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El Gobierno cubano y el Club de París acordaron modificar su acuerdo de renegociación de la deuda del país caribeño, de acuerdo con la agencia Prensa Latina.
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El gobierno cubano decidió suspender “temporalmente” la aceptación de dólares estadounidenses en efectivo en la Isla, una medida que catalogó como “indispensable” ante las dificultades que provoca actualmente el embargo estadounidense.
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La historiadora de arte y activista del grupo 27N, Carolina Barrero, informó que fue citada por la teniente Yusaidy Romero con relación al estado de la medida cautelar que se le fue impuesta tras una denuncia por supuesto Desacato el 5 de mayo.

La artista, con ciudadanía cubana y española, informó que la citación es para el jueves en la Unidad Policial de Infanta y Manglar ante el instructor penal Francisco Rodríguez Balaguer.

La medida cautelar fue impuesta a Barrero cuando fue denunciada por desacato y al momento de detención fue violentada por los cuerpos policiales, aun así, el régimen la acusa.

“Fui desnudada con violencia por tres mujeres, una de civil y dos policías, en el calabozo de San Miguel del Padrón, mientras un policía hombre miraba del otro lado de la reja”, recordó las historiadora de arte.

A pesar de las amenazas por parte del régimen la joven cubana aseguró que, si sus compañeros opositores no son liberados, ella no dejará de protestar ni alzar su voz.

“No me lo anuncien, no me amenacen, si no liberan a los manifestantes de Obispo, a Maykel Castillo, a todos los presos políticos y de conciencia, me pueden llevar a prisión provisional con ellos”, dijo Barrero.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel recibió el miércoles al ministro de Salud de la República de Kenya,  Mutahi Kagwe, de acuerdo a una nota oficial que no menciona progreso alguno en la gestión de rescate de los dos médicos cubanos secuestrados en ese país africano.

En abril se cumplieron dos años del secuestro de el cirujano Landy Rodríguez Hernández y el especialista en medicina general Assel Herrera Correa, que fueron enviados a trabajar a Mandera, una localidad fronteriza con Somalia, asediada por terroristas del grupo yihadista somalí Al Shabab.

La nota oficial dice que en el encuentro del miércoles se habló de nuevos convenios “para la provisión de servicios de atención en materia de salud, así como el entrenamiento y capacitación de doctores de esa nación” y se menciona que Díaz-Canel agradeció el apoyo del Gobierno de Kenya a las gestiones para lograr “el regreso seguro a la Patria de los dos médicos cubanos secuestrados en abril de 2019 en ese país.”

El 12 de abril de 2019, Rodríguez y Herrera se desplazaban, como de costumbre, en un convoy al hospital, con escoltas armados, cuando fueron interceptados por supuestos militantes de Al Shabad. En el tiroteo falleció uno de los policías que velaba por su seguridad.

En una entrevista publicada en el verano de 2018, que tras ser destinado a trabajar en Mandera, el cirujano Rodríguez Hernández, comentó a la televisión local, que buscó en Internet datos sobre el lugar y supo que estaba bajo asedio de los rebeldes islamistas.

“Sé que es un condado muy peligroso por los ataques de Al- Shabaab”, declaró sonriente el médico de Placetas a sólo un mes de haber llegado a Kenia.

Estados Unidos reconoce desde 2008 a Al- Shabaab como una organización terrorista que busca convertir a Somalia en un estado fundamentalista islámico.

Aunque las autoridades han negado que los secuestradores hayan exigido un rescate por los médicos, la prensa keniana reportó en mayo de 2019 que un grupo de líderes ancianos de Kenia y Somalia se desplazó a la región somalí de Jubaland, controlada por Al Shabab, para negociar la libertad de los cubanos.

Los líderes aseguraron haber visto a los doctores con vida y prestando asistencia médica a la comunidad local entre los pueblos de Buale y El-Ade, y precisaron que los secuestradores exigieron una recompensa de 1.5 millones de dólares a cambio de su liberación.

El chofer de los médicos cubanos fue acusado de cometer un acto terrorista, secuestro, obtención falsa del registro de conducción y presencia ilegal en ese país.

Issack Ibrein Robow nunca intentó maniobrar o escapar cuando los secuestradores los atacaron, dijo un investigador forense al tribunal, informó en 2019 un reporte del Daily Nation.

Según el detective Arphaxad Nguka, las ruedas del vehículo que usaban los médicos y sus guardias seguían marcadas en la carretera lo cual es una señal de que el conductor “nunca intentó escapar porque las llantas estarían enfrentadas a ambos lados si lo hubiera intentado”.

Tras la reconstrucción de la escena del crimen, Nguka dijo que estaba claro que el conductor pudo intentar escapar de sus atacantes.

