Cuba impulsa una reforma judicial para reforzar las garantías constitucionales con cuatro anteproyectos de ley que son resultado de la construcción colectiva.
De acuerdo con el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, el verdadero cambio en el procedimiento penal de la isla comenzó con la aprobación de la nueva Constitución de la República en 2019.
Estas normativas son fruto de saberes de académicos, abogados, magistrados y especialistas en general, porque la participación colectiva es típica de nuestra democracia y la justicia debe parecerse a la sociedad, aseguró.
El titular describió los anteproyectos de leyes de los Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo, Código de Procesos y del Procedimiento Penal.
En el caso del primero, las principales reformas están dirigidas a aumentar la seguridad jurídica, los principios de independencia judicial, imparcialidad, transparencia y control popular, así como el carácter vinculante de las decisiones en estos órganos.
Según Remigio Ferro, la mayoría de los procesos se trasladarán a las sedes municipales de los tribunales con el objetivo de acercar aún más la administración de justicia al pueblo.
Por otra parte, el anteproyecto ley sobre Proceso Administrativo permitirá a las personas acudir ante los tribunales si la administración les lesiona sus derechos.
En otro orden, el experto explicó que la normativa sobre el Procedimiento Penal plantea innovaciones muy importantes hacia la modificación del derecho a la defensa.
‘Antes de las primeras 24 horas hay que instruir a un detenido para explicarle los cargos de los que se le acusan, por ende, entre sus derechos en ese lapso de tiempo está nombrar abogados, presentar pruebas’, puntualizó.
El presidente del Tribunal Supremo Popular también refirió que en el actual escenario se reconoce una mayor participación de la víctima como parte del proceso penal y en consecuencia, esta tiene nuevos derechos y garantías.
Los anteproyectos están publicados en el sitio oficial del parlamento unicameral con el objetivo de promover la participación del pueblo.
Luego de su reciente presentación ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), juristas, diputados, profesores de derecho de las universidades, miembros de los órganos de procesamiento penal del Ministerio del Interior y otros especialistas en toda la isla iniciaron un proceso de análisis de las disposiciones.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Legislativo, José Luis Toledo, señaló la semana pasada que estas son las normativas más complejas y voluminosas que se presentarán ante la Asamblea Nacional cuando sea convocada.
En Cuba las leyes que rigen el procedimiento penal, judicial y administrativo datan de 1977.