstito de gobierno a gobierno, reaccionaba airadamente a la dádiva de Mckinley. La reacción popular ante el acto soberbio de querer destituir y juzgar al Generalísimo, obligó al órgano legislativo a auto-disolverse.
Negociar tal licenciamiento fue un craso error de los representantes del pueblo cubano, que se enfrascaron en la discusión de cómo debía hacerse, cuando en realidad de lo que se trataba era de no admitirlo.
En medio de la ocupación militar, Cuba quedaba desprovista de gobierno, ejército y Partido Revolucionario, deshecho previamente por Estrada Palma. Grande era la angustia popular, tan bien reflejada en el poema Mi bandera de Bonifacio Byrne. Mckinley y los gobernadores militares —J. Brooke, 1899 y L. Wood, 1900-1902— estimulaban el «olvido de lo pasado», mantenían en sus puestos a funcionarios coloniales, no mostraban interés por marcharse definitivamente, ni fijaban un límite temporal a la ocupación. Asimismo, crecía la falsa propaganda dirigida a la opinión pública norteña para convencerla de que la mayoría de los cubanos deseaba la anexión.
La política dilatoria de los ocupantes acrecentaba los ánimos patrióticos, que se manifestaron en 1900, cuando el independentismo arrolló en las elecciones municipales de todo el país. Mayor aún fue su triunfo al librarse la convocatoria a delegados a la Asamblea Constituyente para redactar y aprobar la Carta Magna y, como parte de ella, acordar con el gobierno de los Estados Unidos las relaciones que habrían de existir con el de Cuba. Como una victoria del indomable pueblo se decidió honrar el compromiso de la Joint Resolution y anunciar la salida de las tropas norteamericanas.
En noviembre se efectuó la apertura de la Constituyente en el teatro Irioja, bautizado Martí para la ocasión. Quince de los delegados eran civiles —casi todos antiguos laborantes y/o intelectuales patriotas— y el resto militares, entre ellos once generales. En toda la Isla se seguían al detalle las sesiones, la prensa reportaba diariamente lo ocurrido y divulgaba opiniones de políticos y lectores; el pueblo enviaba cartas y telegramas y numeroso público llenaba los palcos y juzgaba las intervenciones con gritos y aplausos.
Aprobado el texto constitucional en febrero, llegó el momento de discutir las relaciones bilaterales. La Asamblea designó una comisión de cinco miembros para que se encargara de proponer las bases que las sustentarían; pero de inmediato Wood les trasmitió instrucciones del secretario de Guerra, Elihu Root, sobre los puntos que se debían incluir.
Senador Orville Hitchcock Platt
Tales instrucciones, recibidas inicialmente por los constituyentes con burlas y exclamaciones airadas, procedían de la propuesta legislativa presentada al Senado de Estados Unidos por el presidente de la Comisión de Relaciones con Cuba, el senador Orville H. Platt. En la madrugada del 28 de febrero, con la oposición de algunos congresistas simpatizantes de la causa cubana, quedó aprobada como enmienda al proyecto de ley de Gastos del Ejército.
Paralelamente, la comisión cubana entregaba un informe contentivo de cinco declaraciones contrapuestas a las instrucciones impartidas por Wood, en especial a las relativas al reconocimiento del derecho de intervención y al establecimiento de estaciones navales en la Isla. La respuesta imperial argüía la imposibilidad del presidente de Estados Unidos de modificar el texto de la enmienda y de retirar el ejército de ocupación mientras esta no fuera aceptada como apéndice a la Constitución cubana. El chantaje quedaba planteado sin ambages.
Algunos miembros de la Constituyente sostuvieron la tesis de que no estaban facultados para aceptar una enmienda que limitaba la independencia y soberanía de la república naciente. Otros, como Manuel Sanguily, opinaron que la Asamblea debía disolverse antes de acordar medidas que ofendieran la dignidad y soberanía del pueblo cubano. Juan Gualberto Gómez redactó una ponencia en la que recomendaba rechazar, entre otras, la cláusula relativa al arriendo de estaciones navales o carboneras e impugnar el documento por contravenir los principios del Tratado de París y la Resolución Conjunta.