“Había suficiente espacio a ambos lados de la carretera para que el conductor de la camioneta doble escapara, pero nunca intentó utilizar ese espacio”, afirmó Nguka.

El investigador añadió que el tiroteo en la escena apuntaba a un objetivo específico, el oficial de policía en el asiento del copiloto, quien murió en el acto.

“Al menos cinco balas apuntaban al asiento del copiloto, lo que significa que los asaltantes conocían el objetivo”, señaló.

Las autoridades sanitarias reportaron otras 12 muertes en Cuba este jueves por COVID-19 y 1,158 nuevos casos de la enfermedad, en otra jornada con cifras elevadas de hospitalizaciones y pacientes activos.

El jefe de Epidemiología del MINSAP, Dr. Francisco Durán, dijo que el virus ha tenido un cambio en su nivel de contagiosidad y morbilidad, lo que junto a las indisciplinas de la población y la poca exigencia de algunos organismos e instituciones, contribuye a la situación epidemiológica actual.

Permanecen ingresadas 26,988 personas en hospitales y centros de aislamiento, de ellas 16,099 en vigilancia, 4,842 sospechosas y 6,047 confirmadas activas.

Ya se acumulan 153,578 contagios y 1,057 fallecimientos en el país a causa del virus.

En los últimos 15 días, han sido diagnosticadas 15,792 personas con COVID-19 en Cuba. Las autoridades atribuyen la alta transmisibilidad a la indisciplina social, las aglomeraciones en comercios y las violaciones de los protocolos sanitarios, pero la población señala que es difícil cumplir las medidas en medio de la escasez de alimentos y otros productos básicos.

En edades pediátricas se reportaron en el día otros 156 casos (5 menores de un año), para un total de 20,428 desde que comenzó la pandemia en la isla. Permanecen activos 872. Una adolescente de 16 años de edad sigue en terapia intensiva, pero con evolución favorable y un primer PCR negativo.

De los 43 casos importados en la jornada, 31 corresponden a viajeros cubanos procedentes de Rusia, 8 a España, 3 a EEUU y 1 a República Dominicana.

La Habana reportó el jueves 428 casos, seguida de Santiago de Cuba, con 147; Mayabeque, con 108; Matanzas, con 75; Camagüey, con 74; Pinar del Río, con 55; Guantánamo, con 50; Holguín, con 49 y Ciego de Ávila, con 40, entre los territorios con mayor índice de contagio.

Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus Resoluciones anteriores sobre Cuba, en particular las de 15 de noviembre de 2018, sobre la situación de los derechos humanos en Cuba[1], de 3 de diciembre de 2019, sobre Cuba, en particular el caso de José Daniel Ferrer[2], y de 5 de julio de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro[3],

– Visto el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba firmado en diciembre de 2016 y aplicado provisionalmente desde el 1 de noviembre de 2017[4],

– Vista la audiencia sobre Cuba celebrada por la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central el 11 de diciembre de 2020,

– Vista la videoconferencia informal de los miembros del Consejo Conjunto UE-Cuba celebrada el 20 de enero de 2021[5],

– Visto el tercer diálogo formal sobre derechos humanos en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, celebrado el 26 de febrero de 2021[6],

– Visto el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas relativo a Cuba, de mayo de 2018,

– Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos,

– Vistas la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas y las recomendaciones generales del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas,

– Vistos los informes de varias organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Human Rights Foundation y Prisoners Defenders, el capítulo IV.B sobre Cuba del informe anual 2020 de la CIDH, la Comunicación de 6 de noviembre de 2019 dirigida a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, y la relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, en relación con las brigadas médicas cubanas, y las conclusiones del último examen periódico universal de Cuba, de 2018, sobre las brigadas médicas cubanas,

– Vistos los informes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, de mayo de 2020 a mayo de 2021, sobre las acciones represivas y las detenciones arbitrarias,

– Vistas las audiencias públicas del 179.º período de sesiones de la CIDH,

– Vistas las resoluciones de la CIDH 7/2021, 14/2021 y 24/2021,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, en la que Cuba es Estado parte,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Cuba es signataria,

– Vistas las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos,

– Vistos la Constitución y el Código Penal cubanos,

– Vistos la Resolución n.º 168 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la República de Cuba, de 29 de marzo de 2010, la Ley n.º 1312 de 12 de septiembre de 1976 (denominada «Ley de Migración») y sus Decretos 26, de 18 de diciembre de 2015, y 306, de 12 de octubre de 2012, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el informe anual 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de abril de 2021,

– Vistos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Cuba,

– Vista la definición de la expresión «organización de la sociedad civil» recogida en el Diario Oficial de la Unión Europea,

– Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, mediante el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, firmado en 2016, ambas Partes confirmaron su respeto de los derechos humanos universales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes en materia de derechos humanos; que el 5 de julio de 2017 el Parlamento Europeo dio su aprobación al Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba;

