La multinacional de materiales de construcción con sede en Suiza, LafargeHolcim, el pasado 20 de mayo llegó a un acuerdo en una demanda presentada en Estados Unidos que buscaba una compensación por el uso de una propiedad confiscada por el régimen cubano.
En octubre de 2020, un tribunal de Florida aceptó la demanda de indemnización por daños y perjuicios por valor de 270 millones de dólares, presentada a la multinacional LafargeHolcim, el tercer productor mundial de cemento, en beneficio de más de 20 partes, cuyas tierras fueron nacionalizadas en Cuba.
En el terreno de la hacienda azucarera Soledad, confiscada en 1960 a la familia Claflin de Boston, fue construida la fábrica de Cemento Carlos Marx, en la localidad de El Guabairo en Cienfuegos.
La demanda alega que Holderbank (luego nombrada Holcim y LafargeHolcim) ha tenido una participación en la planta de cemento Carlos Marx desde 2001 a través de una “red compleja de empresas y transacciones”.
El diario The Miami Herald, en un artículo publicado en 2014, cita una carta del 1 de julio de 2000 firmada por Marcos Portal, entonces ministro de la Industria Básica de Cuba, en la que afirmaba que La Habana había aceptado “la oferta presentada por Ibersuizas-Holderbank de establecer una empresa conjunta en la planta Carlos Marx”.
Un fax fechado el 12 de junio de 2000 del bufete Arnold & Porter de Washington, que entonces asesoraba a Holderbank, les alertó que el proyecto de Cienfuegos representaba un “riesgo significativo e inmediato” bajo la Ley Helms-Burton porque la planta estaba en terrenos confiscados a ciudadanos estadounidenses y les sugirió que la única manera factible era “llegar a un acuerdo negociado” con los ciudadanos estadounidenses que habían sido propietarios de los terrenos.
El acuerdo negociado más de 20 años después de esa recomendación legal marca la primera victoria a favor de unos demandantes bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, activado por la Administración Trump desde mayo de 2019.
“Con el primer acuerdo que involucra a reclamantes certificados (de los cuales hay 5.913), es poco probable que la Administración Biden-Harris suspenda las demandas del Título III de la Ley Libertad”, explica la publicación especializada en el comercio entre Cuba y EEUU Cubatrade.org.
“Con base en los criterios de adjudicación del Título III de la Ley Libertad, la liquidación podría ser un interés anual ya que el activo fue expropiado, más daños triplicados, sumado a honorarios de abogados por un total que podría llegar a US $ 140 millones”, estima CubaTrade, aunque aclara que se desconoce si el demandante o el demandado revelará el monto del acuerdo.