El país bullía de multitudinarias protestas anti-Enmienda y la prensa publicaba opiniones adversas de instituciones y personalidades públicas. El 2 de marzo, una nutrida manifestación se dirigió al teatro Martí para pronunciarse contra la Enmienda, y después marchó hacia el Palacio de los Capitanes Generales, residencia de Wood, para patentizar el total rechazo al documento.
Los comisionados de la asamblea enviados a Estados Unidos para gestionar con aquel gobierno las bases de un acuerdo bilateral, fueron recibidos por Root, quien tajantemente afirmó que imponer las discutidas cláusulas era un derecho de Estados Unidos al que no renunciarían. Reiteró que ninguna de las cláusulas de la Enmienda mermaba la soberanía de Cuba, sino que la preservaba, que únicamente se intervendría en caso de graves perturbaciones y con el solo objetivo de mantener el orden y la paz internos.
La comisión, con serias discrepancias entre sus miembros, dio a conocer un informe favorable. El 28 de mayo se sometió a discusión una ponencia en la que se aceptaba la Enmienda con algunas aclaraciones y ligada a la concertación de un tratado de reciprocidad comercial. Fue aprobada por quince votos contra catorce, pero el gobierno de Estados Unidos no la admitió y comunicó a la Asamblea un ultimátum: al ser la Enmienda Platt «un estatuto acordado por el Poder Legislativo de Estados Unidos, el Presidente está obligado a ejecutarlo tal como es. No puede cambiarlo ni modificarlo, añadirle o quitarle»; en caso contrario, las fuerzas militares yanquis no serían retiradas de Cuba.
Caricatura de la época
El 12 de junio de 1901, en sesión secreta de la Asamblea Constituyente, fue sometida a votación la incorporación de la Enmienda Platt como apéndice a la Constitución de la República. Ante el crucial dilema: «república con enmienda, o rebeldía con ocupación interminable», votaron a favor dieciséis delegados y once en contra.[1] Cuatro se ausentaron —Juan Rius, Miguel Gener, José L. Robau y Antonio Bravo— para no votar en tan humillantes condiciones.
De los que votaron favorablemente, muy pocos compartían el texto de la enmienda. Casi todos expresaron públicamente los motivos de su voto particular. Sanguily resumió el sentir de la mayoría: «[…] sobre todo, porque es una imposición de los Estados Unidos contra la cual toda resistencia sería definitivamente funesta para las aspiraciones de los cubanos».
Tras la aprobación, el propio Wood valoró el alcance de lo ocurrido:
Por supuesto, que a Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la Enmienda Platt […] es evidente que está en lo absoluto en nuestras manos y creo que no hay un gobierno europeo que la considere por un momento otra cosa sino lo que es, una verdadera dependencia de los Estados Unidos, y como tal es acreedora a nuestra consideración. Con el control que sin duda pronto se convertirá en posesión, en breve prácticamente controlaremos el comercio de azúcar en el mundo. Creo que es una adquisición muy deseable para los Estados Unidos. La isla se norteamericanizará gradualmente y, a su debido tiempo, contaremos con una de las más ricas y deseables posesiones que haya en el mundo.
A partir de entonces, los sectores subordinados a intereses imperialistas adoptarían una cultura plattista de abyecta sumisión, que alcanzará su clímax en 1906, cuando Estrada Palma abandonó la presidencia para forzar una segunda intervención norteamericana.
Al unísono, la lucha de la mayoría del país por la derogación de la Enmienda Platt y el temor a su aplicación, marcarían la vida política de la Primera República hasta su eliminación en 1934, durante el Gobierno de los Cien Días. El síndrome de la intervención norteamericana se convertiría con el tiempo en un fenómeno de larga duración en la política cubana y pendería, cual espada de Damocles, sobre la conducta de diferentes grupos, partidos y líderes políticos a lo largo de la historia.
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[1] A favor: José M. Gómez, Manuel Sanguily, Pedro Betancourt, Pedro G. Llorente, Martín Morúa, José de Jesús Monteagudo, Gonzalo de Quesada, Leopoldo Berriel, Alejandro Rodríguez, Emilio Núñez, Tamayo, Joaquín Quílez, Eliseo Giberga, Enrique Villuendas, Domingo Méndez y José N. Ferrer. En contra: José B. Alemán, José Lacret, Rafael Portuondo, Luis Fortún, Juan G. Gómez, Rafael Manduley, Manuel Silva, José Fernández, Diego Tamayo, Alfredo Zayas y Salvador Cisneros.