B. Considerando que el Parlamento aprobó una Resolución en 2017 en la que reafirmaba su punto de vista sobre la democracia, los derechos humanos universales y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y de asociación política y la libertad de información en todas sus formas;

C. Considerando que los derechos humanos, la libertad, la dignidad y el bienestar de las personas se expresan y defienden mejor en una democracia, que implica, entre otras cosas, la alternancia en el poder, la celebración de elecciones libres y justas, y el respeto del pluralismo político; que el artículo 5 de la Constitución cubana recientemente aprobada subraya que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza política dirigente superior del Estado, reforzada por los artículos 4 y 229, que subrayan el socialismo como un sistema irrevocable; que la nueva Constitución de 2019 no solo ha servido para proteger el sistema y congelar cualquier proceso de reforma de las libertades y los derechos, sino también para ampliar su limitación; que el régimen restringe seriamente para las personas con diferentes convicciones políticas la participación en la vida política pública y el ejercicio de funciones políticas; que persiste la ausencia de condiciones que garanticen la independencia judicial, especialmente en relación con los casos de activistas y disidentes;

D. Considerando que el Decreto 349 restringe la libertad de expresión de los artistas al exigir una autorización previa para la celebración de espectáculos y exposiciones públicos y privados; que el Decreto 370 sobre contenidos en línea establece un marco ambiguo que permite la persecución de activistas y periodistas independientes, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19; que el Código Penal cubano incluye disposiciones como el «estado peligroso» y «medidas de seguridad predelictivas» en virtud de las cuales más de 8 000 personas se encuentran detenidas en prisión sin ningún delito imputable y otras 2 500 han sido condenadas a trabajos forzados;

E. Considerando que, desde la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación hace casi cuatro años, no se han registrado avances concretos en Cuba en relación con los principios y objetivos generales que persigue el Acuerdo en materia de mejora de la situación de los derechos humanos, las libertades fundamentales y las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos cubanos; que, por el contrario, el régimen cubano ha intensificado su represión y las violaciones de los derechos humanos y la situación ha seguido deteriorándose para toda la sociedad cubana, lo que ha provocado una nueva ola de resistencia y manifestaciones pacíficas de importantes sectores que las autoridades cubanas, que las estructuras represivas del régimen han reprimido y aplastado brutalmente;

F. Considerando que, en su dictamen 50/2020, distribuido el 14 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advierte de que la violación sistémica de los derechos humanos es una práctica habitual de las autoridades cubanas; que se han registrado 199 casos de prisioneros políticos en Cuba, además de 65 nuevos casos de encarcelamiento político, en los últimos doce meses, hasta el 1 de junio de 2021; que en abril se ha registrado el mayor grado de represión desde el inicio de 2021 toda vez que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha documentado más de 1 018 acciones represivas contra defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, de las cuales 206 fueron detenciones arbitrarias y 13 incluyeron actos de violencia grave; que, según la organización Prisoners Defenders, en Cuba hay actualmente 150 presos políticos;

G. Considerando que, a la luz del análisis realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 11 de febrero de 2021, se adoptaron medidas cautelares en favor de veinte miembros identificados del Movimiento San Isidro y que está suficientemente demostrado que los derechos a la vida y a la integridad personal de estas personas corren un grave riesgo; que las autoridades cubanas irrumpieron ilegalmente en la residencia de Luis Manuel Otero Alcántara. artista independiente y coordinador del Movimiento San Isidro, que fue detenido arbitrariamente durante varias horas sin cargos; que Denis Solís González, miembro del Movimiento San Isidro, está encarcelado arbitrariamente, acusado de desprecio, y Luis Robles Elizástegui se encuentra en prisión solo por sostener un cartel con el que pedía pacíficamente la liberación de Denis Solís González; que Maykel Castillo Pérez, miembro del Movimiento San Isidro y coautor de la canción «Patria y Vida», está encarcelado de forma arbitraria y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas lo calificó como desaparecido tras catorce días;

H. Considerando que, contrariamente a lo solicitado por el Parlamento, la Unión no ha visitado en prisión a presos políticos ni realizado observación alguna sobre juicios contra opositores, disidentes, activistas de los derechos humanos o miembros de la sociedad civil independiente; que organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Prisoners Defenders, y muchos otros observadores independientes de la situación de los derechos humanos, incluidos los relatores especiales de las Naciones Unidas, no están autorizados a entrar en Cuba pese a llevar años insistiendo en la necesidad de visitar la isla;

