HOLGUÍN, Cuba.- “Te dicen dos semanas y es mentira. Estos trámites que estoy haciendo ahora me dijeron que demoraban 15 días, ya estamos casi a mitad de año y no lo he logrado”, dice una señora visiblemente disgustada que espera en una cola afuera de una de las Oficinas de Trámites de la Vivienda en la ciudad de Holguín.
Su mala experiencia no es un hecho aislado. “Los ministros deben venir a Holguín sin anunciar la visita para que puedan sorprender a todos estos directores haciendo mal trabajo. Donde quiera hay sinvergüencería”, comenta otra señora.
Los trámites de la vivienda son uno de los tantos obstáculos que visibilizan la ineptitud del régimen cubano, incapaz de solucionar el problema en más de 60 años.
Entre los servicios que prestan las Oficinas de Trámites de la Vivienda están la solicitud de subsidios, actualización de sus títulos por acciones constructivas desarrolladas, legalizaciones de viviendas a partir del cambio de concepto de usufructo a propiedad, transmisión del inmueble en el caso de salida definitiva del país o fallecimiento del propietario, usufructos onerosos y permutas administrativas, licencias de construcción, certificados de habitabilidad, litigios, dictamen técnico de descripción y tasación, y la certificación de medidas y linderos de las viviendas.
La ineptitud para agilizar estas gestiones se manifiesta en varios intentos fallidos para cambiar la situación. Uno de ellos es el Decreto-Ley 322 del Consejo de Estado, puesto en vigor el 5 de enero del 2015.
Muchos depositaron sus esperanzas en esta norma jurídica que modificó la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, eliminó el Instituto Nacional de la Vivienda y reasignó sus funciones al Ministerio de la Construcción (MICONS), Instituto de Planificación Física (IPF), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Sistema de Tribunales, Ministerio de Justicia (MINJUS) y otros organismos de la Administración Central del Estado.
Desde un inicio la prensa oficialista mostraba al Decreto como la solución definitiva que evitaría las engorrosas y dilatadas gestiones relacionadas con la vivienda.
“A esto responde el Decreto-Ley 322 y la política que lo refrenda. Tiene el objetivo de perfeccionar la atención estatal a los asuntos de la vivienda y reorganizar las actividades relacionadas con esta. Las funciones que traspasan tienen un alto impacto en la población, y a pesar de las dificultades o carencias existentes tenemos la obligación de prestar un buen servicio. En cada territorio, bajo la dirección del Gobierno, se tiene que garantizar este principio”, aseguró en 2015, en entrevista para el diario oficialista Granma el general de división Samuel Rodiles Planas, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente del Instituto de Planificación Física, organismo que asumió la mayoría de las funciones del Instituto Nacional de la Vivienda (INV).
Sin embargo, en la sección de los comentarios, donde se publicaron las declaraciones de Rodiles Planas, los lectores anticipaban su fracaso. Los foristas concordaron que en teoría la norma jurídica lucía perfecta, pero en la práctica sería más de lo mismo que no rompería las trabas.
“Ya esa historia se ha vivido. Es como todas las cosas cuando comienzan en este país. Una cara visible que expresa la disposición a que todo debe ser de la manera más correcta, pero en realidad nunca consigue contrastarlo con la realidad donde están las indisciplinas de los prestadores de servicios, desinformación al cliente, el burocratismo perverso en muchas instituciones estatales, la insuficiencia, el mal trato y el poco compromiso con brindar un servicio adecuado y respetuoso que merece el pueblo trabajador, que se ve envuelto en una enredada madeja de insatisfacciones para resolver problemas. En la prensa se ven bonitos estos planteamientos. Pero en la realidad del día a día es terrible acceder con prontitud a los trámites para la vivienda, transporte, y compraventa de casa y vehículos”, opinó un lector identificado como Angelito.
Siete años después el cacareado Decreto-Ley fracasó: las dificultades no solo persisten, sino que se han acrecentado. “Demoré 30 años construyendo mi casa de ladrillos. Cuando la terminé quise sacar la propiedad. Pagué los sellos e hice todos los trámites. Y ya voy para dos años y no han ido a medir la casa. Yo conocí una mujer que lleva nueve años y tampoco ha podido sacar la propiedad. Yo estoy obstinado. Lo establecido es que en un mes se entregue la propiedad, y eso se incumple descaradamente. Hay que hacer cumplir la Ley y juzgar a los culpables”, dice Emilio, un señor que está en cola frente a una oficina del Instituto de Planificación Física.
También a la espera está una señora que tiene “14 papeles vencidos en la cartera. Cada vez que vengo me dicen -‘ven la semana que viene, ven dentro de dos meses, ven dentro de tres meses’. Hace 12 años que estoy haciendo los trámites. Entregué los documentos y se perdieron en esta oficina”, lamenta.
Por su parte, María del Carmen ha venido con la intención de hacer un trámite para legalizar su vivienda. “El técnico se fue muy campante a las 11 de la mañana. Y me dijo: -yo me voy porque el director no ha llegado. Es la 1:30 de la tarde, y estoy sin desayunar y sin almorzar”.
También abundan los casos de personas enfermas que han visto empantanar sus trámites. “Mi esposo está trasplantado del corazón. Yo he venido varias veces aquí para que el director firme el expediente y no lo he logrado. Y hoy, mire qué hora es y no ha llegado”, dice Sonia.
Mario Luis tiene incapacidad física y llegó a las seis de la mañana para un trámite de un subsidio. “Ando en silla de ruedas. Me estoy orinando y aquí no hay baño. Tienen que abrir a las nueve de la mañana y son casi las diez y todavía está cerrado”, se queja.
Ángela es una señora que también está a la espera. “Estoy enferma y tengo que pagarle a alguien que me haga la cola. Todo es complicado. Real no hay nada, todo es una pura mentira. Te ofrecen y te reofrecen, pero para que las cosas lleguen a tus manos es muy difícil”.
La demora y los obstáculos para viabilizar las gestiones podrían tener un objetivo: obtener dinero a cambio de agilizar los trámites. “Una vecina resolvió la propiedad en menos de un mes. No tuvo que hacer cola. Simplemente pagó 20 000 pesos y enseguida tuvo los papeles legalizados en sus manos”, dice Lourdes, que confiesa, al igual que la mayoría, no tener tanto dinero para el soborno. “Si no me alcanza para vivir, mucho menos tengo para sobornar”, asegura.
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