La Fiscalía de Bolivia admitió la denuncia de Andrónico Rodríguez, titular del Senado, contra la expresidenta Jeanine Áñez por la presunta comisión del delito de prolongación de funciones.
La causa se abrió porque la mandataria de facto alargó su desempeño al frente de la cámara alta de la Asamblea Legislativa y también en la jefatura del Estado, detalló el coordinador del Ministerio Público en La Paz, Sergio Bustillo.
Rodríguez planteó la acusación bajo las figuras penales de sedición, conspiración, atribución de los derechos del pueblo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, entre otras.
La Fiscalía boliviana aceptó el pasado 23 de marzo el inicio de investigaciones en tres de cuatro acusaciones para juicios de responsabilidades contra la exmandataria de facto.
Permitió los casos de préstamo inconstitucional del Fondo Monetario Internacional (FMI), violación de la libertad de expresión en la cuarentena por la COVID-19 y violación de los derechos humanos de bolivianos impedidos de ingresar a su territorio desde Chile en 2020.
El primero se refiere a un préstamo de más de 300 millones de dólares, solicitado al FMI sin el aval legislativo correspondiente, y que representó el pago de más 24 millones de dólares sin la utilización del monto.
La segunda denuncia vincula la presunta vulneración de la libertad de expresión, pues con el Decreto Supremo 4200 se usó la Covid-19 de pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de miles de personas.
La siguiente solicitud de juicio de responsabilidades admitida provino de quejas de nacionales que durante semanas fueron impedidos de retornar a su patria y permanecieron en condiciones inhumanas en la frontera con Chile en medio de la primera ola de la pandemia.
El procedimiento contempla que hasta tanto el Tribunal Supremo de Justicia remita luego el pedido a la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados funge como Ministerio Público y el Senado de Tribunal, en una sentencia que requerirá dos tercios de los votos.
Áñez cumple desde el 17 de marzo detención preventiva de seis meses al interior de la cárcel para mujeres de Miraflores, en La Paz, en el marco de una investigación denominada caso golpe de Estado.