I. Considerando que la Resolución n.º 168 de 2010 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba impone a todos los empleados civiles en el extranjero que trabajan para el Estado o para empresas estatales, incluido el personal médico, deberes y obligaciones injustificados que violan la dignidad humana y los derechos humanos más básicos y fundamentales; que el Código Penal cubano castiga con sanciones de ocho años de prisión a todos los funcionarios que no terminan las misiones médicas o que deciden no volver a Cuba; que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado estas misiones médicas como una forma moderna de esclavitud y que la comunicación de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las misiones médicas cubanas (CUB6/2019) puso de relieve las condiciones de trabajo precarias e inhumanas del personal médico, acusaciones respaldadas por Human Rights Watch y 622 testimonios;

J. Considerando que Cuba ha ratificado los ocho convenios fundamentales de la OIT; que Cuba incumple los convenios 29 y 105 de la OIT sobre el trabajo forzoso;

K. Considerando que el Parlamento ha concedido en tres ocasiones su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a activistas cubanos, a saber, Oswaldo Payá en 2002, las Damas de Blanco (Berta Soler) en 2005 y Guillermo Fariñas en 2010; que las autoridades cubanas han impedido sistemáticamente que los galardonados con el Premio Sájarov y sus familiares abandonen el país y participen en acontecimientos internacionales, incluidos los organizados por el Parlamento Europeo, pese a las numerosas invitaciones, siendo la ocasión más reciente el 11 de diciembre de 2020; que sus tácticas han incluido el acoso, la intimidación y la detención arbitraria de Berta Soler y Reinaldo Escobar, así como restringir la conexión a internet de los demás participantes; que la presidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y un vicepresidente del Parlamento firmaron una declaración conjunta en la que denunciaban el acoso a los activistas; que generan preocupación su defensa y apoyo por parte de la Delegación de la Unión en La Habana; que ni el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ni la Delegación de la Unión en Cuba han hecho una declaración en su defensa ni han mostrado ningún tipo de apoyo público o privado;

L. Considerando que el actual embajador de la Unión en La Habana firmó una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos en la que solicitaba, entre otras cosas, el levantamiento del embargo estadounidense a la isla, así como la no injerencia en los asuntos cubanos; que este hecho constituye un rebasamiento claro de las funciones diplomáticas del embajador y muestra el papel altamente politizado que desempeña la Embajada de la Unión en La Habana; que el actual embajador de la UE en La Habana ha declarado públicamente que Cuba no es una dictadura;

M. Considerando que el Gobierno cubano rechazó la participación de organizaciones independientes de la sociedad civil en los Seminarios de la Sociedad Civil UE-Cuba, que tuvieron lugar antes del tercer diálogo formal sobre derechos humanos; que, el 26 de febrero de 2021, la Unión y Cuba celebraron su tercer diálogo formal sobre derechos humanos en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación; que ambas partes debatieron la cuestión de la libertad de reunión pacífica y de asociación; que la Unión recordó la necesidad de respetar las obligaciones derivadas del Derecho internacional en materia de derechos humanos; que el diálogo tiene por objeto producir resultados tangibles y no puede considerarse un objetivo en sí mismo; que todo diálogo político debe incluir una participación directa intensiva de la sociedad civil independiente y todos los actores políticos de la oposición sin restricciones, como se subraya en el artículo 36 del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación;

N. Considerando que el Parlamento ha invitado en varias ocasiones a los representantes diplomáticos del Gobierno cubano a audiencias y actividades relacionadas con Cuba; que estas invitaciones no solo se declinaron sino que también se respondió a ellas en forma de cartas con insultos y acusaciones infundadas contra el Parlamento y sus diputados; que, muy probablemente, el Parlamento es la única institución de la Unión a la que no se ha concedido permiso para visitar el país tras la entrada en vigor provisional del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, una actitud que contradice claramente el elemento esencial en el que debe basarse un acuerdo de diálogo político;

O. Considerando que dicho Acuerdo incluye una denominada «cláusula de derechos humanos», que es un elemento tipo esencial de los acuerdos internacionales de la Unión que permite suspenderlo en caso de vulneración de las disposiciones relativas a los derechos humanos;

1. Condena enérgicamente la existencia de presos políticos, la persecución política persistente y permanente, los actos de acoso y las detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba; condena, asimismo, los ataques que se registran en la actualidad contra artistas del Movimiento San Isidro, disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política; pide que cesen de inmediato estas acciones e insta a las autoridades cubanas a que pongan en libertad a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión; condena enérgicamente la detención arbitraria de Aymara Nieto Muñoz, Mitzael Díaz Paseiro, Iván Amaro Hidalgo, Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá, Yandier García Labrada, Denis Solís González, Luis Robles Elizástegui y de 77 prisioneros de conciencia; expresa su solidaridad con los miembros del Movimiento San Isidro y todos los activistas y defensores de los derechos humanos en el marco de sus esfuerzos por promover la libertad de expresión en Cuba;

2. Pide que se ofrezcan mayores garantías respecto al derecho a un juicio justo y a la independencia del poder judicial y que se garantice que las personas privadas de libertad tengan acceso a un abogado independiente; lamenta los 1 941 actos de represión que tuvieron lugar en abril (1 018) y mayo de 2021 (923); pide que las personas detenidas tengan derecho a una evaluación médica independiente, acceso a la comunicación telefónica y visitas periódicas de familiares, amigos, periodistas y diplomáticos;

3. Lamenta profundamente la falta de compromiso y voluntad del régimen cubano por realizar avances, aunque sean mínimos, hacia un cambio o por abrir canales que permitan encontrar vías para reformar el régimen, lo que mejoraría la participación social y política, además de las condiciones de vida de los ciudadanos; lamenta que, a pesar de la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación hace casi cuatro años, la situación en materia de derechos humanos y democracia no haya mejorado y que no haya generado ningún resultado positivo sustancial y tangible para el pueblo cubano; pide que se cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en este acuerdo y que se adopten criterios de referencia claros a este respecto;

4. Reconoce el derecho del pueblo cubano a exigir la democratización de su país a través de un diálogo con la sociedad civil y la oposición política con el fin de elaborar una hoja de ruta hacia unas elecciones democráticas multipartidistas;

5. Pide que el Gobierno cubano aplique reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación, y ponga en marcha las reformas políticas que permitan unas elecciones libres, justas y democráticas que tengan en cuenta la voluntad soberana y libremente expresada del pueblo cubano; insta al Gobierno cubano a que ajuste su política en materia de derechos humanos a las normas internacionales definidas en las cartas, declaraciones e instrumentos internacionales de los que Cuba es signataria y que permita a la sociedad civil y a la oposición política participar activamente y sin restricciones en la vida política y social; pide al Gobierno cubano que reconozca el periodismo independiente como una práctica legítima y respete los derechos de los periodistas independientes en Cuba;

6. Pide la derogación inmediata de los Decretos 349 y 370, así como de otras leyes cubanas que violan la libertad de expresión;

7. Pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que reconozca la existencia de una oposición política al Gobierno cubano y que, en consecuencia, la incluya en los diálogos institucionalizados, formales, abiertos y públicos entre la Unión y Cuba, respetando los pilares del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación;

8. Lamenta que el SEAE y la Delegación de la Unión en La Habana excluyeran a la oposición democrática cubana y a las organizaciones de la sociedad civil independientes tanto europeas como cubanas de los diálogos políticos debido a la falta de respaldo por parte de las autoridades cubanas; subraya que esta decisión es contraria al Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación y que ambas partes tienen la obligación de cumplir plenamente el Acuerdo; pide al VP/AR y al SEAE que se nieguen a participar en futuros diálogos políticos y sobre derechos humanos con Cuba a menos que la sociedad civil esté representada adecuadamente;

9. Recuerda al SEAE que la participación de la sociedad civil en los diálogos políticos y en los proyectos de cooperación del Acuerdo es un elemento fundamental del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, y que debe ponerse remedio inmediatamente a la situación en la que la sociedad civil queda excluida del acceso a los fondos de cooperación y de la participación en el Acuerdo mientras que, en cambio, la participación y el acceso a dichos fondos están permitidos exclusivamente para las empresas en las que el Estado participa o que controla, como ha sido el caso desde la firma del Acuerdo;

10. Condena las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en misiones médicas, que vulneran los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Cuba; insta a Cuba a que aplique y cumpla efectivamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios 29 y 105 de la OIT, respectivamente; pide al Gobierno cubano que garantice el derecho de los cubanos, incluidos los médicos desplegados en misiones médicas en el extranjero, a salir de su país y regresar a él, de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos; pide al Gobierno cubano que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que garantice los derechos a la libertad de asociación, incluido el registro de organizaciones, y a la negociación colectiva, en consonancia con las normas de la OIT;

11. Pide al SEAE que insista en que las autoridades cubanas cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión y Cuba, en particular en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, como se subraya en el artículo 1, apartado 5, el artículo 2, letra c), el artículo 5, el artículo 22 y el artículo 43, apartado 2, del Acuerdo; insiste, por ello, en que la Unión supervise y haga un seguimiento estrecho del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba a la hora de aplicar el Acuerdo e informe periódicamente al Parlamento al respecto;

12. Considera que el encarcelamiento de Denis Solís González, Luis Robles Elizástegui, Maykel Castillo Pérez («Osorbo»), miembro del Movimiento San Isidro y coautor de la canción «Patria y Vida», encarcelado de forma arbitraria y calificado como desaparecido por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas tras 14 días, y de más de 120 presos políticos y de conciencia, así como todas las acciones arbitrarias y represivas registradas en abril y junio de 2021, constituyen un caso de especial urgencia, tal como se define en el artículo 85, apartado 3, letra b), del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación; pide a la UE que convoque una reunión urgente a este respecto;

13. Lamenta profundamente que las autoridades cubanas se nieguen a permitir la entrada en Cuba de las delegaciones del Parlamento Europeo; pide a las autoridades que permitan la entrada en el país tan pronto como lo posibiliten las condiciones sanitarias; pide a todos los representantes de los Estados miembros que aborden las violaciones de los derechos humanos en el país durante sus visitas a las autoridades cubanas y que se reúnan con los galardonados con el Premio Sájarov a fin de garantizar la aplicación coherente, a escala interna y externa, de la política de la Unión en materia de derechos humanos;

14. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, al representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

[1] DO C 363 de 28.10.2020, p. 70.

[2] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0073.

[3] DO C 334 de 19.9.2018, p. 99.

[4] DO L 337 de 13.12.2016, p. 3.

[5] Consejo Conjunto UE-Cuba, 20 de enero de 2021

[6] Diálogo sobre derechos humanos en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, de 26 de febrero de 2021

Con decenas de opositores encarcelados, entre los que esperan sanción y los condenados por causas políticas, además de la “hospitalización” forzada durante semanas del artista Luis Manuel Otero Alcántara, mayo fue un mes de marcada represión, denunció el Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH).

“El mes de mayo vino acompañado, además de flores, de una nueva versión de la Primavera Negra”, subraya en el informe la coordinadora de la organización, la opositora Martha Beatriz Roque Cabello.

Además del elevado número de opositores que están pendientes de juicio, el reporte recalca la cifra de “13 nuevos presos políticos, que es la mayor que se reporta de una vez, desde marzo del 2003”.

Los encarcelados son: Delvis Sardiñas Mora, Yuisán Cancio Vera, Luis Ángel Cuza Alfonso, Thais Mailén Franco Benítez, Esteban Lázaro Rodríguez Lopez, Inty Soto Romero, Orestes Varona Medina, Yeilis Torres Cruz, Roberto Perdomo Fuentes, Maykel Castillo Pérez (Osorbo), Carlos Alberto Álvarez Rojas, Waldo Hernández Batista y Cándido Chacón Puñales.

El informe incluye, además, el caso de una familia de 4 personas sancionada a 1 año de limitación de libertad por presuntas amenazas, 24 presos pendientes de ser enjuiciados, 8 a los que ya les hicieron juicio y están en proceso de apelación, y 6 activistas ya sancionados y dentro de prisiones, esperando nuevos juicios.

“Procesar opositores se ha convertido en la última forma que ha adoptado la dictadura, de reducir al mínimo a los que no apoyan el sistema. No importa cuán conocida sea la persona que se lleva a los tribunales, el problema es hacerle juicio y mantenerlo entre rejas. En particular todos aquellos que estuvieron vinculados a la canción Patria y Vida, a raíz de la popularidad que ha alcanzado”, señala Roque Cabello.

El informe subraya el sitio permanenente que la policía política impone a varios activistas en sus viviendas. “No les permiten salir de sus casas, so pretexto de que están con una medida cautelar; sin embargo, no les hacen entrega de algún documento emitido por el instructor, el fiscal o el tribunal local”, denuncia.

Entre los presuntos delitos atribuidos a los activistas por las autoridades, el reporte menciona el impago de multas, desacato, desorden público, desobediencia, propagación de epidemias, actividad económica ilícita y peligrosidad predelictiva.

El dólar por las nubes y la escasez rampante

En su acápite de “Problemas sociales y la crisis”, el reporte del CCDH menciona la falta de liquidez del Estado, que anunció “que no tenía dólares ni para el cambio en los aeropuertos”.

“Cada día aumenta la cantidad de productos y servicios que se ofertan en MLC, en detrimento del peso cubano, lo que ha contribuido, entre otros aspectos, a que en el mercado informal, a fin de mes el dólar se cambiaba a 1 x 60, algo que reconoció el Ministro de Economía, con la tendencia al alza en junio”, destaca el reporte.

El precio de los alimentos se ha disparado en el mercado negro. Una libra de carne de puerco en La Habana, por ejemplo, cuesta ya 100 pesos, un valor que en el interior del país asciende a 150 pesos. La leche en polvo ha llegado a costar 300 pesos, reconocen hasta los medios estatales, añade el texto.

Mientras, la zafra de este año “ha sido quizás la peor en la historia de Cuba”, con apenas 816 mil toneladas de azúcar, para un cumplimiento de solo el 68% del plan.

El CCDH menciona, además, el congelamiento de obras en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, “lugar tan cacareado como centro de soluciones de los problemas del país” que, señala, “no ha reflejado los resultados que se esperaban”. En el lugar, “se ha detenido la construcción de las casas de sus directivos, ya que a los trabajadores les deben 3 meses de salarios”.

El informe concluye que la llamada “Tarea Ordenamiento” ya cumple 5 meses de su implementación “y no se ve la luz al final del túnel”. Las medidas establecidas, como la modificación de las tarifas eléctricas, de agua, teléfonía fija y de gas, y el aumento del pago de los comedores para ancianos, “no mejoran la vida del cubano promedio”.

“El régimen plantea que no se podían seguir postergando las transformaciones, pero lo cierto es que todo este tiempo ha sido de sufrimiento para la sociedad”, concluye el texto.

Desnutrido y sin medicamentos para el tratamiento del cáncer en los huesos que sufre permanece el activista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Cristian Pérez Carmenate, de 48 años de edad.

Su madre y el líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer, alertan que la vida del activista corre peligro, y están solicitando la ayuda de los congresistas cubanoamericanos en EEUU para obtener una visa humanitaria, con el propósito que puede recibir la atención médica que requiere.

Hace casi dos meses que Cristian no recibe el tratamiento médico que necesita, porque no hay la medicina en el hospital general Ernesto Guevara de la Serna, en la ciudad de Las Tunas, expresa el opositor.

“Es el mismo tiempo que llevo postrado en la cama sin poder caminar, y con fuertes dolores en la espalda, los huesos, las rodillas, y donde quiera me duele, y mi estado de salud se ha ido deteriorando. El hospital no me da ninguna respuesta sobre el medicamento, simplemente me dicen que no hay, y para colmo tampoco hay dipirona, ni un ibuprofeno para calmar un poquito estos intensos dolores que tengo”, explicó.

Por su parte, su madre, Yolanda Carmenate, informa que también está desnutrido, pesa menos de 100 libras por falta de alimentos y no hay ambulancias para llevarlo al hospital, por tanto, tienen que usar un vehículo de tracción animal.

“Hace alrededor de 50 días la salud de Cristian se ha ido agravando. Además de la falta de medicinas, los alimentos no son los adecuados. La dieta que recibe por su enfermedad consiste en media de libra de pollo y leche en polvo una vez al mes. También tenemos problema con el transporte con el que contamos; resulta peligroso y doloroso para su organismo”, destacó la opositora.

Mientras, el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer García, señala que ellos han recibido el apoyo financiero de exiliados, tanto en Estados Unidos como en Europa, para cubrir los gastos médicos del activista, pero falta la visa humanitaria, que ya fue solicitada en la embajada de los Estados Unidos en la capital cubana.

“La respuesta, directamente de la embajada, no ha llegado, y no sabemos si llegaría sin las gestiones de los congresistas cubanoamericanos, tanto de María Elvira Salazar como de Marco Rubio, que es muy preocupado, solidario y humano, y los demás congresistas también”, apuntó Ferrer.

El 12 de agosto de 2019, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica, y luego de ser operado de un tumor en un brazo, en el hospital clínico quirúrgico, fue regresado a la cárcel Plan Confianza, hasta que en noviembre se le otorgó la Licencia Extrapenal por razones de salud.

El próximo lunes 14 de junio, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España debatirá el caso del preso político cubano Yandier García Labrada así como la situación de los derechos humanos en Cuba.

Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) en España informó a Radio Martí sobre dicho evento.

“Se debatirá una moción presentada por el Partido Popular (PP) en la que se describe el caso del prisionero miembro del Movimiento Cristiano Liberación  Yandier García Labrada y se pedirá al Gobierno de España que interceda, ante el régimen cubano para su inmediata excarcelación”.

Según Payá, dicha Comisión del Senado español analizará la petición hecha por el MCL “de apoyo para todos los grupos de la oposición que piden la libertad dentro de Cuba y, también, que el gobierno de España exija al Gobierno de Cuba que cesen las detenciones arbitrarias y la represión constante contra los defensores de derechos humanos de Cuba”.

García Labrada, de 34 años de edad, es integrante del Movimiento Cristiano Liberación y permanece encarcelado desde hace más de 7 meses en la prisión conocida por El Típico, en la provincia de Las Tunas, sin haber sido llevado a juicio, y sin recibir visitas familiares.

García Labrada fue arrestado por protestar, cuando se encontraba en una cola para comprar alimentos, por el manejo inapropiado de los productos por parte de los empleados encargados del servicio en el local.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Con la firma de doscientos cuarenta opositores que integran varias organizaciones que permanecen en el interior de la isla, la Asamblea de la Resistencia Cubana/Congreso de la Nación Cubana, con sede en Miami, anunció hoy, 10 de junio, durante una conferencia de prensa, el envío de una carta abierta al Club de París, pidiendo que “no siga extendiendo o reestructurando la deuda exterior del estado castrista”.

El anuncio del envío de esta carta tiene lugar en la misma fecha en que los representantes del régimen se presentaban ante el Club de París para solicitar, una vez más, la renegociación del pago de su deuda con dicha entidad, existente desde el año 1986 y cuya reestructuración se ha ido extendiendo de año en año ante la imposibilidad del gobierno cubano de cumplir con las obligaciones contraídas con esta institución.

“La deuda contraída por el régimen de Cuba no es soberana. Este es un estado ilegítimo que le ha impuesto un modelo económico inservible al pueblo cubano y que tiene cero transparencia interna y externa en el manejo de los fondos públicos. El régimen comunista es represivo e ilegítimo, financiarlo es subsidiar la represión en Cuba”, expresó el coordinador de la Asamblea de la Resistencia, Dr. Orlando Gutiérrez Boronat.

El fundador del Frente Nacional de la Resistencia Cívica y exprisionero político cubano, Jorge Luis García Antúnez, declaró que “La dictadura Castro comunista incurre en deudas multimillonarias sin consultar al pueblo cubano, los mismos ciudadanos cubanos son tratados como de segunda categoría. Facilidades y extensiones de la deuda sólo enriquecen a la dictadura y fortalecen el aparato represivo. El régimen tiene recursos para comprar armas y equipos represivos, pero no para alimentar al pueblo y construir carreteras y hospitales”.

La intención de los dirigentes de la Resistencia son, advirtieron, acudir “ante el Congreso de los Estados Unidos y ante los parlamentarios y gobiernos de los países miembros del Club de París”, para plantear, directamente, que no continúen financiando al régimen comunista con exenciones y reestructuraciones su maquinaria represiva.

Al respecto, Silvia G. Iriondo de la organización MAR por Cuba, indicó que “Es incongruente que se le extienda crédito a un régimen que no paga y que usa los recursos para servirse a sí mismo y aumentar la represión. El Club de París no debería subsidiar la represión en Cuba”, concluyó Iriondo.

La deuda del régimen cubano con el Club de Paris (integrado por catorce países) desde 1986, asciende a $11,1 mil millones de dólares, de los cuales, le fueron perdonados $8,5 mil millones en una anterior reestructuración. Las dificultades de Cuba con el pago son reincidentes y de ellas, las más próximas fueron las de los años 2019 y 2020.

Este mismo jueves, 10 de junio, la agencia de noticias Reuters reportó que el grupo de acreedores de Cuba dijo que se “alcanzó un acuerdo” para darle más tiempo al país de honrar varios pagos consignados bajo el Acuerdo de 2015, aunque se mantiene el valor presente de los montos.

La agencia Efe, por su parte, recogió una nota del medio de comunicaión Prensa Latina, la cual afirma que el Gobierno cubano y el Club de París acordaron modificar su acuerdo de renegociación de la deuda del país caribeño, en este momento en situación de impago. Sin embargo, la publicación no ofrece más detalles sobre dicho acuerdo.

 
Con el objetivo de lograr que la implementación de las directrices y acuerdos emanados del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, se conviertan en un verdadero sistema de trabajo en todos los ámbitos sociales, Miguel Díaz- Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República, insistió en la participación activa del pueblo, para pensar Cuba y actuar para ella.
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Debido a la situación epidemiológica en cinco de los 14 municipios de la nororiental provincia de Holguín, en fase de transmisión autóctona limitada, más de 38 mil 700 estudiantes de la educación Primaria reciben docencia mediante teleclases, una variante que implementó el Ministerio de Educación (Mined) en Cuba desde el pasado año para mantener el curso escolar activo y evitar la propagación de la COVID-19.
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Ciego de Ávila, June 10 – The first secretary of the Central Committee of the Communist Party of Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, visits this province today to review the implementation of the agreements and guidelines of the VIII Congress of the political organization.

Havana, June 10 – From today until June 20, a national tribute will be paid to VilmaEspínGuillois, the eternal president of the Federation of Cuban Women (FMC), on the occasion of commemorating 14 years of her death.

By Neilyn Hernández Peña / Radio Nuevitas

The Cuban economy is called upon to overcome the import mentality through the search for national solutions, even more amid the process of monetary and exchange regulation undertaken since January 1, 2021.

Camagüey, June 10 – The National Association of Economists and Accountants of Cuba (ANEC) will celebrate in Camagüey the 42nd anniversary of the organization with a series of conferences to increase the culture of the members of the union and those interested in a general sense.

Havana, June 10 – Three Cuban higher education centers are today ranked among the 1,300 most prestigious in the world, according to the latest QS World University Rankings by the British company Quacquarelli Symonds).

Havana, June 10 – With the presence of members of the National Directorate of the HermanosSaiz Association (AHS), meetings have been held with young creators of different artistic manifestations.

Havana, June 10 – Cuban discus throwers Yaimé Pérez and Denia Caballero will compete today in the third stop of the 2021 Wanda Diamond League of athletics, based in Rome, Italy.